Al catalogarla como la mejor herramienta para atender a más de 3 millones de trabajadores en el país, el Presidente Iván Duque Márquez sancionó este jueves la Ley por medio de la cual se extienden hasta marzo de 2021 los beneficios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
La Generalitat de Cataluña ha comenzado su proceso para incluir la cláusula sic rebus stantibus en su Código Civil. Se busca dar una redacción de la conocida cláusula, que reconoce que estando así las cosas los contratos de alquiler no se pueden cumplir en miles de casos por el parón de actividad producido por las medidas para combatir la pandemia del Covid-19.
A partir de este martes, cualquier teletrabajador ya puede pedir a su empresa que le dote de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo de su trabajo a distancia. Y es que ya se cumplían los 20 días para que entrara en vigor el RDL de trabajo a distancia. La norma trae consigo, además, la aparición de una nueva infracción en el Orden de lo Social, pues las empresas que no formalicen en el contrato de sus teletrabajadores el acuerdo de trabajo a distancia incurrirán en una infracción grave que puede acarrear una sanción que varía entre los 626 y los 6.250 euros. Bien es cierto, según los laboralistas consultados por eE, que esta sanción es improbable que se dé de forma inmediata, pues existen varios periodos transitorios para adaptarse a esta exigencia.
La nueva regulación del teletrabajo, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre y acordada con patronal y sindicatos, entra en vigor este martes, veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
El Gobierno acometerá una revisión completa de la Ley de Contratación Pública, para simplificarla. Se trata de un cambio de especial calado ante la futura llegada de los fondos europeos de ayuda contra la crisis.
Mandiles que llevaban escritos frases como abusos; desigualdad; esclavitud; entre otros, fueron lavados hoy por las trabajadoras del hogar en un acto simbólico que tuvo por finalidad reconocer la nueva ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar que fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano.
Después de dos meses de que entrara en vigencia la Ley 2020 del 17 de julio de 2020, que obliga a las entidades estatales, entes territoriales y todos los representantes legales de las entidades u ordenadores del gasto de los que dependa la decisión de invertir recursos públicos a reportar las obras inconclusas que tengan identificadas en su región, ninguna entidad de este tipo ha realizado un solo reporte a la Contraloría General de la República.
El pleno del Congreso aprobó en la víspera el proyecto de Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. ¿En qué consiste esta iniciativa legislativa?
La pandemia y subsiguiente confinamiento de gran parte de la población española, junto a la adopción de medidas de distanciamiento social que potencian el teletrabajo y limitan naturalmente la movilidad de las personas, -nueva normalidad- ha incrementado exponencialmente la contratación a distancia por medios electrónicos y multiplicado el uso de nuevas tecnologías en el ámbito contractual.
Con unas perspectivas de solicitud de concurso de acreedores superiores a las 40.000 empresas como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, cuando la mayor demanda de procedimientos llegó a los 9.500 en 2013, existe preocupación por la regulación que el Gobierno está ultimando para adaptar la legislación a la de la Unión Europea.
Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) negocian un nuevo deshaucio express en los casos de ocupación ilegal de viviendas -los llamados okupas- que permita recuperar el inmueble en apenas 48 horas y no en 30 días como establece la normativa actual. El presidente del PP, Pablo Casado, aboga así por una Ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluya recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión y que facilite a la Policía poder echar a los okupas en un máximo de 48 horas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, 15 de julio, el anteproyecto de la Ley del Juego de Aragón, con el objetivo de reformar una legislación que data de hace 20 años y que "urge actualizar" para adaptarla a la realidad del siglo XXI y hacerla más "restrictiva".
Uno de los efectos más severo sobre el deudor persona jurídica que prevé el Texto Refundido de la Ley Concursal1 (TRLC), y que ya venía recogido en el artículo 48 ter de la la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), es la posibilidad de acordar el embargo preventivo de los bienes y derechos de los administradores (de hecho o de derecho), de los liquidadores o de los accionistas, desde la declaración de concurso. Lo llamativo de esta medida es que pueda ser acordada de oficio por el Juez del concurso.
Las autoridades de Estados Unidos imputaron al hijastro del capo mexicano prófugo Rafael Caro Quintero, Bryant Espinoza Aguilar, por poner propiedades de familiares a su nombre, "actuando como un hombre de paja" para evadir sanciones, según informó este martes la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
Organizaciones civiles de la mano de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) presentaron hoy una propuesta de ley de Contrataciones del Sector Público, que incluye la creación de una Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y el Instituto de Contrataciones Públicas. .
El Gobierno ya tiene entre manos el borrador con el texto normativo que regulará el teletrabajo. Dos son las principales novedades que componen el nuevo marco para esta modalidad de empleo: los trabajadores que se encuentren deslocalizados de la oficina podrán negociar su horario con el empleador -con excepciones y siempre y cuando se cumplan unos requisitos- y, por otro lado, la empresa deberá cargar con todos los costes que cause el empleado durante su actividad en el domicilio, o fuera de la oficina.
El desarrollo urbanístico en España se ha convertido en un proceso tedioso y largo, que ha llevado a retrasar varias décadas la aprobación de grandes proyectos beneficiosos para la economía y la generación de empleo de distintas zonas del país.
Desde el año 2015 venimos pendiente de una reforma integral de la Ley Concursal del año 2003. Con la crisis anterior esta normativa se ha ido complementando con 28 reformas parciales, a golpe de Real Decreto, así como con abundante jurisprudencia que ha debido dar respuesta a la casuística que el mundo empresarial y la actividad económica le iba presentando.
Nunca como hasta ahora se evidencian los abusos y arbitrariedades legales a las que da lugar la prolongación sine die del estado de alarma. La reforma laboral de 2012 tiene rango de ley orgánica pero es posible que el Gobierno haga cambios parciales, por la vía express del Decreto-Ley, sin acuerdo con los agentes sociales, alegando una situación de urgencia.
La ley que autoriza el retiro de hasta 25% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones AFP, fue oficialmente publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
En la situación actual del mundo agropecuario el punto crítico es el de las relaciones entre los distintos operadores de la cadena de valor y la búsqueda de su equilibrio. Dicho de otro modo, cómo se puede mejorar la situación de los primeros eslabones de la cadena en su relación con los procesadores y la distribución.
El Ministerio de Sanidad tiene entre manos dar rango de ley a uno de los problemas más acuciantes de la sanidad española de esta década: la resistencias que han desarrollado las bacterias a los antibióticos que existen hoy en día.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva normativa que busca seguir homogeneizando el mercado español al resto de Europa. Se trata de un anteproyecto de ley que persigue fomentar el compromiso de largo plazo de los accionistas de compañías cotizadas. Para ello, el Ministerio de Economía se traerá a España dos grandes novedades que ya existen en países de nuestro entorno: las denominadas acciones de lealtad, que consisten, básicamente, en dar doble voto a los accionistas de referencia de una firma; y pasará a ser optativa la publicación de resultados trimestrales en concreto, el primero y el tercero de cada ejercicio- que quedará a elección de la propia compañía.
El primer ministro de Francia, Édouard Philippe, anunció este sábado que ha decidido recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el proyecto de ley de reforma de las pensiones sin someterlo a la votación de la Asamblea Nacional.
España, como Estado miembro de la Unión Europea (UE), no puede denegar de forma automática una solicitud de reagrupación familiar, presentada por el cónyuge -nacional de un tercer país- de un ciudadano de la UE con nacionalidad de ese Estado y que nunca ha ejercido su libertad de circulación, por no disponer, para sí y su cónyuge, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social.
El Gobierno estrechará la vigilancia sobre los planes de las aerolíneas para reducir las emisiones de CO2 mientras abre la puerta a aumentar la presión fiscal al sector. En línea con países como Holanda, Francia, Bélgica o Alemania, que están anunciando medidas para desincentivar el transporte aéreo aprobando subidas de impuestos, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que aplicar más tasas al avión es "una propuesta interesante y razonable", ya que "quienes viajan en ese medio tienen más recursos".
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde a la nueva regulación de la distribución de seguros, con la que se persigue ofrecer más transparencia e impulsar la protección del consumidor cuando adquiera o contrate productos de seguros. El Consejo de Ministros aprobó el martes 4 de febrero el Real Decreto-ley que transpone la Directiva 2016/97 sobre la distribución de seguros con casi dos años de retraso sobre su entrada en vigor, a la que el resto de los países comunitarios ya estaban adaptados.
El debate que se reabre desde hoy en el Congreso de los Diputados para la legalización de la eutanasia ha sido celebrado en otros parlamentos pero solo cinco países y un estado australiano han logrado los apoyos suficientes para sacar adelante una ley. Este es el mapa de la "muerte digna" al que el Gobierno de España quiere unirse.
El Pleno del Congreso toma de nuevo en consideración desde este martes y por tercera vez el proyecto de ley del PSOE para la despenalización de la eutanasia y su consideración como un derecho individual, un texto que consiguió el apoyo parlamentario para iniciar su debate en 2018 y en 2019 pero que decayó en dos ocasiones por la convocatoria de elecciones generales de abril y noviembre del año pasado.
