El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha renovado la autorización de explotación de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) por nueve años y medio, hasta el 30 de noviembre de 2030, de acuerdo con el calendario de cierre de las plantas atómicas pactado por las empresas eléctricas, el Gobierno y Enresa.
Endesa e Iberdrola, propietarias al 50% de Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, están terminando de vaciar la sociedad de activos distintos a la propia planta para traspasársela a Enresa y que ésta proceda a su desmantelamiento. Han perdido 280 millones de euros con la instalación desde que la cerraron abruptamente en 2012.
Pedro Sánchez asume el tributo a las centrales nucleares que Quim Torra implantó a inicios de julio. Era la tercera vez que el Ejecutivo autonómico lo imponía, después de que la Justicia lo anulase por inconstitucional en las dos intentonas anteriores, tras los respectivos recursos del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, esta vez, Sánchez, necesitado de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ha dejado pasar el plazo para apelar a la Justicia, que venció el 4 de septiembre. Más allá del impacto de 120 millones de euros anuales que tendrá sobre las cuentas de las plantas atómicas de Ascó y Vandellós, el impuesto amenaza con finiquitar el pacto entre las eléctricas y el Gobierno para cerrar escalonadamente todas las centrales nucleares entre 2028 y 2035.
Tras la aprobación de la nueva Ley fiscal catalana, las eléctricas le han propuesto al Gobierno que transfiera a las comunidades autónomas la recaudación de los tributos estatales ambientales sobre las centrales nucleares -unos 300 millones al año-, a cambio de que los gobiernos locales supriman sus propios tributos ambientales sobre las plantas.
Los bajos precios del mercado eléctrico y la presión fiscal vuelven a poner en jaque a la generación nuclear, que no ingresa suficiente ni para rentabilizar la operación. Lo exponía rotundamente la semana pasada Foro Nuclear: el precio medio del mercado en abril fue de 17 euros por MWh y la mordida de Hacienda ronda los 22 euros por MWh.
La central nuclear de Santa María de Garoña se desmantelará entre 2022 y 2031, en tres fases y siguiendo un procedimiento extraordinario, porque al apagarse abruptamente en 2012, no se pudieron planificar las actividades preparatorias durante su etapa final de operación. Los trabajos arrancarán sin haber vaciado la piscina de la instalación de 440 toneladas de combustible nuclear gastado.
El Gobierno ha aprobado encargar a la empresa pública Equipos Nucleares (Ensa) la construcción de 68 contenedores para los residuos radiactivos de las centrales nucleares de Santa María de Garoña (Burgos), Trillo (Guadalajara) y Almaraz (Cáceres), por 213 millones de euros.
Los residuos radiactivos del país costarán un total de 23.044 millones de euros, calculados desde que empezaron a generarse en 1985 hasta final de siglo, de acuerdo con las previsiones de Enresa, la empresa pública encargada de su gestión. Se trata de un incremento del 77% con relación a las previsiones anteriores. De esa cantidad, queda por pagar la parte del león, 16.745 millones, la mayoría correspondientes al combustible gastado de las centrales nucleares (8.218 millones) y a la clausura de estas mismas instalaciones (4.288 millones).
El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado el borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos que sustituye al anterior que data de 2006. Debe valorarse que, aunque llegue con 10 años de retraso (el hoy presentado debería haberse aprobado en 2010), el Ejecutivo elabore una hoja de ruta para la gestión de los residuos radiactivos, una actividad que generará una factura de 23.000 millones hasta final de siglo.
El BOE ha publicado la Instrucción IS-44 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que reúne y organiza los requisitos de planificación, preparación y respuesta de las instalaciones nucleares ante situaciones de emergencia.
La semana pasada se supo que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado a favor de la legalidad de tres de los tributos energéticos alumbrados por la Ley 15/2012, el impuesto sobre combustible nuclear gastado, el impuesto sobre el almacenamiento de estos residuos y el canon hidroeléctrico, que recaudan unos 600 millones de euros anuales destinados a cubrir costes del sistema eléctrico.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el impuesto a los residuos radioactivos de la central de Garoña, con el que la Junta de Castilla y León recauda 10 millones anuales. El Alto tribunal sin embargo no lo paraliza.
El Tribunal de Cuentas reclama revisar las tasas que gravan las centrales nucleares para financiar su desmantelamiento y la gestión de sus residuos radiactivos, porque son insuficientes para cubrir los costes previstos: se estimaba un déficit de 2.354 millones de euros a cierre del año pasado.
