Jueces y magistrados, están absolutamente en contra de la propuesta de asalto al poder judicial propuesta por PSOE y Podemos y que está recibiendo las críticas de la Unión Europea. En el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bullen las propuestas para hacer frente a lo que consideran una actuación extremadamente grave, puesto que apunta a poner fin a la actual representación de todas las sensibilidades del colectivo.
El 99% de jueces y magistrados dice sentirse totalmente independiente para tomar decisiones, según los datos de una encuesta realizada por Metroscopia, por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
El inicio del cómputo del plazo de prescripción para la devolución de los gastos hipotecarios por el banco al cliente, tras ser declarada abusiva la cláusula que le cargaba con la totalidad de ellos, "en ningún caso puede situarse en la fecha de celebración del contrato" empiezan a reconocer algunas Audiencias Provinciales (AP) como la de Lérida (sentencia de 27 de julio de 2020) y Valladolid (sentencias de 23 y 29 de julio de 2020).
Primero ha sido los jueces con sus vivas al Rey y los seis nombramientos claves del Supremo en plena tensión con el Gobierno. Y ahora los que parece que empiezan a reaccionar son los empresarios. En los últimos días hemos asistido a tres comunicados, tan claros como contundentes, de las principales asociaciones empresariales del país. Tanto CEOE, como la Cámara de España y el Círculo de Empresarios han expresado públicamente su defensa y lealtad al Rey, a la Monarquía, a la democracia y a la Constitución, al tiempo que expresan su profunda preocupación por las consecuencias económicas y sociales de la imagen de inseguridad jurídica y debilidad institucional que está transmitiendo el Gobierno de Sánchez a nivel internacional.
La actual legislatura presencia los intentos más evidentes hasta el momento de desprestigiar la Monarquía española. La semana pasada fue pródiga en ejemplos. En cuestión de días Felipe VI no sólo fue objeto de un escandaloso relegamiento, al impedirle el Gobierno asistir a la entrega de los despachos a los jueces en Barcelona.
El presidente Donald Trump tiene la intención de nominar a la jueza conservadora de la corte federal de apelaciones Amy Coney Barrett para llenar la vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, dijeron el viernes dos fuentes.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, tampoco asistirá al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de este viernes en Barcelona. Aunque su presencia estaba confirmada inicialmente, finalmente se ha excusado alegando problemas de agenda.
Prohibido asistir a un juicio sin pantalones o en pijama. Los abogados que participen en una vista a través de videoconferencia están obligados a llevar toga y las normas tradicionales, como si el proceso se celebrara de manera presencial. Así lo apunta el nuevo Código Deontológico de la Abogacía, que establece que a las nuevas tecnologías se les aplican todas las obligaciones tradicionales.
Comienza a cundir en el mundo jurídico la preocupación por la imposibilidad de manejar, en plazos razonables, el aluvión de litigios de todo tipo que se les avecina a partir del otoño. De hecho, en algunos ámbitos como los juzgados de lo Social, se rumorea que ya tienen instrucciones para programar juicios de carácter ordinario a partir de junio de 2022. Pero los mayores miedos se difunden entre funcionarios de los juzgados de lo Mercantil. Nos espera una avalancha sin precedentes de procesos relacionados con liquidación de empresas, preconcursos de acreedores, despidos y todo tipo de ajustes, comenta un magistrado, quien también se queja de que, casi dos meses después de terminado el estado de alarma, aún hay carencia de medios. En julio, el equipo del ministro Juan Carlos Campo consiguió sacar adelante en el Congreso la ley que reforzará los medios de los tribunales para hacer frente a los litigios relacionados con la crisis. Fuentes de la judicatura, sin embargo, aseguran que aún no notaron ningún avance en su aplicación.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado retirar del orden del día el debate y votación de los cinco nombramientos discrecionales que figuraban entre los asuntos a tratar en la reunión de hoy, correspondientes a tres plazas de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense.
Un total de doce autonomías ya han regulado el uso obligatorio de la protección facial con mascarillas para evitar los rebrotes del Covid-19, aunque se respete las distancia de seguridad de un metro y medio, tal y como establece la legislación estatal. que cuenta con numerosas lagunas legales, que dificultarán a las Administraciones el cobro de las multas que impongan, tal y como ya ocurrió con las sanciones impuestas por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy reanudar el proceso electoral para la renovación de los tres miembros judiciales de la Comisión de Ética Judicial cuyo mandato venció el pasado 9 de mayo.
Los bufetes de abogados muestran estos días su preocupación y alertan del caos que va a suponer la recuperación de los plazos administrativos y procesales (el 1 de junio) y los de prescripción y caducidad de derechos y acciones (el 4 de junio), tras el parón decretado por el Gobierno durante el estado de alarma.
La Comunidad de Madrid ha creado el Observatorio de Justicia y Competitividad, que se encargará de asesorar, elaborar informes y proponer medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia madrileña, incidiendo en la productividad, la competitividad y el crecimiento económico de la región.
El pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril. La norma se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Los juzgados de toda España iniciaron ayer su vuelta a la reactivación con la incorporación de entre el 30% y el 40% de las plantillas, lo que representa unos 16.000 funcionarios y cerca de 1.500 letrados de la administración de justicia, aunque la actividad sigue bajo mínimos, ya que no está previsto reactivar los plazos procesales hasta la última semana de mayo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha expuesto hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el plan de desescalada en la Justicia que prepara el Gobierno para superar la crisis y que "se asienta en el consenso".
Un trabajador que se niega en reiteradas ocasiones a realizar el reconocimiento médico, a pesar de ser obligatorio para entrar en las instalaciones de la empresa por motivos de salubridad e higiene, puede ser despedido de forma procedente por el empleador.
Desde hace semanas en elEconomista venimos anunciando, a través de consultas con magistrados y catedráticos en Derecho Constitucional, que el Gobierno se está saltando el Estado de Derecho. Que está anulando leyes y leyes orgánicas con Reales Decreto-Ley y con simples órdenes ministeriales. Objetivo a estas alturas de muchos de los numerosos recursos civiles y contencioso-administrativos que se están preparando por plataformas civiles y despachos de abogados.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el miércoles, por 13 votos a ocho, el informe al Anteproyecto de proposición de ley de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados para eliminar la participación de los parlamentos autonómicos del proceso de nombramiento de los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) del llamado turno autonómico.
Una vez que concluya el confinamiento impuesto por el Gobierno a través del estado de alarma se restaurarán las visitas en los centros de encuentro familiar, pero sin efectos compensatorios por la eventual disminución de contactos de alguno de los cónyuges en los puntos de encuentro familiar.
El Consejo del Poder Judicial ha publicado un comunicado en el que, una vez más, expresa su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, en las que pone en duda la imparcialidad de la Justicia y de los jueces españoles. Los jueces considerabn que Iglesias lo ha vuelto a hacer.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe que determina que la colaboración habitual o periódica de los miembros de la Carrera Judicial con un medio de comunicación es compatible con la actuación jurisdiccional, de modo que el órgano de gobierno de los jueces autorizará esta actividad siempre que se cumplan determinados requisitos.
El Ministerio de Justicia inició hoy los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que sustituya a la vigente, aprobada en 1882. El Ministerio agiliza así la reforma que, básicamente, dará la instrucción a los fiscales y la retirará a los jueces. Para garantizar un proceso penal justo, el Ministerio asegura que creará una nueva figura, la del "juez de garantías", que vigilará que los procedimientos se desarrollen conforme a la legislación.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza hoy un texto con 108 medidas como propuesta para el Plan de Choque que evite el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma.
La mayor parte de las vistas orales del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal General fijadas entre el 16 de marzo y el 30 de abril y el 15 de mayo, respectivamente, han tenido que aplazarse como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades públicas del Gran Ducado de Luxemburgo y por los países limítrofes para combatir al coronavirus Covid-19.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy requerir formalmente a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Junta de Andalucía y a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para que, de conformidad con las instrucciones y acuerdos dictados al efecto por el órgano de gobierno de los jueces, adopten las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales en la Administración de Justicia.
El Ministerio de Justicia ha dictado una circular por la que se establece la transferencia bancaria como medio general para la realización de pagos en procesos judiciales durante la vigencia del estado de alarma.
Viene a plantear numerosas dudas a los profesionales del Derecho, así como a los empresarios y empresas en concurso, sus trabajadores y acreedores, la actual y excepcional situación jurídica surgida de la declaración del Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y las Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, contempladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
