Es sabido que los partidos políticos, así como los sindicatos, figuran entre los sujetos con responsabilidad penal, tras la reforma del código penal español (Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre).

La Convención de Varsovia del Consejo de Europa concluye, en un reciente informe, que España aun no ha incorporado a la legislación penal las situaciones en que el directivo de una empresa actúa como cómplice o instigador en la comisión de un delito de blanqueo de capitales, como factor que genera la responsabilidad penal de la persona jurídica.