La Conferencia Ministerial del Comité de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha adoptado la Declaración sobre acceso gubernamental a datos personales en poder del sector privado, donde se ha llevado en el marco de las jornadas sobre economía digital, celebradas esta semana en Gran Canaria.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 16 de febrero de 2022, avala que Bruselas recorte los fondos países que incumplen la transparencia en el reparto de los fondos comunitarios, en la contratación pública y en la independencia judicial, como es el caso, en estos momentos de Polonia y Hungría, países que han recurrido el Reglamento comunitario que lo permite.
Ningún demócrata negará la necesidad de controles, se trate de la separación de poderes, de los tribunales constitucionales, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, administraciones imparciales, órganos consultivos o cualquier otra institución diseñada para controlar los excesos del poder. Lo malo es que el Ejecutivo tiende a someterlos, y lo mismo se puede decir de los medios de comunicación.
El Ministerio de Justicia acaba de enviar a una magistrada española a la misión Epol Copps en Ramallah (Palestina), donde ejercerá funciones de asesora en materia de Justicia criminal. Además, a finales de agosto, también será enviada una fiscal española a Kharkiv (Ucrania), donde asesorará a las instituciones locales en materia de investigación e instrucción criminal.
Los detalles que el Gobierno desgrana sobre su proyecto de Ley de Seguridad Nacional crean una justificada inquietud.
El asunto de los indultos está produciendo una notable polarización en una opinión pública ya muy polarizada en torno a otros temas. La polarización oculta una realidad bastante más compleja y dificulta la argumentación racional en el espacio público, lo que debe ser subrayado y lamentado.
Referéndum, autodeterminación, amnistía, independencia, lo volveremos a hacer. Ya tiene Pedro Sánchez la respuesta de los golpistas indultados y de sus socios separatistas catalanes a esa medida de gracia que pretende explicar bajo el eufemismo de la utilidad pública pero que, como decía también el que fuera diputado socialista y primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, sólo son útiles para quienes salen de la cárcel y para Pedro Sánchez que se garantiza seguir en La Moncloa. Y es que, lo vistan como lo vistan, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se necesitan mutuamente. El uno para garantizarse la permanencia en el Gobierno al menos hasta el final de la legislatura, y el otro porque sólo con un gobierno débil y un presidente megalómano, narcisista y carente de sentido del Estado puede cumplir sus aspiraciones independentistas.
Culminado el indulto por el gobierno de España a los líderes del golpe de Estado separatista del otoño 2017, cavilemos sobre cuáles pueden ser sus efectos.
Cuando a Salvador Illa (La Roca del Vallés, 1966), exministro de Sanidad, le preguntas si los indultos a los condenados del 1-O son la evidencia de que se van a ir de rositas niega la mayor e insiste en que "pasar cuatro,años en la cárcel es la prueba de que los actos delictivos no salen gratis". Es un hombre de buen talante, tranquilo y sosegado que ha sido casi todo lo que se puede ser en política desde que comenzó a militar en el PSOE en 1995: alcalde de su pueblo, ministro y ganador de ultimas elecciones catalanas, pero ha llegado a los cargos sin creerse un animal político, solo por sentido de las responsabilidad, y apoyado, eso sí, de amigos como Miquel Iceta o José Luis Ábalos. Su figura fue clave en la mesa de negociación con ERC del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y tal vez ahí empezó su proyección nacional.
La Constitución no castiga ni perdona; regula las normas y principios por los que se rige España como un Estado de derecho y democrático, y nadie puede actuar al margen de los límites constitucionales.
El PIB de EEUU asciende a 20,8 billones de dólares, el de China a 14,8 billones y el de la UE-27 es de 13,9 billones. El motor de la relación EEUU-UE es una combinación de intercambios comerciales e inversiones. El stock de inversión extranjera directa (IED) de EEUU en la UE es tres veces mayor que el que mantiene con toda Asia. El de la UE en EEUU es ocho veces superior a sus inversiones en China e India. El volumen de comercio de bienes y servicios entre EEUU y la UE-27 en 2019 fue de 1,1 billones. Los fríos datos reflejan que la UE acumula desde hace años un superávit en la balanza con EEUU. De hecho, en 2019 la UE exportó bienes y servicios por valor de 598 000 millones e importó por valor de 468 000 millones de EEUU. Quizá por ello Donald Trump desató escaramuzas comerciales con la UE pero su volumen palidece con los aranceles que impuso a exportaciones chinas. En 2019 Washington y Bruselas resolvieron sus diferencias y anunciaron reducciones arancelarias adicionales.
En las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 la participación fue del 81,9% del censo. Los votos constitucionalistas fueron 2.228.421 y los votos separatistas fueron 2.079.340.
En el mes de julio, el anuncio del nuevo fondo de recuperación de la Unión Europea de 750.000 millones de euros (918.000 millones de dólares), llamado Next Generation UE, fue considerado revolucionario por muchos (y con justa razón). Nunca antes la UE se había endeudado, de forma mutualizada, para financiar transferencias y préstamos blandos para ayudar a los estados miembro a recuperarse de una importante sacudida económica. Al romper con tabúes de tan larga tradición, la iniciativa puede inclusive allanar el camino para una unión fiscal.
No era una ficción. Las imágenes que transmitían las televisiones de todo el mundo en la tarde noche del día de Reyes no retrocedían a las del 11 de septiembre de 20 años antes, cuando el atentado contra las Torres Gemelas. Algo que parecía impensable e imposible, pero estaba ocurriendo. En la primera potencia y la primera democracia del mundo un grupo de fanáticos y radicales exaltados estaban asaltando el Capitolio respondiendo a la arenga de un todavía presidente que ni aceptaba su derrota electoral y que carente de cualquier ideología se ha convertido en el paradigma de ese populismo que es hoy el COVID que invade y amenaza a todas las democracias de Occidente.
El prestigioso pensador Yuval Noah Harari lamenta en elEconomista la falta de liderazgo mundial para frenar el Covid. Ese vacío de poder global es compatible con el futuro surgimiento, a menor escala, de dictaduras digitales capaces de un control sobre sus poblaciones hasta ahora inédito.
Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.
La disyuntiva entre valores e intereses a menudo se ha colado la sala de mandos europea, cuando a la UE le tocaba actuar más allá de sus fronteras. Los socios vuelven ahora a estar ante este viejo problema con diferentes ropajes. Hungría y Polonia bloquearon este lunes la aprobación del mega estímulo europeo frente a la crisis causada por el covid-19. La razón es su rechazo al nuevo mecanismo del Estado de Derecho que incluye, y que puede llevar a la suspensión de los fondos europeos en casos de corrupción o problemas con la independencia de la justicia. En juego está la llegada de 1,81 billones de euros, incluyendo el presupuesto plurianual comunitario para los próximos siete años y el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros.
La sombra del veto húngaro, al que se sumó recientemente Polonia, planeaba desde hace tiempo sobre la aprobación del gran estímulo frente a la crisis causada por el covid-19, la mayor recesión en siete décadas de vida de la UE. Ambos países eran muy críticos con el nuevo mecanismo del Estado de Derecho, que vincula el desembolso de los fondos comunitarios al respeto de los principios buena gestión presupuestaria. Más aún porque ambos están en la picota comunitaria por haber erosionado el Estado de Derecho dentro de sus fronteras.
