El lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, mantuvo ayer reuniones en Madrid con los embajadores de Francia, primero y Portugal, después, para abordar un tema de interés común: agilizar las interconexiones del Arco Atlántico y exigir que se cumplan los compromisos de conexión con la Península Ibérica.
Los presidentes de Euskadi, Iñigo Urkullu; Galicia, Alfonso Rueda; Asturias, Adrián Barbón, y Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no están dispuestos a que sus comunidades autónomas queden aisladas y al margen de las diferentes conexiones ferroviarias y energéticas con Europa. A su juicio, se está produciendo "un desplazamiento del eje de influencia europeo hacia el este".Así, se comprometieron ayer tras una reunión en Vitoria (Álava) a impulsar un 'lobby' o grupo de presión para defender los intereses de sus regiones ante la Unión Europea en estas materias.
La regulación de los lobbies ha dejado fuera a los diputados y los partidos políticos, que no se verán afectados por la relación con los grupos de interés. El Anteproyecto de Ley de Transparencia de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, al que ha tenido acceso elEconomista.es, regula sobre las relaciones de las firmas especializadas en lobby con la Administración General del Estado y su sector, con lo que en ningún caso afecta ni al poder legislativo ni a los partidos.
El Gobierno da el primer paso para poder regular los 'lobbies'. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa el nuevo anteproyecto de Ley para poder regular los grupos privados con capacidad de influir en los asuntos públicos, es decir, los 'lobbies'. Estos tendrán que registrarse como grupos de interés en el Portal de Transparencia y en la Oficina de Conflictos con el fin de garantizar transparencia. De este modo, "España cubre una carencia y responde a la demanda tanto civil como por parte de la Comisión Europea", ha alegado Montero.
La Comisión Europea ha reclamado a España que regule la actividad de los lobbies para evitar que proliferen las puertas giratorias sin control y que se fomente la transparencia en el sector.
La Comisión Europea insta al Gobierno español a que solucione una de las más clamorosas asignaturas pendientes que arrastra la legislación de nuestro país. Se trata de la ausencia de una normativa específica para la actividad de los llamados grupos de presión o lobbies.
El 60% de los diputados españoles y casi el 80% los senadores vulneran la obligación de publicar su agenda. En su artículo 6 del Código de Conducta de las Cortes se impone a los miembros de ambas Cámaras la obligación de hacer pública su agenda institucional a través del Portal de Transparencia habilitado para ello en cada uno de los dos casos. La normativa menciona específicamente la obligación de incluir las reuniones con representantes de lobbys y grupos de interés, pero tanto el Congreso como el Senado parecen hacer caso omiso por ahora de ello.
El exministro socialista Pepe Blanco ha convertido en solo dos años a su consultora, Acento Public Affairs, en el mayor lobby de España. La firma alcanzó el año pasado unos ingresos de 4,47 millones de euros, lo que supone no solo más del doble que en 2020, sino que implica además que ha superado a LLYC (antigua Llorente y Cuenca), compañía que hasta el momento era el líder del mercado.
Estamos a tan solo unos días de cumplirse ahora un año desde que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido por Miguel Iceta, abría un periodo de consulta pública sobre los anteproyectos de Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés (lobbies) y de Prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público. Las competencias, tras la remodelación del Gobierno, han pasado al Ministerio de Hacienda y Función Pública, cuya titular es María Jesús Montero, que espera tener lista la regulación de los lobbies en este ejercicio.
Europa quiere avanzar en la regulación de los 'lobbies' a medida que estos profesionales toman cada vez más poder en nuestro país y más repercusión frente a los ciudadanos. Para conseguirlo, la Comisión Europea ha ligado el desembolso de los fondos Next Generation EU a la regulación de estos grupos. elEconomista ha hablado con María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, para conocer cómo está trabajando España en su regulación.
La regulación de los lobbies es una de las grandes tareas pendientes de España. Tanto es así que la Comisión Europea ha apremiado a España a desarrollar un reglamento que establezca unas normas comunes para los grupos de interés que cada vez tienen un papel más relevante en nuestro país. Para asegurarse de que España cumple con este deber, Bruselas ha decidido ligar la creación de la norma a la entrega de los fondos Next Generation EU, incluyendo este requisito en la documentación que aprobó el plan nacional de recuperación.
Los fondos Next Generation EU suponen un cambio sensible: para financiarlos, la Unión Europea ha emitido deuda ¡por primera vez!
Apoyar la acción climática de día, luchar contra los intentos legislativos para abordarlo de noche. Eso es lo que ha estado haciendo ExxonMobil, según admite Keith McCoy, lobista de la petrolera desde hace 8 años, en las grabaciones obtenidas por Unearthed, la plataforma de investigación de Greenpeace Reino Unido.
