El análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no se ha centrado únicamente en los grandes rasgos del PIB o la inflación. Su secretario general, Mathias Cormann, también avisa sobre la "necesaria" consolidación fiscal. De forma directa, el organismo internacional alude a la reforma de pensiones realizada por la cartera de José Luis Escrivá, que introdujo la indexación de las pensiones al IPC para mantener el poder adquisitivo.

España es la única gran economía del euro que toma únicamente el Índice de Precios al Consumo (IPC) como referente para la revalorización de las pensiones públicas. Otros países como Francia, Italia, Alemania y Portugal sí consideran factores demográficos y de esperanza de vida además del IPC en la evolución de la retribución de los jubilados, y Francia se asemeja al modelo español (toma previsión de IPC y paguilla). Ante esta diferencia, Bruselas se inquieta y pone en duda la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas a causa de la indexación a un IPC esperado del 6% por el Gobierno.

La revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), como establece la última ley aprobada por Escrivá a final de año, podría suponer un coste de 12.300 millones de euros en 2023, con unas estimaciones de inflación del 7%, según los datos del Observatorio de Pensiones de WTW, publicados este martes. Es decir, cada punto de inflación extra suma unos 1.750 millones extra al gasto en pensiones.

La revalorización de las pensiones indexadas al IPC costará unos 13.500 millones por la escalada de los precios durante 2022. El Banco de España proyecta una inflación media anual del 7,5%, el doble que en su estimación previa, y calcula que el coste de revalorizar estas retribuciones públicas acordes al IPC es de 1.800 millones por cada punto de inflación. Así, la Seguridad Social afronta una 'paga extra' en 2023 superior incluso a la nómina mensual de los últimos meses, que aun así ya se sitúa en el 12% del PIB.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá reitera su negativa a incluir a los pensionistas dentro del pacto de rentas y 'blindar' su poder adquisitivo, pese a que fuentes del Gobierno confirmaron a este periódico que podría entrar en los planes. Dentro del reparto de los costes de la guerra no se incluye a unos 10 millones de beneficiarios de algún tipo de pensión, al menos por ahora. "Los pensionistas tienen que saber que está asegurado su poder adquisitivo de forma indefinida con la nueva ley, en vigor desde el 1 de enero. Una vez al año, con la inflación media acumulada a noviembre, se actualizarán sus pensiones, sea cual sea la evolución de los precios", firmó.

La escalada de la inflación amenaza con inflar la factura de las pensiones en hasta 11.700 millones de euros a pagar en 2023, casi duplicando el coste a hacer frente en este 2022. Con el estallido de la guerra en Ucrania se abren distintos escenarios de previsiones del IPC que se mueven entre la horquilla del 5,6% y el 6,5% en una coyuntura de crisis por la tensión geopolítica y económica global. Con la reforma de José Luis Escrivá, encargado de Seguridad Social, la revalorización del año próximo toma como referencia el IPC medio entre diciembre de 2021 y noviembre del 2022.

Cuando se encaraba la recta final de 2021 y las casas de análisis presentaban sus informes de perspectivas para el año que viene, para la parte de materias primas había una opinión que se repetía una y otra vez: seguirían las subidas para muchos recursos básicos en 2022, pero el avance de las materias primas no sería tan generalizado como en 2021, un año en el que encontrar una materia que hubiese dado malos resultados era más complicado que hallar una aguja en un pajar.

La actualización de las pensiones de inicio de año aprobada este pasado martes en base al avance de la inflación, tal y como se recoge en el primer paquete de medidas de la reforma del Sistema público, ha tenido su impacto inmediato. El incremento de la cuantía de la pensión media de jubilación se ha duplicado en tan solo un mes. Concretamente, si la nómina de pensiones que ofrece mensualmente la Seguridad Social recogía en diciembre de 2021 una paga media de jubilación de 1.196 euros al mes, arrojando un incremento interanual del 2,2%, ya en el primer mes de 2022 esta cuantía asciende a 1.245 euros, y supone un crecimiento anual del 5,4%, es decir, el doble que hace solo treinta días.

El rally inflacionista experimentado a finales del pasado año, y que los expertos advierten puede persistir en el primer semestre de 2022, ya tiene si reflejo en las cuentas públicas, y concretamente en la factura que deberá afrontar el Estado para la revalorización de las pensiones y resto de prestaciones de la Seguridad Social. Así, la inflación agregará medio punto del PIB al gasto en esta partida, unos 6.500 millones de euros, tal y como confirmaba el Ejecutivo este martes tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Esta cuantía se agregará al coste ya mastodóntico de esta partida presupuestaria que alcanza los 150.000 millones de euros. De este modo, al mismo tiempo que se aprueba la subida de pensiones para este año, también deberá preparar 3.900 millones de euros extra para financiar la operación, tras el desvío entre la estimación de precios prevista por el Ejecutivo en el Presupuesto General vigente y el avance furibundo de la inflación en los últimos meses del pasado año, que han terminado por descuadrar las cuentas aprobadas hace ahora cuatro meses. Entre la aprobación del Presupuesto y del decreto de revalorización de las pagas de este martes, el IPC del mes octubre (+5,4%) y de noviembre (+5,5%) han provocado que el 1,9% de subida prevista se tenga que ir hasta el 2,5% para cubrir el mantenimiento de poder adquisitivo de la media del conjunto de 2021.

Entra en vigor la primera parte de la reforma de pensiones y con ella se introducen ciertos cambios en el funcionamiento de la Seguridad Social. El primer efecto de las medidas ya lo notan los pensionistas en sus bolsillos, ya que la vinculación por ley de las revalorizaciones con el IPC provoca que la paga de enero de los 8,9 millones de beneficiarios aumente entre 20 y 30 euros.

El Gobierno ha sentado las bases para la revalorización de prestaciones y sueldos públicos de cara al próximo año en las estimaciones del último cuadro macroeconómico publicado este mismo martes tras la reunión del Consejo de Ministros. Concretamente, el Ejecutivo prevé que el indicador de precios de consumo privado repunte este año al 1,9%. De este modo, y teniendo en cuenta que la reforma de pensiones vincula las subidas de las pagas en base al IPC medio del año previo, en 2022 cada pensionista verá incrementada desde el mes de enero su prestación en 19,6 euros al mes, es decir, unos 275,5 euros en la nómina anual. Si nos fijamos en los pensionistas jubilados, que componen la mayoría del colectivo, este aumento de la pensión será de 22,6 euros al mes, lo que supone unos 317,1 euros más en el conjunto del año.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por cuadrar, a marchas forzadas, las cuentas de la Seguridad Social, aún arroja el Sistema público de pensiones síntomas de desequilibrio presupuestario, si bien se aprecia una mejora sustancial desde el año 2018, y con especial intensidad desde el pasado 2020. Con todo ello, según los cálculos de los expertos en la materia, para el próximo 2022 aún sería necesario reducir un 0,51% el gasto en prestaciones para que el Sistema se equilibre. Trasladado al terreno de las prestaciones, supondría que las 9,8 millones de prestaciones actualmente vigentes en nuestro país con una cuantía media de 1.033 euros mensuales deberían recortar de sus nóminas 5,2 euros mensuales, o casi 75 euros en el conjunto del año para que la Seguridad Social alcance el próximo año el equilibrio presupuestario.

El Gobierno dio el visto bueno en Consejo de Ministros al proyecto de ley que desarrolla el primer paquete de medidas que reforman la Seguridad Social. Fruto, primero, del acuerdo político en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales, después, el Ejecutivo recupera el IPC como fórmula legal para revalorizar las pensiones cada año. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, recordó que este proyecto de ley cumple con los compromisos de reformas estructurales adquiridos con la Comisión Europea (CE) obligatorios para ser acreedores de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La tormenta perfecta inflacionista hará que el Gobierno deba extender un desembolso de cerca de 5.000 millones de euros en concepto de subida de las pagas para el próximo año. Concretamente, se juntará al comienzo del próximo año la revalorización ordinaria de las pensiones y, para el mes de febrero, la prevista compensación que recibirá el colectivo por la desviación experimentada entre el avance de los precios de 2021 y la subida efectuada a comienzos del presente ejercicio, que ya se asume deberá ser pagada al quedar esta por debajo de la inflación.

La nueva reforma de las pensiones comenzará su andadura tras la última reunión de la semana próxima entre el Gobierno y los agentes sociales. Sin duda, debe celebrarse el consenso entre todas las partes, y los avances que la futura ley contendrá.

La decisión de mantener la revalorización de las pensiones vinculada con el IPC imprimirá en los próximos meses un fuerte incremento de la factura mensual de pensiones por la subida que el Gobierno llevará a cabo en enero del próximo año. Según las estimaciones de los organismos oficiales, el IPC medio del conjunto de 2021 se situará entre el 1,6% y el 2%. Este será el incremento de las pagas que deberá llevar a cabo el Ejecutivo y supondrá la subida más cara de la última década, entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros. Una cifra que, más allá, se une al ya mastodóntico desembolso anual en esta partida, que en el presente ejercicio compromete más de 163.000 millones de euros del Presupuesto.

De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá que en 2021 las pensiones subirán un 0,9%, lo que sumará 1.400 millones de euros al coste de la partida. Ahora bien, desde Fedea apuntan que esta medida de recuperar la indexación con el IPC sumada a la separación de fuentes iniciada por el Gobierno en los Presupuestos de 2021 con un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado hace que la vía directa para financiar el déficit del Sistema sea la impositiva. En este punto advierten los expertos: el incremento del gasto asociado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.

Tras el desplome de la inflación en noviembre, al -0,8%, se confirma que no habrá compensación para los pensionistas a comienzos del próximo año por la subida aplicada en el presente ejercicio, ya que con la evolución de los precios desde el estallido de la crisis sanitaria y económica, el colectivo habrá ganado este 2020 entre 1,7 y 1,9 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Por lo que los pensionistas no recibirán a en los primeros meses de 2021 la conocida como paguilla, resultado de las compensaciones que realiza la Seguridad Social todos los años en caso de que la subida que se aplica a comienzos de año (+0,9% este 2020) sea inferior al resultado a final de año del IPC.

La construcción de un entorno saludable, sostenible y próspero se ha convertido en una obligación para todo el conjunto de la sociedad. Esta necesidad no puede esperar. "Nuestro planeta lo necesita YA". Así lo afirman fuentes de El Corte Inglés a través de su manifiesto Movimiento por la sostenibilidad, publicado en su página web.

Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con que nos sorprendían la semana pasada sólo puede significar una alarmante falta de ideas, incapacidad para innovar o que a la hora de reformar y legislar pesa más la repercusión electoral -son 9,7 millones los votos de los pensionistas- que el habilitar soluciones imaginativas, eficaces y sostenibles para uno de los mayores problemas que debe encarar este país.

Según las declaraciones concretas realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguraba esta semana que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.

El Pacto de Toledo se encuentra en estos momentos en plena recta final para zanjar las recomendaciones para la reforma de las pensiones que serán recogidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para traducirlas en cambios normativos. Uno de los aspecto que está garantizado es la vinculación de la revalorización de las pagas al IPC, y que según ha podido saber elEconomista está garantizado que así será en la nueva reforma a pesar de la coyuntura financiera delicada que atraviesa el Sistema. Sin embargo, esta brida implica una senda de gasto ascendente que amenaza con desbordar la capacidad de la Seguridad Social española, tal y como advertía recientemente el Banco de España. Precisamente, el regulador bancario ha analizado en un documento de perspectivas económicas la implicación de abordar esta senda de incremento de las pensiones, donde asegura que el coste de las pensiones se elevaría en 36.000 millones para 2050.

El director de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de lo expertos que participó en el diseño del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aprobado en la reforma del Sistema de 2013 se ha mostrado partidario de congelar las pensiones en este momento, salvo las mínimas, que ha abogado por actualizar según el IPC.De la Fuente, en declaraciones a TVE, apostó por indexar las más bajas al IPC y para las demás buscar una fórmula de actualización diferente para el resto. Más aún cuando la factura es tan abultada cada inicio de año, ya que actualizar las pagas contributivas cada año en un entorno inflacionista del 2% (asociado a un ciclo normal expansivo de la economía) supone un coste medio para las arcas del Estado de cerca de 2.500 millones de euros. Que es la cifra anual que se ahorraría la Seguridad Social de dejar el incremento de las pensiones en stand by, tal y como sugiere Fedea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apresurado en los últimos meses a alejar la sombra de la sospecha sobre cualquier actuación en materia de pensiones descartando recortes a causa del impacto de la pandemia. De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reiterado que las pagas de jubilación y demás pensiones del sistema serán revalorizadas con el IPC el próximo ejercicio, despejando los rumores de recortes en el Sistema para los próximos ejercicios. Ahora, si bien es cierto que el Ejecutivo mantiene esta constante, tras el acuerdo alcanzado en la Unión Europea para el fondo de reconstrucción, las reglas que se impongan finalmente para el mantenimiento de las ayudas pueden poner en entredicho algunos aspectos concretos del sistema de pensiones español como es el aumento de las pagas con el IPC, el alargamiento del cómputo de vida laboral para el cálculo de las pagas o el endurecimiento en el acceso al retiro anticipado.

El ingreso mínimo vital será actualizado cada en relación a las pagas no contributivas que abona la Seguridad Social, lo que supone de facto que la nueva ayuda será revalorizada cada año por encima del IPC, según las bases para la revisión anual de las pensiones establecidas por el Gobierno de coalición y refrendadas por el ministro José Luis Escrivá. Esto supone que si bien las pensiones contributivas crecen en relación al IPC, las más bajas y las prestaciones no contributivas lo harán en mayor medida para garantizar el poder de compra de sus beneficiarios | Cómo solicitar la renta mínima y cuánto se cobra.Además, el Estado ha tenido que conceder un primer crédito de 500 millones de euros a la Seguridad Social para poder pagar las primeras nóminas del ingreso mínimo vital. Así aparece recogido en el real decreto-ley de aprobación de la ayuda publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo lunes, en el que se especifica que, además, se concederán progresivamente todos los préstamos necesarios para la cobertura de la nueva ayuda a través de los Presupuestos Generales del Estado. De este modo, la renta mínima con cargo a la Seguridad Social será una ayuda no contributiva financiada directamente con deuda. Cabe recordar que el coste para el conjunto del año asciende a 3.000 millones de euros.

Los partidos retoman a partir de hoy los trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones con la intención de aprovechar los avances realizados en los dos años y medio de negociaciones. Entre estos avances está el acuerdo alcanzado cuasi por unanimidad en febrero de 2019 sobre la revalorización de las pensiones en base al IPC previsto. Así, el principal objetivo es llegar a un acuerdo cuanto antes para "no alargar más la incertidumbre de los pensionistas", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión con la esperanza de que la recomendación sobre la revalorización y suficiencia no difiera de lo acordado con un amplio consenso de las fuerzas políticas antes de que el borrador para la reforma saltase por los aires a pocas semanas de las elecciones generales de abril. Y que, por lo tanto, esta propuesta adquiera rango de ley lo antes posible.