Francisco Camps quiso aparentar con su dimisión que se iba porque quería y que dejaba a un sucesor de confianza. Nada de eso. Se fue porque no tenía otro remedio y designó en la junta directiva regional del PP a quien le habían impuesto desde Génova. Cuando Camps comunicó a Rajoy su dimisión, le pidió que la sucesora fuera Paula Sánchez de León, su delfín, jefa de campaña en las últimas elecciones y aupada hace un mes a la vicepresidencia única del Consell tras varios años de portavoz. Rajoy no necesitó decirle que su poder de decisión ya era nulo y dejó que Federico Trillo, su brazo ejecutor en Valencia desde el pasado lunes, le comunicara que Génova no contemplaba esa posibilidad.
La elegida por Rajoy era la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que desde que estalló el caso Gürtel ha rechazado varias veces la oferta de ser el posible relevo. Si insistía en su negativa, sería su homólogo en Castellón, Alberto Fabra. Fue el propio Camps quien hizo un último intento con Barberá, su madrina política, que en los últimos días, tras conocerse el auto del juez Flors, había aflojado el apoyo incondicional a Camps y le había pedido públicamente que reflexionara y tomara decisiones.
La elección de Fabra fue ratificada por la junta directiva del partido por aclamación, una fórmula no prevista en los estatutos que ya fue utilizada por Camps -para silenciar posibles voces discrepantes- en octubre de 2009, en aquella ocasión para ratificar a Ricardo Costa como secretario general en contra de las órdenes de Génova, que lo destituyó. Ahora, la posible voz en contra era la de Alfonso Rus, líder provincial de Valencia, que mostraba ayer su enfado al asegurar que se enteró de la dimisión de Camps "como Felipe González, por la prensa".
La designación del hasta ahora alcalde de Castellón fue ratificada ayer por la dirección nacional del partido, mientras la Mesa de las Corts fijaba el martes 26 como día de su investidura y el día 28 para su toma de posesión.
Una moción de confianza
Ayer continuaban los rumores sobre qué hizo cambiar a Camps de opinión en el último momento. Según todos los indicios, fue su propia toma de conciencia de la realidad después de varias horas en las que soñó incluso con una moción de confianza en las Corts que le ratificase como presidente, convicto y confeso del delito de cohecho.
Según ha podido saber elEconomista, en la reunión del martes por la tarde con Federico Trillo, no sólo estuvo Juan Cotino, actual presidente de las Corts, sino también el portavoz popular y exconsejero, Rafael Blasco, y el recién nombrado consejero de Justicia, Jorge Cabré, que es fiscal de carrera. Todos ellos acordaron la fórmula de Trillo para evitar el juicio, consistente en que los cuatro acusados admitirían su culpa y se conformarían con la multa.
Para convencer a Camps, acordaron la aceptación de una moción de confianza en las Corts que había solicitado Esquerra Unida, que sería superada con la mayoría absoluta del PP. Fue el propio Camps quien convenció a dos de los imputados, Víctor Campos y Rafael Betoret, de la conveniencia del acuerdo, mientras desde Génova hacían ceder a un desconfiado Ricardo Costa, quien puso como condición acudir al juzgado junto con el presidente a firmar la confesión.
Pero Camps debió reflexionar por la noche y llegar a la misma conclusión que cualquiera que conociera el acuerdo. Era un despropósito que un presidente condenado por cohecho se mantuviera en el cargo, y mucho más que un parlamento lo ratificara en una moción de confianza. Por eso, cuando Ricardo Costa fue a su casa para acudir juntos a la cita con el juez, a las 9.30 horas, Camps le dijo que necesitaba pensar y que se fuera a la sesión de las Corts, donde el diputado no dejó de hablar por teléfono. Cinco horas después, el presidente amagó con firmar la confesión, que su abogado ya había entregado al juez, pero se dio cuenta a tiempo de que no serviría para nada. El letrado llevó ayer, firmado, otro escrito rectificando el anterior.
Fueron 12 trajes
Doce trajes son los que presuntamente pagó a Francisco Camps la trama corrupta de Gürtel, según la Fiscalía Anticorrupción, además de cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, todo ello valorado en 14.021,5 euros. Varios cargos del PP insistían este miércoles en que era un asunto de "tres trajes", que Esteban González Pons equiparó a "tres jamones".
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Camps no acepta la culpa