Partiendo de la premisa de que los mayores han sido el salvavidas para numerosas familias y hogares que sufrieron los azotes de la crisis económica de 2008 manteniendo a hijos y nietos gracias a la pensión que percibían del Estado, también han sido los jubilados el único colectivo que ha visto incrementado sus niveles de renta durante los años posteriores de recuperación de la economía española, concretamente un 14,8%.
La reforma laboral aprobada por el PP en 2012 fue positiva para el impulso de la creación de puestos de trabajo en nuestro país después de la devastación de la crisis económica de 2008 que se llevó por delante 3,3 millones de puestos de trabajo hasta el inicio de la recuperación en 2014, según el Fondo Monetario Internacional. La institución ha emitido ahora un informe en el que avala la pertinencia de la medida impulsada por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy para incrementar el empleo en nuestro país, con un especial beneficio para los más jóvenes, con un efecto de reparto de la renta, al incrementarse los ingresos de los hogares en España.
La desigualdad de la renta personal ha aumentado en las principales ciudades españolas en términos del índice de Gini durante el período entre 2011 y 2014 excepto en Barcelona y Valencia, donde se ha reducido un 4,6%. El incremento más notable lo ha experimentado Sevilla con un 4,6%, según un estudio de Fedea sobre la renta personal de los municipios españoles y su distribución.
La población en edad de trabajar envejecerá en España en los próximos 30 años, según apuntan los pronósticos, y su número decrecerá constantemente a partir de mediados de la década de 2020, lo que se traducirá en una caída de la renta per cápita de 6.500 euros hasta 2050.
Muchas son las debilidades que afloran en estos años del sistema público de pensiones en España y parece que estas no dejan de acentuarse a tenor de los resultados del Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) de 2019 publicado hace escasos días. Y sin embargo, la principal de las fortalezas del Sistema español, la de suficiencia, que sigue en aumento, no hace más que elevar la presión sobre la viabilidad a futuro del sistema de protección para las clases pasivas de nuestro país.
Los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Alcobendas, y los barceloneses Matadepera y Avinyonet del Penedès, son los que mayor renta bruta declaran de toda España, según los datos hechos públicos este martes por la Agencia Tributaria.
Son numerosos los organismos que atestiguan cómo los años de la recuperación de la crisis económica de 2008 no han sido igual de positivos para todos los colectivos sociales. Y prueba de ello es el hecho de que los pensionistas españoles han visto incrementado su poder de compra cinco veces menos que lo experimentado por los trabajadores asalariados de nuestro país en pleno periodo de recuperación de la devastadora crisis financiera de 2008.
El desatino del Gobierno a la hora de ponderar el IPC previsto para este ejercicio ya le está costando a las arcas públicas 1.016 millones de euros de gasto extra en la partida de pensiones. La causa del sobrecoste está, concretamente, en la desviación a la baja que está experimentado la inflación durante 2019 que fue estimada por el Ejecutivo socialista en el 1,6% al inicio de año, base sobre la que se calculó la revalorización de las pagas de jubilación y demás prestaciones a clases pasivas pero que vista la falta de presiones inflacionistas no alcanzará dicho nivel al cierre de ejercicio.
El debate sobre la introducción de una renta básica en España se ha puesto en los últimos años en el foco mediático y en el centro del debate político como un instrumento capaz de recortar las brechas sociales abiertas en periodos de destrucción de riqueza y del Estado de Bienestar como fue la última crisis económica de 2008. "Es urgente acometer una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas", arroja en una de sus conclusiones el estudio Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica publicado por el Observatorio Social "la Caixa".
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