Las personas que viajen en avión tendrán más complicado acceder a los tribunales para demandar compensaciones a las compañías, una vez que entre en vigor la Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, a instancias del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJC) ha declarado ilegal el truco que Ryanair ha utilizado durante años para evitar reclamaciones y denuncias de los pasajeros insatisfechos. Y es que la compañía de bajo coste incluye una cláusula en sus términos y condiciones de compra de los billetes que impide a los viajeros llevar a la aerolínea a los tribunales en cualquier lugar que no sea Irlanda, obligando así a los pasajeros a acudir a la justicia irlandesa para reclamar compensaciones por retrasos o cancelaciones de vuelos o cualquier otro tipo de violación de los derechos del consumidor.
Abengoa enfrenta más de 1,072 millones de euros de reclamaciones en fase de litigio o arbitraje por sus proyectos en todo el mundo. Del total, la compañía estima que existe "un riesgo alto" de verse obligado a pagar las penalizaciones correspondientes por un importe de 153.5 millones de euros, lo que equivale al 14.3%.
Abengoa enfrenta más de 1.072 millones de euros de reclamaciones en fase de litigio o arbitraje por sus proyectos en todo el mundo. Del total, la compañía estima que existe "un riesgo alto" de verse obligado a pagar las penalizaciones correspondientes por un importe de 153,5 millones de euros, lo que equivale al 14,3%.
El crédito concedido a la clientela a través de las tarjetas revolving se ha incrementado por la crisis económica. Este tipo de visas son polémicas, no solo por su complejo sistema de funcionamiento (a medida que se amortiza deuda esa cuantía ya se puede utilizar como crédito, de ahí el nombre de revolving o giratorio) sino también por sus altos tipos de interés, que pueden superar el 20%.
Dentix anunció ayer su solicitud del concurso de acreedores al no poder frente a una deuda con sus acreedores de más de 250 millones. Una complicada situación financiera que arrastraba hace meses y que ha dejado en el aire los tratamientos de más de 10.000 pacientes y más de 3.200 empleos. Los expertos consultados por elEconomista apuntan a que la clave para la recuperación del dinero perdido pasa por la unión de los afectados. Pero, ¿qué es lo que tiene que saber un cliente de Dentix para reclamar?
Los fallos judiciales del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de los últimos cuatro años y el del Tribunal Supremo de este año en el caso de las tarjetas revolving han enmendado la plana a las entidades, que en el caso de que todos los clientes afectados reclamaran y se les diera la razón, el peor escenario, podrían afrontar devoluciones por hasta 66.600 millones de euros. Sin embargo, es difícil que todos los usuarios afectados por estas cláusulas acaben tomando medidas. En el caso de los consumidores con cláusulas suelo, a pesar de abrirse un arbitraje extrajudicial a inicios de 2017 por el que ya más de 533.000 clientes han pedido compensaciones, las asociaciones de consumidores estiman que hay otro medio millón de hipotecados que no han reclamado.
La Junta de Castilla y León ha remitido al Gobierno el requerimiento previo a la vía judicial para cobrar los 182 millones del IVA correspondientes a la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2017, según han informadofuentes del Ejecutivo regional.
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las renegociaciones de las cláusulas suelo pone en jaque los acuerdos a los que la banca está llegando con los clientes que tienen hipotecas ligadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) para evitar litigios. La justicia europea determinó en la sentencia que se conoció ayer que no se opone a las novaciones que las entidades realizaron con los clientes en materia de cláusulas suelo, pero sí señala que deben ser los tribunales españoles los que analicen caso por caso si en esos pactos se dio falta de transparencia. En el caso de que los jueces nacionales consideren que las renegociaciones fueron abusivas, los clientes podrían recuperar lo pagado de más por la existencia de estas cláusulas en sus contratos hipotecarios.
Las entidades españolas devolvieron el año pasado 2,5 millones de euros a los clientes a través de las reclamaciones interpuestas por los usuarios ante el Banco de España. Según informa el organismo, el 80% de las solicitudes fueron resultas a favor de los usuarios. Concretamente, la banca recibió en 2019 un total de 14.638 reclamaciones, un 25,7% menos que en 2018. La cifra se estabiliza tras la avalancha de quejas de los últimos años y se sitúa a niveles de 2012, antes de que la sentencia de las cláusulas suelo disparara los asuntos a 34.600 en 2013 y que el fallo sobre los gastos hipotecarias, elevara las reclamaciones a 40.100 en 2017.
El Ministerio de Interior, con Fernando Grande-Marlaska a la cabeza, insiste en sancionar a los ciudadanos que incumplan el estado de alarma tras remitir a las CCAA un listado de las cuantías de las multas para unificar criterios y facilitar su aplicación. Todo ello, a pesar de que en algunas Administraciones ya admiten que serán multas de "difícil cobro" puesto que bordean la legalidad, tal y como expuso la Abogacía del Estado en un informe. Concretamente, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, señaló que las multas por desobediencia requieren una advertencia previa por parte de la autoridad y, sin embargo, en muchos casos se están aplicando cuando los ciudadanos se han visto sorprendidos en un control sin advertencia anterior. Mientras el Gobierno recauda por una vía, por otra y según lo acordado en Consejo de Ministros, en materia de consumidores, retrasa las reclamaciones durante el estado de alarma por servicios mal prestados o directamente cancelados, así como por compras insatisfechas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirma que el pasajero que haya reservado un vuelo a través de una agencia de viajes puede interponer una demanda de indemnización por gran retraso del vuelo contra el transportista aéreo ante el tribunal del lugar de salida del vuelo. Según la sentencia, dictada ayer, aun cuando el pasajero y la aerolínea no hayan celebrado un contrato, la demanda está comprendida en el ámbito de la materia contractual en el sentido del Reglamento sobre competencia judicial, por lo que puede ser interpuesta ante el tribunal del lugar de prestación del servicio de transporte aéreo.
La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado una sentencia según la cual las entidades financieras que cubrieron los tratamientos de Idental deberán devolver a sus clientes el importe de estos tratamientos defectuosos o no practicados
Los afectados por las hipotecas referenciadas a IRPH se preparan para la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), que se conocerá este martes. Los clientes, amparados por las asociaciones de consumidores, se plantean reclamar al Gobierno y a la banca la puesta en marcha de un proceso extrajudicial similar al de las cláusulas suelo para acelerar las devoluciones en el caso de que la sentencia sea favorable a sus intereses. Es decir, que mantenga la puerta abierta a devoluciones del dinero cobrado de más en los créditos por abusividad y falta de transparencia en los contratos.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) se balancea sobre las entidades como la espada de Damocles. El fallo se conocerá mañana y, si es contrario a las entidades podrá asestarle un golpe en devoluciones y costas procesales de hasta 44.000 millones, cifra estimada por Goldman Sachs y avalada por varios directivos bancarios. Las entidades cotizadas españolas cerraron el ejercicio 2019 con un saldo de préstamos ligados al IRPH, en vez de al común euribor, de 15.500 millones de euros. Esta cifra supone una reducción de la exposición a estos préstamos de más de 1.300 millones de euros frente a seis meses antes. Cabe detallar que Bankinter no cuenta con este tipo de préstamos.
La banca cotizada española afronta devoluciones por hasta 1.600 millones de euros en el caso de que el Tribunal Supremo falle en contra del sistema de las tarjetas revolving. Estas visas son polémicas por dos razones. La primera es que los tipos de interés de su crédito son más altos que los de un préstamo al consumo común. Según el Banco de España, el tipo de interés medio alcanza el 19,8% frente al 7% de un crédito al consumo. La según razón es la complejidad de su funcionamiento puesto que si el cliente se fija cuotas mensuales bajas para cubrir el préstamo, éste puede no llegar a saldarse y generar por tanto más intereses y comisiones. Además, el saldo pagado puede volverse a usar como crédito (de ahí que se llamen revolving).
Durante el 2019, el Poder Judicial de la Ciudad de México recibió en total 617 quejas contra las resoluciones de los jueces por violaciones al debido proceso y acceso a la justicia.
La banca española ha devuelto hasta diciembre del año pasado un total de 2.308 millones de euros a los clientes por tener su contrato hipotecario 'cláusula suelo', según los últimos datos aportados hoy por el Ministerio de Economía. Además, las entidades están pendiente de recibir respuesta de los clientes en 24.239 casos para devolverles otros 67,8 millones de euros, una vez la obtengan, la cifra de devoluciones alcanzará los 2.375,9 millones de euros.
La banca afronta el primer gran frente judicial del año. El Tribunal Supremo se pronunciará en los próximos días sobre si existe usura en los intereses de los préstamos a través de la tarjetas revolving. Aunque estaba previsto que este miércoles se conociese un avance, desde el alto tribunal indican que no comunicarán hoy el fallo, por lo que habrá que esperar a que se publique la sentencia, que podría tardar más de una semana. En la actualidad, hay más de dos millones de usuarios con este tipo de créditos, por lo que una sentencia contraria a la banca podría desencadenar una cifra millonaria de reclamaciones y demandas contra las entidades.
La comunidad negra de Barú, una paradisíaca isla cercana a Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, se niega, a pesar de los reveses jurídicos, a renunciar a una titulación colectiva de sus tierras para proteger su identidad étnica y cultural.
