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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de la reforma que limita sus funciones no respeta las exigencias del principio de separación de poderes.

El triunfalismo dominó el balance sobre el año 2020 que el presidente Pedro Sánchez hizo la semana pasada. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo tuvo que aludir a la decepcionante cifra de descargas de la aplicación Radar Covid, el medio que permite a los ciudadanos informar de contagios en su entorno. "5,5 millones de descargas no son suficientes", reconoció Sánchez; sin embargo, el problema radica en que incluso quienes sí disponen de Radar Covid en sus móviles "apenas lo usan", según explican expertos que han podido ver los datos que Sanidad maneja sobre la app. Según estas fuentes, en los últimos cinco meses, se han comunicado por esta vía "poco más de 25.000 positivos". Se trata de una cifra "anecdótica", comentan en círculos médicos, si se tiene en cuenta que, durante la segunda oleada del coronavirus, ha habido días en los que el número de contagios, notificados en solo 24 horas en toda España, podía superar los 8.000 casos. Se rumorea que en Sanidad estos números causan cada vez mayor preocupación. Por ello, es muy posible que el departamento que dirige Salvador Illa convoque una próxima reunión con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, encargada de la implantación de Radar Covid, para encontrar soluciones a su escaso éxito entre los españoles.

Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado hoy con amplias mayorías a los presidentes de las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Burgos), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de la Audiencia Provincial de Cáceres.

Pese al aumento de casi cinco puntos en la resolución de asuntos en juzgados y tribunales, la bolsa de asuntos pendientes (3,2 millones) se ha incrementado en este trimestre un 13,4% con respecto al mismo periodo de 2019, lo que ha situado la pendencia en un nivel superior al de finales de 2011. Este incremento de la pendencia es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Así, se refleja en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

La mayoría de las asociaciones judiciales y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han lamentado la proposición de ley presentada este miércoles en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para impedir que un CGPJ caducado pueda hacer nombramientos, subrayando que este último movimiento deja en evidencia el "juego político" al que está sometido el órgano de gobierno de los jueces.

PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy una proposición de Ley conjunta en el Congreso de los Diputados que pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, como ocurre en la actualidad.

Con 45 votos contra 14 y nueve abstenciones, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la orden de detención europea o euroorden, en el que se incluye entre los delitos de aplicación inmediata el de sedición o de ataque a la integridad constitucional de los estados miembros.

El Ministerio de Justicia ha iniciado la fase de consulta pública del anteproyecto de ley por el que los juzgados unipersonales se transformarán en tribunales de instancia, los juzgados de paz pasarán a ser oficinas judiciales municipales y se creará la oficina judicial digital.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de selección de las candidaturas que España debe proponer para la designación de jueces y abogados generales de los Tribunales de Justicia de la UE (TJUE), General (TGUE) y el de Derechos Humanos (TEDH), que forman parte del sistema jurisdiccional español.

Jueces y magistrados, están absolutamente en contra de la propuesta de asalto al poder judicial propuesta por PSOE y Podemos y que está recibiendo las críticas de la Unión Europea. En el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bullen las propuestas para hacer frente a lo que consideran una actuación extremadamente grave, puesto que apunta a poner fin a la actual representación de todas las sensibilidades del colectivo.

El 99% de jueces y magistrados dice sentirse totalmente independiente para tomar decisiones, según los datos de una encuesta realizada por Metroscopia, por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

El inicio del cómputo del plazo de prescripción para la devolución de los gastos hipotecarios por el banco al cliente, tras ser declarada abusiva la cláusula que le cargaba con la totalidad de ellos, "en ningún caso puede situarse en la fecha de celebración del contrato" empiezan a reconocer algunas Audiencias Provinciales (AP) como la de Lérida (sentencia de 27 de julio de 2020) y Valladolid (sentencias de 23 y 29 de julio de 2020).

Primero ha sido los jueces con sus vivas al Rey y los seis nombramientos claves del Supremo en plena tensión con el Gobierno. Y ahora los que parece que empiezan a reaccionar son los empresarios. En los últimos días hemos asistido a tres comunicados, tan claros como contundentes, de las principales asociaciones empresariales del país. Tanto CEOE, como la Cámara de España y el Círculo de Empresarios han expresado públicamente su defensa y lealtad al Rey, a la Monarquía, a la democracia y a la Constitución, al tiempo que expresan su profunda preocupación por las consecuencias económicas y sociales de la imagen de inseguridad jurídica y debilidad institucional que está transmitiendo el Gobierno de Sánchez a nivel internacional.

La actual legislatura presencia los intentos más evidentes hasta el momento de desprestigiar la Monarquía española. La semana pasada fue pródiga en ejemplos. En cuestión de días Felipe VI no sólo fue objeto de un escandaloso relegamiento, al impedirle el Gobierno asistir a la entrega de los despachos a los jueces en Barcelona.

El presidente Donald Trump tiene la intención de nominar a la jueza conservadora de la corte federal de apelaciones Amy Coney Barrett para llenar la vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, dijeron el viernes dos fuentes.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, tampoco asistirá al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de este viernes en Barcelona. Aunque su presencia estaba confirmada inicialmente, finalmente se ha excusado alegando problemas de agenda.

Prohibido asistir a un juicio sin pantalones o en pijama. Los abogados que participen en una vista a través de videoconferencia están obligados a llevar toga y las normas tradicionales, como si el proceso se celebrara de manera presencial. Así lo apunta el nuevo Código Deontológico de la Abogacía, que establece que a las nuevas tecnologías se les aplican todas las obligaciones tradicionales.

Comienza a cundir en el mundo jurídico la preocupación por la imposibilidad de manejar, en plazos razonables, el aluvión de litigios de todo tipo que se les avecina a partir del otoño. De hecho, en algunos ámbitos como los juzgados de lo Social, se rumorea que ya tienen instrucciones para programar juicios de carácter ordinario a partir de “junio de 2022”. Pero los mayores miedos se difunden entre funcionarios de los juzgados de lo Mercantil. “Nos espera una avalancha sin precedentes de procesos relacionados con liquidación de empresas, preconcursos de acreedores, despidos y todo tipo de ajustes”, comenta un magistrado, quien también se queja de que, casi dos meses después de terminado el estado de alarma, “aún hay carencia de medios”. En julio, el equipo del ministro Juan Carlos Campo consiguió sacar adelante en el Congreso la ley que reforzará los medios de los tribunales para hacer frente a los litigios relacionados con la crisis. Fuentes de la judicatura, sin embargo, aseguran que aún no notaron “ningún avance en su aplicación”.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado retirar del orden del día el debate y votación de los cinco nombramientos discrecionales que figuraban entre los asuntos a tratar en la reunión de hoy, correspondientes a tres plazas de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense.

Un total de doce autonomías ya han regulado el uso obligatorio de la protección facial con mascarillas para evitar los rebrotes del Covid-19, aunque se respete las distancia de seguridad de un metro y medio, tal y como establece la legislación estatal. que cuenta con numerosas lagunas legales, que dificultarán a las Administraciones el cobro de las multas que impongan, tal y como ya ocurrió con las sanciones impuestas por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy reanudar el proceso electoral para la renovación de los tres miembros judiciales de la Comisión de Ética Judicial cuyo mandato venció el pasado 9 de mayo.

Los bufetes de abogados muestran estos días su preocupación y alertan del caos que va a suponer la recuperación de los plazos administrativos y procesales (el 1 de junio) y los de prescripción y caducidad de derechos y acciones (el 4 de junio), tras el parón decretado por el Gobierno durante el estado de alarma.

La Comunidad de Madrid ha creado el Observatorio de Justicia y Competitividad, que se encargará de asesorar, elaborar informes y proponer medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia madrileña, incidiendo en la productividad, la competitividad y el crecimiento económico de la región.

El pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril. La norma se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Los juzgados de toda España iniciaron ayer su vuelta a la reactivación con la incorporación de entre el 30% y el 40% de las plantillas, lo que representa unos 16.000 funcionarios y cerca de 1.500 letrados de la administración de justicia, aunque la actividad sigue bajo mínimos, ya que no está previsto reactivar los plazos procesales hasta la última semana de mayo.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha expuesto hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el plan de desescalada en la Justicia que prepara el Gobierno para superar la crisis y que "se asienta en el consenso".

Un trabajador que se niega en reiteradas ocasiones a realizar el reconocimiento médico, a pesar de ser obligatorio para entrar en las instalaciones de la empresa por motivos de salubridad e higiene, puede ser despedido de forma procedente por el empleador.

Desde hace semanas en elEconomista venimos anunciando, a través de consultas con magistrados y catedráticos en Derecho Constitucional, que el Gobierno se está saltando el Estado de Derecho. Que está anulando leyes y leyes orgánicas con Reales Decreto-Ley y con simples órdenes ministeriales. Objetivo a estas alturas de muchos de los numerosos recursos civiles y contencioso-administrativos que se están preparando por plataformas civiles y despachos de abogados.