La recaudación de los impuestos parcialmente cedidos a las Comunidades Autónomas -IRPF, IVA e Impuestos Especiales (IIEE)- se ha ido incrementando considerablemente, mientras que decrecen, por motivos diversos, la de los cedidos totalmente,como es el caso de Patrimonio (IP), Sucesiones y Donaciones (ISD), así como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD).
El consejero de Hacienda madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, reitera en elEconomista su protesta ante el proyecto de Hacienda de unificar, a escala nacional, los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.
Foment del Treball ha dado un paso inédito en su rechazo al aumento de la presión fiscal en Cataluña en los últimos años, consolidándola como de las más elevadas de España, como ya avanzó su presidente, Josep Sánchez Llibre, a elEconomista.
Ni siquiera un mes pasó desde que Hacienda anunció que se serviría de la reforma de la financiación autonómica para armonizar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio de los diferentes territorios. Bajo ese eufemismo se esconde el propósito de acabar con las bonificaciones al 100% que Gobiernos como el madrileño han impulsado. Sin duda, así lo han entendido los contribuyentes.
El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero está trabajando en un plan de armonización fiscal sobre las comunidades autónomas para poner fin a lo que ella y el presidente Pedro Sánchez han venido a denominar dumping fiscal o competencia desleal entre las administraciones. Es decir, para impedir que unas rebajen impuestos mientras otras las mantienen.
La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de poner en marcha la armonización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones este próximo otoño ha recibido una cascada de reacciones, entre ellas la de la Comunidad de Madrid, una de las administraciones regionales que más perjudicadas se verían.
La próxima reforma del sistema de financiación es el pretexto que Hacienda utilizará para implantar una armonización, a escala nacional, de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio. Bajo ese término se esconde la intención de complacer la tradicional reivindicación de los barones socialistas de acabar con la bonificación, del 100%, que Madrid aplica sobre esos tributos y que otros territorios como Andalucía quieren imitar.
El Gobierno está decidido a intervenir en la política fiscal de las comunidades autónomas y propiciar la armonización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en un posible marco de 2021. Es decir, dispuesto a subir estos tributos a las comunidades que tienen bonificada dicha carga fiscal, como es el caso de la Comunidad de Madrid, Cantabria, Castilla y León o, Andalucía. Así lo hizo saber este jueves la ministra de Hacienda, en la comparecencia que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados para presentar las líneas maestras de la cartera que dirige.
Las Cortes de Castilla y León, con los votos en contra de PP, Cs y Vox, han rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al Proyecto de Ley que pretende la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
La modificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones iniciada por la Junta de Castilla y León, con una reducción del coste entre familiares directos del 99 por ciento, supondrá un ahorro estimado para los contribuyentes de la Comunidad de 17,4 millones de euros para esta anualidad y de 34,6 millones de euros en 2021.
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