Un 68 % de los españoles estaría dispuesto a cambiar su ruta a una carretera secundaria, a pesar de su elevado índice de siniestralidad, en caso de que el Gobierno llegue a poner finalmente en marcha la medida sobre el pago por uso de las autovías.
Quizá haya sido la industria más expuesta a las restricciones sanitarias para combatir la expansión del coronavirus. Tras el éxito de la vacunación y la desaparición de las variantes, el transporte ha vivido este 2022 el regreso casi pleno a la vieja normalidad, pero se ha topado con nuevas incógnitas en el horizonte por el alza de los costes ante el encarecimiento de los carburantes, un fenómeno que ha afectado tanto a los clientes como a las compañías.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este jueves una reducción media del 1,05% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para 2023.
Las autopistas de la AP-6 Villalba-Adanero, AP-9 Ferrol-Tui y AP-46 Málaga-Alto de las Pedrizas tendrán previsiblemente una subida sensiblemente más moderada del precio de los peajes a partir del próximo 1 de enero que la del resto de vías de pago de España. Esto deriva de la decisión del Gobierno de zanjar la deuda acumulada con las concesionarias de estas tres carreteras, que se aproxima a los 800 millones de euros, por las inversiones que no han sido amortizadas con el tráfico.
Los peajes de las autopistas estatales subirán un máximo del 4% a partir del próximo 1 de enero de 2023. Este es el planteamiento que tiene el Gobierno sobre la mesa. El Ejecutivo está negociando con las concesionarias de las vías de pago el porcentaje final y los mecanismos por los que el Estado compensará a los operadores la diferencia entre dicho incremento y la inflación.
El Gobierno ya está estudiando las distintas opciones que tiene para fijar la subida que tendrá que aplicar en las tarifas de las autopistas de peaje de cara a 2023, toda vez que los contratos con las empresas concesionarias establecen que el alza tendrá que ser con el IPC, en este caso del 8,4%, según indican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a Europa Press.
Caixabank ha iniciado los trámites oficiales para deshacerse de su porcentaje en Bip&Drive, el líder del telepeaje en España. La entidad bancaria llegó hace meses a un acuerdo con el resto de socios de la plataforma Abertis, Ferrovial e Itínere- para desprenderse de su 25% y espera que las autoridades de competencia europeas le den su visto bueno este mismo mes de noviembre.
Caixabank sale de Bip&Drive seis años después de su aterrizaje. La entidad ha tomado la decisión de abandonar el accionariado del líder español del telepeaje y está en proceso de vender el 25% que poseía al resto de accionistas de la compañía: Abertis, Cintra (Ferrovial) e Itínere. La operación ya está acordada entre las partes y solo faltan las diversas autorizaciones administrativas para quedar sellada.
Los transportistas tienen claro que la imposición de peajes a los camiones que ha propuesto el Gobierno de Navarra en la comunidad foral no son una opción. "Demandaremos", señala muy contundente Marcos Bastante, presidente de Astic, la patronal del transporte internacional por carretera ante las preguntas de elEconomista durante la Asamblea Nacional de esta organización.
El Gobierno pretende aprobar antes de lo previsto la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, cuya entrada en vigor se estimaba para el año 2023.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado los peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas natural que comenzarán a aplicarse el 1 de octubre, los cuales se reducirán, de media, un 13,2%, beneficiando a 8,1 millones de consumidores.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, calificó de "interesante y oportuna" la iniciativa lanzada por el Gobierno de Navarra de comenzar a cobrar próximamente peajes a los camiones por el uso de las autovías que discurren por la comunidad.
El sector privado quiere ser partícipe del futuro sistema de pago por uso en las carreteras y mejorar así los servicios.
Bajo los principios de que el que contamina paga y el que usa paga el Gobierno sigue trabajando en un modelo para cobrar a los conductores que utilicen las carreteras de alta capacidad en España.
Emovis, la filial de Abertis dedicada al desarrollo y gestión de tecnología y servicios de información para ofrecer soluciones de peaje electrónico y movilidad inteligente en el mundo, ha alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato de peaje free flow -sin barreras- del puente Mersey Gateway y los puentes Silver Jubilee entre Runcorn y Widnes en las cercanías de Liverpool, en Reino Unido.
Abertis venderá Eurotoll, su filial dedicada a soluciones de peaje electrónico para vehículos pesados que presta servicios en Europa. El grupo propiedad de Atlantia y ACS ha contratado para pilotar la operación como asesor financiero al banco francés Natixis, según indican fuentes conocedoras del proceso.
Este articulo ha sido realizado en colaboración con Andrés Luís Romera, Auditor de Seguridad Vial.
El comité de expertos designados por el Ministerio de Hacienda para sugerir modificaciones del sistema fiscal publicó este jueves su batería de medidas, recogidas en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria.
Desde mediados de 2021 con un plan sobre la mesa por la que se busca implantar un sistema de pago en las autovías españolas, que acabaría con el carácter histórico de gratuidad, el Gobierno tiene en la Diputación de Guipúzcoa el claro ejemplo del futuro de los peajes. Un nuevo sistema que no detiene a los vehículos y cobra a estos solo si están registrados en una plataforma online... o de lo contrario los multa.
Desde mediados de 2021, el Gobierno lleva sobre la mesa de sus intenciones la clara instalación de un sistema de peajes en la mayoría de las carreteras españolas. El fin del carácter de gratuidad que siempre han tenido las autovías y carreteras secundarias, pero además una clara intención de amoldar el tráfico a los sistemas que ya existen en el resto de Europa... lo que podría afectar a la llegada de turismo por tierra.
Si una medida más que polémica ha quedado latente de este 2021 que ya cierra sus puertas en el sector de la automoción, esa es la implantación de un sistema de peajes en las autovías españolas. El fin de la gratuidad que el Gobierno contempla para las carreteras españolas con el fin de acceder a los fondos de recuperación de la Unión Europea, que ya está previsto que se implante para 2024.
Con el decidido paso hacia la implantación de un sistema de peajes en todas las autovías españolas para 2024, el Gobierno ahora ha desvelado su intención de extender este pago también a las vías urbanas. Su llegada a las grandes ciudades, bajo la consigna "quien contamina, paga" que no ha hecho más que echar leña al fuego de la polémica sobre la pérdida de gratuidad de las infraestructuras españolas.
GasIndustrial, la asociación que aglutina a los grandes consumidores de gas, ha solicitado a la CNMC que apruebe una rebaja urgente de los peajes.
La clara intención del Gobierno de instaurar un sistema de peajes en la mayoría de carreteras españolas, con las autovías como punta de lanza, va a derivar en 2024 con el fin del carácter de gratuidad que siempre ha caracterizado a las infraestructuras españolas. Un nuevo modelo de negocio, para acabar con el enorme déficit que se acumula en el mantenimiento de estas vías, que sin embargo aún tiene detalles por pulir como el precio. Pero independientemente del coste que se instaure todo hace presagiar que la A-66, la A-4 y la A-2 tendrán los carriles más caros.
En el foco de la opinión pública desde que se anunciase como medida clave para optar a los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, el Gobierno ha confirmado esta semana la clara intención de instaurar un sistema de peajes en todas las autovías para 2024. Un plan que acaba con el carácter de gratuidad de las vías públicas de alta capacidad, contra el que numerosas instituciones ya se han situado en contra puesto que "perjudicará a los conductores que tienen menor poder adquisitivo".
El Gobierno quiere imponer una tasa a quienes circulen por autovías porque "el modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa", razón por la cual hay una discusión desde mayo y su resultado, en el caso de Euskadi, quedaría en manos de su Ejecutivo al tener transferidas las competencias.
El Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el desarrollo de un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad, con el objetivo de garantizar los fondos necesarios para la conservación de la red de carreteras. Puntualizando, posteriormente, que solo se llevará a cabo si hay consenso.
El Gobierno planea establecer la denominada viñeta para que los conductores utilicen las carreteras de alta capacidad en España. Se trata de una tarifa con temporalidad acotada (anual, mensual, semanal y diaria) que dará derecho al uso de las vías. Esta medida se instauraría a partir de 2023 y por un periodo de tiempo limitado, que podría ser de al menos dos años, como paso intermedio hasta la implantación de un pago por uso mediante telepeaje. El grupo de trabajo del Ministerio de Transportes que estudia el plan maneja un precio de la viñeta para los vehículos ligeros que se situaría en el entorno de los 80 euros, según señalan a elEconomista fuentes ministeriales. Desde el departamento que dirige Raquel Sánchez oficialmente declinaron hacer comentarios y se remitieron a las palabras de la ministra del pasado viernes en las que aseguró que "estamos en proceso de análisis".
El Ministerio de Transportes logra su anhelado propósito de participar en los ingresos derivados del canon que pagan anualmente las áreas de servicio en las carreteras.
