Las empresas y familias españolas contienen el colapso de la economía española ante los reiterados aumentos del gasto público y los incumplimientos de la senda de déficit exigida por la Unión Europea. La deuda del sector privado ha caído a mínimos del año 2003 y el ahorro de las familias se ha disparado este año. Mientras, la deuda de las Administraciones Públicas refuerza su escalada, disparada por la crisis del coronavirus Covid-19.
La bancada de Somos Perú presentó un proyecto de ley que plantea adelantar el pago de aguinaldos y gratificaciones por Navidad para los trabajadores del sector público, como medida para la reactivación económica frente al COVID-19.
El sector público, que desde mañana reinicia en forma progresiva sus actividades presenciales, tendrá un horario diferenciado para reducir las aglomeraciones en el transporte público y mantendrá en lo posible el trabajo remoto, sostuvo este martes el presidente de la República Martín Vizcarra.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) aplicó tres encuestas durante la etapa de emergencia nacional y una de las principales conclusiones es que el trabajo remoto es una modalidad que se afianza progresivamente en las entidades públicas a nivel nacional y regional, mientras que a nivel local se implementa de manera gradual.
Las entidades del sector público de todos los niveles de gobierno podrán reiniciar sus actividades hasta en un 40% de su capacidad en esta nueva etapa de la cuarentena que se inicia este lunes 25 de mayo, según dispuso el Poder Ejecutivo.
Nadie puede dudar sobre la terrible crisis económica que está causando el Covid. Pero parece que las espaldas de algunos son más anchas que las de otros. La economía real está muy afectada, no parece suceder igual en la "industria política". Y es que los cantos sobre la solidaridad a veces son sólo eso, nada más que "brindis al sol" cuando las palabras no son acompañadas por el ejemplo.
La mayoría de los empresarios que tienen algún tipo de relación comercial con el Estado aseguran que la ley de contratos públicos aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 no está cumpliendo con el objetivo marcado de facilitar las relaciones entre las pymes y la Administración y las empresas públicas fijando un marco legal de plazos de pagos entre las compañías y reduciendo las trabas burocráticas para acceder a este tipo de contratos por parte de las pequeñas empresas. Un fracaso para el 81% de las mismas, que apuntan que "no ha notado mejoras en la facilidad de contratación desde la aprobación de la nueva Ley de Contratación Pública", según se refleja en el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
"En esta crisis, el gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema" subrayó el republicano Ronald Reagan durante su toma de posesión a la presidencia de Estados Unidos en 1981. Una frase que se convirtió en el renovado dogma de su partido y que 27 años más tarde la crisis financiera hizo trizas.
El nuevo Plan de Estabilidad del Gobierno revela un aumento récord del gasto público en 2020: 150.000 millones más. Resultaría ingenuo justificar todo ese desembolso aludiendo a las exigencias de la lucha contra la pandemia.
La crisis por el coronavirus ha dejado un mercado laboral insostenible. El Estado paga ya al 63% de las personas que perciben algún salario o prestación, mientras que solo el 37% restante son empleados del sector privado. La subida del paro, los Ertes, el cese de los autónomos y las pensiones supone que, en estos momentos, en España por cada asalariado de la empresa privada hay 1,7 receptores de rentas públicas.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha rechazado este miércoles que la "solución" a la crisis sanitaria sea que el sector público "mastodóntico" reemplace "completamente" el funcionamiento del sector privado, tras la propuesta de Vox de que el Estado pague las nóminas de los trabajadores del sector público y privado durante tres meses, y en su lugar ha abogado por apoyarlo, especialmente a los sectores más directamente afectados.
Sin duda, como han destacado numerosas opiniones publicadas en los últimos días, la crisis del coronavirus está poniendo de manifiesto la importancia del estado. No solo porque la salud pública -que hoy quiere decir protección para todos frente a la pandemia- es estrictamente un bien público, es decir, una necesidad social que el mercado como ocurre con la justicia, la defensa, la diplomacia o el orden público- no puede satisfacer. También, porque un país dotado de un sistema de sanidad pública universal como el nuestro se halla, a la hora de hacer frente al virus, en mejores condiciones que aquellos que carecen de una sanidad financiada con impuestos, incluyente y extendida al conjunto del territorio y la ciudadanía.
El Gobierno ha optado por impedir la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar así que el COVID-19 y las medidas adoptadas tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. No obstante, para aquellos servicios que se están dejando de prestar, por ejemplo los ligados a la educación, se ha establecido un régimen específico de suspensión de los contratos, que no la resolución. | La letra pequeña del Real Decreto-Ley.
Los efectos de la desaceleración económica también empieza ya a impactar en la actividad de las empresas del sector público, que durante el último año incrementaron el periodo de pago a sus proveedores, síntoma de la menor salud financiera de las compañías que cada vez tardan más en liquidar sus deudas por bienes adquiridos o servicios contratados. Concretamente, según apunta el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3% más) pasando de 68 a 70 días de media, más del doble de tiempo de lo establecido en la ley (30 días).
La Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAAEC) ha criticado que la ministra de Educación, Isabel Celáa, se ha reunido con los representantes de la enseñanza pública "olvidando a la enseñanza católica, la enseñanza concertada y la privada".
Más de 14 millones de personas reciben un salario o una transferencia (pensiones, subsidio por desempleo y otras ayudas semejantes) de las Administraciones españolas. Se trata de un número muy abultado que supera en 530.000 individuos al total de asalariados del sector privado. Lo previsible es que esta diferencia vaya a más en el corto-medio plazo.
Uno de los debates más encendidos en la política actual es el peso relativo del sector público y del sector privado en una economía moderna. Como en casi todas las áreas polémicas, en los últimos tiempos, predominan las posiciones radicales, casi irreconciliables, a la hora de abordar esta cuestión. Por un lado, tendríamos los extremistas de lo privado. Según esta visión, las Administraciones lo hacen todo mal: gestionan mal los recursos, todos los empleados públicos son indolentes, todas las regulaciones son un estorbo y los impuestos son una transferencia coactiva desde aquellos que trabajan y crean riqueza hacia un sector público que es un parásito de la economía.
El primer Consejo de Ministros que el nuevo Gobierno celebra los martes terminó con la aprobación de la nueva subida salarial para los funcionarios. Era una medida descontada, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez barajaba desde finales del año pasado, pese a retrasarla en diciembre. Finalmente se ha concretado en un avance del 2% desde febrero con efecto retroactivo a enero.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica periódicamente una radiografía completa de cómo están, de media, los salarios en el mercado laboral español. El informe desvela un sinfín de datos curiosos. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el salario medio en España? ¿O cuánto cobra de media un empleado del sector público?
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informa que pone a disposición de los interesados en el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público - Privadas (APP) en el Perú el proyecto de Contrato Estándar de APP, con la finalidad de recibir aportes y comentarios.
Durante años, los servicios públicos españoles han situado a nuestro país en una posición de liderazgo mundial.
De pronto, se ha convertido en un planteamiento que pasa a tener un gran atractivo -por lo que tiene de consecuencias electorales-, como sucede con las pensiones o antaño con las condiciones para el servicio militar.
"No estamos en un país totalitario donde el Estado educa a los niños y niñas", se defendió este viernes la ministra de Educación en funciones después de que su interpretación de la libertad de enseñanza recogida en la Constitución provocara un incendio en la escuela concertada española.
España es el único gran país del euro que ha reducido sus niveles de inversión en innovación desde el estallido de la crisis económica de 2008, tanto en el sector público como en el privado, tal y como informó este jueves el Banco de España en el informe Evolución reciente, perspectivas y retos para la eurozona en un entorno global cambiante elaborado por su director general de Economía y Estadística, Oscar Arce. Ello, implica de facto una desviación en el rumbo adoptado por el restos de vecinos europeos, que apuestan cada vez más por el desarrollo innovador de sus tejidos empresariales ante el surgimiento de nuevos modelos productivos.
La Audiencia Nacional rechaza la pretensión de la Asociación de Interinos y Laborales (ANIL) de que estos trabajadores temporales puedan quedarse con la titularidad del puesto que ocupan, si acumulan una amplia antigüedad, sin presentarse a una oposición.
La universidad se ha convertido en una de las salidas más recurridas para los jóvenes españoles que quieren continuar con su formación académica. El Grupo de Investigación Educación y Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona ha publicado el informe ¿Quién estudia en la universidad?, con el objetivo de explorar la evolución de la composición social en la universidad pública de Cataluña, y una de las conclusiones principales es el aumento de la oferta académica privada en comparación con la pública.
La ley que regula los contratatos con la Administración llegó en marzo de 2018 con promesas de mayor transparencia, simplificación de los trámites y eliminación de las trabas burocráticas y administrativas. Sin embargo, un año y medio después de su entrada en vigor, la normativa, una complejísima trama de artículos, sigue sin convencer a los expertos y su objetivo estrella, favorecer a los pequeños licitadores, está muy lejos de cumplirse.
La semana pasada, el Banco de España publicaba las Cuentas Financieras de la economía española correspondientes al primer trimestre de 2019. Las cuentas financieras recogen los activos y pasivos de los diferentes sectores de la economía, los instrumentos que se utilizan en las transacciones financieras y, sobre todo, quién presta a quién, en qué cuantía y cómo lo hace. Las cuentas financieras nos dicen mucho sobre lo que ha pasado durante la Gran Recesión en España, qué está pasando durante la recuperación y qué peligros tenemos en el futuro cercano.
Desde el 2003 el gobierno federal ha tenido ingresos excedentes, tan sólo en 2016 tuvo un excedente de 680,000 millones de pesos sobre lo presupuestado, mientras que en 2017 tuvo 586,000 millones de pesos, es decir, tan solo en los últimos dos años esos ingresos ascendieron a un monto de 1.2 billones de pesos; tres veces el costo del aeropuerto.
Por primera vez el plazo medio de pago, tanto en el sector público como privado, ha aumentado en 3 y 4 días respectivamente. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) reclaman que se ponga en marcha un régimen sancionador con la aprobación, a través de real decreto, de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad.
