jubilaciones

La sostenibilidad de las pensiones permanece en entredicho pese a los esfuerzos pedagógicos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para tratar de explicar que la situación de asfixia de las cuentas es coyuntural y que se puede resolver el problema del déficit en un plazo de cuatro años si se toman las medidas adecuadas. Buena parte de la recuperación financiera del Sistema se fía a una mejora del comportamiento del mercado laboral que incremente los niveles de ocupación en nuestro país una vez se supere el vendaval de la crisis económica provocada por la pandemia. Ahora bien, el Banco de España advierte que ni en el mejor de los casos, con un fortísimo repunte de la ocupación, se cubriría el déficit de las pensiones, más aún si tenemos en cuenta el efecto del aumento de la esperanza de vida.

El 41% de las personas que se han jubilado en España en los últimos diez años lo ha hecho con menos de 65 años, la edad legal actual, según los últimos datos de la Seguridad Social. En total, desde julio de 2010 a julio de 2020, en España se han tramitado 3,02 millones de altas de jubilación, de las que 1,24 millones -ese 41 %- eran de personas menores de 65 años, es decir serían anticipadas, tanto voluntarias como involuntarias, mientras que el 59 % restante, 1.782.865, tenían por encima de esa edad.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha trasladado al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, la necesidad de no aplicar coeficientes reductores en las pensiones de las personas con largas carreras de cotización.

La agenda vacía del ministro Castells

El 31 de julio el ministro de Universidades, Manuel Castells, se reunió con los sindicatos. Aquel fue su último acto oficial. Desde entonces su agenda está en blanco. No ha celebrado ningún acto más y de la hoja de ruta para retomar el curso universitario, ni rastro. De hecho, Castells no se ha pronunciado sobre el retorno a las clases académicas desde el pasado 24 junio. Ni que decir tiene que este largo periodo de descanso está siendo fuertemente comentado en la clase política. La mayoría no entiende cómo se permite a este ministro de Podemos “desaparecer” a pesar de la proximidad del inicio del nuevo curso universitario. Quizá todas esas críticas son las que han llevado al Ministerio a publicar ayer mismo en su cuenta de Twitter que Castells se reunirá con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a principios del mes de septiembre para abordar el inicio del próximo curso universitario. Un anuncio que, como es lógico, no ha callado las voces críticas, principalmente porque ni siquiera pone fecha a la comentada reunión. “Su publicación es un mero intento de evitar que haya más críticas a la inactividad de Castells. Es difícil esperar mucho cuando el curso empieza en octubre y no hay hoja de ruta”, aseguran desde la oposición. 

Los jóvenes o, mejor dicho, una parte creciente de los mismos, no están interesados en la política ni en los asuntos públicos. Ello se traduce una participación electoral menor que en otros segmentos de edad, lo que, a su vez, tiene importantes consecuencias políticas y económicas

Como se preveía la EPA del segundo trimestre refleja con claridad el tremendo impacto que el confinamiento y el parón económico han tenido en el mercado laboral, con la destrucción de más de un millón de empleos. Junto con las altas cifras del paro, existe una llamativa anomalía que se refleja en la última EPA.

El desequilibrio de las finanzas públicas que ha traído el coronavirus ha acentuado el miedo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ejemplo de ello es que la encuesta del Instituto BBVA de Pensiones muestra como el 35% de los jubilados o pensionistas declararon albergar algún temor a no recibir su pensión durante la crisis del Covid. El descenso del consumo en el confinamiento ha facilitado que los españoles ahorren más ante una situación de deterioro en las perspectivas económicas y laborales (la tasa de ahorro alcanzó su valor más alto de los últimos 16 años en el primer trimestre del año). Sin embargo, planificar la jubilación no ha sido la principal preocupación de los hogares españoles en el primer semestre del año y este colchón no ha servido para arrastrar más aportaciones a los planes de pensiones del sistema individual.

El Gobierno argentino incrementará las prestaciones por jubilación y el resto de prestaciones provisionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en un 6,12% a partir del próximo 1 de junio, según el decreto 495/2020 del Boletín Oficial.

BBVA Plan Telecomunicaciones (dos terceras partes son ya tecnología) se ha convertido en el mejor plan de pensiones a largo plazo, con un 13% de rentabilidad a 10 años y casi un 15% a 5 años. Su responsable explica que las compañías tecnológicas no tienen nada que ver con las de la crisis de la burbuja 'puntocom'.

En octubre se cumplen seis años de la entrada en vigor de la norma que limita la comisión de gestión de los primeros al 1,5%. El objetivo era elevar su atractivo, pero su menor exposición al mercado americano, más alcista en estos años, ha propiciado que su rentabilidad se quede atrás.

El Gobierno argentino anunció el lunes un aumento del 6,12% en las jubilaciones desde junio, en un intento por mantener el poder adquisitivo de un sector de la población muy golpeado por la inflación y por una crisis económica agravada por los efectos del coronavirus.

La ola del coronavirus también tendrá efectos devastadores para el sistema español de pensiones. El sobreendeudamiento del Estado para paliar los efectos de la pandemia y la profunda recesión que todos anticipamos mermarán aún más la ya de sí cuestionada capacidad de las cuentas públicas para garantizar el pago de las jubilaciones en los próximos años. Ante esta tesitura España sólo tiene un camino si quiere preservar el estado del bienestar: incentivar otros sistemas de ahorro, como los planes de empleo de empresas o los planes de pensiones privados.

El Congreso de la Nación argentino le dio media sanción al proyecto de ley que reforma las jubilaciones de jueces y diplomáticos, en un ambiente colmado por la polémica, y el presidente Alberto Fernández se manifestó al respecto.

La Cámara de Diputados argentina comenzará a debatir en plenario de comisiones el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos, en un marco en el que algunos magistrados esperan un dictamen para definir si renuncian o no.

Los sistemas de pensiones necesitan reinventarse en todo el mundo para que puedan seguir siendo viables ante los cambios demográficos y económicos, asegura David Bojanini, presidente del Grupo Sura, el mayor conglomerado de servicios financieros e industriales de Colombia y uno de los principales de América Latina.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una mujer a computar el tiempo en el que realizó el Servicio Social franquista para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para la jubilación anticipada, en la misma forma en la que se tiene en cuenta, a dichos efectos, el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria para los hombres. El fallo recuerda que la finalidad tanto del servicio militar como del Servicio Social de la Mujer fue similar, como un servicio obligatorio. En el caso de las mujeres se estableció como "deber nacional de todas las mujeres españolas en edad de 17 a 35 años", y estuvo en vigor hasta 1978.

El Gobierno anunció un incremento del 13% en la jubilación mínima desde marzo, quienes recibirán un alza mayor que con la fórmula de movilidad que había impuesto el expresidente Mauricio Macri. El aumento será escalonado, con lo que la variación será menor para los haberes más altos.

El presidente, Alberto Fernández, aseguró en un acto Hurlingham que “los jubilados van a tener su aumento y los medicamentos gratis que prometí”. Lo hizo minutos antes del anuncio en Casa de Gobierno donde confirmó un aumento del 13% en los haberes mínimos de jubilados.

Abordar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria es uno de los objetivos fijados para la sesión del próximo miércoles 29 de enero, de la Sala de la Cámara de Diputados.

Más de 14 millones de personas reciben un salario o una transferencia (pensiones, subsidio por desempleo y otras ayudas semejantes) de las Administraciones españolas. Se trata de un número muy abultado que supera en 530.000 individuos al total de asalariados del sector privado. Lo previsible es que esta diferencia vaya a más en el corto-medio plazo.

El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno aprueba una revalorización de las pensiones del 0,9%, cuantía casi idéntica al IPC de diciembre. Era un paso previsible ya que el presidente Sánchez aseguró el mes pasado que ésta sería su medida prioritaria. Además, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó en su toma de posesión que este tipo de subidas marcarán la tónica durante la legislatura, ya que el objetivo es volver a vincular las pensiones con la inflación.