financiación autonómica

Los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, Alfonso Fernández Mañueco, Emiliano García-Page, y Javier Lambán, han reivindicado el reto demográfico y la revitalización del medio rural como un mandato de la Constitución, donde se recoge la igualdad de todos los españoles, además de que debe ser entendida como una "política de Estado de primera magnitud" que determine el modelo de financiación autonómica , el debate parlamentario y la gestión presupuestaria.

La organización empresarial afirma que la crisis no pueden asumirla empresas y familias con más cargas impositivas y aboga por minorizar el impacto de la crisis planteando estrategias de recuperación, impulsando sectores de actividad estratégicos de la economía de Aragón y por la revisión de la financiación autonómica. 

El lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, ha vuelto a manifestar su desacuerdo con la toma de decisiones unilaterales por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de la pandemia. Durante todo el estado de alarma, Urkullu ha reclamado la cogobernanza y la colaboración entre los gobierno autonómicos y el central, y cada domingo en las conferencias de presidentes mostraba su disconformidad con las medidas consumadas que en ellas se comunicaban.

Los criterios que finalmente ha aprobado el Gobierno para el reparto de los 16.000 millones de euros con que dotará el fondo Covid-19 para las autonomías han elevado las críticas en aquellos territorios con índices de población inferiores, siendo este el criterio que prevalecerá para el cálculo de las dotaciones.

El Govern considera que ha llegado el momento de abordar con el Estado un debate sobre el modelo de financiación de la sanidad pública. El Ejecutivo catalán cree que el coronavirus ha evidenciado una serie de carencias derivadas de un "modelo de financiación del siglo pasado" con un nivel de recursos que no responde a las necesidades de una sociedad cada día más longeva y que requiere de más y mejores tratamientos médicos, según manifestó recientemente el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès.

A partir de esta semana, el Ministerio de Hacienda se pondrá en contacto con las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados para debatir y negociar los criterios de reparto del fondo no rembolsable de 16.000 millones de euros, con el que paliar parte del gasto sanitario que las comunidades autónomas, tanto de régimen común como de régimen foral, han tenido que soportar a raíz del Covid-19.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha pedido este jueves "reforzar" la financiación de las comunidades autónomas y un modelo fiscal "más justo" entre regiones y entre ciudadanos para luchar contra los efectos de la pandemia de la COVID-19.

La agencia internacional de calificación Moody’s calcula que las autonomías españolas cerrarán el año con un déficit de entre el 1,7% y el 2,8%, frente al 0,2% que tienen como objetivo, debido a la crisis del coronavirus, que ha disparado el gasto sanitario y reducirá ingresos fiscales por el parón económico y engrosará la deuda.

La reunión este mes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la patronal catalana Foment del Treball con motivo de la visita del jefe del Ejecutivo estatal a Cataluña para reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha generado cierto revuelo mediático ante la percepción desde medios de la capital estatal de una crítica de Foment al sistema fiscal madrileño.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mantener una "pronta reunión" además pedirle que que convoque "con prontitud" la Conferencia de Presidentes con el fin de poder abordar los "desafíos demográficos" y la financiación autonómica.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, remitirá una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma semana para urgir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para negociar asuntos "fundamentales" como la reforma de un modelo de financiación autonómica "antiguo e injusto".

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la relajación del déficit propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, para los próximos años no es sino la constatación de que las comunidades están "insuficientemente financiadas".

La polémica fiscal más ruidosa de los últimos tiempos es, sin duda, la que se refiere a los 2.500 millones de IVA que supuestamente el Estado adeuda a las Comunidades Autónomas. Hay que reconocer que la cuestión no es técnicamente sencilla, por lo que resulta necesaria una explicación detallada que no se ha visto en toda esta polémica. El origen de esta discordia está en una decisión de modernización y de lucha contra el fraude: el nuevo SII, siglas del suministro inmediato de información, al que están obligadas desde 2017 las grandes empresas.

Un total de 2.111 euros por ciudadano. Es la cantidad que recibió la Comunitat Valenciana por parte del Estado en 2019 para atender las competencias transferidas a las autonomías (Sanidad, Educación, etc.). La cifra, obtenida a partir de la suma de las entregas a cuenta y liquidaciones transferidas por el Gobierno de España a la región correspondientes a lo que recaudó de los valencianos en 2017 -el Ejecutivo tarda dos ejercicios en repartir las aportaciones- sitúa de nuevo a la autonomía que gobiernan Ximo Puig y Mónica Oltra a la cola de entre todos los territorios del régimen común (sin tener en cuenta a las privilegiadas País Vasco y Navarra).

"La deuda de la Comunitat Valenciana ha aumentado en 6.000 millones desde la entrada del Consell del Botànic en 2015, lo que supone un crecimiento de 1.500 millones al año". Así, con meridiana claridad, expone la Conselleria de Hacienda la situación de la abultada factura que debe la autonomía, que al cierre del tercer trimestre de 2019 ascendía a 47.877 millones de euros. Se trata, con diferencia, de la más elevada de entre todas las regiones españolas respecto a su PIB, con un 41,8% (la segunda es la de Castilla-La Macha con un 35,5%). Y encima se dirige sin frenos hacia los 50.000 millones. ¿La razón? Que Gobierno de Ximo Puig no tiene intención de atajarla mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no repare la infrafinanciación que sufre el territorio.

El Ministerio de Hacienda prevé pagar a Castilla y León un total de 6.442 millones de euros por las entregas a cuenta por el sistema de financiación 2020, un 3,99 por ciento más que la cantidad comunicada inicialmente en 2019, que fue de 6.195 millones.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros de un acuerdo para activar el pago de 103.000 millones de las entregas a cuenta iniciales a las Comunidades Autónomas en 2020.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha avisado este miércoles al nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez de que si no reforma el modelo de financiación autonómica con un modelo "justo e igualitario para todos" tendrá que "movilizar a la sociedad civil valenciana" en una "manifestación masiva" todavía con más presupuesto y fuerza que la que sacó a la calle a miles de personas en noviembre de 2017 con el anterior Ejecutivo.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, no aceptará "en ningún caso" que el Ejecutivo central firme un acuerdo "bilateral" relativo a la financiación autonómica "con ninguna comunidad". Aragón quiere "retomar de manera inmediata" el debate multilateral de la finacianción, ha dicho.

El Partido Popular de Aragón celebrará este domingo, 12 de enero, en la localidad de Barbastro su Interparlamentaria Autonómica, en la que van a tratarse temas de actualidad como la financiación de las Comunidades Autónomas, el presente y el futuro de la política y la despoblación.

Las comunidades autónomas comenzarán el año 2020 con el agua al cuello. La prórroga presupuestaria ha dejado ya a las autonomías sin los 2.500 millones de euros que les corresponden por el IVA de diciembre de 2017. Sin embargo, las comunidades autónomas estiman que el agujero de los impagos del Gobierno central asciende a los 3.500 millones de euros, después de que el Gobierno desbloqueara las entregas a cuenta por un valor de 4.500 millones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que continuará bajando los impuestos "de tres en tres" en la región de manera progresiva y usará la reducción del tramo autonómico del IRPF para compensar las posibles políticas de un Ejecutivo de PSOE y Podemos.

La ministra en funciones, María Luisa Carcedo, se ha reunido hoy con las comunidades autónomas en un Consejo Interterritorial realizado 'online'. Durante la reunión, además de aprobar esta vacuna, se han aprobado el reparto de dos millones para los sistemas de información sanitarios.

La formación de un Gobierno de coalición progresista, si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente -algo que por lo pronto no está tan claro-, amenaza con recrudecer la guerra fiscal por los impuestos autonómicos entre el PSOE y el Partido Popular. Y es que, entre los planes fiscales de los socialistas está precisamente su intención de armonizar los tributos cedidos y de gestión regional y poner límite a la rebajas fiscales que tienen y plantean los territorios populares.

Una medida "difícil y compleja", que habría que tomar "en el marco de la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica" y que requeriría "un gran consenso". Así ve el Consejo de Economistas de España la propuesta fiscal del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a las elecciones del próximo 10 de noviembre, Pedro Sánchez, de "armonizar" el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios con el objetivo de acabar con lo que denomina el "dumping fiscal" de autonomías como la Comunidad de Madrid, donde está bonificado en su práctica totalidad.

La Comunidad de Madrid presenta este miércoles en la Audiencia Nacional un contencioso administrativo contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez por no liquidar lo que corresponde a esta región por el IVA del mes de diciembre de 2017, y que asciende a 377 millones de euros, lo que equivale a una merma del 0,15% del PIB.

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez acaba de encontrar la fórmula para hacer efectiva el anticipo de las entregas a cuenta en el mes de diciembre a las CCAA. Este viernes, la ministra de Hacienda anunciaba el real decreto-ley que el Ejecutivo llevará a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para liberar 4.682 millones para las administraciones regionales, y 821 para las entidades locales. Según la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la Abogacía del Estado no ha puesto ningún impedimiento para hacer realidad una demanda que venían exigiendo todas las comunidades. La decisión llega por tanto, a un mes de las elecciones generales del 10 de noviembre, con un gobierno en funciones y con unos presupuestos generales prorrogados.

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, "reprobar" a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por su "bloqueo" al pago a Andalucía de 1.350 millones en concepto de las entregas a cuenta y la recaudación del IVA. Esta reprobación ha contado con el voto en contra del PSOE-A y la abstención de Adelante Andalucía.

Pedro Sánchez tiene en la agenda de los próximos meses dos objetivos prioritarios: formar Gobierno y sacar adelante los Presupuestos en el primer trimestre de 2020. Para llevarla a cabo, confiado en que los números le darán la holgura suficiente como para pedir compromiso al resto de partidos tras el 10 de noviembre, el candidato del PSOE propondrá este fin de semana al resto de partidos políticos un plan para "vencer el bloqueo" político y poder tener el Ejecutivo en diciembre. Especial Elecciones Generales 10-N.

El hecho de que el Gobierno se encuentre en funciones, y de que las elecciones se celebren en poco más de un mes, no es obstáculo para que el Ejecutivo siga impulsando el gasto público en tan breve intervalo, previsiblemente, a golpe de decreto-ley.