Madrid
La justicia pone negro sobre blanco en el conflicto que arrastran desde hace años con motivo de las resistencia de la Generalitat de Catalunya a pagar Renfe más de 80 millones por el Plan de Acción firmado a finales de 2015. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón al operador público y ha obligado al Ejecutivo regional a abonar dicha cantidad pendiente más los intereses de demora y las costas, de acuerdo a una sentencia consultada por elEconomista.es.
En su exposición, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aprecia los argumentos de la empresa que preside Raül Blanco y concluye que existe un "reconocimiento explícito" de la deuda contraída por la Generalitat. El monto total de este dinero se comprende entre los años 2016 y 2019, siendo ese último años el de mayor importe.
Los trabajos impagados de Renfe Viajeros en Cataluña van desde la implantación de nuevos servicios de cercanías o regionales, al incremento de frecuencias, la mejora de los estándares de calidad del servicio. Se trata en todos los casos de Obligaciones de Servicio Público (OSP), es decir, operaciones que no son rentables y, por tanto, deben subvencionarse.
Pago de cánones
A estos servicios hay que añadir el pago por el incremento de los cánones ferroviarios que se registró durante los años analizados y que el operador ha ido abonando al gestor de la infraestructura Adif para acceder a la estructura ferroviaria.
La Generalitat, por su parte, se oponía a este pago alegando que era la Administración General del Estado (AGE) la responsable de reparar esta situación. Sobre este punto, el TSJC explica que "la controversia presupuestaria entre Administraciones territoriales es ajena a la actora", es decir, la Generalitat puede dirimir sus discrepancias con el Gobierno, pero no este conflicto en los tribunales. La sentencia es recurrible en casación.
Un pulso enquistado
El Plan de Acción se remonta a noviembre de 2015. Ese aprobó la prórroga del Plan de Acción para los ejercicios 2015 y 2016 en el seno del Órgano Mixto de Coordinación y Control del que forman parte la Generalitat de Cataluña y Renfe. Esta hoja de ruta debía servir como soporte a los servicios adicionales a los inicialmente transferidos en el año 2009 y contratados directamente por la Generalitat con Renfe Viajeros.
El problema ha ido adquiriendo un cariz político con el paso del tiempo y la Generalitat se ha agarrado a que no tiene firmado el contrato programa con Renfe. La ausencia de este marco de entendimiento provoca que el Estado inyecte cada año el grueso del coste del servicio de Rodalies directamente a Renfe, sin posibilidad de maniobrar en ese presupuesto, según la Generalitat
Pese a todo, Renfe ha seguido presentado servicios hasta día de hoy. En las cuentas anuales de 2022 depositadas ante la IGAE, Renfe Viajeros reconoce que en la actualidad hay "saldos pendientes de ejercicios anteriores ya facturados por importe de 124,06 millones euros (98,2 millones de euros en 2021) que corresponde principalmente a los ejercicios 2017 a 2021". En el ejercicio 2022 tuvo lugar una reunión del Órgano Mixto, pero no se llevaron a cabo acuerdos.
