La electromovilidad se encuentra en sus primeros pasos y, con ella, los principales países europeos intentan atraer las inversiones en producción de baterías. Y es que las gigafactorías serán las actuales fábricas del futuro.

Iberdrola planea vender sus parques eólicos en Hungría y Rumanía como parte de su estrategia papara financiar su plan de crecimiento en los próximos años. La operación de venta se espera que pueda ponerse en marcha en las próximas semanas e incluye seis instalaciones eólicas que la empresa tiene en Rumanía y Hungría con una capacidad total de generación de 238 MW, lo que supondría una valoración de mercado del orden de 300 millones de euros.

La Agencia Internacional de la Energía está dispuesta a utilizar las reservas estratégicas de petróleo si fuera necesario. El organismo internacional asegura ya que sigue con creciente preocupación las recientes declaraciones y acciones de Rusia y sus posibles implicaciones para los mercados energéticos que ya muestran importantes subidas de precios.

La tensión entre Rusia y Ucrania puede empeorar la grave crisis energética que atraviesa Europa. Además del impacto que ya está teniendo en los precios del gas natural, una invasión de Ucrania podría causar una fuerte repercusión en los precios de los carburantes. Las refinerías europeas son las más expuestas ante un posible endurecimiento de las sanciones sobre Rusia, según indican los datos analizados por S&P Global Platts.

¿Logrará Estados Unidos implantar el Impuesto Mínimo Global sobre Sociedades del 15% en el escenario global? Los fiscalistas internacionales muestran sus dudas. La mitad cree que es "poco probable" que se lleve a la práctica pese a los anuncios del G7 y de la OCDE en los últimos meses.

Se esperaba que el verano fuera el punto de inflexión en la salida de esta pandemia. Con la llegada de los primeros fondos de recuperación a las capitales y la campaña de vacunación ganando velocidad en la UE, hasta el punto de superar a EEUU o el Reino Unido, en Bruselas se miraba con optimismo a la segunda mitad del año, y más allá. Tanto es así, que incluso con la variante Delta ya expandiéndose por el continente, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, no esperaba más restricciones a principios de julio.

Se esperaba que la migración fuera el plato fuerte de la cumbre europea que arrancó en Bruselas, y continuará hoy con los temas económicos. La propuesta de Francia y Alemania de recuperar los encuentros con el presidente ruso, Vladimir Putin, robó los focos y atrajo la polémica en el último minuto. Sin embargo, la situación de la comunidad LGTBI en Hungría terminó por convertirse en el asunto que espoleó el ánimo de los líderes.

El impuesto mínimo global sobre los beneficios de las multinacionales que impulsa la Administración estadounidense del presidente Joe Biden amenaza a las economías más liberales y más atractivas. En concreto, los países más afectados son aquellos que utilizan tasas impositivas corporativas bajas para atraer inversiones extranjeras. Hungría, Irlanda, Canadá, Hong Kong y Singapur están entre las economías desarrolladas con tasas bajas para atraer a las empresas y, además, por su posición económica y geoestratégica serán las que más se resientan con un nuevo impuesto mínimo global.

El impuesto mínimo global del 15% para las empresas propuesto este fin de semana por el Grupo de los Siete (G7) aumenta la división entre los socios de la Unión Europea (UE). Aunque el G7 todavía debe perfilar la normativa, impulsada por Estados Unidos, las pequeñas economías del Euro han mostrado ya su desacuerdo y piden esperar a un consenso internacional más amplio. La situación amenaza con un nuevo bloqueo de mayorías entre los socios comunitarios.

En el mes de julio, el anuncio del nuevo fondo de recuperación de la Unión Europea de 750.000 millones de euros (918.000 millones de dólares), llamado Next Generation UE, fue considerado revolucionario por muchos (y con justa razón). Nunca antes la UE se había endeudado, de forma mutualizada, para financiar transferencias y préstamos blandos para ayudar a los estados miembro a recuperarse de una importante sacudida económica. Al romper con tabúes de tan larga tradición, la iniciativa puede inclusive allanar el camino para una unión fiscal.

La Unión Europea enfrenta una amenaza existencial, pero su dirigencia responde con concesiones, aparentemente convencida de que la amenaza se irá con sólo desearlo. El régimen cleptocrático del primer ministro Viktor Orbán en Hungría y, en menor grado, el gobierno iliberal de Ley y Justicia en Polonia han plantado un desafío descarado a los valores en los que se basa la Unión Europea. Considerar que ese desafío es una postura política legítima, digna de reconocimiento y negociación, implica multiplicar los riesgos que ya enfrenta la UE.

He escrito mucho sobre la conveniencia de que la Unión Europea emita bonos perpetuos. Pero hoy, propongo que lo hagan los Estados miembros en forma individual.

La Unión Europea (UE) ha logrado desbloquear su plan de recuperación tras llegar a un compromiso para que Hungría y Polonia levantasen su veto pero el paquete de casi dos billones de euros en ayudas aún debe superar varios obstáculos para entrar en vigor y llegar a los países.

Los líderes de la Unión Europea (UE) lograron este jueves desbloquear su plan de recuperación tras la pandemia de coronavirus, al llegar a un compromiso con Hungría y Polonia para que levanten el veto que mantenían por su rechazo a vincular estas ayudas al Estado de Derecho. Así lo ha confirmado también la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, en su discurso en la entrega de los premios de la Noche de la Economía, de elEconomista.

Tras tres semanas de vetos, postureo político, amenazas e incluso la posibilidad de quedar excluidos del estímulo europeo, Hungría y Polonia aceptan levantar su veto al mega paquete presupuestario de la UE, incluido el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. A cambio, han conseguido rascar algunas concesiones respecto el mecanismo del Estado de derecho, que este jueves tendrán que validar los líderes durante la cumbre europea.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea estudiarán este jueves si dan el visto bueno al principio de acuerdo alcanzado con Polonia y Hungría para que estos levanten su veto el presupuesto comunitario para los próximos siete años y el fondo de recuperación de 750.000 millones con el que el bloque comunitario quiere relanzar su economía tras la pandemia de coronavirus.

Hungría y Polonía retiran el veto que paralizaba el fondo de ayudas europeas contra la crisis. No es mucho lo que ambos países obtienen a cambio.

Hungría y Polonia están terminando con la paciencia del resto de sus 25 socios de la UE. Su veto al fondo de recuperación y al presupuesto plurianual comunitario para 2021-2027, en total más de 1,8 billones de euros, escuece mucho, justo cuando Europa más necesita el estímulo frente a la pandemia, y además intenta zanjar otros complicados dosieres, como acordar la futura relación comercial con el Reino Unido.

Bruselas endurece el tono ante Polonia y Hungría y les plantea un ultimátum para que levanten sus vetos a las ayudas anti-Covid europeas esta semana.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, probablemente no hubiera podido imaginar una cumbre más complicada para cerrar su primer año al frente del cónclave de los líderes europeos. Los jefes de los Ejecutivos se encontrarán en Bruselas el próximo jueves y viernes con la negociación de la futura relación con el Reino Unido en el aire, el presupuesto plurianual comunitario y el fondo de recuperación bloqueados por Hungría y Polonia, una estrategia frente a la problemática Turquía aun en cocción, dificultades para lograr un acuerdo sobre las metas climáticas, además del complicado trasfondo de la pandemia y el batacazo económico.

El sanedrín europeo ya ha iniciado el ritual de estas fechas de pasar revista y también de mirar al futuro. Toca sacar conclusiones del año que termina y construir narrativas para dar sentido a los 12 meses por delante.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, insistió este viernes en el veto de su país contra el presupuesto europeo y el fondo de reconstrucción al considerar "inaceptable" relacionar el cumplimiento del Estado de derecho al desembolso de fondos europeos, pese a una reciente propuesta de su aliado, Polonia, de solucionar la disputa mediante una declaración adicional que explique los términos de esa condicionalidad.

Era un secreto a voces que costaba reconocer. Diplomáticos y funcionarios comunitarios especulaban estas semanas sobre las fórmulas para salvar el veto de Hungría y Polonia al megapaquete presupuestario de 1,8 billones de euros para relanzar la economía europea tras el impacto de la pandemia

Hungría y Polonia han vetado el presupuesto de siete años propuesto por la Unión Europea de 1,15 billones de euros y el fondo de recuperación europeo de 750.000 millones de euros. Aunque los dos países son los mayores beneficiarios del Presupuesto, sus gobiernos se oponen rotundamente a la condicionalidad del Estado de Derecho que la UE ha adoptado a instancias del Parlamento Europeo. Saben que están violando las exigencias del Estado de Derecho de manera atroz y no quieren pagar las consecuencias.

La recuperación de la economía mundial está perdiendo impulso en algunos países por el repunte en las tasas de infecciones según indicó el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe elaborado para el G-20.

El multimillonario inversor George Soros ha publicado un editorial en el portal Project Syndicate donde considera que el veto de Hungría y Polonia al presupuesto de la Unión Europea así como al plan de recuperación deben esquivarse.

La disyuntiva entre valores e intereses a menudo se ha colado la sala de mandos europea, cuando a la UE le tocaba actuar más allá de sus fronteras. Los socios vuelven ahora a estar ante este viejo problema con diferentes ropajes. Hungría y Polonia bloquearon este lunes la aprobación del mega estímulo europeo frente a la crisis causada por el covid-19. La razón es su rechazo al nuevo mecanismo del Estado de Derecho que incluye, y que puede llevar a la suspensión de los fondos europeos en casos de corrupción o problemas con la independencia de la justicia. En juego está la llegada de 1,81 billones de euros, incluyendo el presupuesto plurianual comunitario para los próximos siete años y el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros.

La UE se adentra en una nueva crisis tras ratificar los gobiernos de Hungría y de Polonia su decisión de bloquear la puesta en marcha el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años y el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros con el que el bloque quiere relanzar la economía dado su rechazo a que las cuentas y ayudas europeas se vinculen al cumplimiento del Estado de derecho entre los socios. Este movimiento retrasará aún más la llegada de estas ayudas a los socios europeos.

La sombra del veto húngaro, al que se sumó recientemente Polonia, planeaba desde hace tiempo sobre la aprobación del gran estímulo frente a la crisis causada por el covid-19, la mayor recesión en siete décadas de vida de la UE. Ambos países eran muy críticos con el nuevo mecanismo del Estado de Derecho, que vincula el desembolso de los fondos comunitarios al respeto de los principios buena gestión presupuestaria. Más aún porque ambos están en la picota comunitaria por haber erosionado el Estado de Derecho dentro de sus fronteras.

Polonia y Hungría vetan al Presupuesto de la UE. El uso de este mecanismo por parte de Varsovia y Budapest se daba por descontado desde hace semanas. Ambas capitales se sienten molestas con los reproches lanzados por Bruselas ante el deterioro que sufren sus respectivos Estados de Derecho.