En apenas una década, en España se ha pasado de 18.900 renuncias a herencias de familiares o allegados en un año, a cerca de 45.000 renuncias, según los datos que elEconomista ha obtenido del Consejo General del Notariado.
La Asociación Stop Sucesiones ha enviado una carta al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda, urgiendo la necesidad de exonerar del impuesto de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio a todas aquellas víctimas por coronavirus desde el inicio de la pandemia Covid-19.
El 90% de los contribuyentes españoles se muestra contrario a una armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que impida a las comunidades autónomas disminuirlo cuando lo consideren necesario y no solo aumentarlo para desarrollar sus políticas socioeconómicas.
El expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, está dispuesto a vender la participación indirecta que mantiene en esa empresa a las hermanas Álvarez (hijas del fallecido Isidoro Álvarez) a mitad de precio.
La intención del Gobierno de eliminar las diferencias en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones pone en peligro las bonificaciones fiscales en las herencias y cesiones de explotaciones agrarias de muchas autonomías para favorecer el relevo generacional.
El proyecto de ley contra el fraude fiscal y la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 son las dos normas que recogen todas las novedades fiscales para el año que viene. Las normativas contienen cambios en IRPF, en Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales, en IVA o en Pactos Sucesorios que buscan aumentar la recaudación.
El proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que ha presentado el Ministerio de Hacienda recoge un castigo a los pactos sucesorios -el reparto de herencias en vida- al eliminar varias de sus ventajas. Los sucesores de los contribuyentes que escojan esta opción para legar sus bienes sufrirán un incremento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que afectará, incluso, a los pactos sucesorios ya firmados antes de que entre en vigor la ley.
Experto en el equilibrio y en la moderación dialéctica, Ángel de la Fuente, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania (EEUU), y desde 2014 Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), analiza para elEconomista la fiscalidad de las comunidades autónomas, desmontando algunos mitos, profundizando en los problemas del sistema de financiación y, ofreciendo algunas soluciones para cuestiones concretas como los impuestos cedidos por el Estado. De la Fuente piensa que, para este momento concreto, sería positivo no subir impuestos, o al menos no cobrarlos a quienes no han generado riqueza como consecuencia de la crisis sanitaria y económica.
La Generalitat catalana celebra su primera reunión en tres años con su homóloga valenciana. No es casual que el president Aragonès busque ahora el acercamiento.
La fiscalidad de la Comunidad de Madrid, que cuenta con exenciones y bonificaciones en varios impuestos de su competencia, provoca un efecto multiplicador de la recaudación. Según los economistas y fiscalistas, la estrategia fiscal madrileña no está configurada como un "paraíso fiscal", puesto que las figuras más favorecidas por su regulación -en concreto, el Impuesto sobre Patrimonio (IP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)- no existen en la inmensa mayoría de los países del entorno.
Corren tiempos difíciles para los jóvenes. Cada vez son más los padres que buscan la forma de echar una mano a sus hijos, ya sea para dar una entrada para una vivienda, empezar un negocio o simplemente para ayudarles con los problemas económicos que atraviesan miles de jóvenes en la actualidad. A todo ello, se suma el miedo a que más pronto que tarde se produzca una armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (como ha dejado caer el Gobierno en varias ocasiones), lo que dispararía el coste en algunas comunidades como Madrid, donde el impuesto está bonificado casi en su totalidad. Esta combinación de factores ha intensificado la búsqueda de fórmulas para entregar dinero a un familiar adelantándose al posible movimiento del gobierno, según revelan varios notarios a este diario.
La foto de Sánchez e Iglesias en la presentación de los Presupuestos de 2021 muestra cómo la política, al igual que ocurre con la pandemia, marcará las cuentas del próximo año. Los dos mandatarios destacaron que son los más sociales de la historia. Y desde luego no les falta razón. En un vistazo rápido a las partidas para el año que viene, el gasto en servicios sociales se incrementa el 70 por ciento, el de acceso a la Vivienda el 338 por ciento, el de Sanidad sube el 75 por ciento y el destinado a formación otro 70 por ciento. Todo un chorro de dinero para sacar al país de la crisis a golpe de talonario. La cuestión es si podemos permitirnos todo este gasto y cómo lo vamos a pagar.
El proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.
Algunas de las acciones con más historia de la bolsa española van pasando de generación en generación. Las telefónicas, o maltides como se conocieron tras la famosa publicidad de José Luis López Vázquez de los años 60. Las de Banco Santander, que cobijan a los antiguos accionistas del Central y del Hispano. O las de BBVA, fruto de numerosas fusiones entre grandes bancos que también anduvieron su camino individual en bolsa. Son precisamente algunos de estos títulos con tanta trayectoria en el parqué los que han sido más duramente castigados durante esta pandemia. Quien este año herede esas acciones lo hace asumiendo que sus cotizaciones han caído hasta niveles de la década de los 90. Y que soportan caídas desde los máximos de 2007 y 2008 de entre el 85% y el 90%. Con todas las implicaciones fiscales que ello supone.
El Gobierno ha vetado el debate en el Congreso de la proposición de ley registrada por Vox para eliminar en toda España el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tributo cedido a las comunidades autónomas, al suponer un impacto presupuestario de unos 2.573 millones de euros.
Con la pandemia por el coronavirus y la triste pérdida de miles de personas, muchas son las casas que se heredarán a lo largo de 2020. En un mercado que ya en el último año generó la transmisión de casi 175.000 viviendas, en su mayoría de padres a hijos, no todas las personas optan por quedarse esta nueva residencia. En caso de vender estos pisos, habrá que rendir cuentas ante Hacienda en una operación que en muchas ocasiones resulta costosa a nivel económica para el heredero.
Uno de los problemas con los que se encuentran los descendientes de un familiar fallecido es la gestión de su herencia. Un proceso que conlleva más dificultades de lo que parece en un primer momento y que, si no se lleva a cabo con atención, puede crear más de un quebradero de cabeza.
La histórica mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, y el varapalo allí propinado a Podemos, son pruebas claras de cómo los votantes huyen de radicalismos para respaldar políticas fiables y liberales.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha garantizado que se retomará la práctica eliminación del Impuesto del Sucesiones y Donaciones cuando mejore la situación económica tras la crisis generada por el COVID-19 en la Comunidad.
El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha matizado este jueves que PP y Cs no renuncian a la supresión en el futuro del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aunque lo ha condicionado a la evolución económica.
La asociación de Empresa Familiar de Castilla y León ha mostrado su "profundo desacuerdo" por la supresión de la Eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones recogido en el Pacto por la Reconstrucción firmado por la Junta con los grupos parlamentarios.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido que la firma del Pacto para la Reconstrucción, que suspende la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como pedía el PSOE, ha supuesto "renuncias importantes" pero lo ha justificado en el interés general.
Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que busca eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tributo cedido a las comunidades autónomas y que, a su juicio, "se enfrenta a numerosos problemas de legitimidad social".
El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) no avala la totalidad de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2020, al considerar inconstitucional el cambio promovido para legitimar que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat se puedan personar como acusación popular en causas judiciales, y recomienda también modificar el inciso de un artículo de la ley que regula el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La recaudación de los impuestos parcialmente cedidos a las Comunidades Autónomas -IRPF, IVA e Impuestos Especiales (IIEE)- se ha ido incrementando considerablemente, mientras que decrecen, por motivos diversos, la de los cedidos totalmente,como es el caso de Patrimonio (IP), Sucesiones y Donaciones (ISD), así como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD).
El consejero de Hacienda madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, reitera en elEconomista su protesta ante el proyecto de Hacienda de unificar, a escala nacional, los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.
Foment del Treball ha dado un paso inédito en su rechazo al aumento de la presión fiscal en Cataluña en los últimos años, consolidándola como de las más elevadas de España, como ya avanzó su presidente, Josep Sánchez Llibre, a elEconomista.
Ni siquiera un mes pasó desde que Hacienda anunció que se serviría de la reforma de la financiación autonómica para armonizar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio de los diferentes territorios. Bajo ese eufemismo se esconde el propósito de acabar con las bonificaciones al 100% que Gobiernos como el madrileño han impulsado. Sin duda, así lo han entendido los contribuyentes.
El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero está trabajando en un plan de armonización fiscal sobre las comunidades autónomas para poner fin a lo que ella y el presidente Pedro Sánchez han venido a denominar dumping fiscal o competencia desleal entre las administraciones. Es decir, para impedir que unas rebajen impuestos mientras otras las mantienen.
