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Los incrementos fiscales aprobados en 2021 en Sociedades, IRPF, planes de pensiones, matriculaciones y el nuevo sistema de valoración del catastro generan una subida de impuestos de 3.273 millones ya desde el inicio de 2022.

Ahora que los científicos apuntan que 2022 puede ser el año en que empecemos a doblegar a la pandemia, Pedro Sánchez y sus comisionadas de la economía se han encargado de recordarnos que este mundo es un valle de lágrimas desencadenando una pandemia de impuestos en un país que tiene ya un esfuerzo fiscal superior en un 8% al promedio de la UE y que con las subidas de impuestos proyectadas por el Gobierno será casi un 50% por ciento superior al de Alemania.

La OCDE quiere endurecer aún más la tributación de las multinacionales. En concreto, el club de los países desarrollados baraja la obligación de que el 25% de los beneficios de estas empresas tributen en los países donde se concentra su actividad.

La OCDE lleva desarrollando durante los últimos años un trabajo notorio en la necesaria configuración de un esquema que venga definido por el reparto justo de beneficios y derechos tributarios entre países. En tal contexto y en el marco del proyecto BEPS (por "Base Erosion and Profit Shifting"), el organismo se ha comprometido a hacer frente a aquellas multinacionales que erosionan sus bases imponibles y trasladan sus beneficios a jurisdicciones o territorios con baja o nula tributación.

Sería deseable que todos los ciudadanos que se someten a un marco normativo común tuvieran también las mismas normas fiscales, es decir, que todos pagaran los mismos impuestos. Sin embargo, ese deseo no se cumple ni siquiera en demarcaciones administrativas más pequeñas como los Estados dentro de la Unión Europea, ni tampoco, dentro de las propias comunidades autónomas españolas. Por ejemplo, no pagan lo mismo los ciudadanos de Guipúzcoa que los de Álava o los de Vizcaya, y todos son parte del País Vasco.

“Histórico” es el adjetivo más repetido a la hora de calificar el pacto del G-7 y el G-20 para aplicar un tipo mínimo del 15% en Sociedades, a escala global, sobre las multinacionales.

Un año y medio después del estallido de la pandemia, el tejido productivo aún no ha logrado engrasar la maquinaria para recuperar los niveles precrisis tanto de actividad como de tamaño en términos de número de compañías de alta en el sistema. Concretamente, la medida la ofrece el dato arrojado recientemente por la Seguridad Social que registró a finales del mes de junio casi 63.000 empresas de con menos de 50 trabajadores menos que antes de la crisis.

Una de las grandes novedades de la actual reforma concursal es el capítulo de las reestructuraciones empresariales.

El conjunto de la recaudación fiscal en España acumula más de 81.500 millones entre los pasados meses de enero y mayo. Como era de esperar, esta cifra supone un marcado avance, del 13,7%, con respecto a los niveles observados en el mismo periodo del año pasado, marcado entonces por el Gran Confinamiento.

Un problema global necesita soluciones globales. Que las empresas que más dinero ganan en el mundo sean las que menos porcentaje pagan de impuestos sobre sus beneficios es algo que pasa en todas partes, desgraciadamente, aunque en unos sitios más que en otros. Por eso que el G-7 haya llegado a un principio de acuerdo para que las multinacionales paguen una tasa global mínima del 15% es una buena noticia. Sin embargo, hay varios aspectos que distan de estar claros.

En mayo se han incrementado la constitución de sociedades un 153,0% respecto a mayo de 2020, y, de forma más significativa, el 10,4% frente al mismo mes de 2019. Las tasas de variación muestran importantes incrementos en todas las Comunidades Autónomas debido a la paralización de la economía durante el primer estado de alarma.

La fijación de la retribución del administradora puederealizarse aunque esté muy avanzado el ejercicio económico, pues lo relevante es que la junta preste su autorización o conformidad durante ese ejercicio, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de mayo de 2021.

Europa encara una factura descomunal tras la salida del largo túnel del covid-19. La deuda superará el 100% del PIB este año. Para financiarla, los Gobiernos necesitan mejorar sus regímenes tributarios, más aún porque hasta 166.000 millones de euros se pierden cada año debido al fraude y la evasión fiscal de individuos y multinacionales.

Los empresarios y autónomos acogidos a los préstamos otorgados con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) van a poder ampliarlos desde los 8 años máximos que autorizaba el Gobierno hasta los 10 años, así como ampliar el periodo de carencia en su pago más allá de los dos años, como consecuencia de la puesta en marcha ya regulado gracias a la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas para favorecer la reestructuración de deuda de empresas y autónomos, que publicó el pasado jueves, 13 de mayo de 2021, el BOE.

Entidades y personas físicas tenemos la obligación de tributar por nuestros ingresos netos. Las primeras lo están por el Impuesto sobre Sociedades (IS )y las segundas por los de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o por el de la Renta de Personas No Residentes (IRNR).

Si alguna lección hemos aprendido con la crisis sanitaria del Covid-19 es que la tecnología ha sido la pieza determinante para que muchas actividades de la economía siguieran funcionando con total normalidad, incluso en condiciones que nunca antes podríamos siquiera haber imaginado. Como infraestructura crítica, los mercados financieros han sido siempre conscientes de la trascendencia de garantizar su operatividad bajo toda circunstancia, como así ha sucedido.

Una consulta habitual que recibimos de nuestros clientes es acerca de los beneficios fiscales que pudieran obtenerse al constituir una sociedad patrimonial, en lugar de mantener las inversiones con la titularidad de la persona física, así como los inconvenientes que esta decisión supondría.

El Gobierno dio este lunes a conocer los datos de la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas de 2020, en cierto aspecto aliviado porque el dato del déficit público ha sido de 10,9% -en 113.172 millones-, y no del 11,3% como las previsiones enviadas a la UE. Además, valoran que los intereses de la deuda hayan caído un 11,1% y que el IRPF haya tenido un balance positivo en su recaudación, aumentando un 1,3% con respecto a 2019; si bien este incremento puede deberse a los Ertes, al aumento de las pensiones y al incremento de los salarios de los empleados públicos.

El Impuesto sobre Transacciones Financieras (más conocida como Tasa Tobin) es un impuesto indirecto regulado en la Ley 5/2020, de 15 de octubre (BOE de 16/10/2020), que ha entrado en vigor el pasado 16 de enero de 2021. El objetivo del Impuesto es contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas y reforzar el principio de equidad del sistema tributario, sometiendo a tributación operaciones que no se encontraban hasta la fecha sometidas a tributación indirecta.

Una vez declarada judicialmente la existencia de un enriquecimiento injusto por un cobro indebido por parte de la sociedad administrada, la negativa reiterada e injustificada a su restitución genera responsabilidad individual del administrador.

Tienen derecho a la separación de la sociedad, los socios minoritarios que aunque no voten a favor del reparto de dividendos, si lo hagan en el transcurso de la junta general contra de la aplicación del resultado a reservas voluntarias y manifiesten su deseo de que se aplique a dividendos.

El cierre de año deja una fotografía escalofriante del impacto heterogéneo que está teniendo la pandemia sobre el tejido productivo de nuestro país. Y una cosa parece clara según los datos de empresas registradas en la Seguridad Social en el final del año: las pequeñas compañías de nuestro país son las grandes pagadoras de la crisis económica. De hecho, un 99,7% de las casi 68.000 empresas que se han destruido durante este ejercicio en nuestro país cuenta con menos de 50 trabajadores en su plantilla.

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital en la que ya trabaja el Gobierno amenaza con reabrir la vieja polémica, en la que incluso el Tribunal Supremo tuvo que intervenir, sobre la publicación de los sueldos de los administradores de empresas.

El Ministerio de Economía ha puesto sus ojos en lo que considera un foco inmenso de fraude y corrupción, como son las cerca de 1,5 millones de sociedades zombis. Con ello, se pretende eliminar a las empresas que hibernan en los Registros Mercantiles, con años de inactividad y soportando deudas que se comen todos sus beneficios cuando vuelven a operar.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pone en evidencia las graves incongruencias que presenta el proyecto de Presupuestos.

No hace falta conocer mucho acerca de psicología para saber que existe una etapa de nuestra vida en la que sufrimos la llamada crisis existencial. Esta crisis puede darse en pequeños periodos varias veces a lo largo de tu vida, sin embargo también hay una que por lo general vive toda la sociedad. Para descubrir a qué edad ocurre esta crisis se debe analizar el comportamiento de diferentes personas, como lo hizo el especialista Danny Blanchflower en una de sus investigaciones.

Recientemente presentamos, de la mano del Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España, el estudio 45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España, que tuve la suerte de codirigir junto con la participación de un excelente equipo de profesionales. Su objetivo no era otro que poner en valor, con cifras y hechos, cuáles habían sido los rasgos principales de la evolución económica, social, empresarial e institucional de España en el período 1975-2020.

El número de concursos de acreedores en septiembre se dispararon hasta 282, un 55% más que en el mismo mes de 2019, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores de España.

Los ingresos del Estado descenderán este año casi 27.500 millones de euros en relación con los obtenidos el pasado 2019, lo que implica una caída del 5,6%, según se recoge en el documento del Plan Presupuestario 2021 que remitió el Gobierno a la Comisión Europea (CE) el pasado jueves. En total, el Estado prevé unas aportaciones a las arcas este año de 460.391 millones de euros.

El Gobierno ha remitido a Bruselas un proyecto inacabado de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Adjetivizo “inacabado”, e insisto en ello, pues hay muchas partidas y cifras que no dicen de dónde van a salir los recursos. Además, lo remitido es más propio de un alumno de primer año de la carrera de Económicas que de un Ministerio de Hacienda.