Las farmacias valencianas reclaman a Fabra 50 millones en intereses

Los enfrentamientos entre la Generalitat valenciana y los farmacéuticos afectados por retrasos en los pagos desde 2011 empiezan a pasar factura al Gobierno de Alberto Fabra en el sentido literal del término.

La mayoría de los boticarios se han unido para reclamar intereses de demora y ya acumulan cuatro fallos favorables de jueces de lo contencioso-administrativo, los dos últimas la semana pasada, que suman más de 20 millones de euros.

Si los jueces mantienen esta línea y el Tribunal Superior de Justicia la confirma -las sentencias están recurridas-, el coste para la Generalitat superará los 50 millones, equivalentes a más de medio mes de factura farmacéutica.

En Alicante han reclamado todos los boticarios, más de 700, coordinados por el Colegio, mientras en Valencia y Castellón son demandas colectivas de unas 650 y unas 250 farmacias, respectivamente. También hay demandas individuales o de pequeños grupos de farmacéuticos, según fuentes del colectivo.

Las demandas van por años, entre 2011 y 2013. Se han fallado las del primer año en cada provincia y las de 2012 de Valencia. El resto está en fase administrativa o, si Sanidad ya ha rechazado pagar, en fase judicial.

Las dos sentencias de Valencia ascienden a 6,9 y 7,5 millones, mientras que las dos reclamaciones que acaban de llegar al juzgado son de 9,9 y 3,9 millones. En total, 28,2 millones.

En Alicante, no se ha detallado a cuánto asciende la única sentencia dictada, pero por el peso de esta provincia puede superar los 4 millones, según cálculos de elEconomista. El total de las cuatro reclamaciones asciende a 17 millones, según fuentes del Colegio.

Respecto a Castellón, el fallo obliga a pagar a la Generalitat 2,22 millones y la otra reclamación, que junta los años 2012 y 2013, asciende a unos 2,4 millones. El Colegio estudia presentar una tercera petición por las facturas del plan de pago a proveedores.

Renuncia "obligatoria"

Los colectivos de Valencia y Alicante ya han reclamado estas facturas del plan de pago a proveedores, que tienen la peculiaridad respecto al resto de que los farmacéuticos debían renunciar a los intereses de demora para poder acogerse al plan y cobrar. En la reclamación, los boticarios cuestionan la validez de esta renuncia a los intereses de demora que les fue impuesta.

En declaraciones a elEconomista, el abogado que defiende los intereses de los farmacéuticos de Castellón, David Casañ, afirmó que la reclamación por intereses de demora "no admite discusión, está muy clara en la ley", aunque no todos los acreedores de la administración la hagan valer.

La reclamación de los boticarios no ha sentado nada bien en la Generalitat. El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, pidió a los boticarios "otra actitud" a tenor del "enorme esfuerzo" que a su juicio está realizando el Ejecutivo autonómico para abonar las facturas. "El esfuerzo que está haciendo la administración valenciana por intentar pagar de una forma adecuada a este colectivo está siendo muy alto y su actitud podría ser otra", lamentó.