El Tribunal Constitucional (TC) celebra hoy el Pleno extraordinario más crispado y complicado de su historia. Los magistrados están convocados para abordar el recurso de amparo presentado por el PP en el que solicita la suspensión de la tramitación parlamentaria de las enmiendas presentadas en la Ley que reforma la sedición por las que se modifica el sistema de mayorías para la elección de los dos candidatos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberán ser designados el próximo martes.

A expensas de la resolución que el Tribunal Constitucional tome el lunes y de la votación parlamentaria definitiva que tendrá lugar el próximo jueves en el Senado, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma exprés del Código Penal que implica la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, además del cambio del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, modelos que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, junto a Esquerra Republicana.

El PSOE, en un nuevo paso en las medidas para despenalizar las condenas de los condenados del 'Procés', ha ofrecido este miércoles al PDeCat limitar el alcance del artículo que permitió suspender de sus cargos a los líderes del 'procés', elevando diversos requisitos, como que el delito por el que se les procesa sea "grave o muy grave" y medie "violencia o intimidación", en una enmienda transaccional al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.

La aprobación de la Comisión de Justicia del Congreso de la reforma del Código Penal (CP) abordada por Unidas Podemos, PSOE y ERC que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación, permitirá reducir las penas de inhabilitación de los condenados del `procés´ y disminuir las penas para los huidos cuando no haya ánimo de lucro o el dinero público se destine a otros fines previstos. Sin embargo, la interpretación de jueces y tribunales resultará clave para la resolución de estas condenas. 

Unidas Podemos se ha desvinculado este lunes de la enmienda, presentada el pasado viernes por ERC en el Congreso de los Diputados, para reformar el delito de malversación, y acordada con el PSOE por lo que no ha puesto su firma en el texto, pero, sin embargo, sus parlamentarios sí que han advertido que, a pesar de ello, sí que apoyarán la Ponencia con el texto completo de la ley, que incluye la rebaja del delito de sedición y la reforma de las mayorías para desbloquear la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

La negociación del Gobierno de Pedro Sánchez para obtener apoyos a sus últimos Presupuestos Generales del Estado ha tenido, no solo un coste crematístico -que se ha traducido en mayor número de inversiones para Cataluña o País Vasco, respecto a otras comunidades autónomas-, sino también, en un coste normativo, que en el caso de los independentistas catalanes, ha supuesto la entrega de la anhelada armonización fiscal que durante años ha venido exigiendo Esquerra Republicana.

El PSOE y Unidas Podemos (UP) han justificado este jueves su propuesta para derogar el delito de sedición en la necesidad de favorecer la "convivencia" en Cataluña, a lo que el PP ha reaccionado advirtiendo de que en realidad se trata de "conveniencia", para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el apoyo de los independentistas catalanes y Bildu.

"Es inadmisible la reforma del Código Penal con el fin de responder a ciertos intereses o situaciones de personas concretas, en referencia a los líderes independentistas, según el comunicado oficial emitido por la Reunión de Delegados de la Asociación de Fiscales sobre la reforma del delito de sedición.

El mundo de la justicia alerta de un inminente fraude de ley, de tramitarse la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación, a través de una proposición de ley como ya está haciendo el Gobierno.

El PP ha suspendido las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial al no alcanzarse un acuerdo sobre la figura penal de la sedición:, que el Gobierno quiere rebajar a instancias de ERC, en el marco de las negociones de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo había anunciado al comienzo de esta semana que su formación no estaba dispuesta a aceptar la rebaja de esta figura penal.