La justicia europea tumba el recurso de Gran Canaria para financiar su tren al sur de la isla

El ambicioso proyecto para construir la primera línea ferroviaria de Gran Canaria ha sufrido un nuevo revés. El Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado el recurso presentado por Ferrocarriles de Gran Canaria contra la decisión de la Agencia Ejecutiva de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), que desestimó su solicitud de financiación al considerar que no cumplía los requisitos formales.

El fallo confirma que la petición de fondos europeos para el tramo inicial del tren insular —incluido en la convocatoria del Mecanismo Conectar Europa (CEF) 2023— fue correctamente descartada por CINEA, al no incluir a tiempo la carta de apoyo del Gobierno de España. Este documento es obligatorio para todas las candidaturas que requieran implicación estatal. Aunque el aval fue presentado durante el periodo de subsanación, llegó fuera de plazo, lo que invalidó la solicitud.

La compañía pública canaria interpuso el recurso en julio de 2024, solicitando que se anulara la decisión y se considerara admisible su propuesta, alegando entre otros motivos la existencia de fuerza mayor y la necesidad de aplicar criterios específicos a las regiones ultraperiféricas. También esgrimía que se había vulnerado su derecho a ser escuchada y que la resolución no estaba debidamente motivada. Sin embargo, el Tribunal ha desestimado todos los argumentos.

Un tren sin fondos

El proyecto del Tren de Gran Canaria contempla una línea de 57,8 kilómetros entre Las Palmas de Gran Canaria y Meloneras (Maspalomas), con parada en el aeropuerto y los principales núcleos urbanos del este insular. El trazado prevé 11 estaciones, más de la mitad del recorrido en túnel, trenes cada 15 minutos y un tiempo estimado de 25 a 35 minutos entre extremos. El objetivo: aliviar el tráfico en la autovía GC-1, saturada con unos 180.000 vehículos diarios.

La infraestructura, pensada para ser totalmente sostenible, se apoyará en energías renovables —incluido un parque eólico de 30 MW en Corralillos— y podría incorporar trenes impulsados por hidrógeno. Las previsiones apuntan a una demanda de hasta 26 millones de viajeros anuales y un impacto económico superior al 4% del PIB canario, con más de 25.000 empleos asociados al desarrollo del proyecto.

Sin financiación europea, el proyecto se retrasa

El coste global estimado supera los 1.650 millones de euros, aunque en el pasado se habló de hasta 4.000 millones. Ferrocarriles de Gran Canaria solicitó 190 millones al CEF 2023 para financiar la primera fase (Aeropuerto–Vecindario), que incluye cocheras y estaciones intermedias, pero la exclusión por un defecto formal ha obligado a replegarse. El Cabildo planea volver a presentar la candidatura en futuras convocatorias.

Mientras tanto, el Gobierno canario negocia con el Ministerio de Transportes y los cabildos de Tenerife y Gran Canaria un convenio de financiación plurianual, con vistas a incluir partidas ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

En febrero, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, aseguró en el Parlamento autonómico que "nunca antes se había estado tan cerca" de ejecutar los trenes insulares. La Declaración de Impacto Ambiental se espera para principios de 2025, y el inicio de las obras podría darse antes de 2027, siempre que se cierre el esquema financiero.

En paralelo, el ministro Óscar Puente ha impulsado la creación de un grupo de trabajo técnico con representantes del Estado y los cabildos para perfilar los proyectos ferroviarios de Canarias y estudiar su viabilidad. El plan, que permitiría avanzar hacia mejorar la movilidad en la isla, empieza a hacer aguas por la ausencia de financiación.