Sucedió el pasado martes durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año. Cuando más petulante y engreído estaba Sánchez un compañero periodista le amargó el show al preguntarle si no le preocupaba su falta de credibilidad, a lo que el presidente respondió con una tediosa perorata de divagaciones, sin contestar a lo que se le demandó. Claro que, tanto el montaje como el contenido de la comparecencia fue una evidencia incontestable de que esa falta de credibilidad ni le preocupa, ni le avergüenza, ni le afecta.

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros un paquete de medidas con el objetivo de "aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el aumento del euríbor, preservando la estabilidad financiera".

Eugenio Ribón, candidato a Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por 'COMPROMISO ABOGACÍA', se ha reunido este martes con Jesús Ruiz Poveda, presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), única entidad que integra a todos los estudiantes de Derecho de España, con 75 universidades miembro - de las 80 que hay en todo el territorio - representando a más de 120.000 estudiantes y a gran parte de los futuros profesionales de la Abogacía en toda España.

El candidato a la presidencia de ICAM por `COMPROMISO ABOGACÍA´ha comenzado su agenda institucional mediante la reunión con D. Ángel José Cervantes, Decano del Colegios de la Abogacía de Toledo.

La inflación nos empobrece. Por eso, el objetivo prioritario de política económica en estos momentos debe ser terminar con ella. A veces se olvida que si la inflación acumulada en el segundo trimestre del año fue del 2,8% (del 3,3 de abril al 6,1 de junio), un crecimiento del PIB del 1,1% en el mismo período no nos hace más ricos, reduce nuestro poder de compra 1,7 puntos. Además, la subida de precios hace a nuestras empresas menos competitivas, lo que se traducirá en desempleo en el medio plazo, pues tampoco debemos quedar atrás que, si bien la inflación afecta a nuestros competidores más directos, España tiene un diferencial negativo respecto a ellos también en esta variable.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha tachado este jueves de "insuficientes" las medidas tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para atajar los efectos del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en materia de inflación y costes energéticos. Según la banquera, las decisiones puestas en marcha por el Ejecutivo son "básicamente subvenciones que provienen del cobro de unos impuestos y van a incrementar más el déficit y deuda, esto no es solución adecuada", aseveró durante la rueda de prensa de presentación de resultados del primer trimestre del grupo financiero.

La vida es muy justa, siempre se recoge lo que se cosecha. Esta idea se me vino a la cabeza cuando nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exponía en Las Cortes su plan para atajar la inflación. Mientras él hablaba en la tribuna de oradores se publicó el dato de inflación provisional para marzo, 9,8% interanual y el 3,4% de la subyacente, preocupante este último dato. La elevación de los precios ha sacudido a la opinión pública española se percibe la preocupación de los ciudadanos.

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha mostrado su apoyo para avanzar hacia un modelo de entidad aseguradora crediticia que actúe de contraparte con agentes y comercializadores, como el que recoge la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en su reciente Informe de supervisión de los mercados minoristas de gas y electricidad, tal y como adelantó elEconomista.

La Comisión Europa presentará este miércoles una batería de medidas para limitar el coste de la energía, disparado por la guerra en Ucrania y la dependencia europea del gas ruso, entre las que estaría introducir topes o crear vías para definir los precios.

El Gobierno francés completó este miércoles un plan de choque contra el alza de los precios energéticos y agroalimentarios derivado de la guerra en Ucrania que está dotado con más de 28.000 millones de euros y dirigido a empresas y hogares más expuestos. Su objetivo, según detalló en conferencia de prensa el primer ministro, Jean Castex, es afrontar a corto plazo las consecuencias económicas directas y a largo preparar al país para reducir su dependencia energética y aumentar su soberanía.

La llegada del otoño y las bajas temperaturas han acabado con la ilusoria sensación de haber vencido al virus. En algunos países de Europa, el incremento de los casos positivos se sitúa en cifras récord desde el inicio de la pandemia hace ya casi dos años, con la novedad de que ahora se puede diferenciar entre “vacunados” y “no vacunados”. Ante esta situación, vuelve a estar sobre la mesa la imposición de restricciones e incluso se barajan posibles confinamientos.

El Real Decreto-Ley 20/2021, de 5 de octubre por el que se adoptan medidas urgentes para apoyar a los afectados por las erupciones volcánicas en La Palma, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, se incluyen medidas en el ámbito de la Justicia.

Hace semanas que se viene hablando de la subida imparable del precio de la luz, que ha alcanzado máximos históricos día tras día y ha disparado todas las alarmas en una sociedad que todavía no había superado un período de crisis histórico.

El creciente desgaste que el imparable encarecimiento de la electricidad provoca en el Gobierno, ante el que se ha visto por completo desarmado por su falta de previsión, ha llevado al Ejecutivo a tomar medidas prácticamente sin precedente en este mercado y que, una vez más, se afanan en situar en el punto de mira a las empresas eléctricas. Así lo demuestra el capítulo estrella del nuevo plan de choque para paliar la subida de la tarifa de la luz, anunciado tras el Consejo de Ministros de ayer. Muy por delante de las nuevas rebajas fiscales (como la reducción al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad cuyo efecto sobre la recaudación será ahora neutro), se sitúa la llamada "minoración temporal", por decreto-ley, de los "beneficios extra" obtenidos por las eléctricas. Ese hipotético superávit se relaciona con los máximos que ha registrado el gas en los mercados internacionales, lo que supondrá la confiscación de facto de cerca de 2.600 millones, el 90% de los supuestos sobreingresos. Lo que el Gobierno llama "beneficios extraordinarios" se deriva del hecho de que la generación eléctrica mediante fuentes libres de CO2 (especialmente la hidráulica y la nuclear) vio incrementado su precio en el mercado mayorista. Se trata de una situación inevitable desde el momento en que el gas se convirtió en la tecnología dominante en el pool y e impone su alta cotización a todas las demás. Este fenómeno no lo crearon las eléctricas; muy al contrario se vincula al funcionamiento mismo de un mercado marginalista, como es el energético de acuerdo con la normativa establecida para toda la Unión Europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real decreto-ley para tratar de contener la subida de la electricidad y del gas este próximo invierno y que, según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, permitirá una rebaja de la factura de la luz del 22% hasta final de año. Para ello, entre otras actuaciones, pondrá en marcha un nuevo rejonazo a las eléctricas por 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo de 2022 y medidas fiscales que sirvan para contener los recibos.

Anda el Gobierno perdido y ciego buscando una luz que le ilumine para solucionar las desmedidas y abusivas subidas de la tarifa eléctrica. Unos, como los extravagantes ministros podemitas con medidas estrambóticas e intervencionistas, amén de inservibles y rayanas en la ilegalidad. Y otras, como la ministra Calviño, que parecía la más lista de la clase pero que se ha contagiado de la mediocridad circundante recurriendo a excusas de mal pagador como pretexto de echar la culpa al empedrado que, en esta ocasión, lleva el nombre de Rajoy, cuando hace ya más de tres años que fue expulsado de La Moncloa por quienes ahora gobiernan y que en ese tiempo ni se han preocupado ni ocupado del asunto.

El sector turístico español acrecienta su preocupación ante el alza de los contagios y las futuras y previsibles restricciones. Por eso reitera su demanda de medidas de apoyo por parte del Gobierno. Las buenas perspectivas de desplazamientos por parte del cliente nacional chocan ahora con mensajes negativos del exterior y la propagación de la variable Delta del virus. El crecimiento del número de contagios y las exigencias de cada vez más autonomías, que están exigiendo medidas de contención, incluso la vuelta al toque de queda (Castilla y León), el cierre del ocio nocturno (Cataluña), la recuperación de la obligatoriedad del uso de las mascarillas (País Vasco) o, el cierre de parques y de playas por la noche para evitar botellones (Galicia) preocupa al turismo y negocios derivados. Ante este panorama, el sector teme que eventuales medidas anticontagio acaben afectando de algún modo al turismo nacional en el que están puestas las esperanzas de esta campaña.

La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y las alcaldías de varios municipios de la Sabana, adelantaron una reunión en la que acordaron un plan de acción para este fin de semana, que busca garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento en la capital de la República, para evitar la propagación del coronavirus y, en consecuencia, un dramático tercer pico de contagio.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso al gobierno nacional medidas más estrictas para combatir la tercera ola de contagios del coronavirus que ya empieza a sentirse y que espera la aprobación del Presidente Iván Duque.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que ante el aumento de contagios en la capital, se adoptarán nuevas medidas.

Jairo Hernández Márquez, subdirector (e) de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social, reiteró el llamado a seguir adoptando prácticas y comportamientos para el manejo y control del riesgo de la Covid-19.

Los aplazamientos, la única medida de alivio fiscal para las empresas y autónomos por el Covid, generaron en menos de tres meses un aluvión de un millón de solicitudes a la Agencia Tributaria (Aeat). Un total de 600.000 empresas se acogieron al aplazamiento de los impuestos aprobado por el Gobierno en plena crisis del coronavirus el año pasado. Las empresas acogidas a la medida han abonado en periodo voluntario el 92% de las cantidades aplazadas.

Con el fin de evitar el aumento de contagios por eventuales comportamientos ciudadanos que conduzcan a generar más presión en las unidades de cuidados intensivos (UCI), los ministerios del Interior y de Salud emitieron, este miércoles, la Circular Externa OF12021-7447-DMI-1000, dirigida a los gobernadores y alcaldes municipales y distritales, en la que adoptan medidas para prevenir el aumento de casos de covid en el territorio nacional.

En un momento en el que están las UCI llenas y hay una gran presión hospitalaria y una enorme fatiga en el personal sanitario, sería sorprendente y provocaría, cuanto menos, carcajadas que no se diseñaran medidas de choque para salvar la vida del paciente y se pensara, por el contrario, en realizarle operaciones de cirugía estética para tapar las cicatrices de las vías parenterales o los respiradores.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, señaló que mañana miércoles el Gobierno anunciará nuevas medidas contra el coronavirus.

La diputada del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha criticado que el Gobierno de Aragón con la puesta en marcha del Plan Remonta ha desviado "su responsabilidad de atender esta emergencia social" hacia los ayuntamientos, "cargando una vez más contra los más débiles".

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, señaló es necesario decretar una cuarentena tipo focalizada para detener la segunda ola de contagios de coronavirus.

Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la covid-19 buscan conciliar la economía familiar y la salud de las personas, sostuvo hoy la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez.

El Ejecutivo anunció ayer un conjunto de medidas para prevenir los contagios por coronavirus en el país, en función de la clasificación de niveles de alerta que presentan las regiones debido a la pandemia.

El Ministerio de Salud anunció que se reducirá el aforo de centros comerciales de 60 a 40% en en algunas regiones del país, desde hoy hasta el 4 de enero, para evitar el avance del coronavirus.