El Gobierno se persona en la causa del fraude del coche eléctrico Hiriko
- El escándalo salpica al PNV por sus vinculaciones con los promotores
La larga lista de presuntos delitos de fraude que enumera el fiscal jefe de Vitoria, Josu Izagirre, en su auto y las elevadas pérdidas públicas que ha supuesto el proyecto del coche eléctrico Hiriko, cerca de 17,7 millones, ha llevado al Gobierno central a personarse en la causa que instruye a partir de ahora el Juzgado número 3 de Vitoria. Todos se hicieron fotos con el "pequeño Nicocar".
El ejecutivo vasco, también afectado "no descarta" personarse, pero por ahora no como acusación, sino para tener acceso a las diligencias que se tramiten. Desde el gabinete de Urkullu insisten en desvincularse del escándalo argumentando que en lo que se refiere al proceso de concesión de las subvenciones no aprecian irregularidades.
El proyecto de Hiriko, promovido por la asociación Afypaida, entre cuyos promotores hay varias personas muy vinculadas al PNV, suponía el desarrollo de un coche eléctrico íntegramente en Euskadi, que incorporaba como principal novedad un sistema de fabricación modular, por lo que no requería de grandes plantas productivas para su fabricación en serie, además de un novedoso sistema de motorización sustentado en unas ruedas especiales. Además para el desarrollo de sus novedades tecnológicas había establecido contactos con el MIT.
Sin riesgo para los promotores
El proyecto Hiriko, del que se hicieron un par de prototipos, recibió ayudas públicas por desarrollos tecnológicos por valor total de 17,7 millones, unos 15 millones del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y 2,7 millones del Gobierno Vasco. El respaldo público del Estado a este proyecto estuvo vinculado a los pactos presupuestarios de Zapatero con el PNV.
El fiscal de Vitoria relata en su auto la gran cantidad de fondos públicos que fueron a parar a un proyecto cuyos promotores no tenían "experiencia, conocimiento, ni infraestructura alguna para el diseño y fabricación de automóviles".
Responsabiliza a los promotores de que, con el pretexto del coche, habrían ideado "un plan" para que dichos desarrollos fueran sufragados por fondos públicos y detraer parte de dichos fondos en beneficio propio o de terceros.
Además, la estructura del proyecto implicaba que a pesar de ser financiado con fondos públicos, los beneficios que pudieran obtenerse recayeran sólo en los promotores de Hiriko, mientras que si fracasaba las pérdidas serían asumidas sólo por las Administraciones.
El fiscal de Vitoria se muestra muy duro al señalar que en el proyecto de Hiriko aprecia presuntos delitos de: malversación de fondos públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
De esta forma cursa acusación directa contra Jesús Echave Román, Fernando Echaerandio Díaz de Guereñu, Francisco Javier Calera Marco, Iñigo Antia Vinos, José Luis Bengoechea Pierrugues y José Barreira Lorenzo; y contra la asociación Afypaida.
En el auto de 17 páginas y en las 35 cajas de documentación remitida al juzgado, el fiscal repasa todo el entramado societario promovido desde Afypaida para sus fines.