El conjunto de la recaudación fiscal en España acumula más de 81.500 millones entre los pasados meses de enero y mayo. Como era de esperar, esta cifra supone un marcado avance, del 13,7%, con respecto a los niveles observados en el mismo periodo del año pasado, marcado entonces por el Gran Confinamiento.
Un problema global necesita soluciones globales. Que las empresas que más dinero ganan en el mundo sean las que menos porcentaje pagan de impuestos sobre sus beneficios es algo que pasa en todas partes, desgraciadamente, aunque en unos sitios más que en otros. Por eso que el G-7 haya llegado a un principio de acuerdo para que las multinacionales paguen una tasa global mínima del 15% es una buena noticia. Sin embargo, hay varios aspectos que distan de estar claros.
En mayo se han incrementado la constitución de sociedades un 153,0% respecto a mayo de 2020, y, de forma más significativa, el 10,4% frente al mismo mes de 2019. Las tasas de variación muestran importantes incrementos en todas las Comunidades Autónomas debido a la paralización de la economía durante el primer estado de alarma.
La fijación de la retribución del administradora puederealizarse aunque esté muy avanzado el ejercicio económico, pues lo relevante es que la junta preste su autorización o conformidad durante ese ejercicio, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de mayo de 2021.
Europa encara una factura descomunal tras la salida del largo túnel del covid-19. La deuda superará el 100% del PIB este año. Para financiarla, los Gobiernos necesitan mejorar sus regímenes tributarios, más aún porque hasta 166.000 millones de euros se pierden cada año debido al fraude y la evasión fiscal de individuos y multinacionales.
Los empresarios y autónomos acogidos a los préstamos otorgados con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) van a poder ampliarlos desde los 8 años máximos que autorizaba el Gobierno hasta los 10 años, así como ampliar el periodo de carencia en su pago más allá de los dos años, como consecuencia de la puesta en marcha ya regulado gracias a la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas para favorecer la reestructuración de deuda de empresas y autónomos, que publicó el pasado jueves, 13 de mayo de 2021, el BOE.
Entidades y personas físicas tenemos la obligación de tributar por nuestros ingresos netos. Las primeras lo están por el Impuesto sobre Sociedades (IS )y las segundas por los de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o por el de la Renta de Personas No Residentes (IRNR).
Si alguna lección hemos aprendido con la crisis sanitaria del Covid-19 es que la tecnología ha sido la pieza determinante para que muchas actividades de la economía siguieran funcionando con total normalidad, incluso en condiciones que nunca antes podríamos siquiera haber imaginado. Como infraestructura crítica, los mercados financieros han sido siempre conscientes de la trascendencia de garantizar su operatividad bajo toda circunstancia, como así ha sucedido.
Una consulta habitual que recibimos de nuestros clientes es acerca de los beneficios fiscales que pudieran obtenerse al constituir una sociedad patrimonial, en lugar de mantener las inversiones con la titularidad de la persona física, así como los inconvenientes que esta decisión supondría.
El Gobierno dio este lunes a conocer los datos de la ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas de 2020, en cierto aspecto aliviado porque el dato del déficit público ha sido de 10,9% -en 113.172 millones-, y no del 11,3% como las previsiones enviadas a la UE. Además, valoran que los intereses de la deuda hayan caído un 11,1% y que el IRPF haya tenido un balance positivo en su recaudación, aumentando un 1,3% con respecto a 2019; si bien este incremento puede deberse a los Ertes, al aumento de las pensiones y al incremento de los salarios de los empleados públicos.
El Impuesto sobre Transacciones Financieras (más conocida como Tasa Tobin) es un impuesto indirecto regulado en la Ley 5/2020, de 15 de octubre (BOE de 16/10/2020), que ha entrado en vigor el pasado 16 de enero de 2021. El objetivo del Impuesto es contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas y reforzar el principio de equidad del sistema tributario, sometiendo a tributación operaciones que no se encontraban hasta la fecha sometidas a tributación indirecta.
Una vez declarada judicialmente la existencia de un enriquecimiento injusto por un cobro indebido por parte de la sociedad administrada, la negativa reiterada e injustificada a su restitución genera responsabilidad individual del administrador.
Tienen derecho a la separación de la sociedad, los socios minoritarios que aunque no voten a favor del reparto de dividendos, si lo hagan en el transcurso de la junta general contra de la aplicación del resultado a reservas voluntarias y manifiesten su deseo de que se aplique a dividendos.
El cierre de año deja una fotografía escalofriante del impacto heterogéneo que está teniendo la pandemia sobre el tejido productivo de nuestro país. Y una cosa parece clara según los datos de empresas registradas en la Seguridad Social en el final del año: las pequeñas compañías de nuestro país son las grandes pagadoras de la crisis económica. De hecho, un 99,7% de las casi 68.000 empresas que se han destruido durante este ejercicio en nuestro país cuenta con menos de 50 trabajadores en su plantilla.
La reforma de la Ley de Sociedades de Capital en la que ya trabaja el Gobierno amenaza con reabrir la vieja polémica, en la que incluso el Tribunal Supremo tuvo que intervenir, sobre la publicación de los sueldos de los administradores de empresas.
El Ministerio de Economía ha puesto sus ojos en lo que considera un foco inmenso de fraude y corrupción, como son las cerca de 1,5 millones de sociedades zombis. Con ello, se pretende eliminar a las empresas que hibernan en los Registros Mercantiles, con años de inactividad y soportando deudas que se comen todos sus beneficios cuando vuelven a operar.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pone en evidencia las graves incongruencias que presenta el proyecto de Presupuestos.
No hace falta conocer mucho acerca de psicología para saber que existe una etapa de nuestra vida en la que sufrimos la llamada crisis existencial. Esta crisis puede darse en pequeños periodos varias veces a lo largo de tu vida, sin embargo también hay una que por lo general vive toda la sociedad. Para descubrir a qué edad ocurre esta crisis se debe analizar el comportamiento de diferentes personas, como lo hizo el especialista Danny Blanchflower en una de sus investigaciones.
Recientemente presentamos, de la mano del Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España, el estudio 45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España, que tuve la suerte de codirigir junto con la participación de un excelente equipo de profesionales. Su objetivo no era otro que poner en valor, con cifras y hechos, cuáles habían sido los rasgos principales de la evolución económica, social, empresarial e institucional de España en el período 1975-2020.
El número de concursos de acreedores en septiembre se dispararon hasta 282, un 55% más que en el mismo mes de 2019, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores de España.
Los ingresos del Estado descenderán este año casi 27.500 millones de euros en relación con los obtenidos el pasado 2019, lo que implica una caída del 5,6%, según se recoge en el documento del Plan Presupuestario 2021 que remitió el Gobierno a la Comisión Europea (CE) el pasado jueves. En total, el Estado prevé unas aportaciones a las arcas este año de 460.391 millones de euros.
El Gobierno ha remitido a Bruselas un proyecto inacabado de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Adjetivizo inacabado, e insisto en ello, pues hay muchas partidas y cifras que no dicen de dónde van a salir los recursos. Además, lo remitido es más propio de un alumno de primer año de la carrera de Económicas que de un Ministerio de Hacienda.
El Gobierno apuró los plazos para cumplir con la obligación de enviar a Bruselas su plan presupuestario para 2021, aunque no estén aprobadas aún las Cuentas, para que la Comisión lo corrija. Sin embargo, no será fácil que el Ejecutivo comunitario lleve a cabo esa tarea, debido a la total oscuridad en que están sumidas tanto las previsiones sobre ingresos fiscales como, lo que es más grave, las que se refieren al gasto público.
Si pensamos en guerras, las guerras mundiales son las que más representan este concepto. A nadie le gusta estos conflictos sin embargo tuvieron lugar en su día y ya forman parte de la historia de la humanidad. Al igual que estas, también hubo otras guerras menos conocidas pero que también provocaron todo tipo de daños. A diferencia de las guerras mundiales, en estas no intervinieron tantos bandos lo que ayudó a que fueran más cortas y que ahora sean consideradas como las guerras más cortas de la historia.
Hace unas semanas participaba en una mesa redonda con varios expertos en educación en la que se abordaba la transformación digital en este sector y el efecto que había tenido en él el confinamiento provocado por la epidemia de COVID-19. La realidad mostrada por los participantes fue que los colegios que habían iniciado ya antes de la pandemia su transformación pudieron hacer frente de forma razonablemente eficaz a la obligación de enseñar a distancia, mientras que para la gran mayoría, que aún no habían alcanzado esa fase, fue un periodo bastante complicado y casi es un enigma lo que va a pasar en septiembre cuando empiece el nuevo curso.
España está fuera de juego, y todo parece indicar que, tras la incomprensible parálisis política del mes de agosto, una mayoría todavía no es consciente de la gravedad de la situación. Tener pactados unos presupuestos, o los 21.300 millones de euros de la UE para los ERTEs no debería de darnos ninguna tranquilidad si estos presupuestos son insostenibles, la ayuda resulta insuficiente y ni siquiera se están planteando las reformas necesarias.
Rentabilidad y sostenibilidad ya no transcurren por caminos separados. Viejos enemigos que se dan la mano. Así lo refrendan las últimas tendencias en materia de inversión. Empresas, gobiernos e inversores apuestan cada vez más por los criterios de sostenibilidad en su toma de decisiones. La versión cortoplacista en la gestión de las finanzas parece ya no ser tan apetecible. Algo parece estar cambiando: la concienciación de las personas por el cambio climático está aumentando y también la implicación de las empresas por contribuir a mejorar nuestra sociedad. Esto ha originado, desde hace ya algunos años, la aparición de unos fondos de inversión socialmente responsable (ISR) que tienen en cuenta los siguientes criterios:
En las liquidaciones de las sociedades de gananciales, cuando la actividad de uno de los cónyuges se lleva a efecto por medio de una sociedad mercantil y en las que las acciones o participaciones sociales son gananciales, se impone la forzosa adquisición de las mismas al cónyuge que gestiona el objeto social, debiendo compensar su valor al otro cónyuge, sin que se pueda optar por la venta en pública subasta.
La agencia de calificación de riesgo Moody's cree que un impuesto digital europeo tendrá un impacto muy limitado para las grandes multinacionales tecnológicas estadounidenses como Facebook, Amazon o Alphabet, cuyo poder de fijación de precios permitirá derivar su coste a anunciantes, vendedores o consumidores.
Es un gigante de la tecnología estadounidense enormemente rentable que acumula masivamente datos de clientes, que abre ostentosas tiendas en el centro de las ciudades, y que erosiona la base impositiva desplazando el dinero por todo el mundo, al tiempo que pone precios prohibitivos a productos que estarán obsoletos en breve tiempo. Sí, Apple es una compañía difícil de apreciar, y eso podría explicar por qué mucha gente instintivamente aplaudió cuando la Unión Europea puso una enorme multa de 14.900 millones de euros a la compañía por pagar menos impuestos de los que debe.
