Entre 2021 y 2030 la Unión Europea se ha marcado unos objetivos claros en materia de clima y energía, entre los que se incluyen, al menos, un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a 1990), como mínimo un 32% de cuota de energías renovables o, al menos, un 32,5% de mejora de la eficiencia energética.
La Mútua de los Ingenieros, por medio de Serpreco, su correduría de seguros, ha lanzado el primer seguro que garantiza los ahorros previstos por un proyecto de eficiencia energética durante los cinco años siguientes a su materialización. El seguro está orientado a actuaciones relevantes, que exigen una inversión superior a los 75.000 euros, y beneficia a las empresas de servicios energéticos, los ayuntamientos, las industrias, las comunidades de vecinos...
El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remitió este lunes a la Comisión Europea la nueva actualización de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, con el que pretende la mejora energética de 1,2 millones de viviendas, sustituir 3,5 millones de sistemas de calefacción y aire acondicionado y que acarreará, según la cartera, una inversión de 25.951 millones de euros.
Los 6,8 millones de euros de 'Ayudas a la Rehabilitación 2020', enmarcadas en el Programa de Rehabilitación 2020-2023, se podrán solicitar en otoño una vez que se hayan aprobado las bases por el Gobierno de la ciudad, a mediados de julio, y después de que transcurran los 90 días desde su publicación.
En Clínica Recal, con sede en Majadahonda, tratan adiciones como el alcohol, las drogas, el sexo, los juegos o las tecnologías. El centro tiene capacidad para alojar a 24 pacientes internos y doce ambulatorios, y las instalaciones, perfectamente equipadas, incluyen un gimnasio y extensas áreas para hacer deporte. En Recal apoyan tanto a pacientes como a familiares en el camino hacia la recuperación, cuyas claves explica su directora de Tratamiento y Sanitaria.
El sector constructor y promotor pide al Gobierno que se canalicen inversiones para obras e infraestructuras, ya que se ha demostrado la capacidad de esta industria de generar riqueza y empleo para el país.
El Gobierno prepara una ampliación de los certificados energéticos que afectará a 1,5 millones de inmuebles anualmente, con un coste de 60 a 150 millones de euros. Los propietarios deberán obtener el certificado siempre que vendan o alquilen -aunque ya tuvieran uno en vigor-, cuando acometan una reforma relevante, o si los inmuebles tienen más de 500 metros cuadrados y determinados usos, tal que comercios, oficinas o restaurantes. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre los 300 y los 6.000 euros.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene previsto movilizar una inversión total de 26.000 millones de euros para rehabilitar 1,2 millones de viviendas hasta 2030, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y combatir el cambio climático, según indican fuentes oficiales a este diario.
El Gobierno de Zaragoza, Partido Popular-Ciudadanos, destinará este año 6,8 millones de euros en ayudas a la rehabilitación de unas 1.200 viviendas privadas, que supondrá multiplicar la inversión hasta los 18 millones de euros y la generación de unos 330 nuevos empleos en la ciudad.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) han acordado poner en marcha un proyecto de eficiencia energética en España y Portugal para la renovación de edificios y construcción de inmuebles con consumo de energía casi nulo que permitirá la creación de hasta 1.230 puestos de trabajo.
El Plan de reconstrucción de al menos 1 billón de euros prometido por la Comisión Europea, centrado en el desarrollo sostenible y la digitalización, incluirá ayudas por 91.000 millones anuales para renovar el parque de edificios, subastas europeas de renovables para invertir 25.000 millones, otros 20.000 millones para la compra de vehículos eléctricos y 40.000 millones más para su fabricación, entre otras medidas.
Una de las medidas estrella para superar la crisis económica provocada por el Covid-19 es la rehabilitación de edificios, porque genera mucho empleo. Pero sólo es rentable a largo plazo, lo que supone una seria barrera para captar inversión. Un sistema importado de EEUU puede solucionarlo, mediante la titulización de los préstamos, sin coste para propietarios e inquilinos.
El parque de viviendas en España está envejecido. Un 55% de los edificios residenciales en nuestro país tiene más de 40 años y un 38% se construyó entre 1956 y 1979. Si tenemos en cuenta que los edificios son los causantes de más del 30% de las emisiones de CO2, estas cifras suponen un importante problema que debe atajarse mediante colaboración público privada y actuaciones coordinadas que miren al largo plazo y con una visión amplia de ciudad.
Por primera vez en cinco años, 2019 presentó una caída del 15,6% en la superficie de vivienda visada en Barcelona debido al cambio en la normativa que llevó a cabo el Ayuntamiento de la capital catalana y que entró en vigor el 1 de enero de ese mismo año. Actualmente, se debe destinar un 30% de la nueva obra y la gran rehabilitación a crear viviendas de protección oficial (VPO), unas medidas que fueron duramente criticadas por el colegio de arquitectos de Cataluña (Coac) y Foment del Treball en junio del año pasado ya que podrían provocar una parálisis en la actividad del sector.
El paso de los meses constata que los cambios normativos introducidos por Ada Colau a finales de 2018 y en vigor desde el 1 de enero de 2019, obligando a reservar para vivienda protegida (VPO) un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones residenciales, están frenando la construcción en la ciudad, según datos de CBRE y la Asociación de Promotores y Constructores (Apce).
