Incertidumbre. Este el término que mejor define la situación que vivimos desde hace ya más de un año y medio, cuando la crisis provocada por la pandemia puso entre la espada y la pared al tejido empresarial. La difícil tesitura en la que se encuentran tanto grandes como pequeñas y medianas compañías es síntoma inequívoco de una ralentización económica que previsiblemente experimentará un aumento de la morosidad empresarial cuando finalicen las ayudas gubernamentales.
Cómo autónomo, una de las peores noticias que se puede recibir es la inclusión en una lista de morosos. Encontrar tu nombre en uno de estos ficheros va a condicionar toda tu actividad, desde el momento en que no vas a poder acceder a préstamos o créditos, por ejemplo. Es una situación difícil, ya que estos deberes de pago se generan por la incapacidad financiera del negocio; lo que complica la posibilidad de salir de una de estas listas.
Las personas que tienen rentas procedentes de sus pisos puestos en alquiler, los conocidos como arrendadores, también se enfrentan a un ejercicio de la Renta 2020-2021 muy singular por la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional planteada por el Gobierno al comienzo de la pandemia de coronavirus y que, por el momento, se ha ampliado hasta el 9 de agosto.
La banca cotizada mantiene la morosidad a raya un año después del inicio de la pandemia. Tan solo tres los grandes grupos cotizados del país ya reflejan un repunte de la morosidad en el primer trimestre del año, después de que la mayoría de las entidades (a excepción del Santander) hubieran logrado cerrar 2020 manteniéndola a raya e incluso a la baja. BBVA, Sabadell y CaixaBank son los tres grupos que han experimentado un alza en el arranque de 2021, aunque en el caso del banco encabezado por Gonzalo Gortázar, la subida (hasta el 3,6%) forma parte de la absorción de Bankia. Sin este efecto, la entidad de origen catalán hubiera mantenido el ratio de mora en el 3,3%, mismo nivel al que cerró el ejercicio pasado.
El impago del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda alquilada por el inquilino constituye un motivo legítimo para el ejercicio del desahucio por el arrendador. Sin embargo, el casero no tiene la obligación en el requerimiento previo de pago de advertir que el contrato va a ser resuelto y que en el caso de producirse el pago no se procederá a poner en marcha la acción de desahucio.
Casi todas las economías mundiales van a salir de la actual crisis con un elevado nivel de endeudamiento público. ¿Constituye este hecho un problema? ¿Cómo puede irse resolviendo?
Dejar de pagar la pensión alimenticia a los hijos se considera violencia económica, tal y como determina el Tribunal Supremo, en una sentencia de 17 de marzo de 2021. El ponente, el magistrado Magro Servet, determina que este delito "puede configurarse como una especie de violencia económica, dado que el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral y natural que tiene el obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser por obligación judicial".
La gran banca española (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia y Bankinter) acumula 159.000 millones en créditos y línea de financiación en riesgo de impago, una cantidad que se ha elevado cerca de un 20% solo en el último trimestre y que está clasificada en vigilancia especial. Este importe representa el 8% de su cartera y es la que amenaza las cuentas de los próximos dos ejercicios.
El viernes pasado el Instituto Nacional de Estadística (INE) certificó una caída histórica del PIB de un 11%. Un batacazo motivado por la pandemia del coronavirus que ha sumido a numerosas empresas y familias en una difícil situación. El cierre de negocios, el aumento de las colas del hambre, la subida del paro han sido algunas consecuencias. Sin embargo, recientemente hemos conocido un dato más: el impago de alquileres ha crecido hasta un 270% en enero (respecto al mismo periodo del año anterior). Y, según apunta el comparador Acierto.com, se prevé que esta tendencia vaya a más.
Las entidades financieras españolas asumen que el verdadero efecto que deje la crisis del coronavirus en los impagos crediticios se reflejará este 2021, una vez comiencen a expirar las moratorias hipotecarias y de préstamos al consumo a las que se han acogido más de 1,3 millones de clientes en nuestro país. Sin embargo, discrepan con las previsiones de los supervisores y descartan que se dé una escalada de la morosidad a doble dígito, tal y como ocurrió en la última crisis económica, cuando el ratio de mora se situó en torno al 13% en el año 2013.
La segunda ola de la pandemia y las consiguientes medidas de confinamiento a nivel nacional y regional están provocando que se dispare el número de incidencias por impago en el mercado del alquiler.
El atasco vuelve al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por los nuevos Ertes que se están tramitando masivamente y las nuevas prestaciones que se han aprobado, como el subsidio de 430 euros para aquellos desempleados que se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma. Este colapso podría hacer que el 40% de los perceptores de los Ertes encuentren dificultades para recibir la prestación a tiempo en los próximos meses. La mayoría se concentrará en trabajadores que hayan cobrado de más en estos meses atrás, que podrían llegar al 40% del total, según fuentes sindicales.
Es improcedente solicitar la nulidad de un procedimiento de ejecución por cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, cuando en el proceso de ejecución hubo reiteradas posibilidades de plantear esa oposición por la misma causa y no se hizo, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de octubre de 2020.
Las cuentas de la gran banca española hasta septiembre muestran un claro denominador común: el incremento de las provisiones. Esta partida suma ya casi 20.000 millones, un 70% más que 2019. Debe valorarse la prudencia que las entidades muestran, pese a que el nivel de morosidad está en niveles ínfimos.
Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos; el 70% tendrá problemas de liquidez, que aumentarán su morosidad, y en total requerirán de 238.000 millones de euros. Son datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
La Abogacía Española y la empresa multinacional Experian han presentado un acuerdo de colaboración para contribuir a reducir la morosidad entre autónomos y particulares. Como consecuencia del acuerdo, Experian, la mayor compañía tecnológica líder en información y análisis sobre solvencia de personas físicas y jurídicas en España, gestionará los datos sobre impagos de personas físicas y autónomos, incluidos en el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), el primer y único fichero en España basado en resoluciones judiciales firmes.
El pasado agosto presenció un llamativo cambio en la concesión de créditos a empresas de nuestro país. El volumen de recursos destinados a este tipo de préstamos descendió hasta situarse en 15.600 millones, un mínimo para el que no existen precedentes en la actual serie estadística, iniciada en 2010.
La crisis del coronavirus ha impactado en el sector hortofrutícola. De acuerdo con los datos que ofrece Insight View, el 19% de las empresas industriales dedicadas al procesado y conservación de frutas y verduras se encuentra en un nivel máximo o elevado de impago.
Entre un 30% y un 32% de las empresas españolas tienen una probabilidad alta o muy alta de caer en impago (con una tasa superior al 3% y el 5%, respectivamente), lo que representa un incremento del 8% y del 10% respecto a la situación preCovid para cada una de las situaciones.
Con los legisladores republicanos y demócratas en "distintos universos" en lo que a las negociaciones del próximo plan de estímulo se refiere, según una fuente citada por CNN, alrededor de 30 millones de estadounidenses dejarán a partir de la próxima semana de recibir los 600 dólares semanales.
El Congreso de los Diputados estudiará este martes la aprobación de un régimen sancionador para empresas morosas que sobrepasen los plazos de pago de sus deudas con multas de hasta 1 millón de euros. La propuesta saldrá a la palestra en la validación o rechazo de las enmiendas al acuerdo adoptado en la Comisión de Reconstrucción enarbolada por los partidos del arco parlamentario para adoptar medidas de cara a la recuperación tras la pandemia.
Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, incumplió el pago de intereses correspondientes a dos emisiones de Certificados Bursátiles, informó el jueves el representante común de los tenedores de los papeles.
La crisis económica desatada por el Covid-19 ha supuesto un duro golpe para las empresas. Tanto es así que, según las estimaciones de la consultora Iberinform, unas 760.000 compañías están en riesgo de incurrir en impagos. Así, al menos el 18% del tejido empresarial en España se encuentra en máximo o elevado riesgo y un 21% adicional presenta riesgo moderado.
Durante el estado de alarma, que se ha extendido a lo largo de 98 días, las incidencias por impago de alquiler se han casi multiplicado por cinco. Así lo apunta el último informe elaborado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) en el que se analizan las comunicaciones de falta de pago, es decir, las notificaciones de los arrendadores que no han recibido las rentas de su alquiler en el plazo establecido para su cobro.
Si hay un sector que ha llegado mejor preparado a esta crisis que a la anterior ha sido el bancario. Con un nivel de capital mucho más elevado, la industria está en posición de aguantar mucho mejor el envite. Tras los varapalos bursátiles recibidos en los últimos años, la gran preocupación de los inversores estriba en si volverán las ampliaciones de capital que se vivieron en los años de crisis.
El grupo de supermercados francés E. Leclerc se enfrenta a los tribunales por el impago en un centro comercial de Madrid. Los propietarios del centro Gran Manzana de la localidad de Alcobendas han presentado una demanda en el juzgado ante los impagos reiterados por parte de la compañía, que pese a que cerró el hipermercado que tenía en su interior en 2016 sigue obligado a pagar las tasas correspondientes, según explican las fuentes consultadas.
