La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha instado al Gobierno a "ir pensando" en eliminar gradualmente las medidas implantadas por la crisis del coronavirus, entre ellas, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) y la supresión de las restricciones al despido.
La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) alerta de que los problemas de suministro no solo se están produciendo en el sector de la automoción, sino que también está afectando a otros subsectores, produciéndose además un incremento de los precios de las materias primas.
Más del 80% de las compañías encuestadas por el Instituto de Investigación de Capgemini declaró que sus cadenas de suministro se habían visto perjudicadas por la crisis de la COVID-19. Un 68% se vieron obligadas a adaptar su modelo de negocio, y un 62% ve prioritario incrementar la resiliencia de la cadena de suministro tras la pandemia. Este informe pone de manifiesto cómo las empresas han tenido que afrontar un cambio drástico en lo que a la gestión del stock se refiere.
Los precios del petróleo subían a 69 dólares el barril el martes, ya que los inversores centraban su atención en las perspectivas de una oferta más ajustada debido a las restricciones de producción de la OPEP+ y en crecientes esperanzas de una recuperación de la demanda.
El Gobierno prohibirá por ley los cortes de suministro de agua, electricidad y gas a personas vulnerables, incluso aunque estas no sean beneficiarias del bono social, previa evaluación por parte de los servicios sociales.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha abierto el periodo de audiencia pública del Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, que traslada a la legislación española las medidas para mitigar los riesgos de seguridad, contenidas en la caja de herramientas (tool box) consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea. Esta caja de herramientas identifica las principales amenazas y sus fuentes, los activos más sensibles, las principales vulnerabilidades y una serie de riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.
A 12 días de que el vicepresidente Pablo Iglesias anunciara el decreto según el cual el Gobierno ampliará la moratoria para evitar los desahucios, la letra pequeña y las desavenencias en el interior del Ejecutivo ponen de manifiesto que, la medida, será más descafeinada de lo que a priori pretendió el líder de Unidas Podemos, a través de su autoenmienda a los Presupuestos Generales -de la mano de ERC y EH Bildu- y, de que que en ese decreto no quedará recogido quién se responsabiliza del coste del agua, la luz y la calefacción en el caso detener que evitar cortes de suministros de las familias vulnerables.
Los precios del petróleo se situarán en el rango de 40 a 45 dólares por barril durante el resto del año, mostró el viernes un sondeo de Reuters, y los analistas esperan un camino difícil hacia la recuperación en 2021, ya que un nuevo brote de coronavirus renovó las preocupaciones por la demanda.
El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, está defendiendo dentro del Gobierno, con el respaldo del resto de ministros con los que cuenta Unidas Podemos en la coalición, la necesidad de extender, al menos hasta 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios y de cortar suministros básicos, según informan a Europa Press fuentes de Unidas Podemos.
La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha alertado a las administraciones catalanas de que han recurrido en exceso al procedimiento de "emergencia" para realizar las compras de suministros durante la crisis sanitaria.
Australia, Chile, Singapur y otros cuatro países de la región del Pacífico se han comprometido a mantener "abiertas y conectadas" las cadenas de suministros y a eliminar los aranceles para productos de primera necesidad, especialmente medicinas, durante la pandemia de Covid-19.
