El decreto ley se ha convertido en la forma ordinaria" de legislar y su utilización abusiva, sin respetar los límites establecidos por la Constitución, ya no es una norma prácticamente alternativa sino que se ha convertido en sustitutiva de la Ley, lo que supone un deterioro del proceso parlamentario deliberativo, según se afirma en el I Informe sobre la situación del Estado de Derecho en España 2018-2021, elaborado por la Fundación Hay Derecho.
Los órganos judiciales de toda España recibieron durante el primer trimestre de 2022 un 7,7% más asuntos que entre enero y marzo del año pasado.
No cabe el pago de una indemnización al trabajador por un despido disciplinario decretado por la empresa, si aquél se niega a prestar sus funciones laborales de forma presencial en la sede de la empresa, puesto que la doctrina unánime de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) están determinando que no se trata de una aplicación de extinción contractual improcedente. al no apreciarse la vulneración de derecho fundamental.
El procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad es abordado por el Anteproyecto de Ley de Vivienda, convirtiéndolo en más garantista de lo que ya era hasta ahora.
No existe violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referido al derecho al respeto de la vida privada y familiar, por la negativa de los tribunales nacionales a permitir una excepción al plazo establecido por la legislación estatal para interponer una acción que permita entablar una acción para establecer una relación legal entre padres e hijos, y la consiguiente desestimación para que se inscriba la relación en el Registro Civil.
Hacienda no puede reclamar intereses de demora por el tiempo transcurrido hasta la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o hasta la liquidación provisional de rectificación, si el contribuyente ha declarado los hechos correctamente y el retraso se debe a discrepancias entre la Administración y el contribuyente por un diferencia interpretativa.
La elección por el acreedor, que no votó a favor del convenio y después de su aprobación judicial, por una de las opciones ofrecidas para el pago, no equivale a su adhesión al convenio y tampoco elimina sus derechos frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas.
La situación de un trabajador excedente que no es readmitido injustamente genera igual derecho a desempleo que la de cualquier otra persona trabajadora que es injustamente despedida, según reconoce el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de julio de 2021.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta pública sobre el borrador de la Guía sobre cuantificación de daños por infracciones de la competencia, que forma parte del Plan de Actuación 2021-2022.
No es muy común en el mundo de la franquicia que haya que pasar por instancias judiciales, ya que la franquicia es un sistema de comercio que tiene una escasa litigiosidad, manteniéndose el porcentaje medio del 0,09%, en relación con el número de establecimientos abiertos al público en régimen de franquicia en España en los años analizados. En los casos más frecuentes, es el propio franquiciador el que propone el litigio, en un 60,4% de las ocasiones, siendo ellos mismos los que, por lo general, suelen obtener unas resoluciones más favorables por parte de las autoridades pertinentes.
Cuando no consta inscrito en el Registro Mercantil (RM) el nombramiento del quien otorga un poder como administrador único de una sociedad, no puede considerarse acreditada su legitimación para representar a la sociedad, aun contando con el juicio de suficiencia del notario autorizante, por lo que la calificación negativa del registrador está plenamente ajustada a Derecho, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de junio de 2021.
A los consumidores que han suscrito préstamos denominados en moneda extranjera y que ignoren el carácter abusivo de la cláusula incluida en el contrato de préstamo no se les puede imponer ningún plazo de prescripción para obtener la devolución de las cantidades abonadas sobre la base de esta cláusula.
"Que elEconomista ilustrara sus opiniones e informaciones relacionadas directa o indirectamente con Mediaset con la imagen de su consejero delegado, al que el público identificaba sin duda con dicho grupo de comunicación, tenía amparo en las libertades de opinión e información, sin que fuera óbice para ello que pudieran existir alternativas para transmitir esa misma información u opinión prescindiendo de la imagen del demandante".
La temporalidad del contrato laboral de un profesor con un colegio privado no subvencionado no puede venir determinada por el mayor o menor número de alumnos que vayan a recibir en cada curso escolar esa enseñanza al tratarse de un dato que no afecta a la propia esencia o naturaleza de la actividad, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de marzo de 2021.
Se debe pagar con efectos retroactivos la pensión de viudedad, cuando ha sido denegada inicialmente por motivos de crisis matrimonial, pero se reconoce con posterioridad, basándose en los mismos datos fácticos y jurídicos presentados desde el principio, según establece el Tribunal Supremo, en una sentencia de fecha de 3 de diciembre de 2020.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo supervisor de la bolsa española, contra la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este le instaba a revelar a un particular detalles sobre sanciones impuestas al extinto Banco Popular y el alto tribunal le ha acabado dando la razón.
La propuesta de estado de alarma continuo, por seis meses, hasta el próximo mes mayo, que ha lanzado Sánchez ha sorprendido a una buena parte de la ciudadanía, perdidos como estamos en una maraña legal impenetrable, embarullada por las resoluciones de los tribunales y con la pandemia del Covid-19 disparada. Tratemos de analizar esta propuesta desde un punto de vista jurídico.
1. El objeto del recurso de casación resuelto por la reciente sentencia num.1231/2020, de 1 octubre (rec.Casación 2966/2019), consiste en determinar el acierto o la conformidad a Derecho de la sentencia de apelación impugnada y del auto judicial de autorización de entrada que en tal sentencia se confirma.
