El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el texto legislativo que reguló la puesta en marca del segundo estado de alarma por la pandemia del Covid-19, al considerar que se hizo sin coherencia alguna, incluso, con las razones que el Gobierno hizo valer para instar la prórroga de seis meses finalmente concedida por la mayoría parlamentaria.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado que fue inconstitucional la decisión de la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, que anuló el cómputo de los plazos reglamentarios que afectaban a las iniciativas legislativas que se encontraban en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levantase la suspensión (acto conocido como el cerrojazo al Parlamento).
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.
Continuamos con la inestabilidad jurídica respecto al mercado de los alquileres en Cataluña: como era previsible, el Tribunal Constitucional ha estimado en parte el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el Decreto Ley del Gobierno de Cataluña nº 17/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
La patronal catalana Foment apelará al Defensor del Pueblo para denunciar la inconstitucionalidad del Impuesto de Patrimonio. Se trata de una respuesta adecuada ante el modo en que un tan anacrónico tributo se ve reforzado en los Presupuestos de 2021.
El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado la subida de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades que impulsó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional sobre la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante un real decreto-ley en septiembre del año 2016.
La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, anunció este viernes que el Gobierno iniciará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia, aprobada ayer por insistencia en el Congreso de la República.
