El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) extiende a los empleados que no disfrutaron las vacaciones por incapacidad temporal el derecho a que la empresa se las compense cuando finaliza la relación contractual. El TJUE ya había ampliado este derecho a aquellos que dejan la compañía para jubilarse y, en un fallo de este 26 de abril también se los imputa a quienes estuvieran en incapacidad temporal.
Los trabajadores que sufren una enfermedad, lesión o dolencia se ven obligados a cogerse una baja, la forma coloquial con lo que se denomina lo que a efectos oficiales es una incapacidad temporal. Como su propio nombre indica, esta incapacidad no puede ser permanente y está sujeta a varias normas.
El absentismo creció un 4,6% en 2022 con respecto al curso anterior. En 2021, cada día un total de 1.186.875 personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales un total de 889.822 personas se encontraban de baja médica durante el cuarto trimestre del año; mientras que el pasado ejercicio el saldo se cerró con un total de 1.243.229 personas que no acudieron a su puesto de trabajo, 945.612 con baja médica.
Si un trabajador sufre una enfermedad o se lesiona tiene derecho a lo que tradicionalmente se llama 'cogerse una baja', dado que su actual estado no le permite desempeñar su trabajo en la empresa. Si esta baja se coge de forma legal (sin exagerar o fingir síntomas) es un mecanismo reconocido por la legislación a los empleados y además especialmente protegido.
El Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria ha reconocido el origen profesional de la ansiedad de una trabajadora de limpieza ocasionada por las "presiones de la dirección del colegio" donde realizaba su trabajo, según informa CCOO.
Los trabajadores en incapacidad temporal -bien por accidente laboral o bien por enfermedad- que se encuentran cobrando la baja médica podrán ser despedidos, eso sí, de manera improcedente en la mayoría de los casos. Con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo (TS) en la Sala de lo Social, reitera jurisprudencia en lo que respecta a la prohibición de despedir.
Uno de los derechos más destacados de los trabajadores y que están recogidos y garantizados por la ley es a disfrutar de una baja (y cobrar la prestación de incapacidad temporal) cuando sufren alguna enfermedad o lesión que les incapacita de forma temporal en su trabajo. Pero este derecho debe disfrutarse de forma honesta y leal a la empresa.
Los trabajadores no tienen derecho a percibir la cuantía total de las pagas extraordinarias cuando estos se encuentran dados de baja médica por incapacidad temporal (IT), por otro lado, sí les corresponde una cantidad proporcional en función de las horas trabajadas previas a la incapacidad. Así lo retracta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ) en la Sala de lo Social Sección Primera, en una sentencia fechada a 2 de diciembre de 2022.
Las empresas deben ofrecer a sus empleados los días de vacaciones disponibles que no han podido disfrutar debido a consecuencias fortuitas -como una baja médica por enfermedad o por incapacidad temporal- y que ha derivado a trasladar los días a una fecha posterior. Así lo especifica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su Sala Sexta, en una sentencia que consta a 22 de septiembre de 2022, sobre un caso acaecido en Alemania.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció ayer el Real Decreto 1060/2022 de 27 de diciembre que modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que regula determinados términos en cuanto a la gestión y tratamiento de la incapacidad temporal (IT) de los trabajadores en los primeros 365 días de duración, que entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2023.
De igual forma que procede a su concesión o denegación, así como a su pago, la Seguridad Social tiene la potestad de decidir si, en un momento dado, tiene que suspender o extinguir la pensión de incapacidad permanente de una persona que la viniese cobrando hasta entonces.
Cuando un trabajador enferme o sufre una lesión que le incapacita en su trabajo tiene derecho a solicitar una incapacidad temporal, la tradicional 'baja' que los empleados se cogen (previa visita al médico) para poder recuperarse reposando en su domicilio. Es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, pero como cualquiera de los que recoge la norma debe realizarse de forma correcta.
Qué el empresario pregunte al aspirante a ocupar un puesto de trabajo sobre su estado de salud es sancionable con multas que van desde 300 a 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación denunciada, tal y como establece el artículo 9 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
