El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo en Galicia una "drástica reducción" de los peajes de la AP-9 a través de bonificaciones a la concesión. Las bonificaciones en los trayectos de la autopista, la más usada de la comunidad gallega, se aprobarán el martes en el Consejo de Ministros comenzarán a aplicarse previsiblemente este fin de semana.
En las sociedades desarrolladas, el recurso realmente escaso es el tiempo. Esto es más evidente en las grandes ciudades, donde el aumento de población de las últimas dos décadas no ha estado acompañado de un crecimiento de sus infraestructuras. La escasez de espacio y las limitaciones de presupuesto público explican esa falta de adecuación de las infraestructuras. Esto genera un problema de movilidad en las grandes ciudades, situación común en todos los países, desarrollados o no. Numerosos estudios han reflejado el enorme coste económico de los habituales atascos diarios. Este coste en productividad tiene también su reflejo en el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de las grandes urbes. En un mundo donde la tecnología permite acceder a una gran variedad alternativas de ocio con un simple click, perder una hora diaria en atascos es una realidad insoportable.
El Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a tener listo el nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país antes del 30 de junio de 2022, con el fin de comenzar a aplicarlo en el año 2024. Así figura en el informe de la Comisión Europea sobre el plan de recuperación de España, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez enmarca esta revisión del sistema de pago en carreteras dentro de un epígrafe de reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia acaba de aprobar un nuevo sistema de tarifas para el gas natural que entrará en vigor el próximo mes de octubre. Cuando todavía los consumidores están asimilando qué hora es mejor para planchar, llegan nuevos cambios para 9 millones de usuarios cuyos peajes bajarán un 7,6% de media.
Pese a que el Gobierno ha reconocido en los últimos días que el sistema de extender los peajes a todas las autovías ha dado un paso atrás, pues necesita del consenso de todos los grupos parlamentarios, la idea llevada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Bruselas ha levantado toda una polémica entre los conductores españoles. A favor, pocos; en contra, muchos; el carácter histórico de gratuidad se podría ver alterado por un plan que otros países del entorno ya llevan implementando años.
Poco más de una semana ha durado la idea del Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos de implantar peajes en las autovías españolas, así como en otras carreteras del país. Una medida muy impopular, dado el carácter histórico de gratuidad de las vías españolas y que las autopistas llevan tiempo perdiendo las concesiones y con ello el fin de sus tarifas.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que su partido llevará a cabo "una auténtica ofensiva legal, cívica y parlamentaria" contra los peajes en autovías y algunas carreteras, una posibilidad que baraja el Gobierno de España para 2024. Sería "otro sablazo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha criticado.
El presidente del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha considerado que la medida que baraja el Gobierno de España de introducir peajes en todas las autovías españolas a partir de 2024, a propuesta de la Comisión Europea, "no es un peaje a las autovías, sino a las familias de la provincia de Zaragoza".
No es esta la primera ocasión en la que se plantea el pago por uso en carreteras, ni éste el primer gobierno que lo hace. Pero si parece que estamos hoy más cerca de aplicarlo. Sería en 2024, según el Plan de recuperación presentado por España en Bruselas.
La implantación del pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad de España multiplicará los recursos de la Administración hasta aproximarse a los 3.000 millones de euros anuales, lo que supondría incrementar en cerca de la mitad el Presupuesto que tiene en la actualidad para infraestructuras viarias el Ministerio de Transportes (2.340 millones de euros). Esto deriva de la posible concesión para la gestión de los peajes y de los ingresos fiscales, a lo que se sumarán los ahorros por la eventual concesión a operadores privados.
En el boletín 'Las Claves del Día' del 12 de mayo destacamos el crecimiento del PIB español en 2021 y 2022, la creación de empresas por primera vez en un año, los ingresos del Estado con los peajes en las autovías, las rentabilidad considerable de las bolsas en lo que va de año y los obstáculos a los que se enfrentan los firmas tecnológicas de EEUU para seguir subiendo en bolsa.
El Gobierno ha descartado que vaya a llevar a cabo la medida que ha propuesto a la Comisión Europea para introducir peajes en todas las autovías españolas a partir de 2024 si no cuenta con el apoyo del resto de los partidos políticos.
El Gobierno ha puesto en marcha un plan por el que a partir de 2024 la red de carreteras de alta capacidad de España estará tarificada -y no descarta que pueda también afectar a vías convencionales-. En esta tarea llevan meses trabajando desde diferentes ministerios, con el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la cabeza.
La polémica que ha suscitado el informe del Gobierno a Bruselas en el que informaba de la intención de cobrar en todas las autopistas españolas a partir de 2024, no deja de levantar frentes. Una medida que, de aplicarse, acabaría con el carácter de gratuidad de las carreteras españoles significando un importante coste para todos los conductores. Pero con el ánimo de reducir las críticas, el director de la Dirección General de Tráfico (DGT) Pere Navarro ha tratado de introducir algunas de las excepciones que se aplicarán, para que no todo el mundo pague al tener que usar estas autovías.
Abertis recibirá 1.291 millones de euros del Estado por las obras que realizó al calor del convenio de concesión de la parte catalana de la AP-7 este año. En cambio, esta cifra dista enormemente de la que calcula la compañía participada por ACS y Atlantia que debería percibir y que supera en unos 3.000 millones a la que el Gobierno ha apuntado en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. La diferencia parte del convenio firmado en 2006, que dividía la cuenta de compensación del equilibrio económico-financiero en dos partes: por un lado, las obras realizadas, y, por otro, los flujos de tráfico esperados. Los cálculos realizados por la compañía desvelan que el fin de la concesión conllevaría, en lo que a esta última parte se refiere, una indemnización que superaría los 3.000 millones de euros.
Joaquín Prat se ha posicionado sobre la idea del Gobierno de la intención de imponer una tasa en todas la red de autovías españolas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha dado un plazo de tres años para implantar este modelo de pago cuyo coste aun se desconoce.
El Gobierno se decanta por el modelo portugués para desarrollar su sistema de pagos en autovías de alta capacidad para contribuir a su mantenimiento. Dicho modelo se basaría en la instalación de pórticos metálicos que no interrumpen la circulación y permiten el pago telemático.
La vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos, Nadie Calviño, defendió hoy la nueva subida de impuestos que prepara el Ejecutivo y argumentó que es el modelo que sigue la Unión Europea (UE). Calviño añadió que el cobro por el uso de autopistas es lo normal en la UE y "lo más justo".
En el podcast 'Las Claves del Día' del 6 de mayo destacamos los peajes en las carreteras españolas, los esfuerzos por salvar la temporada de verano por parte de la UE, el aumento de las hipotecas y el recorrido que tiene por delante el Ibex 35.
"Bip & Drive ya no es únicamente un dispositivo de telepeaje (Via-T), sino que lo comercializamos de la mano, con las mismas credenciales, de una aplicación con la que puedes pagar la zona azul, lavar el coche, pagar gasolina, contratar y pagar la ITV, pagar en restaurantes en ruta , todo aquello que necesita un conductor. Somos una navaja suiza".
"Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras". El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, presentado por el presidente Pedro Sánchez el martes, asume ante la Comisión Europea la necesidad de llevar adelante la propuesta de implantar peajes en la red de autopistas y autovías de España para financiar los costes asociados a su conservación, toda vez que acumula un déficit de inversión que ya se aproxima a los 8.000 millones de euros.
El Gobierno se compromete ante la UE a desarrollar un sistema de pago en las autovías de alta capacidad que posibilite su financiación. Así lo manifiesta el Plan de Recuperación (la hoja de ruta para el uso de las futuras ayudas europeas) que el Ejecutivo presentó ayer en el Congreso.
Atlantia, principal accionista de la española Abertis junto a ACS, ha completado la venta del 49% de Telepass, su empresa de gestión de pagos de peajes en autopistas, a la firma suiza de inversión Partners Group por 1.056 millones de euros.
Con los más de 1.000 kilómetros de autopistas que habrán levantado las barreras en sus vías de alta capacidad entre 2018 y 2021, España se distanciará aún más de lo que ocurre en el resto de Europa. Así, a partir del próximo 31 de agosto, cuando vencen los contratos de concesión de Acesa e Invicat, en Cataluña, el peso de las vías interurbanas de pago se habrá reducido del 18% al 11,5% en apenas tres años. Contrasta con el 100% que tienen tarificado (para vehículos ligeros y/o pesados) hasta 23 países europeos, el 86% de Italia, el 79% de Francia o el 38% de Irlanda. Chipre, Estonia, Islandia, Liechtenstein, Malta y Montenegro son los únicos Estados con todas sus carreteras gratuitas.
Los efectos de la pandemia sobre el tráfico en las autopistas de peaje del Estado se han saldado con un descenso de la intensidad medida diaria (IMD) del 30,8% en 2020 con respecto a 2019, según los datos provisionales facilitados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a este diario.
Cataluña tendrá todas las autopistas estatales gratuitas a partir del próximo 1 de septiembre y únicamente se mantendrán las barreras de 145 kilómetros correspondientes a tres concesiones de la Generalitat. Con ello, siete comunidades autónomas tendrán a partir de esa fecha más kilómetros de pago que Cataluña, cuyas autoridades siempre han denunciado la discriminación que sufren los catalanes frente al resto de España por los peajes. Se trata de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Comunidad de Madrid, Andalucía y Navarra.
El final de la concesión de varias autopistas que gestiona Abertis en Cataluña este año tendrá un impacto de más de 300 millones de euros anuales para las arcas públicas derivados de la eliminación del retorno fiscal y de los costes de mantenimiento que asumirán las Administraciones. Un efecto, este último, que repercutirá directamente en el déficit de conservación acumulado en la red de carreteras de España, que se encamina hacia cifras por encima de los 8.000 millones de euros.
A comienzos de 2020, España reafirmó su posición como el país europeo con menor porcentaje de autopistas de peaje (en total, un 16% de su red). Fue entonces cuando la AP-4 y el tramo Tarragona-Alicante de la AP-7 dejaron de ser de pago.
