El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, valoró la propuesta realizada por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, en el marco de la Enade 2021, quien propuesto discutir un ingreso mínimo garantizado que sea "progresivo y que sustituya algunas ayudas del Estado".
Cuando le preguntas, a bocajarro, cómo se siente alguien que va a pasar a la historia como el autor de los presupuestos más longevos de la democracia, sonríe y dice que nunca pensó que eso pudiera ocurrir y califica de "anomalía democrática" que un gobierno utilice las cuentas de otro ideológicamente diferente. Desde el,confinamiento apenas ha salido de la su casa en la Sierra de Guadarrama, ejerce de abuelo, da esporádicamente alguna clase puntual, atiende a los medios de comunicación y tiene tiempo libre, algo impensable en quien fuera nada menos que durante 11 años el súperministro de hacienda que más tiempo ostentó esa cartera.
La Seguridad Social deja sin revisar el 80% de las solicitudes para cobrar el ingreso mínimo vital. Era previsible que la demanda de dicha ayuda desbordara las capacidades de esta Administración, tratándose de un subsidio vitalicio con un universo potencial de beneficiarios que asciende a dos millones de personas.
La Seguridad Social ha dado cuenta del estado de la cuestión en lo que a la gestión de ingreso mínimo vital se refiere y las cifras denotan las dificultades y el cuello de botellas que se está viviendo en las oficinas del INSS por la avalancha de solicitudes. Según el ministerio liderado por José Luis Escrivá hasta finales de agosto se han recepcionado en las oficinas de las Seguridad Social 750.000 solicitudes de ingreso mínimo, de las que ha sido analizadas 143.000 y aprobadas 80.000 peticiones. Ello supone que de todas las solicitudes se han revisado solo el 19% de ellas, y se han aprobado un 10%. Si atendemos a los expedientes que han sido analizados el 56% de ellos han terminado por aprobarse. Unas cifras, no en vano, escasas, tal y como critican las asociaciones de servicios sociales y los sindicatos y que responden a la incapacidad por parte de los funcionarios de atender el elevado volumen de operaciones acumuladas en pocas semanas, desde que se puede pedir la nueva prestación.
En las primeras semanas del ingreso mínimo vital se han producido ciertas disfunciones que provocaron el pago por duplicado de la renta mínima, concretamente de la paga autonómica por un lado y del ingreso mínimo concedido por la Seguriad Social. Pero la recuperación, o no, de estas ayudas duplicadas recaerá directamente en cada región. Como explican fuentes del ministerio del ramo la ayuda estatal es un suelo homogéneo para todo el territorio y las pagas autonómicas de inserción sirven para completar en según qué medida este ingreso mínimo vital del Gobierno para mejorar la situación financiera de los beneficiarios.
El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciado que el Govern presentará un recurso de inconstitucionalidad para poder gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV): "Las competencia de prestaciones no contributivas son de la Generalitat", ha subrayado el conseller.
Más de 400.000 hogares han solicitado el ingreso mínimo vital (IMV) de forma telemática desde que se abrió el plazo para pedirlo, a mediados de junio, ha explicado este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Estas peticiones telemáticas forma parte de la segunda fase de implementación de la nueva prestación aprobada por el Gobierno. | ¿Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital?
Los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha han corregido con contundencia las declaraciones del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre los posibles efectos nocivos que puede tener el ingreso mínimo en la proliferación de economía sumergida. "La configuración de esta medida, precisamente, ayuda a evitar que no haya un repunte de la economía sumergida, que actualmente roza el 25% del PIB", indican los técnicos de Hacienda, sobre el diseño de la nueva prestación, cuya precisión podría, lejos de incrementarla, reducir los elevados niveles de economía informal.
La decisión de la Administración central de permitir el teletrabajo de sus funcionarios para el cuidado de familiares y para mejorar la conciliación personal abre la puerta a que el resto de empleados públicas de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos accedan también al trabajo desde sus domicilios. Varios Ayuntamientos han anunciado ya que prorrogan el teletrabajo y ha acelerado los planes laborales para implantar este tipo de medidas.
Sánchez tiene un problema y lo sabe. No tiene mayoría para aprobar los Presupuestos del próximo año. Hasta ahora los gobiernos de turno suelen obtener los apoyos a las Cuentas Generales haciendo concesiones a derecha ó izquierda. Pero este año hay un problema, el dineral extra gastado es tal (más de 50.000 millones) que no queda liquidez en la caja para repartir. Atraer a Torra ó a ERC a golpe de talonario se torna asunto complicado. El presidente de la Generalitat exige, nada más y nada menos, que 15.000 millones al Estado. Una cantidad equivalente a la suma de todo el fondo para las comunidades autónomas.
Este lunes 15 de junio se inicia el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, la nueva prestación aprobada por el Gobierno para "reducir el nivel de pobreza y exclusión", según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El nuevo ingreso mínimo vital recibió esta semana la aprobación del Congreso y todo está listo para que su primer desembolso llegue a partir del próximo día 21. Sale así adelante un nuevo subsidio estatal sin que se resuelvan sus numerosos puntos negros, muchos evidentes desde antes de la discusión parlamentaria.
El presidente del PP, Pablo Casado, parece haber recogido el guante que hace unos días lanzó el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, de aceptar una prórroga de seis meses para trabajar en el acuerdo sobre la Reconstrucción de España. ¡Medio año sin crispar al personal!
En poco más de dos semanas, el Estado acometerá el primer pago del ingreso mínimo vital. Desde entonces, la Administración central tendrá que asumir una prestación que todas las autonomías, sin excepción, sufragaban desde hace años.
El simulador web puesto en marcha por la Seguridad Social para que los ciudadanos puedan comprobar si cumplen los requisitos para percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a cuánto ascendería su prestación recibió cerca de un millón de consultas en las primeras 24 horas de funcionamiento.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha insistido este miércoles en defender el acuerdo alcanzado con el País Vasco y Navarra para la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) y ha restado importancia a las críticas de algunos presidente autonómicos que reclaman el mismo trato.
Las infracciones en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tendrán como responsables no solo a los beneficiarios de la prestación, sino también a otros miembros de la familia y otras personas que pudieran haber cooperado, en aras de luchar contra la economía sumergida.
El Gobierno estudiará, a partir de 2021, establecer convenios con comunidades autónomas para que gestionen la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según publica este lunes por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ahora, para la gestión del Ingreso Mínimo Vital -aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y cuya reglamentación se ha detallado este lunes- se han firmado convenios con País Vasco y Navarra.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó la creación de un "ingreso familiar de emergencia" para mitigar el impacto económico de la pandemia del coronavirus en los hogares chilenos.
