financiación autonómica

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha propuesto este viernes que un grupo de "técnicos independientes" asesore a los partidos para conformar la posición de la Comunidad Autónoma sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que ha elaborado el Ministerio de Hacienda y sobre la que el Gobierno regional ha planteado su postura ya remitida a los grupos de las Cortes, asunto sobre el que el líder popular ha pedido una reunión cara a cara con el jefe del Ejecutivo, Javier Lambán.

Andalucía es otra de las regiones donde elEconomista ha puesto el foco en estos últimos años. Dedica a la economía y la empresa andaluza una revista con difusión nacional e internacional gracias a su formato digital y gratuito. Una realidad en muchas ocasiones es desconocida más allá de Despeñaperros, como popularmente se expresa para señalar todo el que está más allá de los límites geográficos de la comunidad. Una realidad que ha sido duramente golpeada por la crisis y que tiene en la creación de empleo su primer y principal reto.

Castilla y León no considera que la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica enviada por el Gobierno hace unos días sea "un paso adelante" para la Comunidad "porque pierde dinero".

El ministerio de Hacienda, del que está al frente María Jesús Montero premiará a las comunidades autónomas más despobladas con su futuro sistema de financiación autonómica. El Ministerio envió ayer a las CCAA su propuesta para la reforma del sistema.

Tras una frenética negociación con Compromís y Podemos para los presupuestos valencianos de 2022, el socialista Vicent Soler defiende los fondos transitorios por el Covid pese al rechazo de Hacienda y ve puntos en común entre las autonomías para la reforma de la financiación.

El jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, ha manifestado que la reunión de ocho presidentes autonómicos celebrada este martes, en Santiago de Compostela, demuestra "que es posible hacer política en España superando el frentismo", que conduce "siempre a la catástrofe".

La falta de avances en la reforma de la financiación autonómica ha vuelto a unir tanto a la patronal valenciana como a los sindicatos y a la mayoría de los partidos políticos con representación en el parlamento autonómico. La plataforma promovida por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los sindicatos CCOO y UGT llevarán este sábado a las calles de las tres capitales provinciales su protesta por la infrafinanciación valenciana.

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reclamado una profunda revisión de las necesidades autonómicas de financiación en igualdad de condiciones entre todas las comunidades, en un dialogo conjunto evitando encuentros bilaterales del Gobierno con las autonomías.

La Generalitat afrontará el próximo año su récord de vencimientos de deuda, con más de 11.000 millones de euros. La gran mayoría, casi el 90%, corresponden a amortizaciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos de liquidez que la administración autonómica ha ido recibiendo del Estado desde 2012 en forma de préstamos. Por eso mismo, su retorno también está asegurado a través de los fondos de liquidez de 2022, de los que Cataluña espera recibir unos 12.500 millones el año que viene, según los cálculos del Ejecutivo de Pere Aragonès.

Los especialistas en fiscalidad estiman que no se debe ceder a las Comunidades Autónomas el Impuesto sobre Sociedades, porque consideran que generaría muchos problemas si las comunidades tratasen de utilizarlo para atraer empresas.

La reforma de la financiación autonómica ha pasado a convertirse en uno de los grandes temas pendientes en la agenda de la mayoría de presidentes autonómicos y ha sido uno de los asuntos que ha planeado en el Congreso Federal que el PSOE ha celebrado este fin de semana en Valencia.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el techo de gasto no financiero que será de 11.621 millones de euros, un 5,84 por ciento más que el acordado para el último presupuesto aprobado por el Ejecutivo autonómico, en 2021, y que será la referencia para poder elaborar las cuentas generales de la Comunidad de 2022.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha abogado por extrapolar el modelo con trayectoria de "negociación y diálogo" de la Política Agraria Común (PAC) a otros ámbitos como el del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque, a su juicio, "no puede ser" que el ministro "de turno" diga: "Esto es lo que toca, esto es lo que hay".

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ha incidido en que "el modelo de financiación autonómica que plantee el Gobierno central debe ser generalizable al conjunto de las comunidades autónomas". Ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha aseverado este martes que no tolerará ""ningún trato de favor ni agravio" para ninguna comunidad autónoma en materia de financiación autonómica.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este martes que está manteniendo conversaciones con los Ejecutivos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias para celebrar una reunión el próximo mes de octubre y concretar una postura común sobre el modelo de financiación autonómica.

"Necesitamos un tapón para cerrar esta hemorragia financiera que estamos sufriendo ciertas comunidades autónomas". Así de contundente se mostró el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, tras reunirse con su homólogo valenciano Ximo Puig, en un encuentro en el que han acordado una alianza común para defender una postura en común para reformar la financiación autonómica pese a pertenecer a dos grandes partidos distintos, PP y PSOE.

La Plataforma por una Financiación Justa, que agrupa a todos los partidos políticos presentes en el parlamento valenciano salvo Vox, a la patronal CEV y a los sindicatos UGT y CCOO, entre otros, ha acordado este viernes por unanimidad convocar el próximo 20 de noviembre una nueva manifestación en las tres capitales de provincia para exigir "ya" un cambio de modelo, basado en el criterio de población ajustada, porque "está demostrado, con datos, que la Comunidad Valenciana es la peor financiada".

Los retrasos en los pagos de las ayudas a empresas por la crisis del Covid que gestionan las Comunidades Autónomas ha llevado al Gobierno a replantearse las condiciones fijadas para acceder a ellas, después de tener que solicitar ampliar los plazos a Bruselas ante el riesgo de que esos fondos no se agoten.

Cataluña y Comunidad Valenciana plantearán al Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de que en los Presupuestos Generales de 2022 se mantengan los fondos extraordinarios Covid de los dos últimos años para las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el Ejecutivo independentista catalán ha rechazado sumarse a la negociación multilateral para reformar el sistema de financiación autonómica en el que tienen que participar las autonomías.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha vuelto a arrojar luz sobre las enormes diferencias ("difícilmente justificables") entre los índices de financiación por habitante de las comunidades autónomas, que superan en algunos casos los 20 puntos entre unas regiones y otras. Traducido en euros, esta cifra puede superar los 700 euros por habitante ajustado entre los cántabros (la CCAA mejor financiada) y los valencianos (la CCAA peor financiada), según se desprende de las hojas de cálculo publicadas por Fedea.

Hasta un 25% de los ingresos tributarios destina la Comunidad de Madrid para nutrir el fondo de financiación autonómica. Es decir, la cuarta parte de la recaudación de la región va para el reparto anual y, más allá, supone el triple del esfuerzo que realiza Cataluña, cuya aportación supone un 8,75% de los ingresos registrados. A estas autonomía, se suma las Islas Baleares como las únicas tres regiones que contribuyen netamente a este fondo, en el caso de la autonomía insular con el 11,5% de los ingresos, tal y como señala Fedea en un informe publicado este lunes sobre La liquidación de 2019 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.

Hasta ahora, el peso de cada comunidad autónoma en el PIB guiaba el reparto de dinero a las comunidades autónomas. Pero el Gobierno ha cambiado ese criterio y ahora es el baremo de población ajustada (que introduce también la variable de la edad) lo que marca la financiación autonómica. Este cambio perjudica a territorios como Madrid, que ve como se le restan 750 millones de financiación.

La propuesta estrella de la Generalitat Valenciana que además fue respaldada por dos autonomías del PP, Andalucía y Murcia, no fue finalmente ni siquiera votada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado telemáticamente.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, pedirá durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este miércoles que el Fondo Covid de 13.486 millones que se repartirá entre las CCAA incluya un mecanismo transitorio para las autonomías infrafinanciadas con 2.285 millones sólo para ese fin, de los cuales 1.058 millones corresponderían a la Comunitat Valenciana.

Pese a su distinto color político, la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig y la Junta de Andalucía del popular Juan Manuel Moreno, unirán sus voces en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Un encuentro vital para decidir el reparto de los 13.486 millones de euros del fondo extraordinario Covid destinado a las autonomías este año.

Los gobiernos de izquierdas que presiden Ximo Puig y Francina Armengol han pactado una declaración conjunta que presentarán a otras autonomías en la que reclaman que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el incremento de población y también la población estacional o "flotante", que supone un importante incremento de los residentes en los meses de verano.

El presidente valenciano insta a los grandes empresarios valencianos que forman parte de la asociación sumarse a su batalla fiscal frente a Madrid, como con el Corredor Mediterráneo y la reforma de la financiación autonómica.

Los ayuntamientos se movilizan para que el Gobierno amplíe los plazos para devolver las cantidades que cobraron de más en 2020, en concepto de entregas a cuenta procedentes del Estado.