La pandemia del covid-19 y la crisis económica asociada tiene su reflejo también en las cuentas de la Generalitat de Cataluña, que en los próximos años prevén aumentar todavía más su dependencia de la financiación del Estado, ya actualmente mayoritaria.
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Angel de la Fuente, ha destacado a Cantabria como una de las comunidades autónomas mejor financiadas por el Estado y ha apostado por realizar una "mini reforma" para compensar a las que se encuentran peor paradas en el reparto de fondos. Además, el experto en financiación autonómica ha explicado que si se apuesta por la homogeneizar impuestos entre regiones habrá que hacerlo con todas, lo que supone revisar el sistema foral que beneficia a País Vasco y Navarra, dos de las regiones más ricas de España.
Experto en el equilibrio y en la moderación dialéctica, Ángel de la Fuente, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania (EEUU), y desde 2014 Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), analiza para elEconomista la fiscalidad de las comunidades autónomas, desmontando algunos mitos, profundizando en los problemas del sistema de financiación y, ofreciendo algunas soluciones para cuestiones concretas como los impuestos cedidos por el Estado. De la Fuente piensa que, para este momento concreto, sería positivo no subir impuestos, o al menos no cobrarlos a quienes no han generado riqueza como consecuencia de la crisis sanitaria y económica.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este viernes, 11 de diciembre, que "no hay milagros" contra la despoblación, sino "políticas concretas", entre las que ha destacado la financiación autonómica y las ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC).
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha exigido este viernes al Gobierno una "negociación multilateral" del modelo de financiación autonómica y ha vuelto a rechaza una armonización fiscal que suponga una subida de impuestos.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido este jueves la armonización fiscal que quiere llevar a cabo el Ejecutivo y ha subrayado que es necesario "sentar a todas las comunidades autónomas" para revisar "todo" el sistema de financiación a partir de 2021, "y no quedarse sólo en uno u otro elemento".
El debate en torno a la fiscalidad en Madrid en comparación con otras regiones entra dentro de la categoría que definió Hayek de difuntos que vuelven recurrentemente a la vida para posteriormente volver a ser enterrados. Cada cierto tiempo, el Gobierno central y otros Gobiernos autonómicos desentierran la cuestión para, sin que haya de por medio discusión racional alguna, agitar la opinión pública durante unos días hasta que se termina de agotar, a veces por agotamiento del discurso y en otras ocasiones por la aparición de otros temas que sí sean verdaderamente relevantes.
Empresarios, representantes sociales y políticos de distintas fuerzas volvieron a unirse por tercer año consecutivo un 18 de noviembre para reclamar un modelo de financiación justo para la Comunidad Valenciana.
Pese a la falta de avances en la reforma del modelo de financiación autonómica que reclama, el presidente valenciano destaca una cifra que califica de "récord" pese a la previsible caída de la recaudación de impuestos.
El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), ha acordado asignar a las comunidades autónomas para el cuarto trimestre de este año 2020 un total de 4.633,42 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, de los que 702,16 millones de euros está destinados a Andalucía correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
¿Se está disparando la presión fiscal en España? A primera vista no lo parece porque la recaudación de impuestos se está reduciendo debido a los efectos de la pandemia del Coronavirus sobre la actividad económica. Sin embargo, en los seis primeros meses del año, la recaudación de impuestos gestionados por la Agencia Tributaria se redujo en un 11%. En ese mismo periodo, la caída del PIB fue de más del doble, del 22,1%. Si esto continúa así, España experimentaría un importante incremento de la presión fiscal, que no es más que el cociente entre la recaudación de impuestos y el PIB.
Los gastos electorales para los comicios de abril de 2019 estuvieron plagados de irregularidades en el caso de casi todos los partidos, según el Tribunal de Cuentas.
Los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, Alfonso Fernández Mañueco, Emiliano García-Page, y Javier Lambán, han reivindicado el reto demográfico y la revitalización del medio rural como un mandato de la Constitución, donde se recoge la igualdad de todos los españoles, además de que debe ser entendida como una "política de Estado de primera magnitud" que determine el modelo de financiación autonómica , el debate parlamentario y la gestión presupuestaria.
La organización empresarial afirma que la crisis no pueden asumirla empresas y familias con más cargas impositivas y aboga por minorizar el impacto de la crisis planteando estrategias de recuperación, impulsando sectores de actividad estratégicos de la economía de Aragón y por la revisión de la financiación autonómica.
El lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, ha vuelto a manifestar su desacuerdo con la toma de decisiones unilaterales por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de la pandemia. Durante todo el estado de alarma, Urkullu ha reclamado la cogobernanza y la colaboración entre los gobierno autonómicos y el central, y cada domingo en las conferencias de presidentes mostraba su disconformidad con las medidas consumadas que en ellas se comunicaban.
Los criterios que finalmente ha aprobado el Gobierno para el reparto de los 16.000 millones de euros con que dotará el fondo Covid-19 para las autonomías han elevado las críticas en aquellos territorios con índices de población inferiores, siendo este el criterio que prevalecerá para el cálculo de las dotaciones.
El Govern considera que ha llegado el momento de abordar con el Estado un debate sobre el modelo de financiación de la sanidad pública. El Ejecutivo catalán cree que el coronavirus ha evidenciado una serie de carencias derivadas de un "modelo de financiación del siglo pasado" con un nivel de recursos que no responde a las necesidades de una sociedad cada día más longeva y que requiere de más y mejores tratamientos médicos, según manifestó recientemente el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès.
A partir de esta semana, el Ministerio de Hacienda se pondrá en contacto con las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados para debatir y negociar los criterios de reparto del fondo no rembolsable de 16.000 millones de euros, con el que paliar parte del gasto sanitario que las comunidades autónomas, tanto de régimen común como de régimen foral, han tenido que soportar a raíz del Covid-19.
La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha pedido este jueves "reforzar" la financiación de las comunidades autónomas y un modelo fiscal "más justo" entre regiones y entre ciudadanos para luchar contra los efectos de la pandemia de la COVID-19.
La agencia internacional de calificación Moodys calcula que las autonomías españolas cerrarán el año con un déficit de entre el 1,7% y el 2,8%, frente al 0,2% que tienen como objetivo, debido a la crisis del coronavirus, que ha disparado el gasto sanitario y reducirá ingresos fiscales por el parón económico y engrosará la deuda.
La reunión este mes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la patronal catalana Foment del Treball con motivo de la visita del jefe del Ejecutivo estatal a Cataluña para reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha generado cierto revuelo mediático ante la percepción desde medios de la capital estatal de una crítica de Foment al sistema fiscal madrileño.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mantener una "pronta reunión" además pedirle que que convoque "con prontitud" la Conferencia de Presidentes con el fin de poder abordar los "desafíos demográficos" y la financiación autonómica.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, remitirá una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma semana para urgir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para negociar asuntos "fundamentales" como la reforma de un modelo de financiación autonómica "antiguo e injusto".
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la relajación del déficit propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, para los próximos años no es sino la constatación de que las comunidades están "insuficientemente financiadas".
La polémica fiscal más ruidosa de los últimos tiempos es, sin duda, la que se refiere a los 2.500 millones de IVA que supuestamente el Estado adeuda a las Comunidades Autónomas. Hay que reconocer que la cuestión no es técnicamente sencilla, por lo que resulta necesaria una explicación detallada que no se ha visto en toda esta polémica. El origen de esta discordia está en una decisión de modernización y de lucha contra el fraude: el nuevo SII, siglas del suministro inmediato de información, al que están obligadas desde 2017 las grandes empresas.
Un total de 2.111 euros por ciudadano. Es la cantidad que recibió la Comunitat Valenciana por parte del Estado en 2019 para atender las competencias transferidas a las autonomías (Sanidad, Educación, etc.). La cifra, obtenida a partir de la suma de las entregas a cuenta y liquidaciones transferidas por el Gobierno de España a la región correspondientes a lo que recaudó de los valencianos en 2017 -el Ejecutivo tarda dos ejercicios en repartir las aportaciones- sitúa de nuevo a la autonomía que gobiernan Ximo Puig y Mónica Oltra a la cola de entre todos los territorios del régimen común (sin tener en cuenta a las privilegiadas País Vasco y Navarra).
"La deuda de la Comunitat Valenciana ha aumentado en 6.000 millones desde la entrada del Consell del Botànic en 2015, lo que supone un crecimiento de 1.500 millones al año". Así, con meridiana claridad, expone la Conselleria de Hacienda la situación de la abultada factura que debe la autonomía, que al cierre del tercer trimestre de 2019 ascendía a 47.877 millones de euros. Se trata, con diferencia, de la más elevada de entre todas las regiones españolas respecto a su PIB, con un 41,8% (la segunda es la de Castilla-La Macha con un 35,5%). Y encima se dirige sin frenos hacia los 50.000 millones. ¿La razón? Que Gobierno de Ximo Puig no tiene intención de atajarla mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no repare la infrafinanciación que sufre el territorio.
El Ministerio de Hacienda prevé pagar a Castilla y León un total de 6.442 millones de euros por las entregas a cuenta por el sistema de financiación 2020, un 3,99 por ciento más que la cantidad comunicada inicialmente en 2019, que fue de 6.195 millones.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros de un acuerdo para activar el pago de 103.000 millones de las entregas a cuenta iniciales a las Comunidades Autónomas en 2020.
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha avisado este miércoles al nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez de que si no reforma el modelo de financiación autonómica con un modelo "justo e igualitario para todos" tendrá que "movilizar a la sociedad civil valenciana" en una "manifestación masiva" todavía con más presupuesto y fuerza que la que sacó a la calle a miles de personas en noviembre de 2017 con el anterior Ejecutivo.
