revalorización

La decisión de mantener la revalorización de las pensiones vinculada con el IPC imprimirá en los próximos meses un fuerte incremento de la factura mensual de pensiones por la subida que el Gobierno llevará a cabo en enero del próximo año. Según las estimaciones de los organismos oficiales, el IPC medio del conjunto de 2021 se situará entre el 1,6% y el 2%. Este será el incremento de las pagas que deberá llevar a cabo el Ejecutivo y supondrá la subida más cara de la última década, entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros. Una cifra que, más allá, se une al ya mastodóntico desembolso anual en esta partida, que en el presente ejercicio compromete más de 163.000 millones de euros del Presupuesto.

De la reforma de pensiones propuesta por el Pacto de Toledo y ratificada por el Congreso se desprende una primera lectura: el gasto en pensiones mantendrá en los próximos años la senda ascendente impulsada por la revalorización de las prestaciones vinculada al IPC. Esto supondrá que en 2021 las pensiones subirán un 0,9%, lo que sumará 1.400 millones de euros al coste de la partida. Ahora bien, desde Fedea apuntan que esta medida de recuperar la indexación con el IPC sumada a la separación de fuentes iniciada por el Gobierno en los Presupuestos de 2021 con un traspaso de 14.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado hace que la vía directa para financiar el déficit del Sistema sea la impositiva. En este punto advierten los expertos: el incremento del gasto asociado y la necesidad de cubrirlo con impuestos obligará al Gobierno a elevar el tipo de IPRF en un 50% hasta 2050, cuando se espera el pico de gasto en pensiones por la jubilación de la generación baby boom.

Tras el desplome de la inflación en noviembre, al -0,8%, se confirma que no habrá compensación para los pensionistas a comienzos del próximo año por la subida aplicada en el presente ejercicio, ya que con la evolución de los precios desde el estallido de la crisis sanitaria y económica, el colectivo habrá ganado este 2020 entre 1,7 y 1,9 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Por lo que los pensionistas no recibirán a en los primeros meses de 2021 la conocida como paguilla, resultado de las compensaciones que realiza la Seguridad Social todos los años en caso de que la subida que se aplica a comienzos de año (+0,9% este 2020) sea inferior al resultado a final de año del IPC.

La construcción de un entorno saludable, sostenible y próspero se ha convertido en una obligación para todo el conjunto de la sociedad. Esta necesidad no puede esperar. "Nuestro planeta lo necesita YA". Así lo afirman fuentes de El Corte Inglés a través de su manifiesto Movimiento por la sostenibilidad, publicado en su página web.

Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con que nos sorprendían la semana pasada sólo puede significar una alarmante falta de ideas, incapacidad para innovar o que a la hora de reformar y legislar pesa más la repercusión electoral -son 9,7 millones los votos de los pensionistas- que el habilitar soluciones imaginativas, eficaces y sostenibles para uno de los mayores problemas que debe encarar este país.

Según las declaraciones concretas realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguraba esta semana que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.

El Pacto de Toledo se encuentra en estos momentos en plena recta final para zanjar las recomendaciones para la reforma de las pensiones que serán recogidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para traducirlas en cambios normativos. Uno de los aspecto que está garantizado es la vinculación de la revalorización de las pagas al IPC, y que según ha podido saber elEconomista está garantizado que así será en la nueva reforma a pesar de la coyuntura financiera delicada que atraviesa el Sistema. Sin embargo, esta brida implica una senda de gasto ascendente que amenaza con desbordar la capacidad de la Seguridad Social española, tal y como advertía recientemente el Banco de España. Precisamente, el regulador bancario ha analizado en un documento de perspectivas económicas la implicación de abordar esta senda de incremento de las pensiones, donde asegura que el coste de las pensiones se elevaría en 36.000 millones para 2050.

El director de Fedea, Ángel de la Fuente, uno de lo expertos que participó en el diseño del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) aprobado en la reforma del Sistema de 2013 se ha mostrado partidario de congelar las pensiones en este momento, salvo las mínimas, que ha abogado por actualizar según el IPC.De la Fuente, en declaraciones a TVE, apostó por indexar las más bajas al IPC y para las demás buscar una fórmula de actualización diferente para el resto. Más aún cuando la factura es tan abultada cada inicio de año, ya que actualizar las pagas contributivas cada año en un entorno inflacionista del 2% (asociado a un ciclo normal expansivo de la economía) supone un coste medio para las arcas del Estado de cerca de 2.500 millones de euros. Que es la cifra anual que se ahorraría la Seguridad Social de dejar el incremento de las pensiones en stand by, tal y como sugiere Fedea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apresurado en los últimos meses a alejar la sombra de la sospecha sobre cualquier actuación en materia de pensiones descartando recortes a causa del impacto de la pandemia. De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reiterado que las pagas de jubilación y demás pensiones del sistema serán revalorizadas con el IPC el próximo ejercicio, despejando los rumores de recortes en el Sistema para los próximos ejercicios. Ahora, si bien es cierto que el Ejecutivo mantiene esta constante, tras el acuerdo alcanzado en la Unión Europea para el fondo de reconstrucción, las reglas que se impongan finalmente para el mantenimiento de las ayudas pueden poner en entredicho algunos aspectos concretos del sistema de pensiones español como es el aumento de las pagas con el IPC, el alargamiento del cómputo de vida laboral para el cálculo de las pagas o el endurecimiento en el acceso al retiro anticipado.

El ingreso mínimo vital será actualizado cada en relación a las pagas no contributivas que abona la Seguridad Social, lo que supone de facto que la nueva ayuda será revalorizada cada año por encima del IPC, según las bases para la revisión anual de las pensiones establecidas por el Gobierno de coalición y refrendadas por el ministro José Luis Escrivá. Esto supone que si bien las pensiones contributivas crecen en relación al IPC, las más bajas y las prestaciones no contributivas lo harán en mayor medida para garantizar el poder de compra de sus beneficiarios | Cómo solicitar la renta mínima y cuánto se cobra.Además, el Estado ha tenido que conceder un primer crédito de 500 millones de euros a la Seguridad Social para poder pagar las primeras nóminas del ingreso mínimo vital. Así aparece recogido en el real decreto-ley de aprobación de la ayuda publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo lunes, en el que se especifica que, además, se concederán progresivamente todos los préstamos necesarios para la cobertura de la nueva ayuda a través de los Presupuestos Generales del Estado. De este modo, la renta mínima con cargo a la Seguridad Social será una ayuda no contributiva financiada directamente con deuda. Cabe recordar que el coste para el conjunto del año asciende a 3.000 millones de euros.

Los partidos retoman a partir de hoy los trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones con la intención de aprovechar los avances realizados en los dos años y medio de negociaciones. Entre estos avances está el acuerdo alcanzado cuasi por unanimidad en febrero de 2019 sobre la revalorización de las pensiones en base al IPC previsto. Así, el principal objetivo es llegar a un acuerdo cuanto antes para "no alargar más la incertidumbre de los pensionistas", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión con la esperanza de que la recomendación sobre la revalorización y suficiencia no difiera de lo acordado con un amplio consenso de las fuerzas políticas antes de que el borrador para la reforma saltase por los aires a pocas semanas de las elecciones generales de abril. Y que, por lo tanto, esta propuesta adquiera rango de ley lo antes posible.