El Gobierno ha optado por impedir la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar así que el COVID-19 y las medidas adoptadas tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. No obstante, para aquellos servicios que se están dejando de prestar, por ejemplo los ligados a la educación, se ha establecido un régimen específico de suspensión de los contratos, que no la resolución. | La letra pequeña del Real Decreto-Ley.
Los efectos de la desaceleración económica también empieza ya a impactar en la actividad de las empresas del sector público, que durante el último año incrementaron el periodo de pago a sus proveedores, síntoma de la menor salud financiera de las compañías que cada vez tardan más en liquidar sus deudas por bienes adquiridos o servicios contratados. Concretamente, según apunta el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3% más) pasando de 68 a 70 días de media, más del doble de tiempo de lo establecido en la ley (30 días).
La Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAAEC) ha criticado que la ministra de Educación, Isabel Celáa, se ha reunido con los representantes de la enseñanza pública "olvidando a la enseñanza católica, la enseñanza concertada y la privada".
Más de 14 millones de personas reciben un salario o una transferencia (pensiones, subsidio por desempleo y otras ayudas semejantes) de las Administraciones españolas. Se trata de un número muy abultado que supera en 530.000 individuos al total de asalariados del sector privado. Lo previsible es que esta diferencia vaya a más en el corto-medio plazo.
Uno de los debates más encendidos en la política actual es el peso relativo del sector público y del sector privado en una economía moderna. Como en casi todas las áreas polémicas, en los últimos tiempos, predominan las posiciones radicales, casi irreconciliables, a la hora de abordar esta cuestión. Por un lado, tendríamos los extremistas de lo privado. Según esta visión, las Administraciones lo hacen todo mal: gestionan mal los recursos, todos los empleados públicos son indolentes, todas las regulaciones son un estorbo y los impuestos son una transferencia coactiva desde aquellos que trabajan y crean riqueza hacia un sector público que es un parásito de la economía.
El primer Consejo de Ministros que el nuevo Gobierno celebra los martes terminó con la aprobación de la nueva subida salarial para los funcionarios. Era una medida descontada, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez barajaba desde finales del año pasado, pese a retrasarla en diciembre. Finalmente se ha concretado en un avance del 2% desde febrero con efecto retroactivo a enero.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica periódicamente una radiografía completa de cómo están, de media, los salarios en el mercado laboral español. El informe desvela un sinfín de datos curiosos. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el salario medio en España? ¿O cuánto cobra de media un empleado del sector público?
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informa que pone a disposición de los interesados en el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público - Privadas (APP) en el Perú el proyecto de Contrato Estándar de APP, con la finalidad de recibir aportes y comentarios.
Durante años, los servicios públicos españoles han situado a nuestro país en una posición de liderazgo mundial.
De pronto, se ha convertido en un planteamiento que pasa a tener un gran atractivo -por lo que tiene de consecuencias electorales-, como sucede con las pensiones o antaño con las condiciones para el servicio militar.
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