independentismo

El radicalismo de Borrás molesta hasta en Junts

El nombramiento de Laura Borràs como presidenta del Parlament de Cataluña no ha servido para apaciguar su radicalismo independentista. Muy al contrario, en los meses que lleva al frente de la cámara catalana, Borràs ha protagonizado actuaciones polémicas, como expulsar a diputados constitucionalistas, desobedecer a la Justicia con la inhabilitación del cupero Pau Juvillà o, más recientemente, exigir la intervención de la escuela de Canet de Mar donde se impartía un 25% de las clases en castellano. Esto última le ha valido un sonoro encontronazo con el president Pere Aragonès. Pero fuentes políticas catalanas desvelan que el radicalismo de Borràs está empezando a cansar hasta en su formación política. "Va a lo suyo y eso está molestando a buena parte de Junts. De hecho solo miembros de la vieja guardia, como Quim Torra, aprueban su estilo agresivo", dicen en el entorno del partido independentista. Las fuentes añaden que hasta Elsa Artadi, que pertenece al núcleo duro de Carles Puigdemont, está ya abiertamente enfrentada a Borràs. "Se está quedando sin apoyos", avisan desde Junts.

¿Cuál es la 'tabla de salvación' de la ANC? El independentismo ha hecho de la progresiva eliminación del castellano en sus escuelas su más reciente caballo de batalla. Tanto es así que la Generalitat de Cataluña ha organizado una cumbre para hoy jueves con la comunidad educativa para preparar la manifestación multitudinaria del próximo sábado en protesta por la sentencia de la Justicia catalana, que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano. Cuentan que no solo el Govern trabaja con el objetivo de que el secesionismo vuelva a tomar las calles. Organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) también están poniendo todo su empeño en este asunto. De hecho, fuentes cercanas a la presidenta Elisenda Paluzie desvelan que para la ANC la protesta del sábado puede ser "su tabla de salvación". "Los últimos actos organizados, como la Diada, se han saldado con sonoros fracasos de asistencia. Pero se espera que el poder de convocatoria de la ANC regrese con fuerza con el tema educativo", dicen en el entorno independentista. Las fuentes añaden que la propia Paluzie está trabajando codo con codo con el Govern para lograr que la convocatoria sea un "éxito total".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a mantener al menos un 25% de clases en castellano en los colegios catalanes fue recurrida por la propia Generalitat ante el Tribunal Supremo que, ahora, inadmite el recurso y da firmeza a la sentencia recurrida. Pero las autoridades catalanas han señalado que no la acatarán. Es un desafío al Estado de Derecho. Es un insulto al orden constitucional. Es un intento de degradar a las instituciones y de chulear al poder judicial. Es una manera de presumir de bíceps político. Es vejatorio para el país. Es también una fanfarronería de malote de patio de colegio o de patio carcelario porque los responsables del improbable incumplimiento serían también responsables penales de un delito. La sentencia se cumplirá, aunque con exhibición de trampas y negativas personalistas que traten de identificar esa molesta terquedad con la resistencia heroica ante el Estado opresor. O no se cumplirá, porque hace ya seis años que el Tribunal Supremo se pronunció en el mismo exacto sentido y no se cumplió y aquí no ha pasado nada. España es un país sin ley donde los ciudadanos dan poca importancia a lo que de verdad importa.

La nueva, y costosa, Acción Exterior catalana

El Presupuesto de la Generalitat de Cataluña para 2022 incluye un incremento para las “embajadas catalanas” en el exterior. En concreto, la partida para estas delegaciones aumentará un 80%, hasta los casi 9 millones de euros. Pero además de contar con más recursos, se comenta que Acción Exterior, la Consejería responsable de la promoción del procés en el extranjero, planea un cambio de estrategia. Por lo que se dice, la acusación de malversación realizada por el Tribunal de Cuentas a 40 exaltos cargos del Govern, relacionada con la promoción exterior del independentismo, va a cambiar el modus operandi del departamento liderado por Victòria Alsina. Fue precisamente esta consejera la que dio una pista hace meses en una entrevista al asegurar que “las actividades sin coste registrado no se pueden imputar”, en especial las reuniones a distancia a través de medios como Zoom. Lejos de ser un comentario casual, en círculos políticos catalanes cuentan que el nuevo “Diplocat será más digital” y que existe toda una estrategia para poner las nuevas tecnologías al servicio de la propaganda independentista. “El Govern necesita que la acción exterior sea más difícil de rastrear, aunque seguirá saliendo muy cara”, añaden fuentes políticas catalanas.

Alarma en el secesionismo tras sus últimos fiascos

Tras el pinchazo de la pasada Diada, el independentismo tenía puestas todas sus esperanzas de recuperar poder de convocatoria con los actos realizados en conmemoración del cuarto aniversario del 1-O. Con el objetivo de incrementar la “pobre” cifra de 400.000 asistentes a la Diada, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y políticos como la presidenta del Parlament, Laura Borràs, habían hecho un llamamiento al secesionismo para “recuperar la fuerza en las calles e implementar el resultado del referéndum”. A pesar de las llamadas a la movilización, solo 7.000 manifestantes secundaron los eventos conmemorativos del referéndum ilegal. Ni que decir tiene que este “nuevo pinchazo” preocupa en los cuarteles generales secesionistas, especialmente en la ANC. De hecho, cuentan que su presidenta, Elisenda Paluzie, ya muestra, sobre todo en privado, un “importante malestar” por las raquíticas cifras de asistentes. Es más, cuentan que este nuevo fracaso hace pensar a los líderes secesionistas que afrontan un problema ya serio de pérdida de poder de convocatoria.

Hasta la inclusión del delito de odio en el Código Penal uno creía que los códigos penales castigaban hechos, y el odio no es un hecho, sino un sentimiento. Pero ese delito de odio no castiga el sentimiento de odiar sino la incitación al odio. Así está especificado en el artículo 510 del Código Penal que contiene una redacción premiosa, con 76 palabras entre punto y punto. Se castiga a “quien, públicamente, fomente, promueva o incite al odio”. Se cita, expresamente, “el desprecio a los miembros de una etnia, raza o nación, las personas de un sexo o de una forma de orientación sexual”. No queda claro, sobre todo, por qué el odio parece circunscribirse a grupos étnicos, a las mujeres y a los homosexuales y no se entiende por qué no se incluyen otras formas de odio. Por otro lado, el odio hacia los homosexuales se tilda de “homofobia”. Es un absurdo palabro, pues “homo” quiere decir “igual o semejante” y “fobia” es tanto como odio. Parece que se teme llamar a las cosas por su nombre.

He aquí el tinglado de la antigua farsa. La frase con que Jacinto Benavente inicia el acto primero de sus inmortales intereses creados sirve para definir lo que está ocurriendo con la llamada Mesa de Diálogo de Cataluña qué, a fuerza de antigua, insólita y sumamente larga está pasando de farsa a culebrón, y cuyo último episodio ha sido la exhibición de ingenuidad, ceguera o de docilidad demostrada por los barones territoriales del PSOE dando el beneplácito a esa negociación bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña sólo aceptando la palabra de Sánchez de que la Mesa no supondrá discriminación alguna hacia las otras autonomías del Estado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha desvinculado este miércoles la mesa de diálogo con el Gobierno central del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque ha señalado que "todo ayuda".

El independentismo se movilizará este sábado con motivo de la Diada del 11 de Septiembre y lo hará con la vista puesta en la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno prevista para la semana que viene, que genera tensiones y discrepancias entre los partidos y entidades favorables a la independencia de Cataluña.

Con el anunció de Raquel Sánchez, ministra de Transportes, sobre la suspensión del plan de ampliación del Aeropuerto del Prat, termina el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat logrado hace a penas 5 semanas. Aunque ya hace tiempo que la política nos tiene acostumbrados a los cambios de criterio y al donde dije digo digo diego, la decisión de ampliar el aeropuerto de la capital catalana es uno de esos proyectos que no puede tomarse tan a la ligera, ya que, de llevarse a cabo, tendría una repercusión en la economía catalana y española durante décadas.

Inversión para mejorar la imagen de Marlaska

Es ya público que el Ministerio del Interior gastará medio millón de euros para incrementar y mejorar su presencia en las redes sociales. Hasta ahora, el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska presentaba perfiles en cuatro entornos sociales: Facebook, Twitter, Flickr y YouTube. Pero el uso y aprovechamiento que hace de algunos de ellos era, a todas luces, escaso. Un buen ejemplo es Flickr, donde la última instantánea del Ministerio data de 2018, o Facebook, donde la publicación más reciente de Interior está fechada en enero de 2020. Esta baja utilización contrasta con las de otros organismos que dependen del Ministerio, como la Guardia Civil o la Policía, que sí sacan partido a sus perfiles en redes y se encuentran incluso entre los más populares para los internautas españoles. Con todo, en círculos políticos se comenta que el verdadero objetivo de este nuevo contrato no es aprovechar mejor las oportunidades que las redes sociales ofrecen al Ministerio, sino “limitar y paliar” el desgaste que acumula el propio ministro Marlaska. Tras polémicas como la referida a la devolución de menores a Marruecos, “su popularidad está en horas muy bajas”, añaden.

Críticas a la “tranquilidad” de Manuel Castells

Recientemente, el ministro de Universidades Manuel Castells se mostró en público satisfecho del desarrollo del curso universitario 2020-2021, a pesar de la pandemia. Pero también hacía una llamada a la cautela al respecto del próximo año académico. En concreto, el ministro dijo que “hay que tener mucho cuidado, no hacer como si el virus se hubiera ido, el virus no se ha ido”. A pesar de ello, el ministro ha decidido demorar la reunión de expertos y la toma de decisiones, para definir las medidas anti-Covid de cara al próximo curso universitario, hasta finales de agosto. Fuentes relacionadas con la educación superior avisan de que esa demora es muy peligrosa. “Dejará muy poco margen para aplicar los protocolos que tengan que regir en el arranque de las clases”, dicen desde una facultad. Las mismas fuentes no se explican “la tranquilidad del ministro ahora que se ha demostrado la alta incidencia que el virus tiene entre los jóvenes”. Por lo visto, el Ministerio ya es conocedor de estas quejas, pero se escudan en las continuas variaciones de las tasas de contagios para mantener la fecha de la reunión a finales de agosto. “Esto cambia cada minuto”, dicen que fue la frase de Castells cuando se le trasladó la inquietud en el ámbito universitario.

Críticas a la inactividad de Alberto Garzón

A pesar de que las quinielas le situaban en la rampa de salida del Ejecutivo, Alberto Garzón mantiene su lugar en el Consejo de Ministros. Con todo, fuentes cercanas a Moncloa consideran injusto que el ministro de Consumo haya salido indemne de la reciente crisis de Gobierno. Estiman que las polémicas gratuitas creadas por el ministro con el sector turístico y, más recientemente, con su ataque al consumo de carne, eran motivos más que suficientes para que Pedro Sánchez prescindiera de sus servicios. Máxime tras la propia desautorización del propio presidente del Gobierno con la frase el “chuletón al punto no tiene rival”. Pero, además, las fuentes aseguran que Garzón “mantiene una escandalosa inactividad que se ha acrecentado en los últimos tiempos”. Recuerdan que a lo largo de la legislatura el Ministerio de Consumo no ha presentado medida, decreto o acuerdo alguno durante siete meses. “En 2021, resulta especialmente manifiesta la inactividad”, dicen en el entorno del Ejecutivo. Por si fuera poco, sus críticos recuerdan que Garzón es, junto a Manuel Castells, el ministro que tiene una agenda mediática más despejada. “Alrededor de la mitad de los días no tiene ninguna cita. Es sorprendente para un ministro cuyo sector está en el centro de la crisis”, dicen.

Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.

No es posible aún saber cómo terminará la causa abierta por el Tribunal de Cuentas a 40 exaltos cargos de la Generalitat por presunta malversación en la llamada Acción Exterior de la Generalitat. Sin embargo, el actual Govern ha tomado ya nota sobre la necesidad de cambiar de estrategia en la promoción en otros países del procés, para así evitar más “costes asociados” (ése es el eufemismo con el que internamente se refieren a la posible condena del Tribunal de Cuentas). Fue precisamente la nueva consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina, quien dio pistas en una reciente entrevista, al asegurar que “las actividades sin coste registrado no se pueden imputar”, en especial las reuniones a distancia a través de medios como Zoom. Lejos de ser un comentario casual por parte de Alsina, en círculos políticos catalanes se comenta que el nuevo “Diplocat será más digital” y que existe toda una estrategia para poner las nuevas tecnologías al servicio de la propaganda independentista. Fuentes de la oposición en el Parlament advierten de que “hay que tomar en serio las palabras de la consellera”. “No renunciarán a abrir pseudo-embajadas y a pagarles viajes al exterior a sus altos cargos, pero necesitan también recurrir a actividades cuya responsabilidad sea más difícil de rastrear, como campañas en internet, foros y congresos virtuales favorables al independentismo. Para todo eso las nuevas tecnologías son perfectas”, añaden esas mismas fuentes.

La expresión de origen latino "pan y circo" se utiliza para describir la práctica de los Gobiernos para mantener tranquila a la población y ocultar hechos controvertidos, injustos o ilegales. Argucia muy utilizada durante el franquismo cuando para ocultar protestas sindicales, condenas políticas o la falta de libertades se programaban corridas de toros, partidos de fútbol o se soltaba al Lute. Algo en lo que, como en tantas otras perversiones de la dictadura, han salido alumnos aventajados Sánchez, su Gobierno y sus apoyos de la Frankenstein. Especialmente en lo del circo, con la decisión de vuelta al público a los campos de fútbol y con el telón de fondo de la Eurocopa, porque pan no pueden ni saben darle al ciudadano -ahí están las colas del hambre que ni les ocupan ni remedian- y lo sustituyen por parches como esa rebaja tramposa en el recibo de la luz.

Hace ya mucho tiempo que no está en la primera línea política y procura, sin conseguirlo, mantenerse alejado de los focos y las cámaras, pero sigue teniendo una actividad frenética y una opinión precisa y perfectamente conformada de todos los temas de la actualidad política tanto de nuestro país como de su partido. Siempre que le preguntas insiste en que es un militante de base más "sin mando en tropa", pero son muchos los que siguen recabando su opinión en estos tiempos revueltos y de hecho una vez por semana, como una especie de ritual, mantiene un encuentro con destacados socialistas o dirigentes de otros partidos e instituciones, todavía muy activos en la cosa pública.

El asunto de los indultos está produciendo una notable polarización en una opinión pública ya muy polarizada en torno a otros temas. La polarización oculta una realidad bastante más compleja y dificulta la argumentación racional en el espacio público, lo que debe ser subrayado y lamentado.

Más filosofía del Derecho, que Derecho constitucional o positivo, queda hacer, expresando sensaciones como jurista, ante los indultos. La sensación es de cierta derrota y de cierta humillación. De que incluso el político Junqueras tiene razón cuando dice que el indulto es muestra de la debilidad del Estado español. El problema de fondo de los indultos parte en efecto de la especial debilidad del Estado, en el exterior y hacia el interior. Hemos construido un sistema jurídico a base de debilitar al Estado. Los indultos es una muestra más. El quid más bien debería estar en empezar a tomar decisiones importantes, de profunda reforma constitucional, para fortalecer al Estado, volviendo al modelo francés. De lo contrario, el separatismo irá avanzando al paso que el Estado será cada vez más débil. Los indultos es más de lo mismo. No es nada nuevo. Todavía hablamos de progreso... y lo único que hemos creado desde hace décadas es un Estado de adeptos al separatismo. ¿Y cuando todos en Cataluña, y no solo el cincuenta por ciento, se integren bajo la política dominante “de la integración”? El caso es que, según aumenta dicha política, más desaparece el constitucionalismo. Pero el objetivo se ha logrado: la derecha constitucionalista desaparece en ciertos territorios. Todos felices. Lo importante es que estos partidos tengan menos votos que ERC... No solo obtienen la victoria de los indultos. Han ganado incluso la batalla de la imagen. Y es que, en el Estado español, llega a tener mejor imagen un separatista que una persona de derechas que defienda los valores unitarios. No hay más que observar el trato de los medios hacia unos y hacia otros.

La junta editorial del Financial Times defendió la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los nueve líderes del procés. En un editorial titulado: "Los indultos catalanes ofrecen una oportunidad de reconciliación", el rotativo considera que Sánchez ha hecho bien "en buscar una salida a la parálisis política y a la división social".

Culminado el indulto por el gobierno de España a los líderes del golpe de Estado separatista del otoño 2017, cavilemos sobre cuáles pueden ser sus efectos.

Desde Bruselas, donde pasa la mayor parte de la semana, Dolors Montserrat, portavoz del Grupo Popular español en el Parlamento europeo, y conocedora por tanto de los nuevos fondos que España empezará a percibir a partir del próximo mes de julio, ha concedido esta entrevista a elEconomista para conversar de los temas de más candente actualidad. Sin censuras y con claridad, claro que intentando no entrar en charcos, la dirigente catalana opina, entre otros asuntos, de los indultos, de la presencia de Casado en Barcelona la semana pasada, de la gestión de las ayudas, de los controles de Europa o de los compromisos que habrá de cumplir el Gobierno de Pedro Sánchez para que los 140.000 millones de euros no acaben emulando al relato berlanguiano del magnífico filme, Bienvenido Mister Marshall.

El presidente del Cercle d'economia, Javier Faus, ha subrayado este domingo que la institución que dirige está a favor de indultar a los condenados por secesión en Cataluña, al considerar que la confrontación está ocasionando a las empresas "un coste económico" porque "política y economía no están desligadas". "Consideramos que la estabilidad política tiene un valor económico en sí misma", ha apuntado.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el foro judicial independiente instan en un comunicado conjunto al Gobierno, a que, como responsable de la política internacional del Estado, despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de resolución, aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa, que viene a reprobar que los políticos sean enjuiciados por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones.

La política es en la mayoría de los casos un acto de permanentes liturgias, exhibición de panoplias y puestas en escena donde la propaganda esconde la falta de ideología y la ausencia de determinación. El problema es cuando resulta tan evidente la primera parte frente a la segunda, dejando a la luz la obscenidad intelectual de algunas actuaciones. Un ejemplo manifiesto fue el encuentro que tuvo lugar ayer en las instalaciones de la Otan (Bruselas) donde el presidente español, Pedro Sánchez, salió en busca del mandatario estadounidense, Joe Biden. Veinte metros caminando y algo más de 40 segundos de fugaz conversación, hasta que una señora corta en seco el camino a Sánchez, y desvía a Biden, confirmando así uno de los paseíllos más cortos entre dos dirigentes internacionales, aunque solo fuera la primera toma de contacto.

Cuando a Salvador Illa (La Roca del Vallés, 1966), exministro de Sanidad, le preguntas si los indultos a los condenados del 1-O son la evidencia de que se van a ir de rositas niega la mayor e insiste en que "pasar cuatro,años en la cárcel es la prueba de que los actos delictivos no salen gratis". Es un hombre de buen talante, tranquilo y sosegado que ha sido casi todo lo que se puede ser en política desde que comenzó a militar en el PSOE en 1995: alcalde de su pueblo, ministro y ganador de ultimas elecciones catalanas, pero ha llegado a los cargos sin creerse un animal político, solo por sentido de las responsabilidad, y apoyado, eso sí, de amigos como Miquel Iceta o José Luis Ábalos. Su figura fue clave en la mesa de negociación con ERC del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y tal vez ahí empezó su proyección nacional.

Rosa Díez, veterana dirigente política, colaboradora en varias medios de comunicación, y persona implicada en las plataformas cívicas en defensa de las libertades y de la democracia española, como Unión 78, ha conversado con elEconomista de su última cita o compromiso: manifestarse en las calles de Madrid, concretamente en la Plaza de Colón el próximo 13J a las 12 de la mañana, en contra de los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez piensa rubricar en breve hacia los políticos independentistas que perpetraron una declaración de independencia de Cataluña, en 2017. Díez, como tantos otros, no se cree las palabras de Oriol Junqueras, porque en el fondo "dice lo que siempre ha dicho, y es que su prioridad es la amnistía, que volvería a hacer lo mismo, y que España es un estado con una policía represora". Así pues, en su opinión, si Sánchez acomete este indulto acabará cometiendo un delito.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en contra de los indultos de los políticos independentistas catalanes que ha presentado el Grupo Parlamentario del PP.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, espera que los indultos a los líderes del 'procés' puedan llegar este mes de junio, aunque en todo caso confía en que se aborden antes del verano.