El Consejo de Ministros ha ratificado la última parte de la reforma de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El encargado de las pensiones ha pactado con sindicatos y los tradicionales socios de Gobierno, principalmente Unidas Podemos, y sin la patronal, una reforma que centra sus esfuerzos en subir las cotizaciones sociales hasta un 1,1% del PIB y no aplica un recorte del gasto.
La reforma de pensiones acumula más de dos meses de retraso y varios bloqueos y eso tendrá consecuencias. El ministro José Luis Escrivá negocia aún a tres bandas el desbloqueo de los últimos retoques de la legislatura. Desde la Comisión Europea han levantado la mano con cierto margen para que Seguridad Social llegue a un acuerdo por unas medidas impopulares entre los agentes sociales y los grupos políticos, especialmente la ampliación del periodo de cómputo. Ante la amenaza que lanza Bruselas de suspender parte o la totalidad del pago de 10.000 millones de fondos europeos y los plazos incumplidos, Escrivá se encuentra ya abocado a recurrir a la fórmula del real decreto para aprobar la reforma de pensiones por la vía rápida, antes de Semana Santa. Si no fuera así, resultaría ya imposible que el ministro cumpla sus propios tiempos.
La última parte de la reforma de pensiones de esta legislatura plantea medidas que persiguen la mejora de las cuentas de la Seguridad Social. El planteamiento del Ministerio que dirige José Luis Escrivá plantea, esencialmente, dos medidas: la ampliación de las bases máximas de cotización -denominado como destope- y la ampliación de los años observados para calcular la pensión. Subir las cuotas de forma progresiva para que los salarios altos aporten más llegaría a mejorar la recaudación "como mucho un 0,15%", mientras calcular la pensión con los 30 años previos, descartando dos ejercicios, llegaría a recortar las pensiones de forma modesta un 1%, con un menor gasto del 0,3% del PIB.
La última gran reforma de la legislatura centrada en las pensiones está chocando con los agentes sociales y los socios de Gobierno. Lo complejo de la reforma es que el Ministerio que dirige José Luis Escrivá tiene medidas menos apetecibles que ofrecer: la revalorización, principal medida que beneficia a los jubilados, ya se firmó a finales de 2021. Y ahora tan solo quedan las medidas más lesivas para el empresario y el trabajador, mientras las que benefician a las carreras laborales más inestables quedan prácticamente neutrales. El aumento de los años observados para calcular la pensión tiene un amplio rechazo, mientras la subida de las cotizaciones a los salarios altos desmarca a la CEOE y, a su vez, es considerada insuficiente para paliar el déficit del sistema.
La propuesta que plantea el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para modificar a 30 años el periodo observado para el cálculo de la pensión, dando la opción de descartar los dos peores años de cotización, abre la puerta a un incremento de la brecha de género en las pensiones medias. Las mujeres empeorarían sus pensiones un 0,86%, y los hombres la mejorarían un 0,44% por la naturaleza de sus carreras laborales. Total, una brecha que se amplía 1,3 puntos, explica el análisis del Observatorio de pensiones de WTW.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado en Hablando Claro de RTVE el triple mecanismo para abordar parte de la reforma de pensiones que comienza a negociarse ahora con los agentes sociales. En concreto, sobre el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, la filosofía del ministro pasa por modificar el periodo de cómputo (sin ampliarlo a 35 años), excluir los peores años de cotización y mejorar el tratamiento de las lagunas de cotización de las carreras laborales inestables.
