El Parlamento Europeo exige recortar un 40% las emisiones de CO2 de los coches nuevos y furgonetas en 2030

El Parlamento Europeo (PE) votó hoy a favor de exigir un recorte de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 40% en 2030 para los nuevos coches y furgonetas en comparación con los que se registren en 2021, lo que supone un nivel de exigencia muy superior al 30% propuesto inicialmente por la Comisión Europea (CE).

La posición del pleno de la Eurocámara -aprobada con 389 votos a favor, 239 en contra y 41 abstenciones- rebaja, no obstante, la postura aprobada hace un mes por la comisión de Medioambiente del Parlamento, que se pronunció a favor de elevar el recorte hasta el 45%.

El Parlamento Europeo también trazó la senda de una reducción intermedia para que los vehículos nuevos reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono en un 20% para 2025, respecto a los niveles de 2021.

Entre el voto de esa comisión europarlamentaria y el del pleno, la Comisión Europea ha publicado un documento que advierte de las pérdidas de empleo que ocasionaría acelerar demasiado en la transición hacia los vehículos eléctricos, mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, se ha pronunciado a favor de las tesis más conservadoras para limitar la reducción de CO2 al 30% en 2030.

"Desde una perspectiva social, un objetivo del 30%, y en menor medida del 40%, conduce a un ahorro económico neto medio para cada coche en 2030. Una mayor ambición lleva a costes económicos netos", apuntaba el Ejecutivo comunitario en su análisis de los diferentes escenarios para la transición del motor de combustión al eléctrico.

Desde la bancada ecologista, en cambio, se considera que la senda acordada por la Eurocámara peca de moderación.

"El Parlamento Europeo es demasiado cauteloso pese a las pruebas abrumadoras. Aunque es bueno ver que el Parlamento reconoce la necesidad de ambición en materia de emisiones, los conservadores y otros grupos se oponen a los esfuerzos que necesitamos frenar el cambio climático", declaró en un comunicado el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi.

Los fabricantes que superen los ratios finalmente acordados deberán pagar una multa a la Unión Europea (UE), que Bruselas destinará a formación para recolocar a los trabajadores afectados por la transición ecológica, según la propuesta del PE.

Un recorte del 20% para 2025

Por otro lado, el Parlamento Europeo se decantó también por imponer a los fabricantes que el 20% de su nueva flota en 2025, y el 30% en 2030, corresponda a vehículos eléctricos o poco contaminantes, es decir, que emitan menos de 50 gramos de CO2 por kilómetro.

El voto parlamentario no ha gustado a la industria automovilística que, a través de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), manifestó sus "serias preocupaciones" por la senda que propone la Eurocámara.

"Seguimos particularmente preocupados por los objetivos de reducción de CO2 extremadamente agresivos y por la imposición de cuotas de ventas para vehículos eléctricos con batería que los eurodiputados han respaldado", declaró la ACEA en un comunicado.

El PE también quiere que la UE invierta en su propia industria de baterías eléctricas, en un etiquetado armonizado sobre el consumo y las emisiones de los vehículos para 2019 y en implantar un sistema estandarizado del ciclo del CO2 de los vehículos colocados en el mercado a partir de 2025, entre otros puntos.

A continuación, los Estados miembros deberán fijar su posición en el Consejo de ministros de Medioambiente de la UE, que se reúne el próximo 9 de octubre en Luxemburgo.

Se espera un debate ajustado pues 19 países apoyan una reducción del 40%, como la aprobada por el Parlamento Europeo pero, a priori es suficiente para alcanzar un consenso. Para fijar una posición común a nivel de Gobiernos, se antoja clave el voto final de Austria, país que ejerce este semestre la Presidencia de turno de la UE.

A partir de entonces, una vez los Estados acuerden qué porcentaje de reducción quieren aplicar, se iniciará una negociación a tres bandas, con la participación del Consejo, la Eurocámara y la Comisión en los llamados "trílogos" para fijar la tasa definitiva que se convertirá en normativa comunitaria previsiblemente a inicios de 2019.