La productividad en España mantiene su constante ritmo de caída "desde la crisis financiera de 2007-2013". Según el II Barómetro Adecco Outsourcing sobre productividad y eficiencia, el nivel de productividad y eficiencia medio en España se sitúa en 54,40 puntos en una escala de 0 a 100, habiéndose reducido 4,38 puntos porcentuales respecto al año pasado, que tenía una puntuación de 58,78 puntos. Para el director de The Adecco Institute Group, Javier Blasco, el crecimiento de la productividad y de la competitividad de nuestra economía pasa por reducir la "elevada presión" en materia fiscal.

La economía española se mueve en una paradoja fiscal. Los ingresos tributarios se encuentran en máximos históricos, y ya en el cómputo de 2021 se alcanzaron varios récords. De hecho, los ingresos de las arcas públicas supusieron el 39% del Producto Interior Bruto (PIB). "Contra los vaticinios de algunos estudios, la presión fiscal disminuyó al 38,7% del PIB", señala Francisco de la Torre Díaz, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? en un ágora de Thinking Heads centrado en los impuestos.

El esfuerzo fiscal sobre las rentas españolas es ya un 53% superior a la media de la Unión Europea (UE). El año pasado, la presión fiscal sobre las empresas fue del 32,5%, frente al 23,9% de media en la UE, un 36% más -el año pasado, esta brecha fue del 31%-. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) destaca que España ya es uno de los cinco países dentro de la OCDE con peor competitividad fiscal y con un fuerte retroceso de este indicador en la actual legislatura, siguiendo el Índice de la Tax Foundation. La recaudación respecto al PIB fue del 42% en 2022.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado hoy su reporte de las reformas de las políticas fiscales de los países integrantes en la organización y algunas economías seleccionadas. Este informe sitúa a España como uno de los países con mayor presión fiscal con un 36,6% del PIB en 2020, 1,9 puntos porcentuales (p.p.) más que el año anterior, situándose como líder en el aumento de esta respecto a 2019, y casi 5,5 puntos en relación a 2010. En comparación con la media de la OCDE, nuestro país se encuentra 3,1 p.p. por encima.

La confianza es un factor determinante para el crecimiento sano y duradero del PIB potencial, porque es la premisa básica de la inversión. Por eso, no hay nada peor que la falta de credibilidad de quienes tienen que generar las condiciones para que aparezca. Sin embargo, escuchando a los responsables económicos del país, se constata que parecen empeñados en repetir errores pasados que niegan cualquier oportunidad a la certeza. Así, del mismo modo que Zapatero, Solbes y Salgado negaron la crisis de 2008, ahora lo hacen Sánchez, Calviño y Montero: lo que aquellos llamaban "brotes verdes" es lo que estos llaman hoy "crecimiento robusto". Cuando el shock fue innegable encontraron la razón del mismo en la especulación financiera e inmobiliaria internacional, ahora lo encuentran en Putin, porque lo relevante, para esta peculiar manera de gestionar el interés general, no es solucionar los problemas, sino encontrar culpables para eludir cualquier responsabilidad y así estar un día, una semana, un mes o un año más en el gobierno.

La última actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 remitida esta semana a Bruselas recoge la intención del Gobierno de elevar las bases imponibles y “la necesidad de revisar los beneficios fiscales del sistema tributario español”.

Existe una clara discrepancia entre los principales partidos españoles por la manera en la que se debe afrontar la crisis provocada por la guerra en Ucrania, la visión más liberal apuesta por bajar los impuestos, mientras que los partidos más a la izquierda proponen no reducir los impuestos y seguir apoyando a la economía con medidas de mayor gasto público cuyo mayor ejemplo sería la subvención de 20 céntimos por litro de gasolina.

El nuevo año llega con más subidas de impuestos y un aumento de la presión fiscal. Así lo esperan la mayoría de fiscalistas, que están pendientes de los resultados del comité de expertos nombrado por Montero el año pasado para la reforma de la fiscalidad española. El comité tiene previsto publicar sus propuestas durante este año. Pese a que el Gobierno ha Presupuestado una recaudación récord para 2022, el mal desempeño de los nuevos tributos y el creciente gasto público obligará a seguir aumentando la presión fiscal sobre los contribuyentes.

Ahora que los científicos apuntan que 2022 puede ser el año en que empecemos a doblegar a la pandemia, Pedro Sánchez y sus comisionadas de la economía se han encargado de recordarnos que este mundo es un valle de lágrimas desencadenando una pandemia de impuestos en un país que tiene ya un esfuerzo fiscal superior en un 8% al promedio de la UE y que con las subidas de impuestos proyectadas por el Gobierno será casi un 50% por ciento superior al de Alemania.

La presión fiscal efectiva de las empresas -ajustada a la economía sumergida- en España es un 31% superior a la media de la Unión Europea (UE). Además, esta, con respecto a las compañías, considerando como tal la imposición a las empresas y las cotizaciones sociales a cargo de ellas frente al PIB, es, en España, sensiblemente superior a la del conjunto de los estados de la Unión Europea (UE).

España es el país que más ha aumentado su presión fiscal durante el año 2020. Las reformas tributarias y el impacto de la crisis del coronavirus han incrementado el indicador un 1,9%. El país alcanza así una presión fiscal del 36,6% sobre el Producto Interior Bruto (PIB), más de tres puntos por encima de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se mantiene en el 33,5%.

Uno de los objetivos del Gobierno es ir reduciendo nuestro déficit de presión fiscal con relación a la media de la UE hasta su plena convergencia en 2050. Nuestra presión fiscal, recordémoslo, es, en 2019, un 35,4 %. Le media de la UE, un 41,6 %. Pues bien, la pregunta es si la convergencia es un objetivo en sí mismo. Y la respuesta, para mí, es que no. Y no lo es porque el objetivo es obtener los recursos necesarios para sufragar el gasto. Recursos, claro está, fruto de un sistema tributario justo, sostenible y asumible. La habilidad de todo Gobierno es pues conseguirlo optimizando la presión fiscal.

La economía española parece haber puesto el piloto automático de la recuperación a tenor de los datos de empleo del pasado mes de junio y de la previsión de un crecimiento sin precedentes en el segundo cuarto del año, del 18%. Todo ello parece tener un impacto decisivo en el relanzamiento de la actividad, la demanda, y el consumo de los servicios hasta hace escasas semanas limitados por las restricciones de la pandemia, con especial impacto sobre el turismo en el caso de España. Sin embargo, la llegada del verano parece haber puesto en marcha toda la maquinaria macroeconómica -siempre que el avance de los contagios permitan mantener el estado actual de actividad- y ya se refleja en los niveles de recaudación tributaria, que ya superan en un 3,5% a los registros previos a la pandemia.