Muchas son las debilidades que afloran en estos años del sistema público de pensiones en España y parece que estas no dejan de acentuarse a tenor de los resultados del Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) de 2019 publicado hace escasos días. Y sin embargo, la principal de las fortalezas del Sistema español, la de suficiencia, que sigue en aumento, no hace más que elevar la presión sobre la viabilidad a futuro del sistema de protección para las clases pasivas de nuestro país.
Los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Alcobendas, y los barceloneses Matadepera y Avinyonet del Penedès, son los que mayor renta bruta declaran de toda España, según los datos hechos públicos este martes por la Agencia Tributaria.
Son numerosos los organismos que atestiguan cómo los años de la recuperación de la crisis económica de 2008 no han sido igual de positivos para todos los colectivos sociales. Y prueba de ello es el hecho de que los pensionistas españoles han visto incrementado su poder de compra cinco veces menos que lo experimentado por los trabajadores asalariados de nuestro país en pleno periodo de recuperación de la devastadora crisis financiera de 2008.
El desatino del Gobierno a la hora de ponderar el IPC previsto para este ejercicio ya le está costando a las arcas públicas 1.016 millones de euros de gasto extra en la partida de pensiones. La causa del sobrecoste está, concretamente, en la desviación a la baja que está experimentado la inflación durante 2019 que fue estimada por el Ejecutivo socialista en el 1,6% al inicio de año, base sobre la que se calculó la revalorización de las pagas de jubilación y demás prestaciones a clases pasivas pero que vista la falta de presiones inflacionistas no alcanzará dicho nivel al cierre de ejercicio.
El debate sobre la introducción de una renta básica en España se ha puesto en los últimos años en el foco mediático y en el centro del debate político como un instrumento capaz de recortar las brechas sociales abiertas en periodos de destrucción de riqueza y del Estado de Bienestar como fue la última crisis económica de 2008. "Es urgente acometer una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas", arroja en una de sus conclusiones el estudio Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica publicado por el Observatorio Social "la Caixa".
Los efectos de la crisis económica de 2008 fueron devastadores en muchos aspectos, si bien uno de los elementos más significativos es la recuperación dispar experimentada en los diferentes escalones de la sociedad. En este sentido, la destrucción de la capacidad financiera de las clases medias y la merma del Estado de bienestar han provocado que muchas personas se hayan quedado atrás en el proceso de recuperación de la crisis. Y este fenómeno se ha reproducido en toda la Unión Europea, y los países desarrollados del globo.
Las empresas españolas están intensificando durante el presente año el incremento de los salarios tras el acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos en IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en julio de 2018, con subidas que en el pasado mes de julio alcanzó el 2,29% de media en convenios pactados entre empresas y trabajadores. De hecho, tal es la aceleración del avance de los sueldos que en el pasado mes lo hicieron cinco veces más que la inflación, con la consecuente ganancia de poder adquisitivo.
El ingreso mínimo vital que está diseñando el Gobierno del PSOE a pesar de estar en funciones tendrá un aspecto similar al de las propuestas elaboradas por la AIReF y los sindicatos, y atendiendo al análisis del reparto autonómico elaborado por la autoridad fiscal, no todas las regiones contarán con el mismo volumen de beneficiarios. Ni, por lo tanto, se dedicarán a la medida el mismo volumen de recursos económicos. En este sentido, según una aproximación a la medida que pretende elaborar el PSOE, Andalucía coparía de largo la mayor parte del coste de la ayuda a nivel nacional -influida por un mayor volumen de familias en riesgo de pobreza y la tasa de paro más alta del país en el 21%-, concretamente algo más de 2.000 millones de euros cada año, lo que significa casi un 30% de todo el dinero destinado a la ayuda.
El Gobierno, a pesar de estar en funciones, mantiene su actividad de cara al momento de la formación de un nuevo Ejecutivo (que podría llegar en septiembre) para poner en marcha cuanto antes las principales medidas con las que se presentó Pedro Sánchez a las pasadas elecciones generales. Una de estas medidas, focalizada en la reducción de la pobreza en España, consta en la introducción de un ingreso mínimo vital para los hogares en una situación marginal, y se trata de uno de estos proyectos que el Ejecutivo socialista ha continuado dando forma en los últimos meses.
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