Bruselas pide supervisar la autorización de coches tras el caso Volkswagen

En respuesta a los numerosos fallos que sacó a la luz el escándalo de las emisiones de Volkswagen, la Comisión Europea presentó ayer una revisión del mecanismo para autorizar la salida al mercado de vehículos, que le otorgará más poderes para supervisar a las autoridades nacionales.

Como explicó el vicepresidente de la Comisión Europea a cargo del dosier, Jyrki Katainen, casos como el "escandaloso" trucaje de Volkswagen de sus motores diésel "no tienen que volver a suceder" y el sector del automóvil "necesita tomarse esto en serio". Como reconoció la comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska, este caso en el que se trucaron la medición de las emisiones probó que la supervisión en manos de autoridades nacionales "no tiene la misma calidad" en toda Europa, lo que exige que la Comisión "juegue un papel" para garantizar que se cumplen las reglas europea.

El caso más bien ilustró, no sólo la embarazosa coexistencia entre la industria del automóvil y las autoridades en países como Alemania, sino también la respuesta endeble de la Comisión. El Ejecutivo comunitario aceptó aguar su propia propuesta para los límites de las emisiones en carretera de gases NOx, parar dar a los fabricantes más tiempo del previsto.

Pero ahora Bruselas responde con una medida destinada a agradar a quienes le han pedido desde el pasado otoño, sobre todo en el Parlamento Europeo, una actitud más dura con los fabricantes de coches y los estados miembros que los respaldan, como España.

Más independencia en la homologación

La Comisión propone reforzar la independencia de las autoridades que homologan los vehículos, pues los fabricantes ya no pagarán directamente por los controles. Se reforzará también el control de los vehículos, lo que afectará a los que están en circulación.

La medida más ambiciosa será los nuevos poderes de la Comisión para controlar a los supervisores nacionales, y ver si no están aplicando apropiadamente las reglas europeas referidas a la seguridad o requisitos medioambientales. De esta manera, Bruselas podrá sancionar a los fabricantes y a las autoridades nacionales encargadas de la homologación y el control. En el caso de los fabricantes la multa podría ascender a 30.000 euros por vehículo. Si esta cantidad se aplicara a los 8,5 millones afectados por el caso de Volkswagen en Europa, la multa ascendería a 255.000 millones.

La medida levantará una seria polvareda, no sólo por los nuevos poderes que pide para si Bruselas, sino por la connivencia de algunas autoridades nacionales con respecto a los fabricantes más poderosos. Bienkowska señaló que los estados miembros ?apoyan totalmente? una revisión del sistema de autorización de vehículos.

Aplicarla costará 341 millones de euros, y debería generar unos beneficios de 13.007 millones, al reducir el mercado de vehículos "inseguros e incumplidores".