Los agentes de la Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han arrestado a nueve personas, entre ellas a José Luis Olivas, que fue entre 2002 y 2003 presidente de la Generalitat Valenciana y, posteriormente, presidente de Bancaja y de Banco de Valencia, a seis ex altos cargos de estas dos entidades financieras y a dos importantes empresarios de la zona de Levante (los propietarios del grupo Mar Confort, Juan Ferri y José Baldó), por supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
Estas detenciones se han producido en el marco de la 'Operación Coral', dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga la financiación por parte de Bancaja y Banco de Valencia de operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano, permitiendo desviar a paraísos fiscales importantes plusvalías originadas por la interposición de sociedades instrumentales.
Los arrestos han tenido lugar en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca. Además se han practicado seis registros en domicilios y empresas de Barcelona y Valencia.
La investigación se inició en el año 2014, como consecuencia de una denuncia presentada por el representante legal de Bankia S.A., tras la intervención por el Banco de España del Banco de Valencia. En ella se informaba de irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe mexicano, eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras.
El grupo Gran Coral fue creado por varios empresarios del levante español con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias.
Más de 250 millones de pérdidas
En el análisis de la información recabada en relación a las operaciones investigadas se apreciaba el trato de favor dispensado por las entidades financieras al citado grupo empresarial que, una vez recibida la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza, mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.
Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe Mejicano, superaron ampliamente 500 millones de dólares, operaciones que supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.
La operación está siendo realizada por agentes de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Unidad Central Operativa, apoyados por otras Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación. Los trabajos están siendo coordinados por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.