En China se está extendiendo un brutal horario de trabajo conocido como '996', una jornada laboral que dura 72 horas y que está acabando con la vida de algunos empleados. Sin embargo, grandes tecnológicas del país asiático defienden esta práctica y la implementan en su compañía.
La precariedad en el trabajo y la relajación en los sistemas de prevención de riesgos laborales son los principales responsables de la siniestralidad en el trabajo registrada durante este último semestre, según CCOO en Aragón, que este viernes, 23 de julio, ha presentado su Informe de Siniestralidad laboral enero-mayo 2021 en la comunidad. En este periodo, 8 personas han perdido la vida en accidente laboral y ha crecido la siniestralidad respecto al año pasado.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha explicado en las Cortes de Aragón su propuesta para dar solución en el ámbito autonómico a la exigencia europea de sancionar y acabar con el abuso de temporalidad en el sector público mediante la conversión de los afectados en personal "fijo a extinguir", como una solución "legal, justa y a coste cero". El sindicato presentó una Proposición no de Ley defendiendo esta vía, que ya ha asumido Ciudadanos para llevar a debate en el próximo período de sesiones.
El uso de los contratos formativos, en la modalidad de formación y aprendizaje y en la de prácticas, se concentra mayoritariamente en las empresas más pequeñas. En el periodo 2014-2020 el 74% de la totalidad de los contratos para la formación y el aprendizaje y el 50% en el caso de la modalidad de prácticas se produjeron en microempresas de 25 o menos empleados. El conjunto de la gran compañía, con una plantilla superior a los 500 empleados, sólo realizó el 10% de los contratos de formación y el 11% de los de prácticas registrados en las oficinas de empleo en el periodo analizado, según un informe elaborado por CCOO con los datos desagregados del Sepe.
El sindicato ha reclamado un inmediato aumento de salarios en el sector de las residencias que les permita vivir dignamente y con el fin de evitar el aumento de pobreza y desigualdad social entre las trabajadoras.
La Plataforma de Médicos Eventuales ha presentado en las Cortes de Aragón una Proposición no de Ley para que se realice una oferta de consolidación extraordinaria de empleo en el ámbito del SALUD, que facilite la fijeza en su plaza del 34% de médicos -cerca de un millar-, que en Aragón trabajan con contratos temporales.
La Seguridad Social recuerda que todos los ciudadanos tienen a su disposición un informe sobre su vida laboral en su portal oficial. Este documento incluye los días que el trabajador ha estado de alta, los regímenes en los que desarrollado su actividad y las fechas concretas de cada baja, por ejemplo.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto a sindicatos y empresarios la creación de un nuevo instrumento, que complementará al actual Erte regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (ET) -de suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor-. El nuevo Erte se utilizará cuando por razones de "carácter imprevisible", ajenas a la voluntad empresarial, cualquiera que sea la causa, impida o limite el desarrollo normalizado de una empresa en alguno de sus centros de trabajo. El nuevo instrumento, denominado Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), tiene como objetivo evitar que ante este tipo de imprevistos se pierda empleo.
El Gobierno de Aragón ha fijado este miércoles las fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2022 en nuestra Comunidad Autónoma, a la que se añadirán hasta dos más, de carácter local, a propuesta de cada Ayuntamiento.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha calificado de "avance destacado hacia la fijeza" la rectificación de su doctrina que ha hecho pública hoy el Tribunal Supremo. Para el sindicato, "es clave para alcanzar la estabilización del personal temporal en fraude de ley de las Administraciones, ya que reconoce la situación de abuso a partir del tercer año de contrato o nombramiento".
La militancia de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Aragón-La Rioja celebra este fin de semana en Zaragoza un nuevo comicio en el que, además de tomar acuerdos, se elegirá a un nuevo equipo que conforme el Secretariado Permanente de la territorial para los próximos cuatro años.
El Convenio de la construcción en España no previene la posibilidad de que los trabajadores fijos de obra puedan sufrir el abuso de encadenamiento de contratos a pesar de que la legislación recoge un límite máximo de tres años consecutivos.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado procedente el despido disciplinario de la anterior directora de Negociado de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia, tras el recurso del Ayuntamiento de Valencia a una sentencia que declaró improcedente el despido.
El 18% de los trabajadores españoles tuvo un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019, ejercicio en el que subió un 22,3% hasta los 900 euros en 14 pagas. En el caso de las mujeres, el porcentaje se elevó hasta un 26% frente al 11,2% en los hombres.
Las cinco organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial de educación solicitan su convocatoria para conocer la predisposición del Gobierno a negociar el final de los recortes educativos en la comunidad aragonesa.
El sindicato vuelve a liderar la representación sindical con 13 delegados de 22, obteniendo dos más en relación a la anterior convocatoria.
España está entre los países de la OCDE, pero también de la Unión Europea, que más trabas impone a la contratación, según recogen informes como Doing Business (datos de 2019) y el Informe sobre la Flexibilidad en la empleabilidad (2019) que elabora un índice entre los principales países de la OCDE. La causa principal de esta mayor rigidez en la entrada al mercado laboral viene marcada por las exigencias que la normativa española impone a los contratos temporales, sobre todo a la duración y concatenación de contratos.
Tras nueve meses desde la denuncia del convenio por parte de la patronal, el sindicato OSTA, mayoritario en el sector, exige la constitución de la mesa de negociación.
La propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la temporalidad es considerada por algunos juristas de laboral como "radical" y acarreará el encarecimiento del despido para los contratos temporales al ser considerados nulos y no improcedente en caso de fraude de ley. Eso conllevará incluir entre los costes los salarios de tramitación; es decir, las nóminas del trabajador durante todo el proceso judicial si recurre su despido a los tribunales. En opinión de estos expertos, la propuesta judicializará más los despidos, pues deja en manos de los jueces determinar si las causas esgrimidas por la empresa justifican que el contrato no sea indefinido.
La crisis por la pandemia del Covid -19 ha incrementado el número de concursos de acreedores en España a pesar de que el Gobierno ha extendido hasta final de año la moratoria concursal.
Este miércoles se ha convocado una nueva jornada de huelga y concentraciones contra el ERE planteado por la entidad bancaria y que proyecta más de 3.000 despidos.
El Gobierno quiere recuperar la ultraactividad de los convenios que suspendió la reforma laboral del PP de 2012. En un segundo borrador de negociación entregado por el Ministerio de Trabajo a finales de abril a empresarios y sindicatos se propone modificar el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores (ET) para que "transcurrido el proceso de negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo".
Los trabajadores de COTRONIC en Zaragoza han convocado huelga el próximo lunes 31 de mayo y cada último día de final de mes para defender sus puestos de trabajo y ante el creciente volumen de subcontratación, que se aproxima al 80 por ciento.
La pauta se repite: acuerdo in extremis, reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, Real Decreto-Ley que aprueba una prórroga de una medida, los ERTES-COVID, que estaban a punto de perder su eficacia; y estudio acelerado de la nueva norma por los que nos dedicamos a esto del Derecho Laboral. Y van ya cinco prórrogas y cinco acuerdos. Sobre las veces que se ha dicho que no se iba a esperar al último día para acordar la prórroga y aprobarla por el Gobierno, hemos perdido ya la cuenta.
La historia se repite. La ampliación del actual sistema de expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), que se puso en marcha con la pandemia para evitar la destrucción masiva de empleo y que vence a finales de este mes, amenaza con volver a prolongar la incertidumbre hasta el último momento. La reunión celebrada ayer entre el Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos terminó sin acuerdo y sin grandes avances.
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón, Manuel Pina, ha incidido en la importancia de reforzar los servicios públicos que "tan importantes han sido durante la pandemia".
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a la carga contra las expedientes de regulación de empleo (ERE) de grandes empresas en el acto de clausura del 43 Congreso Confederal de UGT en Valencia. La ministra socialista volvió a mostrar el rechazo del Gobierno a los ajustes emprendidos por algunos bancos, aunque sin citarlos expresamente.
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha afirmado que "pocas veces los objetivos sindicales están mejora alineados con la hoja de ruta que necesita España" como ocurre en este momento. Así, ha remarcado la importancia de aprovechar los fondos europeos 'Next Generation' para cambiar el modelo productivo del país.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su participación en el Congreso Confederal de UGT para anunciar la "inminente" puesta en marcha de un plan de choque frente al desempleo juvenil al que el Gobierno tiene previsto dotar en total de 1.365 millones de euros.
El sindicato ha iniciado una campaña de denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra estas las compañías al entender que el proceso de subcontratación de terceros de su actividad incurre en un comportamiento prohibido por la legislación laboral.
