jubilaciones

El Gobierno es consciente del fracaso que ha supuesto en España el esquema de incentivos para alargar la vida laboral más allá de la edad de jubilación y ya prepara un rediseño de los mismos para favorecer el mantenimiento de los empleos de este perfil de trabajadores. Uno de estos es el perfilar una especie de cheque de un único pago que se realizaría en el momento de salida del mercado laboral, tras haber alargado la estancia en el puesto después de los 66 años -edad legal de retiro en 2021-. La medida, modificaría el cobro de esta mejora que prevé la Seguridad Social -de un 4% más en la cuantía de la pensión por cada año de estancia ampliada- de modo que en lugar de aplicarse a la cuantía de la pensión y sumarse a la misma, esta se mantenga y se proceda a un pago único por parte del Estado previo al retiro con todo el dinero acumulado en esa mejora según los años de alargue.

Cotizar y trabajar. Dos palabras que en el argot laboral van de la mano... aunque como en toda norma existe una excepción. Son los convenios especiales con la Tesorería de la Seguridad Social, los cuales permiten alcanzar o mejorar una jubilación. Eso sí, con determinadas condiciones no todo el mundo puede acceder a esta fórmula en la que se permite contribuir al pago del futuro sin estar empleado.

Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR, premiado al mejor plan de pensiones mixto por Morningstar por segundo año consecutivo, cerró 2020 con una rentabilidad del 4,74%. Arnau Guardia, su gestor, achaca su buen comportamiento a dos elementos: "el buen desempeño de la tipología de empresas en las que invertimos, donde predomina generalmente la resiliencia de los negocios y la visibilidad en resultados y, en segundo lugar, fuimos capaces proteger el capital en los momentos de mayor pánico en los índices de renta variable".

Ha surgido un nuevo foco de conflicto en la Mesa de Diálogo Social para la reforma de las pensiones en la que negocian el Ministerio de Seguridad Social con la patronal y los sindicatos. El titular del departamento, José Luis Escrivá, ha trasladado su voluntad de impedir por ley que los convenios colectivos prohiban a los empleados seguir en su puesto de trabajo una vez cumplan la edad legal de jubilarse, actualmente en 66 años.

El Gobierno nacional anunció que, de acuerdo a la fórmula jubilatoria votada el año pasado, los haberes aumentarán un 8,07% en marzo. Los funcionarios analizan sumarle un bono para que en el trimestre los montos le ganen a la inflación.

La progresiva estatalización de las rentas de los ciudadanos y la conversión en empresas quebradas de las que hoy tienen deudas, amenazan la sostenibilidad de la economía española. Esto implica no solo poner en cuestión el estado de bienestar, sino el riesgo de insolvencia del propio Estado.

El Gobierno seguirá dando aire a los autónomos más allá de los planes de ayudas específicos aprobados con motivo de la pandemia. Al menos esta es la previsión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien aseguró que la reforma del Reta en la que ya trabaja el Ejecutivo, tal y como adelantó elEcomomista, provocará la reducción de la cuota de unos 2,1 millones de trabajadores por cuenta propia. Un nuevo sistema, el de cotización en base a los ingresos reales, que según fuentes cercanas a estas negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, prevén que eche a andar en 2022.

Los españoles aportaron 1.327 millones de euros a los planes de pensiones del sistema individual el año pasado, la mayor cantidad desde 2009. Pero como sucede siempre, el 68% de todo ese dinero (906 millones de euros) entró en diciembre. No fue uno cualquiera: fue el último en el que los españoles pudieron descontarse con sus aportaciones hasta 8.000 euros en la base imponible del Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF), frente a los 2.000 euros a los que el Gobierno ha limitado esta ventaja este año.

Las jubilaciones anticipadas de los trabajadores españoles, la opción de retiro elegida por un 40% de ellos según el Banco de España, suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Unas aportaciones que deberían seguir realizando estos trabajadores pero que se frenan, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley, e implican una pérdida de ingresos que deja de recibir el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país.

La reforma de las pensiones avanza. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado ya su propuesta para negociar con los agentes sociales, en la que estaría incluida una subida de un 4% de la pensión por cada año completo cotizado más allá de la edad ordinaria de jubilación. Ahora el incentivo por seguir trabajando es de un 2% para los que tengan 25 años cotizados, del 2,75% con hasta 37 años y de un 4% con 37 años en adelante.

El sistema de pensiones público se encuentra en tela de juicio de forma habitual. Las pensiones suponen un gasto que supera el 11% del producto interior bruto (PIB), pero lo más preocupante es la tendencia, que hace hoy de este un sistema insostenible. El Gobierno planea introducir algunos cambios para aliviarlo. La última propuesta pasa por aumentar los años de cotización para calcular las pensiones de 25 años a 35, lo que supondrá un 'recorte' a las nuevas pensiones en casi la totalidad de los casos. Ahora falta saber cómo se aplicará la variable desvelada ayer por la vicepresidenta Nadia Calviño, que aseguró que los años de cotización más negativos quedarán fuera del cálculo.

Anses sigue con los pagos de la AUH (Asignación Universal por Hijo), AUE (Asignación Universal por Embarazo) y AFH (Asignación Familiar por Hijo). Además se cobran las jubilaciones y pensiones que no superen los $21.393.

Banco Santander ha aceptado incluir a los trabajadores de entre 50 y 54 años en el colectivo prejubilable y ha anunciado a los sindicatos su intención de cerrar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en agosto y de abrir hasta 18 centros por el territorio nacional para externalizar a parte de la plantilla.

La jubilación es uno de los acontecimientos de nuestra vida. Un cambio sustancial para el que conviene ir preparándose a lo largo de los años: la incertidumbre sobre qué pasará en el largo plazo con las pensiones invita a ser precavidos...y también, a buscar toda la seguridad económica y financiera posible para garantizarse una vejez tranquila y sin sobresaltos.

La guerra de precios ha llegado a los planes de pensiones de la mano de los roboadvisors, que diseñan carteras construidas con productos de bajo coste. MyInvestor, el banco digital de Andbank, se estrenó el viernes en este terreno con el lanzamiento de dos planes automatizados, que tienen un coste total del 0,49% -el más bajo del mercado-. Con su oferta, el coste medio de los planes de pensiones de los roboadvisors, se queda en el 0,87% -de esta cifra, un 0,65% pertenece a la comisión de gestión, frente al 1,36% que cobran los planes de pensiones tradicionales de renta variable, según Morningstar-.

Rara es la entidad que no tiene activa una promoción para captar clientes para sus planes de pensiones. Las bonificaciones en metálico alcanzan el 5% para los traspasos más elevados, aunque hay alternativas para todos los bolsillos. Detrás de esos regalos en metálico hay una serie de cláusulas a aceptar que pueden restar atractivo a las ofertas.

La necesidad de ahorrar a largo plazo para complementar la entredicha pensión pública y hacerlo de la manera más eficiente posible dan sentido a las propuestas de los gestores automatizados en planes de pensiones, en los que los costes totales medios rondan el 0,99%. Además, la mayoría de sus planes logra rentabilidades más altas que sus respectivas categorías de Morningstar.

A día de hoy, los planes de empleo son un vehículo de ahorro al alcance de muy pocos. Solo uno de cada seis trabajadores en España dispone de uno. El Gobierno quiere impulsar su uso creando uno público, con costes competitivos, al que puedan adherirse las empresas. Y, por otro lado, resta atractivo a otra forma de ahorrar para la jubilación dejando todo el protagonismo a estos últimos, al reducir la cantidad deducible de la base imponible con las aportaciones a los planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000 euros.

Una vez más, he perdido la cuenta de las veces que ya van, se intenta embaucar, pueden utilizar como verbo “engañar”, a los ciudadanos aprovechándose de la falta de educación financiera existente en este país. Esta semana me llamó poderosamente la atención, la noticia publicada por este diario, sobre el super-fondo de pensiones público para el sistema de empleo.

El Gobierno anunció la nueva forma de movilidad jubilatoria tras una reunión que tuvo el oficialismo en el Ministerio de Economía. Se impulsará que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y recaudación como la última fórmula del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que tuvo vigencia entre 2008 y 2017. Entrará en vigencia a partir del 2021.

El Pacto de Toledo ha llegado este viernes a un acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones en España tras cuatro años de duras negociaciones sobre cómo revertir la situación financiera que afronta la Seguridad Social con un déficit estructural y una senda de gasto ascendente que compromete la sostenibilidad a futuro del Sistema. El anterior pacto alcanzado en esta Comisión para reformar las pensiones se dio hace ya 9 años con el PSOE en el Gobierno.

Se rompe la máxima de que los españoles siempre dejan para el último momento su aportación al plan de pensiones. Por primera vez desde 2008, estos vehículos de ahorro han conseguido entradas netas de dinero entre julio y septiembre, y también en el acumulado de los nueve primeros meses del año. Un cambio de tendencia que se produce justo cuando el Gobierno perfila una reforma que baraja eliminar la ventaja fiscal de los planes de pensiones, con la que el inversor puede desgravarse las aportaciones realizadas por un máximo de 8.000 euros en su declaración. Pero también cuando la incertidumbre que rodea a la economía española es máxima a medida que crecen los rebrotes.

Con el Pacto de Toledo al borde del acuerdo para las recomendaciones de la reforma de pensiones, habrá algunas cuestiones que eleve la Comisión que deberán someterse a examen durante los próximos meses, como la despenalización de las carreras de cotización de 40 años o más. Concretamente, los partidos políticos impondrán un plazo de tres meses al Gabinete de José Luis Escrivá para analizar el impacto presupuestario que supondría abrir la puerta para la entrada en el sistema de jubilaciones de estos trabajadores con largas vidas laborales. Si bien, los expertos consultados por elEconomista ya advierten de que una medida en este sentido a las bravas, que inicie una sangría de prejubilaciones, supondría un estocazo a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, que ya carga cada año con un déficit de 18.000 millones de euros y que este año se irá a los 25.000 millones por el impacto de la pandemia.

No es un año fácil de mercado. La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha teñido el marcador de rojo de muchos activos, lo que ha afectado, también, a las rentabilidades que acumulaban los planes de pensiones. Hasta agosto, los del sistema individual perdían de media un 0,9% en el último año. A cierre de septiembre, las pérdidas se han ampliado hasta el 2,3% en el mismo periodo. Es más de lo que se dejan otros vehículos de ahorro, como son los fondos de inversión, que se apuntan números rojos del 1,62%.

La mayor caída del Ibex 35 este año frente al resto de plazas europeas penaliza también a los productos de ahorro pensados para la jubilación. Así, mientras Plancaixa Tendencias, un plan global, gana un 2,7% en 2020, Santander Renta Variable España cede un 33,66%.

Las dificultades de RTVE en Cataluña

Uno de los grandes objetivos que Rosa María Mateo tenía de cara a la nueva temporada de RTVE era convertir la cadena en la "bestia negra de TV3" en Cataluña. Con esa idea, la administradora provisional del ente público y el director de Información y Actualidad, Enric Hernández, potenciaron la programación en catalán, reformaron los informativos territoriales e idearon programas específicos matinales para competir con TV3. Pues bien, el resultado de ese esfuerzo solo puede ser calificado como desastroso. Sirva como ejemplo que la gran apuesta de TVE Cataluña para competir con TV3, el matinal Cafè d'idees que se emite de lunes a viernes de 8.00 a 10.00 horas en La 2, es seguido por unos 7.000 espectadores. Mientras, que Els matins de TV3 congrega a más casi 150.000 al otro lado de la pantalla. Ni siquiera la entrevista realizada a Carles Puigdemont la pasada semana en Café d'idees logró mejorar la cuota, al tener el espacio una medida de poco más de 1.000 espectadores. Algo similar ocurre con los informativos territoriales, que han adelantado su emisión y reducido su duración para rivalizar con los de TV3. De nuevo, el resultado ha sido desastroso pasando de una cuota de pantalla del 5% el pasado año a poco más del 1% actual. "Las cifras de audiencia son ridículas", se quejan desde TVE en Cataluña.

La sostenibilidad de las pensiones permanece en entredicho pese a los esfuerzos pedagógicos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para tratar de explicar que la situación de asfixia de las cuentas es coyuntural y que se puede resolver el problema del déficit en un plazo de cuatro años si se toman las medidas adecuadas. Buena parte de la recuperación financiera del Sistema se fía a una mejora del comportamiento del mercado laboral que incremente los niveles de ocupación en nuestro país una vez se supere el vendaval de la crisis económica provocada por la pandemia. Ahora bien, el Banco de España advierte que ni en el mejor de los casos, con un fortísimo repunte de la ocupación, se cubriría el déficit de las pensiones, más aún si tenemos en cuenta el efecto del aumento de la esperanza de vida.

El 41% de las personas que se han jubilado en España en los últimos diez años lo ha hecho con menos de 65 años, la edad legal actual, según los últimos datos de la Seguridad Social. En total, desde julio de 2010 a julio de 2020, en España se han tramitado 3,02 millones de altas de jubilación, de las que 1,24 millones -ese 41 %- eran de personas menores de 65 años, es decir serían anticipadas, tanto voluntarias como involuntarias, mientras que el 59 % restante, 1.782.865, tenían por encima de esa edad.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha trasladado al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, la necesidad de no aplicar coeficientes reductores en las pensiones de las personas con largas carreras de cotización.

La agenda vacía del ministro Castells

El 31 de julio el ministro de Universidades, Manuel Castells, se reunió con los sindicatos. Aquel fue su último acto oficial. Desde entonces su agenda está en blanco. No ha celebrado ningún acto más y de la hoja de ruta para retomar el curso universitario, ni rastro. De hecho, Castells no se ha pronunciado sobre el retorno a las clases académicas desde el pasado 24 junio. Ni que decir tiene que este largo periodo de descanso está siendo fuertemente comentado en la clase política. La mayoría no entiende cómo se permite a este ministro de Podemos “desaparecer” a pesar de la proximidad del inicio del nuevo curso universitario. Quizá todas esas críticas son las que han llevado al Ministerio a publicar ayer mismo en su cuenta de Twitter que Castells se reunirá con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a principios del mes de septiembre para abordar el inicio del próximo curso universitario. Un anuncio que, como es lógico, no ha callado las voces críticas, principalmente porque ni siquiera pone fecha a la comentada reunión. “Su publicación es un mero intento de evitar que haya más críticas a la inactividad de Castells. Es difícil esperar mucho cuando el curso empieza en octubre y no hay hoja de ruta”, aseguran desde la oposición.