Esperanza Aguirre, la ex presidenta a la que se le dan bien los palos

Era la crónica de una imputación anunciada: el lunes se hizo oficial que el juez obligaba a Esperanza Aguirre, Cifuentes y otros 40 presuntos implicados a declarar como investigados por delitos de corrupción, la puntilla a la ya extinta carrera política de la Margaret Thatcher española, quien, a sus 67 años, ejerce hace tiempo más de abuela que de Dama de Hierro.

El mazazo le llega a la mentora de Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la CAM, al final de un verano familiar en el que ha estado buscando un abogado: ella ya sabía lo que venía. El PP la tiene cada vez más desterrada, aunque asistió, porque ella se empeñó, pero le quedan sus refugios de siempre: su familia, su palacio madrileño de tres plantas, y el golf. Porque a Esperanza Aguirre, igual que a su marido, se le dan los palos casi tan bien  como la política.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dio la puntilla política a la que fuera presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016, una de las políticas más altivas y arrogantes del panorama nacional. Junto a Cristina Cifuentes, la otra ex presidenta de la Comunidad de Madrid salpicada, Esperanza Aguirre, licenciada en Derecho y técnica de Información y Turismo del Estado, quedará tocada ya para siempre, incluso aunque sea inocente, a causa de la pieza de la trama Púnica en la que se investiga la financiación irregular del PP regional que manejó a sus anchas durante años, teniendo a su alrededor nada menos que a Cristina Cifuentes, Ignacio Gonzalez, Granados y hasta a la propia Ayuso, que manejó el Twitter y las redes de la entonces todopoderosa presidenta. Y quedará tocada porque, en el mejor de los casos, no enterarse de que sus principales colaboradores, además de muchos otros altos cargos nombrados por ella, estaban metiendo la mano en la caja para llevárselo muerto, para ellos mismos y para financiar las campañas del PP, es pecar, como poco, de incompetente.

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El magistrado aceptó la solicitud realizada hace unas semanas por la Fiscalía Anticorrupción y también citó como investigados a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes. El magistrado es demoledor y atribuye a la ex lideresa presuntos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias y falsedad electoral, "sin perjuicio que pueda revelarse la comisión de cualquier otro", según reconoce en su auto.

Javier Monzón, ex presidente de Indra y actual presidente de Prisa, editora de El País, el ex diputado de la Asamblea de Madrid y ex consejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, el exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM), Silvano Corujo y el consejero delegado, José Martínez Nicolás están también citados junto a Aguirre y Cifuentes, entre otras personas.

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional pone en marcha el ventilador anti corrupción justo cuando Isabel Díaz Ayuso y su gobierno empiezan el 'curso escolar'. Tras las caídas de Francisco Granados e Ignacio González (vicepresidente y presidente de la CAM), Aguirre dimitió de su cargo de concejala del Ayuntamiento madrileño, Aguirre, mentora de Ayuso, la actual presidenta, abandonó la política activa pero solo admitió haber pecado de no haber vigilado bien a sus colaboradores más cercanos.

Ahora, la implicación de Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos, en la trama liderada por Granados es directa porque la Unidad Central Operativa sostiene que el PP de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra, dinero que llegó a la formación a través de una red societaria controlada por testaferros y empresarios amigos entre 2008 y 2013, permitiendo a los populares madrileños, con Aguirre al frente, inyectar en su caja B un total de 1.054.247 euros.

Desde que dejó sus cargos, Esperanza Aguirre lloró tras encarcelamiento de Ignacio González y se ha dedicado a viajar por España, jugar al golf, su gran pasión además de la política y ejercer de abuela de sus seis nietos, a los que recoge a menudo del colegio. A menudo se la ve en el complejo deportivo de Puerta de Hierro, uno de los clubs más exclusivos de Madrid, del que su marido es presidente.

Tras abandonar la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Madrid hace ahora casi dos años y medio, pasa más tiempo con su marido, Fernando Martínez de Haro, y sus hijos. El mayor, Fernando, de 41 años, marqués de Villanueva de Duero, es ejecutivo de Aguirre Newman (inmobiliaria controlada por su tío). Está casado con Carolina Oriol y es padre de tres hijos. Esperanza Aguirre ostentó el título de condesa consorte de Murillo hasta la renuncia de su marido en 2013, y es Grande de España.

Álvaro, de 37, conde de Villariezo, ha heredado la pasión por la política de su madre. Fue asesor de Jaime García Legaz en la Secretaría de Estado de Comercio y trabaja en el bufete fundado por el fallecido Pérez Llorca. Casado con Astrid Tahms, es también padre de tres hijos. También se escapa frecuentemente a la finca familiar en Guadalajara, donde disfruta de la naturaleza. Sotogrande, en Cádiz, y Pravia, en Asturias, donde tiene propiedades, son sus otros destinos favoritos. Hace dos años hizo parte del Camino de Santiago.

30 años de carrera política

En 1983, con 31 años, Aguirre llegó al Ayuntamiento de Madrid como concejal de la oposición desde la que se hizo cargo del área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes en el Distrito de Moncloa. Su labor en la oposición se mantuvo tras las elecciones de 1987 cuando, ya por las listas de Alianza Popular, volvió a obtener un puesto en la corporación local. En 1989, tras una moción de censura contra el alcalde socialista Juan Barranco, Esperanza Aguirre pasó a tener con Rodríguez Sahagún el primer puesto de responsabilidad de Gobierno. En el Ayuntamiento, donde ya empezó a significarse por su carácter, ocupó diversos cargos hasta 1996. Nunca ocultó sus ganas de ascender en política: "Quiero ser ministra de Defensa", decía ya entonces.

José María Aznar la llevó en las listas a las legislativas, en 1996, en las que salió senadora. Luego la nombraría Ministra de Educación y Cultura, donde sucedió a Mariano Rajoy. Sus desencuentros con el hoy fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, que había sido ministro de Educación,  fueron sonados, igual sus polémicas con su compañeo de partido, Alberto Ruiz-Gallardón, una enemistad manifiesta que se mantiene.

Tras caer como ministra, Aznar la premió en febrero de 1999 con la presidencia de la Cámara Alta, siendo la primera mujer que ocupaba ese puesta en la historia de España. Allí aguantó hasta 2002, puesto que abandonó para para presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid.

En 2003 el Partido Popular no obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones en las que Esperanza Aguirre se presentó encabezando la candidatura. Se quedó a un escaño de obtenerla pero dos tránsfugas imposibilitaron la formación de un gobierno de izquierdas con Simancas al frente. Días antes, Aguirre había dicho: "Aún no doy por perdida la Comunidad". Cuatro meses después del Tamayazo, un escándalo que aún está por resolverse, se convocaron nuevas elecciones autonómicas, Aguirre obtuvo la mayoría absoluta y fue elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, el PP gobierna en Madrid.

Encabezó la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2015, sin embargo, a pesar de ser la más votada, no logró ser investida de alcaldesa por carecer de apoyos suficientes. Entonces ocupó el cargo de portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento. El 14 de febrero de 2016, tres días después de que la Guardia Civil registrara la sede regional del partido por presunta financiación ilegal, Esperanza Aguirre dimitió de su cargo como presidenta regional del Partido Popular por la responsabilidad en el nombramiento de Francisco Granados y otros presuntos responsables de irregularidades. Pero entonces no fue imputada ni investigada.

Aun así, el 24 de abril de 2017, presentó su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Madrid tras el ingreso en prisión de su mano derecha, el ex presidente Ignacio González González, por su implicación en el caso de desvío de fondos públicos en la Operación Lezo.