El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha avisado este miércoles al nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez de que si no reforma el modelo de financiación autonómica con un modelo "justo e igualitario para todos" tendrá que "movilizar a la sociedad civil valenciana" en una "manifestación masiva" todavía con más presupuesto y fuerza que la que sacó a la calle a miles de personas en noviembre de 2017 con el anterior Ejecutivo.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, no aceptará "en ningún caso" que el Ejecutivo central firme un acuerdo "bilateral" relativo a la financiación autonómica "con ninguna comunidad". Aragón quiere "retomar de manera inmediata" el debate multilateral de la finacianción, ha dicho.
El Partido Popular de Aragón celebrará este domingo, 12 de enero, en la localidad de Barbastro su Interparlamentaria Autonómica, en la que van a tratarse temas de actualidad como la financiación de las Comunidades Autónomas, el presente y el futuro de la política y la despoblación.
Las comunidades autónomas comenzarán el año 2020 con el agua al cuello. La prórroga presupuestaria ha dejado ya a las autonomías sin los 2.500 millones de euros que les corresponden por el IVA de diciembre de 2017. Sin embargo, las comunidades autónomas estiman que el agujero de los impagos del Gobierno central asciende a los 3.500 millones de euros, después de que el Gobierno desbloqueara las entregas a cuenta por un valor de 4.500 millones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que continuará bajando los impuestos "de tres en tres" en la región de manera progresiva y usará la reducción del tramo autonómico del IRPF para compensar las posibles políticas de un Ejecutivo de PSOE y Podemos.
La ministra en funciones, María Luisa Carcedo, se ha reunido hoy con las comunidades autónomas en un Consejo Interterritorial realizado 'online'. Durante la reunión, además de aprobar esta vacuna, se han aprobado el reparto de dos millones para los sistemas de información sanitarios.
La formación de un Gobierno de coalición progresista, si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente -algo que por lo pronto no está tan claro-, amenaza con recrudecer la guerra fiscal por los impuestos autonómicos entre el PSOE y el Partido Popular. Y es que, entre los planes fiscales de los socialistas está precisamente su intención de armonizar los tributos cedidos y de gestión regional y poner límite a la rebajas fiscales que tienen y plantean los territorios populares.
Una medida "difícil y compleja", que habría que tomar "en el marco de la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica" y que requeriría "un gran consenso". Así ve el Consejo de Economistas de España la propuesta fiscal del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a las elecciones del próximo 10 de noviembre, Pedro Sánchez, de "armonizar" el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios con el objetivo de acabar con lo que denomina el "dumping fiscal" de autonomías como la Comunidad de Madrid, donde está bonificado en su práctica totalidad.
La Comunidad de Madrid presenta este miércoles en la Audiencia Nacional un contencioso administrativo contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez por no liquidar lo que corresponde a esta región por el IVA del mes de diciembre de 2017, y que asciende a 377 millones de euros, lo que equivale a una merma del 0,15% del PIB.
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez acaba de encontrar la fórmula para hacer efectiva el anticipo de las entregas a cuenta en el mes de diciembre a las CCAA. Este viernes, la ministra de Hacienda anunciaba el real decreto-ley que el Ejecutivo llevará a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para liberar 4.682 millones para las administraciones regionales, y 821 para las entidades locales. Según la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la Abogacía del Estado no ha puesto ningún impedimiento para hacer realidad una demanda que venían exigiendo todas las comunidades. La decisión llega por tanto, a un mes de las elecciones generales del 10 de noviembre, con un gobierno en funciones y con unos presupuestos generales prorrogados.
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