La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la entrega a Bélgica de un ciudadano de aquel país que está reclamado para ser juzgado por haber enviado a través de Internet amenazas y mensajes de acoso a diferentes figuras del mundo de la política y del deporte.

Un problema jurídico y no político, que además compete a los tribunales europeos. Las autoridades italianas intentan mantenerse alejadas del complejo caso de Carles Puigdemont. A nivel político el primer ministro Mario Draghi aseguró que no ha existido «ninguna comunicación» con el Gobierno de Pedro Sánchez en ocasión de la detención del ex president de la Generalitat el pasado 23 de febrero y de su puesta en libertad sin medidas cautelares un día más tarde. Y a nivel judicial el tribunal de Sassari (Cerdeña) decidió el pasado lunes congelar la entrega de Puidgemont a España a la espera de un veredicto del tribunal de Luxemburgo. La cuestión tiene apenas cobertura en los medios transalpinos, sumidos en la análisis de los resultados de las recientes elecciones municipales. Y de hecho la jueza que instruye el caso tiene el currículo perfecto para que la cuestión mantenga un perfil bajo y únicamente jurídico. Plinia Clara Azzena que decidió no aplicar alguna medida cautelar y que el pasado lunes junto a Salvatore Marinaro, y Maria Teresa Lupinu, congeló la extradición del ex president es una una magistrada con grande experiencia, "recatada" y que "rehúye" del protagonismo, según la prensa italiana que le atribuye "seriedad, responsabilidad y equilibrio"

El Tribunal Constitucional (TC), a través de un auto, de 5 de octubre de 2021, ha desestimado el recurso de súplica y la solicitud de medidas cautelares planteados por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha confirmado a través de Twiter este fin de semana, que hoy lunes irá a declarar ante el al Tribunal de Apelación italiano de Sassari "con los deberes hechos". Con ello, se refería a su presentación como candidato a la asamblea de representantes del Consell per la República.

La aplicación de la euroorden falla. No solo es la opinión del Gobierno español por sus problemas para ejecutarla en caso de los líderes catalanes fugados.

Con 45 votos contra 14 y nueve abstenciones, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la orden de detención europea o euroorden, en el que se incluye entre los delitos de aplicación inmediata el de sedición o de ataque a la integridad constitucional de los estados miembros.