jubilaciones

La avanzada edad de buena parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y la escasa rotación y cobertura de plazas, especialmente complicada en el caso de los Inspectores, abre una espita sobre la capacidad a medio plazo de la Administración Central para controlar y vigilar las entregas y buen uso de los fondos europeos para la reconstrucción que irán llegando a España en los próximos años. Según los datos sobre la plantilla del Ministerio de Hacienda a los cuales ha tenido acceso elEconomista, la edad media de la fuerza laboral del organismo, tanto funcionarios como personal laboral, es de 54,2 años. Con esta situación, unido a la baja rotación de las plazas abre un horizonte de 10 años de tensionamiento de las cargas laborales, cuando comenzarán las jubilaciones en bloque del cuerpo funcionarial de Hacienda, en un momento crucial para la recuperación de la economía española tras la pandemia, que dependerá en buena medida de esa financiación procedente de la UE.

Con una constante preocupación sobre el sistema de las pensiones, 2022 volverá a traer de cabeza a la Seguridad Social y al Ministerio que encabeza José Luis Escrivá. Todo con el objetivo de seguir confiando un modelo estable, para lo que se han llevado a cabo una serie de reformas, que afectarán directamente a los nuevos jubilados que lleguen en los próximos meses.

El inicio de año suele ser de gastos más altos, derivados de los costes anuales así como de los pagos por Navidad que suponen la temible cuesta de enero. Sin embargo, hay un caso especial donde enero llega tradicionalmente con un ingreso extra denominado paguilla. Ocurre con las pensiones y para este 2022 será la última vez que se produzca tal pago.

En un intento de mejorar las pensiones, tan amenazadas en los últimos años, la conocida como 'reforma Escrivá' está llevando a cabo una serie de cambios sobre la Seguridad Social con el fin de facilitar el acceso a estas a todos los trabajadores. Un proceso por el que principalmente se llega a través del desarrollo de la vida laboral, pero al que también se puede acceder, en determinados casos, mediante un convenio especial.

Apenas pasó una semana desde que el Gobierno hizo su propuesta para afrontar el gran reto del sistema de pensiones: las jubilaciones de la generación del baby-boom.

La nueva propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá -que elevará 0,5 puntos las cotizaciones sociales para afrontar la jubilación de la generación del baby boom-, apenas cubrirá el 1,6% del déficit del sistema de pensiones durante la década dura que deberá absorver el impacto de la jubilación de esta generación. Según los datos de AIReF, las pensiones de estos españoles tensionarán el sistema con un desajuste de hasta 60.000 millones de euros al año. La propuesta de Escrivá recaudará solo 1.000 millones de euros año, según las estimaciones del Gobierno, pese al alza de las cotizaciones.

La propuesta inicial del Gobierno para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, ante el reto que suponen las jubilaciones de la generación del baby boom, sólo puede motivar severas críticas.

Una máxima que se reproduce de las desigualdades entre hombres y mujeres latentes en el mercado laboral es su posterior reflejo en el momento de la jubilación. De este modo, si la brecha salarial se sitúa en torno al 27%, la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres también asciende al 30%. En términos generales, estas cifras ya dan cuenta de cómo las dificultades de las mujeres para completar en la misma medida y cuantía la carrera laboral de los hombres, también impacta severamente en el plano de las jubilaciones anticipadas. Concretamente solo el 29,7% de los retiros previos a la edad legal de jubilación correspondieron a mujeres en el pasado 2020, de modo que siete de cada diez salidas prematuras del mercado laboral son causadas por hombres.

En los últimos años, la delicada situación financiera de la Seguridad Social ha aflorado como el principal reto que tienen tanto los partidos políticos como los actores sociales de cara a la futura sostenibilidad financiera de las pensiones en nuestro país. Este factor de reequilibrio de las Cuentas está presente en las primeras medidas que se han aprobado para la reforma y que ya han iniciado el proceso de aprobación en el Congreso de los Diputados, y también será un componente principal en la segunda fase de las negociaciones sobre la reforma que tendrá lugar el próximo año. Una fotografía fija de esta coyuntura económica de la Seguridad Social y de la travesía en el desierto de los último años se puede extraer del estado actual de la conocida como hucha de las pensiones, y más concretamente, de la evolución sufrida tras la anterior crisis económica. Así, el fondo de reserva de las pensiones acumula ya una década sin recibir nuevos ingresos, es decir, diez años sin sumar ni un solo euro a la hucha por la vía de los excedentes de cotizaciones.

Los esfuerzos del Gobierno por desincentivar la jubilación anticipada dan frutos. En los dos últimos años, el número de trabajadores que se retiraron antes de la edad legal bajó en 30.000 personas.

La reforma de pensiones que ha puesto en marcha el Gobierno traerá consigo medidas que, eventualemente podría impactar a la baja en la cuantía de las futuras prestaciones. La contención del gasto en esta partida, o al menos la consecución de suficientes ingresos para su pago, es uno de los objetivos que el Ejecutivo persigue con la reforma tal y como reclama la Comisión Europea a nuestro país en sus recomendaciones específicas. Sin embargo, las señales que arroja el sistema público apuntan a que la senda de gasto en la partida crecerá en los próximos años. Concretamente, las nuevas jubilaciones cuentan con pensiones que ascienden al 76% del salario medio de los españoles.

Los españoles veníamos imaginando que las jubilaciones había que pagarlas con dinero. Escrivá, ministro de Seguridad Social y de otros asuntos –inclusión y migraciones- ha revelado el secreto de su reforma de las pensiones: o todos pagamos más o algunos cobrarán menos. Esta audacia, sintetizada así, en tan clara disyuntiva, no es cosa de cualquier mente o de cualquier equipo técnico. Porque no todo el mundo puede concebir con acierto una reforma financiera que consista en ese planteamiento: o me dais más dinero o voy a tener que pagaros menos. No extraña a nadie que el señor Escrivá sea economista. Así ya se puede. Conocedor de los secretos financieros, después de estudios y análisis, tras el esfuerzo de su gabinete y poniendo al servicio del país todos sus conocimientos, el ministro nos ha dicho algo que no podíamos ni siquiera imaginar: o se consigue más dinero o se va a cobrar menos.

Lo que parecía un claro salvoconducto para el Gobierno que garantizaba el acceso a los fondos europeos para la reconstrucción económica se confirma: la reforma de pensiones es condición de Bruselas para la recepción de esta financiación para aplacar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Así lo reconoció el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, donde aseguró que este acuerdo alcanzado con los agentes sociales da respuesta a 12 de las 22 recomendaciones que los partidos elevaron al Ejecutivo tras el acuerdo en el pasado mes de octubre.

Lograr la libertad financiera una vez alcanzada la edad de jubilación parece algo difícil de construir, pero no imposible si se ahorra de forma sistemática y ordenada. Pero en esa obligación de sistematizar el ahorro, se necesita deconstruir la fórmula que muchos tienen en la cabeza de que hay que ahorrar con lo que sobra de restar los gastos a los ingresos. Según los expertos que participaron ayer en una jornada en la que se abordó la importancia de ahorrar a largo plazo y de prepararse para la jubilación, con la colaboración de Bestinver, la ecuación correcta es que a los ingresos hay que restarle el ahorro y, lo que queda, dedicarlo al gasto.

El mandado de José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estará marcado en buena parte por la reforma de las pensiones que engloba cambios en la cotización de los autónomos y en diferentes tipos de jubilación, que se verán modificados de forma sustancial entre 2021 y 2022.

El Gobierno es consciente del fracaso que ha supuesto en España el esquema de incentivos para alargar la vida laboral más allá de la edad de jubilación y ya prepara un rediseño de los mismos para favorecer el mantenimiento de los empleos de este perfil de trabajadores. Uno de estos es el perfilar una especie de cheque de un único pago que se realizaría en el momento de salida del mercado laboral, tras haber alargado la estancia en el puesto después de los 66 años -edad legal de retiro en 2021-. La medida, modificaría el cobro de esta mejora que prevé la Seguridad Social -de un 4% más en la cuantía de la pensión por cada año de estancia ampliada- de modo que en lugar de aplicarse a la cuantía de la pensión y sumarse a la misma, esta se mantenga y se proceda a un pago único por parte del Estado previo al retiro con todo el dinero acumulado en esa mejora según los años de alargue.

Cotizar y trabajar. Dos palabras que en el argot laboral van de la mano... aunque como en toda norma existe una excepción. Son los convenios especiales con la Tesorería de la Seguridad Social, los cuales permiten alcanzar o mejorar una jubilación. Eso sí, con determinadas condiciones no todo el mundo puede acceder a esta fórmula en la que se permite contribuir al pago del futuro sin estar empleado.

Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR, premiado al mejor plan de pensiones mixto por Morningstar por segundo año consecutivo, cerró 2020 con una rentabilidad del 4,74%. Arnau Guardia, su gestor, achaca su buen comportamiento a dos elementos: "el buen desempeño de la tipología de empresas en las que invertimos, donde predomina generalmente la resiliencia de los negocios y la visibilidad en resultados y, en segundo lugar, fuimos capaces proteger el capital en los momentos de mayor pánico en los índices de renta variable".

Ha surgido un nuevo foco de conflicto en la Mesa de Diálogo Social para la reforma de las pensiones en la que negocian el Ministerio de Seguridad Social con la patronal y los sindicatos. El titular del departamento, José Luis Escrivá, ha trasladado su voluntad de impedir por ley que los convenios colectivos prohiban a los empleados seguir en su puesto de trabajo una vez cumplan la edad legal de jubilarse, actualmente en 66 años.

El Gobierno nacional anunció que, de acuerdo a la fórmula jubilatoria votada el año pasado, los haberes aumentarán un 8,07% en marzo. Los funcionarios analizan sumarle un bono para que en el trimestre los montos le ganen a la inflación.

La progresiva estatalización de las rentas de los ciudadanos y la conversión en empresas quebradas de las que hoy tienen deudas, amenazan la sostenibilidad de la economía española. Esto implica no solo poner en cuestión el estado de bienestar, sino el riesgo de insolvencia del propio Estado.

El Gobierno seguirá dando aire a los autónomos más allá de los planes de ayudas específicos aprobados con motivo de la pandemia. Al menos esta es la previsión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien aseguró que la reforma del Reta en la que ya trabaja el Ejecutivo, tal y como adelantó elEcomomista, provocará la reducción de la cuota de unos 2,1 millones de trabajadores por cuenta propia. Un nuevo sistema, el de cotización en base a los ingresos reales, que según fuentes cercanas a estas negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, prevén que eche a andar en 2022.

Los españoles aportaron 1.327 millones de euros a los planes de pensiones del sistema individual el año pasado, la mayor cantidad desde 2009. Pero como sucede siempre, el 68% de todo ese dinero (906 millones de euros) entró en diciembre. No fue uno cualquiera: fue el último en el que los españoles pudieron descontarse con sus aportaciones hasta 8.000 euros en la base imponible del Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF), frente a los 2.000 euros a los que el Gobierno ha limitado esta ventaja este año.

Las jubilaciones anticipadas de los trabajadores españoles, la opción de retiro elegida por un 40% de ellos según el Banco de España, suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Unas aportaciones que deberían seguir realizando estos trabajadores pero que se frenan, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley, e implican una pérdida de ingresos que deja de recibir el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país.

La reforma de las pensiones avanza. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado ya su propuesta para negociar con los agentes sociales, en la que estaría incluida una subida de un 4% de la pensión por cada año completo cotizado más allá de la edad ordinaria de jubilación. Ahora el incentivo por seguir trabajando es de un 2% para los que tengan 25 años cotizados, del 2,75% con hasta 37 años y de un 4% con 37 años en adelante.

El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible. El Gobierno planea introducir algunos cambios para aliviarlo. La última propuesta pasa por aumentar los años de cotización para calcular las pensiones de 25 años a 35, lo que supondrá un 'recorte' a las nuevas pensiones en casi la totalidad de los casos. Ahora falta saber cómo se aplicará la variable desvelada ayer por la vicepresidenta Nadia Calviño, que aseguró que los años de cotización más negativos quedarán fuera del cálculo.

Anses sigue con los pagos de la AUH (Asignación Universal por Hijo), AUE (Asignación Universal por Embarazo) y AFH (Asignación Familiar por Hijo). Además se cobran las jubilaciones y pensiones que no superen los $21.393.

Banco Santander ha aceptado incluir a los trabajadores de entre 50 y 54 años en el colectivo prejubilable y ha anunciado a los sindicatos su intención de cerrar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en agosto y de abrir hasta 18 centros por el territorio nacional para externalizar a parte de la plantilla.

La jubilación es uno de los acontecimientos de nuestra vida. Un cambio sustancial para el que conviene ir preparándose a lo largo de los años: la incertidumbre sobre qué pasará en el largo plazo con las pensiones invita a ser precavidos...y también, a buscar toda la seguridad económica y financiera posible para garantizarse una vejez tranquila y sin sobresaltos.