El PSOE propone una profunda revisión del impuesto sobre sociedades, en el que pretende fijar un tipo efectivo mínimo, que deberá venir aparejado también de una notable simplificación de los incentivos fiscales, entre otras medidas.
Desde este año, España ya no cuenta con la exención del 100% en la repatriación de dividendos que preveía el Impuesto de Sociedades.
Los principales bancos centrales y otras autoridades aún insisten en que el repunte que la inflación muestra, a escala global, será pasajero. Con todo, resulta ya imposible restar importancia a los efectos en hogares y empresas de unas alzas de precios impulsadas por un producto al que no pueden renunciar: la energía.
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que los gastos por relaciones públicas con clientes y proveedores, así como los promocionales y los regalos a clientes o al propio personal del negocio, son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.
La Plataforma del Tercer Sector capitanea hace semanas una campaña para que las empresas consignen la casilla solidaria en su Impuesto de Sociedades durante el segundo periodo de autoliquidación del tributo, que comprende del 1 de julio al 30 de noviembre de 2021. El marcado de la citada casilla no supone un sobrecoste para las empresas pero ayuda a la lucha frente a la desigualdad, máxime tras el azote de la pandemia de coronavirus.
Las estadísticas de Hacienda muestran un crecimiento, del 13%, de la recaudación tributaria total en España entre los pasados meses de enero y mayo. El desglose de un dato agregado como éste es importante, debido al muy dispar comportamiento que los diferentes impuestos han mostrado durante la crisis.
Un tercio de las economías europeas ha creado un tipo reducido mínimo especial en el Impuesto sobre Sociedades para reducir la carga sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ocho Estados europeos cuentan con estas tasas especiales. En concreto, Bélgica, Francia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia han implementado el tipo reducido en Sociedades para estas empresas. España no contempla esta medida, pese a tener una de las economías más dependientes de las pymes.
Los impuestos marcan la actualidad. SI en Estados Unidos los ricos de verdad, esos que lideran la lista de los multimillonarios, pagan menudencias en el impuesto sobre la renta, en España a todo hijo de vecino afecta el impepinable IRPF, que este año depara algún que otro sustillo por lo que toca pagar. 2020 fue un año anormal, pero llegado el momento de rendir cuentas con Hacienda no hay más tutía que cumplir con las obligaciones tributarias.
Los ministros de Finanzas llegaron a un acuerdo histórico para establecer un tipo impositivo mínimo en el Impuesto de Sociedades en sus jurisdicciones con el objetivo de impulsarlo a nivel global y terminar con las ventajas fiscales que ofrecen algunos países para atraer sedes fiscales grandes multinacionales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, junto a sus homólogos de Alemania, Francia e Italia, representando a las cuatro mayores economías de la zona euro, han firmado una carta en la que, horas antes del comienzo de la cumbre de ministros de Finanzas del G7, fijan su posición en favor de un nuevo sistema fiscal internacional más adecuado para el siglo XXI, incluyendo un impuesto mínimo de sociedades universal.
Esta semana se ha puesto sobre la mesa lo que podría ser uno de los mayores avances en integración fiscal europea desde el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, más conocido como Pacto Fiscal Europeo, o la emisión de deuda común en la UE que implica el Plan Next Generation EU. Se ha puesto sobre la mesa la adopción de un impuesto de sociedades común en la Unión.
España recaudaría 12.400 millones de euros más a través del impuesto de sociedades si se acordara a nivel internacional establecer un tipo mínimo del 25%, lo que supondría expandir un 43,7% los ingresos procedentes de este tributo, según un informe publicado este martes por el Observatorio Fiscal Europeo.
Europa encara una factura descomunal tras la salida del largo túnel del covid-19. La deuda superará el 100% del PIB este año. Para financiarla, los Gobiernos necesitan mejorar sus regímenes tributarios, más aún porque hasta 166.000 millones de euros se pierden cada año debido al fraude y la evasión fiscal de individuos y multinacionales.
El presidente de EEUU, Joe Biden, con su nuevo paquete de gastos, Plan de Familias Americanas, se centra en políticas de cuidado infantil y educación. Puede suponer 1,8 billones de dólares, además de créditos fiscales la próxima década. También ambiciona dos años gratuitos de universidad comunitaria y un programa nacional de bajas médicas.
La fiscalidad es, y sobre todo será, una de las grandes prioridades políticas de los próximos meses y años. Tocará pagar los estímulos sin precedentes que se están adoptando para superar el batacazo provocado por el covid-19, sobre todo en Europa y en EEUU. Las economías desarrolladas intentarán por fin este verano cerrar un acuerdo en la OCDE en los dos frentes que más preocupan: un suelo mínimo para la fiscalidad global, para evitar la erosión fiscal, y un nuevo impuesto para las multinacionales del mundo digital.
Históricamente siempre que Washington ha aumentado los impuestos a las empresas y los particulares, el S&P 500 ha registrado un rendimiento inferior a la media durante el primer año y ventas en el segundo, según concluye BTIG.
El Parlamento Europeo pone cifras al efecto de la elusión fiscal que las multinacionales tecnológicas practican en su territorio. Estas empresas tributan a un tipo efectivo medio en Sociedades del 9,5% (frente al 23,2% propio de otros sectores) que, en el caso de países como Irlanda se reduce hasta un nivel casi inexistente del 0,005%.
La reforma fiscal del presidente Biden implicará consecuencias mucho más allá de EEUU, debido a propuestas como fijar un tipo mínimo global del 21% en Sociedades para las multinacionales.
La Asociación Española de Asesores Fiscales demuestra que las grandes empresas españolas tributan a un tipo medio efectivo en Sociedades del 22,6%.
El recorte que el Gobierno llevó a cabo en su previsión de crecimiento para el PIB en 2021, hasta situarla en el 6,5%, tiene un impacto directo en sus pronósticos de recaudación fiscal. Estos últimos cálculos ya alimentaron el escepticismo cuando el Ejecutivo presentó los Presupuestos de este año.
Llevamos años, quizá desde el mismo día que se aprobó la Constitución española en 1978, hablando de reformas fiscales y de financiaciones autonómicas e implantándolas, aunque siempre con vida más o menos efímera. Lo digo así en plural, porque tras una reforma fiscal al poco tiempo se anuncia el estudio de otra y cuando parece que el puzle de la financiación autonómica se solventa, se reabre el debate.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este lunes a los 17 integrantes del comité de expertos que analizará la reforma fiscal que pretende impulsar el Ejecutivo con el objetivo de acercar la presión fiscal de España a la media europea. La intención es que el trabajo de los expertos permita ejecutar los cambios fiscales de cara a 2022 con impuestos como el de Sociedades o el de Patrimonio en el foco.
El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, se ha posicionado a favor de la subida de impuestos que prepara la administración de Joe Biden para dar respuesta al proyecto de mejora de infraestructuras del país. "Reconocemos que esta inversión requerirá concesiones de todos los lados, tanto en los aspectos específicos de lo que se incluye como en cómo se paga (apoyamos un aumento en la tasa de impuestos corporativos)", dijo Bezos en un mensaje lanzado a través del portal de noticias y opiniones sobre política de Amazon.
Este miércoles, el presidente de EEUU, Joe Biden, quiere poner en marcha la búsqueda de apoyos para su proyecto legislativo. Armados con la decisión legislativa que le permite empezar a tramitar el proyecto antes de lo previsto, la Casa Blanca y el Congreso ya han puesto una fecha objetivo. El presidente del Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Representantes, Peter DeFazio, dijo que espera que el proyecto esté ya redactado y en marcha en torno a la tercera semana de mayo. Su mayor problema será cuadrar el círculo de las diferentes demandas de sus congresistas: los votos clave piden limitar el alza de Sociedades al 25%.
La cifra definitiva de déficit público registrada en 2020 se sitúa en el 10,9%, por debajo del 11,3% previsto. Pese a esa mejora, las cifras ofrecen pocos motivos de celebración. El desplome de los ingresos fiscales se vio parcialmente mitigado por las persistencia de medidas excepcionales como los Ertes.
Una de las acciones del conocido plan BEPS trata de que los Estados establezcan una serie de normas que permitan luchar contra las denominadas asimetrías híbridas. Las asimetrías híbridas son aquellos supuestos en los que, como consecuencia de una diferente calificación fiscal de una renta, o una entidad, por parte de las normas de dos Estados, se produce una deducción de un gasto sin que el ingreso correlativo tribute en el otro país, una doble deducción de un mismo gasto en dos jurisdicciones, u otros supuestos similares que llevan a una erosión de la base imponible.
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El Impuesto de Sociedades en la Zona Especial Canaria es del 4% y le permitirá dormir tranquilo por la noche, la Agencia Tributaria no le molestará, además mantendrá la imagen sobre responsabilidad social, ya que seguirá contribuyendo en España cumpliendo escrupulosamente con la ley.
La economía estadounidense alcanzará los niveles de producción anteriores al Covid-19 en el trimestre actual, según adelanta Morgan Stanley. No solo eso. Su economista jefe, Chetan Ahya, estima que a partir del tercer trimestre de 2021, el PIB de Estados Unidos superará la senda de crecimiento que se preveía antes de la recesión provocada por el Covid-19.
Tras años de políticas favorables a las empresas y de bajada del impuesto de sociedades, la tendencia está a punto de invertirse. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido, que actualmente tasan a sus empresas por debajo de la media de la OCDE, contemplan propuestas para aumentar su fiscalización en cuanto amaine la pandemia.
