Una medida "difícil y compleja", que habría que tomar "en el marco de la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica" y que requeriría "un gran consenso". Así ve el Consejo de Economistas de España la propuesta fiscal del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a las elecciones del próximo 10 de noviembre, Pedro Sánchez, de "armonizar" el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios con el objetivo de acabar con lo que denomina el "dumping fiscal" de autonomías como la Comunidad de Madrid, donde está bonificado en su práctica totalidad.
La Comunidad de Madrid presenta este miércoles en la Audiencia Nacional un contencioso administrativo contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez por no liquidar lo que corresponde a esta región por el IVA del mes de diciembre de 2017, y que asciende a 377 millones de euros, lo que equivale a una merma del 0,15% del PIB.
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez acaba de encontrar la fórmula para hacer efectiva el anticipo de las entregas a cuenta en el mes de diciembre a las CCAA. Este viernes, la ministra de Hacienda anunciaba el real decreto-ley que el Ejecutivo llevará a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para liberar 4.682 millones para las administraciones regionales, y 821 para las entidades locales. Según la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la Abogacía del Estado no ha puesto ningún impedimiento para hacer realidad una demanda que venían exigiendo todas las comunidades. La decisión llega por tanto, a un mes de las elecciones generales del 10 de noviembre, con un gobierno en funciones y con unos presupuestos generales prorrogados.
El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, "reprobar" a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por su "bloqueo" al pago a Andalucía de 1.350 millones en concepto de las entregas a cuenta y la recaudación del IVA. Esta reprobación ha contado con el voto en contra del PSOE-A y la abstención de Adelante Andalucía.
Pedro Sánchez tiene en la agenda de los próximos meses dos objetivos prioritarios: formar Gobierno y sacar adelante los Presupuestos en el primer trimestre de 2020. Para llevarla a cabo, confiado en que los números le darán la holgura suficiente como para pedir compromiso al resto de partidos tras el 10 de noviembre, el candidato del PSOE propondrá este fin de semana al resto de partidos políticos un plan para "vencer el bloqueo" político y poder tener el Ejecutivo en diciembre. Especial Elecciones Generales 10-N.
El hecho de que el Gobierno se encuentre en funciones, y de que las elecciones se celebren en poco más de un mes, no es obstáculo para que el Ejecutivo siga impulsando el gasto público en tan breve intervalo, previsiblemente, a golpe de decreto-ley.
Nuevo revés al culebrón del anticipo de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas por parte del Gobierno. Después de que Pedro Sánchez anunciara esta semana el anticipo de los fondos -4.500 millones de euros- antes del 10-N, el viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que parecía una certeza acabó convirtiéndose de repente en una incertidumbre, al escuchar las declaraciones de Isabel Celáa.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que el Ejecutivo "va a cumplir con las comunidades" y va a actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación antes del 10 de noviembre.
Al contrario de lo que Hacienda afirmaba antes del nuevo adelanto electoral, sí que existe margen legal para que un Gobierno en funciones libere las entregas a cuenta pendientes con las autonomías este año. El informe de la Abogacía del Estado, que el propio Ministerio solicitó y al que ha tenido acceso elEconomista, deja claro que, aunque reconoce las dificultades, si se alega una situación de especial urgencia o de interés general, es posible recurrir a un decreto-ley para que las cantidades adeudadas se puedan desembolsar.
En próximas fechas puede haber un anuncio sobre el pago de los 4.500 millones pendientes de las entregas a cuenta a las autonomías. De hecho, el Ministerio de Hacienda busca la fórmula para habilitar ese desembolso "en el menor tiempo posible", trasladan a elEconomista fuentes conocedoras del proceso.
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