Pedro Sánchez anunció ayer que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 8% hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Un porcentaje que más que duplica la propuesta de la patronal y que prácticamente coincide con los objetivos de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Al igual que ocurrió con las cotizaciones sociales, la nueva regulación de los ERE o la subida del SMI del pasado año, el Ejecutivo ignora de nuevo la posición de los empresarios pese a aprobar medidas que impactan en los propios negocios. De hecho, el nuevo aumento del SMI eleva los ya altos costes laborales de las empresas, lo que reducirá la capacidad de las propias compañías para generar nuevos puestos de trabajo. Un perjuicio que aumenta ante el hecho de que el SMI ya se ha incrementado un 30% desde 2019, el mayor porcentaje de la UE excepto Lituania. Pero igual de grave que el notorio golpe que los desequilibrados aumentos de esta retribución provocan en el mercado laboral es la constatación de que el Gobierno ha roto el diálogo social marginado a los empresarios en todas las negociaciones tras la reforma laboral. De hecho, el Ejecutivo, especialmente el ala de Podemos, ha ido incluso más allá atacando sistemáticamente a los únicos responsables de generar riqueza y empleo en España hasta el punto de culparles de aprovecharse de la alta inflación para engordar sus beneficios. Una campaña con claro tinte electoralista que es totalmente injusta y que carece de argumentos. En este contexto, resulta totalmente comprensible que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, plante al Gobierno en la reunión de alto nivel entre Marruecos y España que hoy se celebra en la ciudad de Rabat.