La vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado este miércoles que España no renuncia a implantar un impuesto digital, conocido como 'tasa Google', a la espera de que la OCDE defina una "buena" propuesta en el ámbito internacional.
Hacienda ha publicado el borrador del nuevo Reglamento de Procesos Amistosos que amplía el ámbito de aplicación para incluir los mecanismos de resolución de aquellos litigios con otros Estados miembros de la Unión Europea (UE) que se deriven de los convenios y tratados internacionales por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio.
Salvo sorpresa de última hora, todo parece encarrilado para un Gobierno de coalición del PSOE con Podemos. Este posible Ejecutivo preocupa en el área económica, aún estando bajo la batuta, el diseño y el control de Nadia Calviño.
Las principales patronales españolas tienen claras las prioridades de los empresarios de cara al 2020 y por ello reclaman al nuevo Gobierno mesura y análisis en la toma de decisiones que afecten a la marcha del empleo como el posible incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) o la subida del impuesto de Sociedades.
La Comisión considera que es desproporcionada la normativa tributaria que obliga a declarar los bienes y derechos situados en el extranjero, a través un formulario de declaración fiscal Modelo 720, con fuertes sanciones económicas para quien declare fuera de plazo o no lo haga.
Muy difícil lo tienen quienes hayan sido sancionados por incumplir la norma que regula la declaración de bienes en el extranjero (Modelo 720), si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), falla que esta normativa española no se ajusta al Derecho comunitario, tal y como ha interpretado la Comisión Europea en su recurso.
En plena polémica del futuro Gobierno de PSOE-Podemos con las entidades por la factura fiscal, las antiguas cajas (CaixaBank, Bankia, Unicaja o Liberbank, entre ellas) han hecho público cuántos impuestos pagaron el año pasado. En total, las entidades asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) soportaron 2.500 millones de euros en impuestos en 2018, hasta un 9% ciento más frente a los 2.287 millones de un año antes. De este modo, el tipo impositivo total de los bancos agrupados en la CECA fue del 38%, lo que quiere decir que de cada 100 euros que obtienen de beneficio, pagan 38 euros en impuestos.
La Unión Europea ha comenzado a pensar en los beneficios que puede aportar una regulación de auditoría adaptada a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y se está analizando como ofrecerles unas condiciones más favorables, ha explicado Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), en el transcurso de su intervención en el 10º Audit Meeting, organizado por esta institución.
Echando la vista atrás unas cuantas décadas, la presión fiscal en España se ha multiplicado por dos desde 1965, primer año disponible en la base de datos de la OCDE. De una forma progresiva, la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales ha ido ganando peso sobre el PIB hasta la crisis económica de 2007, cuando se observó una caída de la que aún no se han recuperado. Aún así, este indicador sigue cerca de máximos históricos. La presión fiscal en 2018 ha sido del 34,4% del PIB (unos 415.700 millones de euros), superando la media de la OCDE por primera vez desde la crisis. Las cotizaciones a la Seguridad Social han sido el mayor contribuyente recaudatorio, representando el 11,6% del PIB y el 34% de toda la recaudación. A pesar de esta subida, la presión fiscal en España aún se encuentra más de diez puntos por debajo de la de Francia y Dinamarca, países que lideran la clasificación, y también lejos de la zona euro, que se encuentra en el 41% del PIB.
Los honorarios percibidos o a percibir pueden convertirse en la sanción impuesta por Hacienda a los asesores fiscales que no presenten la declaración sobre las operaciones con riesgo de eludir el pago de impuestos de sus clientes en plazo o lo hagan de forma incompleta, inexacta o con datos falsos.
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