Los jueces pueden descontar de oficio de la indemnización acordada por despido improcedente, la suma pagada por la empresa en concepto de indemnización al finalizar el contrato temporal, aunque el empleador no lo haya solicitado a través de una demanda.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón al sindicato UGT y ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por la UTE MATINSA, concesionaria de los trabajos de conservación y explotación del Túnel Internacional de Somport, que, junto a la anterior concesionaria, deberá abonar el plus de peligrosidad a los agentes de conservación y a los coordinadores.
El Tribunal Supremo ha declarado inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico y ha anulado varios artículos del Real Decreto de 2017 que regula esta figura por considerar que carece de "justificación objetiva y razonable" y provoca un "trato discriminatorio".
Los jueces están facultados para examinar la conformidad con el Derecho de la Unión Europea (UE) de una normativa nacional aunque haya sido avalada por el Tribunal Constitucional del Estado miembro, mediante sentencia.
El juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid absuelve, en sentencia de 9 de febrero de 2022, a la persona denunciada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el expresidente del Gobierno, Pablo Iglesias por la presunta comisión de un delito de acoso. No obstante, la resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El Juzgado de lo Penal número 1 de la capital burgalesa no percibe un delito de administración desleal en la gestión de José María Arribas, quien fuese presidente de la extinta Caja de Burgos, según recoge el fallo de la sentencia facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL).
Las mujeres de familias monoparentales tienen derecho a disfrutar de diez semanas adicionales de prestación por nacimiento y cuidado de hijos, que se suman a las 16 ya disfrutadas, según establece el titular del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander, en dos procedimientos distintos.
La Audiencia Nacional rechaza la fórmula que Hacienda utiliza para calcular las sanciones sobre el perjuicio económico sufrido al dejar de ingresar el contribuyente la deuda tributaria o haber obtenido indebidamente devoluciones en el Impuesto sobre Sociedades y otros tributos con pagos fraccionados.
El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha establecido que un Ayuntamiento que absorbe un servicio público que venía prestando la empresa contratista debe respetar las condiciones contractuales del personal transferido incluyendo entre ellas el carácter fijo de los contratos de trabajo.
En las asociaciones privadas prima la potestad de autoorganización para regular estatutariamente las causas y procedimientos para la admisión y expulsión de socios, lo que permite la exclusión de mujeres en sus estatutos, sin que se vea afectado el derecho a la igualdad de sexos, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de diciembre de 2021.
El Juzgado de lo Social número 5 ha condenado a la Conselleria de Sanidad valenciana a indemnizar a médicos por no proveerles de suficientes equipos de protección durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.
El Tribunal Supremo ha anulado la multa de 2,1 millones de euros que Hacienda le impuso al jugador del Barcelona, Gerard Piqué, al estimar el recurso de casación formulado contra la anterior sentencia desestimatoria de la Audiencia Nacional.
Los contribuyentes tienen derecho a compensar las bases imponibles negativas con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes, aun cuando la autoliquidación se presente de manera extemporánea, sin que la decisión de compensarlas o no, constituya una opción tributaria de las reguladas en el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria (LGT).
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a mantener al menos un 25% de clases en castellano en los colegios catalanes fue recurrida por la propia Generalitat ante el Tribunal Supremo que, ahora, inadmite el recurso y da firmeza a la sentencia recurrida. Pero las autoridades catalanas han señalado que no la acatarán. Es un desafío al Estado de Derecho. Es un insulto al orden constitucional. Es un intento de degradar a las instituciones y de chulear al poder judicial. Es una manera de presumir de bíceps político. Es vejatorio para el país. Es también una fanfarronería de malote de patio de colegio o de patio carcelario porque los responsables del improbable incumplimiento serían también responsables penales de un delito. La sentencia se cumplirá, aunque con exhibición de trampas y negativas personalistas que traten de identificar esa molesta terquedad con la resistencia heroica ante el Estado opresor. O no se cumplirá, porque hace ya seis años que el Tribunal Supremo se pronunció en el mismo exacto sentido y no se cumplió y aquí no ha pasado nada. España es un país sin ley donde los ciudadanos dan poca importancia a lo que de verdad importa.
Pilar Piniella, viuda del periodista José María Iñigo, fallecido hace tres años, recurrirá ante el Supremo la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que, como ya hemos informado en esta web, se revoca una sentencia anterior en la que se reconocía que la muerte de Iñigo estaba relacionada con la intoxicación por el amianto que aislaba el Esfudio 1 de TVE en el que el fallecido presentador trabajó en sus inicios televisivos.
Las cuatro asociaciones de jueces, ante las "reiteradas manifestaciones de cargos públicos que cuestionan las resoluciones judiciales", han pedido a los representantes de los partidos políticos que respeten las sentencias y no "menoscaben" el prestigio de las instituciones, "especialmente la independencia judicial".
Los magistrados Conde-Pumpido Tourón y Balaguer Callejón consideran que el Tribunal Constitucional no debería haber anulado los artículos declarados inconstitucionales del Impuesto sobre la Plusvalía, porque era posible arbitrar un sistema por el que los contribuyentes que pagaron el impuesto podían haber recuperado su dinero.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado hoy la sentencia que declaraba la nulidad del despido colectivo promovido por Alcoa para su planta de San Ciprián.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado firme la sentencia que da la razón a una oficial de la Guardia Civil contra la decisión de la Dirección General del Instituto Armado que, tras un embarazo de riesgo por mellizos en 2018, acordó quitarle la cantidad que venía percibiendo mediante el complemento de productividad. Así, declara firme su sentencia de 25 de junio de 2021.
De prolongarse la situación de falta de renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin que se puedan cubrir las vacantes que se van produciendo en las Salas del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno de este organismo considera que se dictarán en torno a 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas.
La Asesoría Jurídica de UGT Aragón ha ganado la primera sentencia en Aragón que reconoce el derecho de una familia monoparental en Teruel a percibir una prestación por nacimiento y cuidado de menor adicional de diez semanas (antigua maternidad y paternidad), que se añade las dieciséis semanas disfrutadas por el progenitor.
La condena por prueba indirecta o por indicios, es uno de los grandes desconocidos de la sociedad española. Existe una extendida pero equivocada creencia de que, si no hay una prueba directa de la culpabilidad (como sería por ejemplo, una cámara que graba los hechos), entonces el autor del delito necesariamente tendrá que ser absuelto.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado hoy la ilegalidad del régimen fiscal español de amortización del fondo de comercio financiero, tal y como adelantó elEconomista en 2018. El TJUE ha rechazado los recursos interpuestos por España y varias empresas contra la sentencia del Tribunal General europeo que tumbó este asunto. Según la Justicia europea, el régimen es una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior de la Unión Europea (UE).
Es recurrible en suplicación una sentencia dictada por un juzgado de lo Social en un litigio sobre cantidad cuando la trabajadora reclama más de 3.000 euros adeudados, aunque correspondan a anualidades distintas y la diferencia anual sea inferior, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de septiembre de 2021, que sigue la doctrina instaurada por el Pleno de la Sala de lo Social, en sentencia de 4 de diciembre de 2018.
Cuando el juez considera que la indemnización por despido no es adecuada puede superar los límites legales establecidos y determinar una indemnización más elevada que la que le correspondería al trabajador despedido.
La actuación de los terceros que pueden ser declarados cómplices debe estar directamente relacionada con la conducta o conductas que han motivado la calificación del concurso como culpable. Además, resulta necesario atender no sólo a esta actuación, sino que además ha de constatarse su voluntariedad, es decir, que haya ánimo de defraudar o, al menos, connivencia con el concursado en la conducta que ha merecido la calificación culpable.
Los jueces no puede limitar indebidamente el turno a la última palabra del acusado porque supone un menoscabó el derecho de defensa del acusado, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de septiembre de 2021, en cuyo fallo ordena repetir un juicio a un militar condenado a siete años de prisión por un delito de depósito de armas de guerra al haberse acreditado que la Audiencia Provincial de Madrid actuó así
El concepto de precio del billete a los efectos de que el pasajero de un transporte marítimo suspendido reciba su indemnización, incluye los costes referidos a los extras elegidos por el pasajero, tales como la reserva de un camarote o de un compartimento para animales, o incluso el acceso a salas VIP.
Es legítimo, porque no se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los empleados, el reparto semanal de los puestos de trabajo en el centro de trabajo a través de una aplicación informática, que opera sobre el sistema de trabajo y el rendimiento de la plantilla, según determina la Audiencia Nacional, en sentencia de 27 de julio de 2021.
Iberdrola ha salido al paso de la 'rebelión' del alcalde del municipio madrileño de Batres, Victor Manuel López, que asegura que no pagará el recibo de la luz por la escalada de precios que se está registrando en España y a la que el Gobierno central no logra darle solución.