El Ministerio de Justicia ha dictado una circular por la que se establece la transferencia bancaria como medio general para la realización de pagos en procesos judiciales durante la vigencia del estado de alarma.

Una Auditoría de la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), determinó 3 hallazgos fiscales por $2.509 millones.