Un despido es siempre una situación delicada para el trabajador, que se queda sin su fuente de ingresos y cotizaciones y tiene que emprender de nuevo la búsqueda de trabajo. Pero cuando las circunstancias en las que se produce dicho despido son especialmente perjudiciales para el empleado la normativa puede darle una protección extra.

La Comisión Europea ha recibido una denuncia por el incumplimiento por parte de España de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de junio de 2022, que consideró contrario a derecho el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado.

Uno de los problemas más desagradables para un trabajador puede ser el de encontrarse en un puesto de trabajo que desea abandonar. Cuando la situación pasa a ser tensa un pensamiento recurrente puede ser el de abandonar la empresa y acabar con el problema de raíz. Pero tiene un inconveniente: en esos casos no tendrá derecho a prestaciones por desempleo.

La sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales" donde se analiza, mediante un balance anual, los frutos derivados de los escenarios que han repercutido directamente a la economía en el año anterior. El estudio, que advierte que son datos provisionales a consecuencia de la huelga indefinida convocada por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), manifiesta que las demandas por despido se han incrementado un 13% a lo largo del cuarto trimestre del año anterior, alcanzando la cifra de 31.889 litigios. 

Cuando un trabajador es despedido en su empresa la normativa laboral le otorga el derecho a recurrir la decisión empresarial y ahí comienza un camino que, dependiendo del caso, puede acabar en un despido improcedente. Si es así, el trabajador tendrá que cobrar las indemnizaciones correspondientes al despido improcedente.

Si un trabajador no se encuentra bien en su empresa siempre tiene la opción de dejar su puesto de trabajo para buscar un nuevo y evitarse un ambiente laboral incómodo. Esta alternativa cuenta con un gran hándicap: al marcharse de forma voluntaria no tendrá derecho a ningún tipo de compensación económica ni a prestaciones por desempleo.

Partiendo de la base de que todo hijo de vecino preferiría estar en su casa antes que trabajar, lo cierto es que muchos trabajadores afrontan situaciones delicadas en sus empresas que les hacen pensar en cuáles son sus posibilidades y opciones de revertir esos episodios que les afectan en la vida laboral y cotidiana.

La normativa laboral contempla diferentes tipos de despidos que se ajustan a las condiciones en las que tienen lugar y que, en función de la denominación, pueden otorgar al trabajador una protección especial. Con todo, cualquiera de los despidos que la empresa decida adoptar ha de hacerse conforme a lo que reza esa normativa que los regula. De lo contrario podemos estar ante un despido improcedente.

Un despido siempre es una circunstancia incómoda para el trabajador, ya que le obliga a situarse en una nueva coordenada dentro del mercado laboral: desempleado y en búsqueda de un nuevo puesto, sin un sueldo mensual y a la espera de encontrar la estabilidad financiera. Aunque existen diferencias en función de la situación en que haya tenido lugar ese despido.

El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto que incrementa las indemnizaciones para los afectados por accidentes de circulación, tanto en el caso de las personas que dependen económicamente de la víctima en caso de fallecimiento, como las que recibiría el propio lesionado en caso de incapacidad permanente.

Cuando una persona se encuentra mal en empresa es frecuente que sueñe con dejar su puesto para ahorrarse sufrimiento. El problema es que, al hacerlo de forma voluntaria pierde el derecho a cobrar una prestación por desempleo. Pero...¿y si pudiera marcharse con derecho a percibir el paro e incluso a indemnizaciones?

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, aprobó este martes un nuevo régimen laboral de las empleadas de hogar mediante un Real Decreto-Ley que pretende, según el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad social a estas profesionales. A partir de ahora, aquellas personas que tengan contratada una empleada del hogar y no quieran seguir con sus servicios tendrán que justificar las causas de la rescisión contractual. Es decir, se pone fin a la figura de extinción de la relación laboral por desistimiento.

En ocasiones la convivencia en una empresa es tan negativa que el trabajador reflexiona acerca de su futuro en la misma y medita irse de la misma. Sin embargo, debe saber que, salvo excepciones, marcharse de forma voluntaria implica quedarse sin protección alguna, es decir, sin el cobro de prestaciones por desempleo como el paro.

Los trabajadores tienen el derecho de recurrir cualquier despido del que sean víctimas. Pueden agotar diferentes cauces judiciales para tratar de demostrar que la decisión de su empresa no está justificada y, si lo consiguen, pueden encontrarse en la situación de haber sido objeto de un despido improcedente. En ese caso, tendrán derecho a cobrar indemnizaciones si la empresa no les readmite en su puesto de trabajo.

Aunque es cierto que al firmar un contrato el trabajador queda vinculado a su empresa y esa relación se puede interrumpir de muchas formas, solo en unos casos muy determinados dicho empleado tiene la capacidad y el derecho de dejar su puesto de forma voluntaria y recibiendo, además, indemnizaciones.

Cuando una empresa despide a un trabajador, este tiene derecho a recurrir la decisión por los cauces legales correspondientes. Si el Juzgado de lo Social considera que ese despido no tenía base y que, por lo tanto, ha sido improcedente, la legislación española contempla el pago de indemnizaciones a estas personas que han sufrido el despido.

Cuando las cosas marchan mal en el trabajo, a un trabajador se le puede pasar por la cabeza marcharse, dejarlo todo y comenzar de cero en una nueva empresa. Es libre para hacerlo, pero en muchos casos eso conlleva la pérdida del derecho a cobrar el pero, la prestación contributiva por desempleo, mientras encuentra un nuevo empleo.

La figura del despido improcedente es un clásico en la legislación laboral española y otorga ciertos derechos a los trabajadores que son víctima de cualquiera de estos despidos, incluidas indemnizaciones que en otro tipos de despido no se abonan a los trabajadores.

Los particulares y empresas que compraron vehículos nuevos entre febrero de 2006 y agosto de 2013 de las marcas involucradas en el denominado Cártel de los Fabricantes de Coches podrán presentar sus reclamaciones a los fabricantes implicados en este caso hasta el próximo 20 de abril, según la Agrupación de Afectados por el Cártel de los Coches (AACC).

Cuando un trabajador se encuentra en una situación complicada en su empresa en muchas ocasiones se le puede pasar por la cabeza tirar la toalla y dejar el trabajo de forma unilateral. Y, aunque no sea del todo conocido, en algunas circunstancias muy concretas al hacerlo puede tener derecho a cobrar indemnizaciones e incluso a cobrar el paro que haya generado.

Cuando la empresa decide despedir a un trabajador, este tiene derecho a recurrir la decisión y especialmente cuando cree que dicho despido no tiene base legal. En esos casos, y siempre que un Juzgado de lo Social lo decrete, será víctima de un despido improcedente, por lo que resulta muy útil conocer los derechos que ostenta en esas situaciones.

La posibilidad de dejar el trabajo de forma voluntaria y hacerlo con derecho a indemnizaciones y al pertinente periodo de paro es muy limitada, pero aparece reconocida al trabajador en la ley. Así, en un corto apartado de supuestos amparados por la normativa, los trabajadores pueden poner punto y final a su relación laboral que evitan que, en caso de una marcha voluntaria, se queden sin esa cobertura.

Sufrir un despido es una de las situaciones más delicadas para un trabajador. Si este despido resulta ser improcedente, el asunto puede ser aún más traumático, ya que obliga a este trabajador a un litigio con la empresa que le ha despedido. Pero, si sale ganador de él, le reportará ventajas sustanciales en materia de indemnizaciones.

Hablar del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) es sinónimo de problemas laborales, pero aunque este organismo actúa en casos de deudas de las empresas a sus trabajadores, lo cierto es que gracias a esta institución el ciudadano se garantiza el cobro de parte de las cantidades no abonadas por los empresarios y, por lo tanto, se concibe como un escudo que reduce el impacto de los impagos, especialmente en las situaciones de concurso de acreedores o insolvencia.

El sector del automóvil en España ha chocado contra una ya oficial trama de venta de coches a un mayor precio del fijado por el mercado. El caso conocido como el 'cártel de los concesionarios' y por el que alrededor de diez millones de usuarios pueden reclamar desde 2.000 hasta 9.000 euros según lo pagado entre 2006 y 2013.

El derecho a una indemnización suele estar vinculado a los casos de despidos en los que un trabajador se queda sin trabajo por voluntad de la empresa, pero existen determinadas situaciones en las que el propio trabajador puede marcharse voluntariamente sin perder el derecho a cobrar esa indemnización.

El expresidente del Grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, abonará una indemnización de 11,2 millones de euros al consorcio automovilístico alemán por el escándalo de manipulación de emisiones, denominado dieselgate, que destapó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos en 2015.

La Asociación Mexicana de Seguros (AMIS) reconoció que existe un aumento en las hospitalizaciones por coronavirus en el país, y que el repunte continuará en las fiestas decembrinas por la falta de medidas de prevención en la población, sin embargo, las aseguradoras aún pueden cubrir las necesidades médicas de sus clientes.

La tributación de la indemnización satisfecha por la extinción de la relación laboral especial de alta dirección por desistimiento empresarial es una cuestión que ha sido muy debatida por la doctrina jurisprudencial, ya que se requiere de una previa interpretación de la norma laboral para poder dar respuesta a un problema tributario. En concreto, los tribunales han evaluado el carácter de la cuantía abonada por la empresa al alto directivo en concepto de daños y perjuicios por su cese (artículo 11.1 Real Decreto 1382/1985, RAD, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección) para determinar si dicha cantidad está exenta o no de tributar en el IRPF (artículo 7.e) Ley 35/2006, LIRPF).

McDonald's Corp. demandó a su exdirector ejecutivo Steve Easterbrook, buscando recuperar decenas de millones de dólares en indemnizaciones luego de descubrir evidencia de que tuvo relaciones sexuales con varias empleadas, trató de encubrirlo y arregló para que una trabajadora obtuviera una lucrativa adjudicación de acciones.