sector público

Durante el primer trimestre del año, el 91% de los concursos de creatividad y gestión de medios convocados por las administraciones públicas presenta algún tipo de irregularidad. Esta es una de las conclusiones del primer estudio realizado por el Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad, impulsado por la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT) y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La FEDE), basado en unos criterios que ambas organizaciones consideran "razonables". El objetivo de este estudio es "que haya una mejor utilización de todos los recursos públicos que se están poniendo sobre la mesa para este tipo de acciones de comunicación, publicidad, creatividad y medios", apunta José Carlos Gutiérrez, presidente de La FEDE.

La sostenibilidad lleva mucho tiempo en la agenda de empresas, reguladores e inversores. Hasta ahora ha habido avances importantes, pero aún queda mucho trabajo que hacer, y es una responsabilidad de todos.

La crisis económica provocada por la pandemia ya se deja notar en el crecimiento de la morosidad y de los impagos entre las empresas del sector privado, pero también en el sector público. Concretamente, según el Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020 publicado este jueves por la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores aumentó el pasado año tanto en el sector público (en 7 días, un 10%, pasando de 70 a 77 días), como en el sector privado (un incremento del 5%, sumando 4 días, situándose en 77 días frente a los 73 de 2019).

La colaboración público privada en España es, desde hace tiempo, una modalidad de gestión de la cosa pública que no sólo ha generado valor añadido económico sino también ha servido para prestar servicios públicos de manera eficaz y eficiente. En un mundo de recursos escasos es la mejor manera para aprovechar todos los disponibles y así conseguir mejor los fines y objetivos buscados.

El año 2020 nos ha puesto frente a problemas de gran calado a nivel sanitario y macroeconómico, pero la pandemia del Covid-19 no puede hacer que nos olvidemos de los jóvenes, uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad. El acceso de los jóvenes a la vivienda es actualmente un grave problema en el que debemos involucrarnos tanto el sector privado como las administraciones públicas porque sin ellos, no hay futuro.

Nueve meses después de la entrada en vigor de la cuarentena provocada por la COVID-19, la economía española está solo comenzando a digerir sus efectos. La actividad, el empleo y la ocupación se han contraído con fuerza desde entonces. La renta disponible bruta de los hogares se redujo un 8,6% en el segundo trimestre de 2020 respecto del año anterior; la media para la Eurozona fue del 2,4% en el mismo período.

CSIF, CC.OO. y UGT han advertido este viernes al Gobierno de que convocarán movilizaciones en el sector público si no se negocia un refuerzo de las plantillas ante la crisis del covid-19. Los tres sindicatos han registrado una protesta formal en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública "por la ausencia de negociación en materia de empleo público y condiciones de trabajo".

Este Gobierno que presume de progresista y solidario entiende la solidaridad como dicen de la caridad bien entendida, que empieza por uno mismo. Y fieles a ese principio inspirador de su gestión política no han tenido reparos ni pudor para subirse el sueldo con premeditación y alevosía utilizando como subterfugio la mejora en las retribuciones de los funcionarios. 

El Gobierno apuró los plazos para cumplir con la obligación de enviar a Bruselas su plan presupuestario para 2021, aunque no estén aprobadas aún las Cuentas, para que la Comisión lo corrija. Sin embargo, no será fácil que el Ejecutivo comunitario lleve a cabo esa tarea, debido a la total oscuridad en que están sumidas tanto las previsiones sobre ingresos fiscales como, lo que es más grave, las que se refieren al gasto público.

Desde hace unos años cuidar el planeta se ha convertido en una obligación y necesidad para todos. Los efectos del cambio climático se hacen notar cada vez más en nuestro entorno: temperaturas más altas, sequías, lluvias torrenciales son solo algunas de los avisos que la Tierra está lanzando.

Las tragedias humanas y enormes trastornos económicos causados por la Covid-19 han captado, inevitablemente, la atención de los responsables políticos y el público durante seis meses, y debieran seguir haciéndolo. Pero mientras gestionamos la crisis inmediata no debemos perder de vista las oportunidades. La frase citada a menudo que propone "no dejar que una crisis se desperdicie" rara vez ha sido más relevante.

La subida salarial del 2% comprometida por el Gobierno a comienzos del año, en las primeras semanas de legislatura, para los funcionarios ya es un espejismo en Extremadura y Baleares, que acaban de suspenderla sine die, y amenaza con reproducirse en otras regiones del territorio nacional tras el impacto de la pandemia, que ha secado las arcas públicas tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Por el momento, los gobiernos socialistas de estas dos autonomías ya han comunicado a los empleados dependientes de su administración que no se aplicará este año el incremento salarial prometido.

Es una obviedad que la Jefatura del Estado debe mantener un comportamiento ejemplar, fuera de toda duda. En base a eso, se entiende que el Rey actual quiera separar su forma de entender su función de la del anterior monarca, distanciando a su propio padre. Durante años gozó el Rey Emérito de la protección de la prensa y sus asuntos privados, fueran los que fueran, no transcendían aunque se conocieran por los medios. Pero todo aquello ya es historia y no hay asunto que pueda hurtarse al conocimiento o debate público aunque afecte al Rey o a su familia. Felipe VI está mucho más expuesto al escrutinio público que lo estuvo su padre durante buena parte de su reinado y siente una presión mediática y política que le motivan para realizar todo tipo de gestos que trasladen a la opinión pública su transparencia, honestidad y entrega a la alta representación que ostenta.

La Función Pública española, como la de cualquier país democrático avanzado, es uno de los pilares del Estado, por eso hay que dotarla de calidad profesional y de estabilidad institucional.

El Congreso de los Diputados estudiará este martes la aprobación de un régimen sancionador para empresas morosas que sobrepasen los plazos de pago de sus deudas con multas de hasta 1 millón de euros. La propuesta saldrá a la palestra en la validación o rechazo de las enmiendas al acuerdo adoptado en la Comisión de Reconstrucción enarbolada por los partidos del arco parlamentario para adoptar medidas de cara a la recuperación tras la pandemia.

Las empresas y familias españolas contienen el colapso de la economía española ante los reiterados aumentos del gasto público y los incumplimientos de la senda de déficit exigida por la Unión Europea. La deuda del sector privado ha caído a mínimos del año 2003 y el ahorro de las familias se ha disparado este año. Mientras, la deuda de las Administraciones Públicas refuerza su escalada, disparada por la crisis del coronavirus Covid-19.

La bancada de Somos Perú presentó un proyecto de ley que plantea adelantar el pago de aguinaldos y gratificaciones por Navidad para los trabajadores del sector público, como medida para la reactivación económica frente al COVID-19.

El sector público, que desde mañana reinicia en forma progresiva sus actividades presenciales, tendrá un horario diferenciado para reducir las aglomeraciones en el transporte público y mantendrá en lo posible el trabajo remoto, sostuvo este martes el presidente de la República Martín Vizcarra.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) aplicó tres encuestas durante la etapa de emergencia nacional y una de las principales conclusiones es que el trabajo remoto es una modalidad que se afianza progresivamente en las entidades públicas a nivel nacional y regional, mientras que a nivel local se implementa de manera gradual.

Las entidades del sector público de todos los niveles de gobierno podrán reiniciar sus actividades hasta en un 40% de su capacidad en esta nueva etapa de la cuarentena que se inicia este lunes 25 de mayo, según dispuso el Poder Ejecutivo.

Nadie puede dudar sobre la terrible crisis económica que está causando el Covid. Pero parece que las espaldas de algunos son más anchas que las de otros. La economía real está muy afectada, no parece suceder igual en la "industria política". Y es que los cantos sobre la solidaridad a veces son sólo eso, nada más que "brindis al sol" cuando las palabras no son acompañadas por el ejemplo.

La mayoría de los empresarios que tienen algún tipo de relación comercial con el Estado aseguran que la ley de contratos públicos aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 no está cumpliendo con el objetivo marcado de facilitar las relaciones entre las pymes y la Administración y las empresas públicas fijando un marco legal de plazos de pagos entre las compañías y reduciendo las trabas burocráticas para acceder a este tipo de contratos por parte de las pequeñas empresas. Un fracaso para el 81% de las mismas, que apuntan que "no ha notado mejoras en la facilidad de contratación desde la aprobación de la nueva Ley de Contratación Pública", según se refleja en el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

"En esta crisis, el gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema" subrayó el republicano Ronald Reagan durante su toma de posesión a la presidencia de Estados Unidos en 1981. Una frase que se convirtió en el renovado dogma de su partido y que 27 años más tarde la crisis financiera hizo trizas.

El nuevo Plan de Estabilidad del Gobierno revela un aumento récord del gasto público en 2020: 150.000 millones más. Resultaría ingenuo justificar todo ese desembolso aludiendo a las exigencias de la lucha contra la pandemia.

La crisis por el coronavirus ha dejado un mercado laboral insostenible. El Estado paga ya al 63% de las personas que perciben algún salario o prestación, mientras que solo el 37% restante son empleados del sector privado. La subida del paro, los Ertes, el cese de los autónomos y las pensiones supone que, en estos momentos, en España por cada asalariado de la empresa privada hay 1,7 receptores de rentas públicas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha rechazado este miércoles que la "solución" a la crisis sanitaria sea que el sector público "mastodóntico" reemplace "completamente" el funcionamiento del sector privado, tras la propuesta de Vox de que el Estado pague las nóminas de los trabajadores del sector público y privado durante tres meses, y en su lugar ha abogado por apoyarlo, especialmente a los sectores más directamente afectados.

Sin duda, como han destacado numerosas opiniones publicadas en los últimos días, la crisis del coronavirus está poniendo de manifiesto la importancia del estado. No solo porque la salud pública -que hoy quiere decir protección para todos frente a la pandemia- es estrictamente un bien público, es decir, una necesidad social que el mercado –como ocurre con la justicia, la defensa, la diplomacia o el orden público- no puede satisfacer. También, porque un país dotado de un sistema de sanidad pública universal como el nuestro se halla, a la hora de hacer frente al virus, en mejores condiciones que aquellos que carecen de una sanidad financiada con impuestos, incluyente y extendida al conjunto del territorio y la ciudadanía.

El Gobierno ha optado por impedir la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar así que el COVID-19 y las medidas adoptadas tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. No obstante, para aquellos servicios que se están dejando de prestar, por ejemplo los ligados a la educación, se ha establecido un régimen específico de suspensión de los contratos, que no la resolución. | La letra pequeña del Real Decreto-Ley.

Los efectos de la desaceleración económica también empieza ya a impactar en la actividad de las empresas del sector público, que durante el último año incrementaron el periodo de pago a sus proveedores, síntoma de la menor salud financiera de las compañías que cada vez tardan más en liquidar sus deudas por bienes adquiridos o servicios contratados. Concretamente, según apunta el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3% más) pasando de 68 a 70 días de media, más del doble de tiempo de lo establecido en la ley (30 días).

La Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAAEC) ha criticado que la ministra de Educación, Isabel Celáa, se ha reunido con los representantes de la enseñanza pública "olvidando a la enseñanza católica, la enseñanza concertada y la privada".