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Economía/Motor.- El parque automovilístico español no reducirá su edad media hasta 2020, según Anfac



    El parque automovilístico español no experimentará una reducción de la edad media hasta 2020, según previsiones de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que señaló que en la actualidad la media de edad de los coches en España se sitúa en 11,6 años.

    MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

    Así lo indicó el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, en el marco de la presentación de siete medidas que permitirán reducir un 70% las emisiones en las ciudades. Así, indicó que estos 11,6 años de media representan un incremento en comparación con la media de antigüedad del año pasado de 11,4 años y señaló que la estimación para 2016 es que se alcancen los 12 años de promedio.

    "Hasta 2020 no se producirá un rejuvenecimiento del parque español y en 2016 crecerá hasta 12 años", afirmó Armero, al tiempo que resaltó la necesidad de continuar con planes como el PIVE, ya que es el "arma más importante" a la hora de rejuvenecer el parque.

    Así, apuntó que en Europa "no ha habido" un plan más eficaz en este sentido, a pesar de lo que la edad media de los coches en España seguirá estando por encima de once años hasta 2025, mientras que en 2020 se podrían alcanzar los 3,5 millones de vehículos con más de 20 años.

    Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la media de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los turismos en la Unión Europea fue de 123,4 gramos por kilómetro en 2014, un 2,6% menos y una cifra superior a los 118,6 gramos de CO2 registrados en España, un 3,1% menos.

    El vicepresidente ejecutivo de Anfac destacó que estas cifras se sitúan por delante de los objetivos medioambientales europeos, que contemplan un límite de 130 gramos de CO2 para 2015 y explicó que la tecnología diésel "es fundamental" para seguir en línea con los objetivos para 2020 de llegar a 95 gramos.

    7 MEDIDAS PARA REDUCIR UN 70% LAS EMISIONES.

    La asociación ha presentado un total de siete medidas orientadas de movilidad para las ciudades y que buscan garantizar la accesibilidad a la movilidad, reducir el impacto sobre el medio ambiente, potenciar el desarrollo económico, mejorar la competitividad y mejorar la seguridad vial.

    Así, Anfac propone estandarizar en todo el territorio español un sistema de categorización de los vehículos con seis niveles en función de la edición de la norma Euro que cumplen y del tipo de combustible.

    La organización recomienda eliminar el protocolo de limitar la ciculación a coches en función de si tiene matrícula par o impar en casos de alta contaminación en las ciudades y opta por discriminarlos en función de su potencial contaminador, así como la inclusión de los sistemas de 'car sharing' entre los modelos no sujetos a restricciones en estos casos.

    En este sentido, la limitación de la circulación por matrícula par o impar permitiría reducir en un 50% las emisiones en las ciudades, mientras que decantarse por el potencial contaminador serviría para aumentar la cifra hasta el 70%.

    Entre las medidas propuestas también destaca el fomento de la renovación del parque automovilístico español, así como el impulso de las tecnologías alternativas, como se está haciendo a través del Plan Movea. Otra iniciativa es el apoyo del 'car sharing' profesional y sin que se perjudiquen a otros colectivos en las ciudades.

    En el campo de la fiscalidad, la organización apuesta por la eliminación del impuesto de matriculación y por ligar la tasa de circulación a las características medioambientales de los vehículos, con el objetivo de no incrementar el conjunto de fiscalidad y de no condicionar la competitividad de la industria, entre otros aspectos.

    La última de las medidas de Anfac está en línea con incentivar el transporte colectivo de las empresas, de forma que se elimine la cotización a la Seguridad Social de las rutas de transporte de sus empleados por parte de las empresas, con un impacto de 4,5 millones de euros al año, mientras que los trabajadores tienen que afrontar un coste adicional de cerca de un millón de euros anuales.




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