La reunión este mes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la patronal catalana Foment del Treball con motivo de la visita del jefe del Ejecutivo estatal a Cataluña para reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha generado cierto revuelo mediático ante la percepción desde medios de la capital estatal de una crítica de Foment al sistema fiscal madrileño.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a mantener una "pronta reunión" además pedirle que que convoque "con prontitud" la Conferencia de Presidentes con el fin de poder abordar los "desafíos demográficos" y la financiación autonómica.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, remitirá una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma semana para urgir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para negociar asuntos "fundamentales" como la reforma de un modelo de financiación autonómica "antiguo e injusto".
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la relajación del déficit propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, para los próximos años no es sino la constatación de que las comunidades están "insuficientemente financiadas".
La polémica fiscal más ruidosa de los últimos tiempos es, sin duda, la que se refiere a los 2.500 millones de IVA que supuestamente el Estado adeuda a las Comunidades Autónomas. Hay que reconocer que la cuestión no es técnicamente sencilla, por lo que resulta necesaria una explicación detallada que no se ha visto en toda esta polémica. El origen de esta discordia está en una decisión de modernización y de lucha contra el fraude: el nuevo SII, siglas del suministro inmediato de información, al que están obligadas desde 2017 las grandes empresas.
Un total de 2.111 euros por ciudadano. Es la cantidad que recibió la Comunitat Valenciana por parte del Estado en 2019 para atender las competencias transferidas a las autonomías (Sanidad, Educación, etc.). La cifra, obtenida a partir de la suma de las entregas a cuenta y liquidaciones transferidas por el Gobierno de España a la región correspondientes a lo que recaudó de los valencianos en 2017 -el Ejecutivo tarda dos ejercicios en repartir las aportaciones- sitúa de nuevo a la autonomía que gobiernan Ximo Puig y Mónica Oltra a la cola de entre todos los territorios del régimen común (sin tener en cuenta a las privilegiadas País Vasco y Navarra).
"La deuda de la Comunitat Valenciana ha aumentado en 6.000 millones desde la entrada del Consell del Botànic en 2015, lo que supone un crecimiento de 1.500 millones al año". Así, con meridiana claridad, expone la Conselleria de Hacienda la situación de la abultada factura que debe la autonomía, que al cierre del tercer trimestre de 2019 ascendía a 47.877 millones de euros. Se trata, con diferencia, de la más elevada de entre todas las regiones españolas respecto a su PIB, con un 41,8% (la segunda es la de Castilla-La Macha con un 35,5%). Y encima se dirige sin frenos hacia los 50.000 millones. ¿La razón? Que Gobierno de Ximo Puig no tiene intención de atajarla mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no repare la infrafinanciación que sufre el territorio.
El Ministerio de Hacienda prevé pagar a Castilla y León un total de 6.442 millones de euros por las entregas a cuenta por el sistema de financiación 2020, un 3,99 por ciento más que la cantidad comunicada inicialmente en 2019, que fue de 6.195 millones.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros de un acuerdo para activar el pago de 103.000 millones de las entregas a cuenta iniciales a las Comunidades Autónomas en 2020.
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha avisado este miércoles al nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez de que si no reforma el modelo de financiación autonómica con un modelo "justo e igualitario para todos" tendrá que "movilizar a la sociedad civil valenciana" en una "manifestación masiva" todavía con más presupuesto y fuerza que la que sacó a la calle a miles de personas en noviembre de 2017 con el anterior Ejecutivo.
México
Argentina
Chile
Colombia
Perú
