estado de alarma

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que no se dan las circunstancias para que la Comunidad de Madrid solicite al Gobierno la petición del estado de alarma en la región. Así lo ha indicado en una entrevista en Antena 3, donde ha apuntado que las administraciones del PP y el líder del partido, Pablo Casado, tomarán todas las medidas que en cada momento consideren necesarias, "sin atender a cuestiones políticas" y para proteger la salud de los ciudadanos. Coronavirus, última hora, en directo.

La primera característica de cualquier crisis que nos toque afrontar radica en lo imprevisible de sus efectos. La segunda, es que la valoración de la gestión de la crisis no se tiene que hacer, necesariamente, una vez se ha superado.

Madrid está alarmado. Las luces de alarma han saltado y las sirenas han empezado a sonar. Los contagios están descontrolados y la situación sanitaria empeora por momentos. Cualquier parámetro que se utilice señala a la capital de España como el foco de la pandemia en Europa. Lo sensato sería que su presidenta Díaz Ayuso pidiera el Estado de Alarma al Gobierno de Pedro Sánchez para salvar vidas, pero no lo hará porque eso supone una humillación para ella y una catástrofe económica.

Hemos salido del estado de alarma como lo hacen los toros de lidia al salir a la plaza, embistiendo al mundo con fuerza y con ganas de retomar la actividad rutinaria tras tres meses de confinamiento en los que España ha estado paralizada, y donde nuestras empresas han tenido que echar el cierre bien de forma parcial, bien de forma definitiva. Pero parece que la realidad nos ha empitonado; una cornada con diferentes trayectorias de pronóstico grave que anticipa la oreja y el rabo para el coronavirus.

Lamentablemente, España se encuentra entre uno de los países más afectados a causa del Covid a nivel mundial. Con esto, no nos referimos únicamente a los efectos en la salud, que también, sino a sus consecuencias y, entre ellas, las económicas.

De los más de 5 millones de vehículos que tenían previsto pasar la ITV, y que no pudieron hacerlo por el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus, el 60% ya ha realizado la inspección, según datos de la patronal Aeca-ITV.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este martes preocupado con la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid y ha instado a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a acabar con la confrontación política en una situación en la que debe primar el consenso para superar la crisis.

Septiembre ya asoma con el fin del verano y la vuelta a una normalidad anómala para España. En pleno ascenso de los contagios por covid-19 (casi 45.000 en la última semana) y con el regreso a las aulas y al trabajo a la vuelta de la esquina, muchas son las dudas que surgen acerca de un nuevo confinamiento. Una idea que, por el momento, no entra en los planes del Gobierno central aunque, tal y como indicó Pedro Sánchez, la pelota estará siempre en manos de las Comunidades Autónomas. Coronavirus, última hora, en directo.

La situación que se está viviendo en España con el rebrote de la COVID-19 y la consiguiente crisis sanitaria está volviendo a generar dudas acerca de si es necesario de nuevo volver a utilizar la declaración del estado de alarma, como única medida capaz de permitir afrontar tal crisis, como ya sucedió el pasado 14 de marzo. El nuevo debate jurídico-constitucional trata de responder, en resumen, a la siguiente pregunta: ¿Cabe una alternativa al estado de alarma que permita limitar de derechos sobre la base de la protección de la salud colectiva sin que haya que recurrir a la previa autorización judicial por parte de los Juzgados de los Contencioso-administrativo?

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no descarta solicitar al Gobierno la aplicación de un estado de alarma en Cataluña ni la ayuda del Ejército si es necesario para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En concreto, el president se encuentra en conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre cómo sería su implantación. En Directo | Evolución de la pandemia.

Sánchez está cada vez más sólo y comienza a ser consciente de ello. No puede contar con sus socios de Podemos ni de ERC. Los primeros, porque andan perdidos en procesos judiciales. Su líder, Pablo Iglesias, lleva un mes sumergido en el silencio, deambulando de un lado para otro en busca del anonimato, porque ahora es mejor estar desaparecido. Los catalanes de Oriol Junqueras, porque hasta después de la celebración de las elecciones autonómicas no quieren ni oír hablar de un pacto con "españoles". La única alternativa es Ciudadanos. Pero el partido que dirige Inés Arrimadas es insuficiente, diez escaños dan para muy poco.

En época de crisis el Gobierno es el culpable de cualquier problema que tengamos. Como dicen los italianos: “piove, ¡porco governo!”.

La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez de dejar en manos de las comunidades autónomas la decisión de declarar el estado de alarma y, por lo tanto, de abrir la puerta a que se declaren confinamientos y limitaciones a la movilidad por regiones ha puesto en alerta al sector empresarial, que no ha dudado en pedir al Ejecutivo que no se lave las manos y en avisar de que un nuevo confinamiento, aunque sea por zonas, sería "letal".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó en pleno confinamiento durante la primera oleada de la pandemia que el estado de alarma era la única arma con la que contaba el Estado para luchar contra el virus. "No hay Plan B", aseguró. Sin embargo, desde la oposición y las comunidades autónomas opinaban lo contrario, con extensos informes jurídicos que así lo avalaban y proponían diferentes reformas legales.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha cargado este jueves con dureza contra el presidente del Gobierno, al que acusa de falta de "liderazgo" por dejar en manos de las comunidades solicitar la declaración del Estado de Alarma, en lugar de liderar una "estrategia, una herramienta distinta" y de ponerse al frente de la lucha contra la pandemia.

Por tercera vez, un Gabinete presidido por Pedro Sánchez se somete a la valoración anual de los lectores y los profesionales de elEconomista. En este trienio, nunca un equipo de Gobierno cosechó un suspenso tan rotundo. Ninguno de sus componentes aprueba, con la excepción de la vicepresidenta Nadia Calviño.

Las Comunidades Autónomas han marcado distancia con la oferta lanzada por Pedro Sánchez de solicitar individualmente al Gobierno la declaración del estado de alarma en sus regiones si lo consideran necesario, y han mostrado preferencia a que el Ejecutivo coordine el refuerzo a sus estrategias.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido a Pedro Sánchez de que la solución "no es ofrecer" a las Comunidades Autónomas el estado de alarma para su territorio y le acusa de "echarse de nuevo a un lado"

Cerca de 150.000 ciudadanos aún no cobran el Erte que solicitaron hace ya casi medio año, registrarse para acceder al desempleo o a la jubilación, a la que hay derecho después de una vida entera de esfuerzos, se ha convertido en un acto de fe y, para colmo de males, el 80% de las solicitudes de la renta mínima acaba en el cesto de la basura. ¿Dónde está el escudo social del que presumía Pablo Iglesias? No existe por ninguna parte.

Un juez suspende en Madrid las nuevas restricciones para las terrazas y los fumadores que Sanidad y las autonomías acordaron la semana pasada. El fallo tiene un importante alcance porque pone de manifiesto la inexistencia de un criterio unificado sobre cómo deben actuar los Gobiernos regionales ante la pandemia. Medidas que los magistrados apoyan en unos territorios son rechazados en otros.

Muchas voces reclaman una normativa que acabe con la existencia de lagunas legales que dificultan la adopción de medidas preventivas y cohercitivas por las comunidades autónomas para combatir los rebrotes. La intervención de los jueces es una buena muestra de esta carencia normativa, puesto que unos aceptan las medidas preventivas adopradas por las autoridades en unos lugares y otros las rechazan, por afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.

Hacienda confirma que los días de permanencia en España de los extranjeros, obligados por el confinamiento, computan a efectos de ser o no residente fiscal en España.

El confinamiento y las normas de distanciamiento social han convertido la firma electrónica en imprescindible para asegurar la continuidad de cualquier negocio. SIA, la empresa de Indra que lidera el mercado de ciberseguridad en España y Portugal, ha visto cómo la demanda para implantar este servicio se ha duplicado en los últimos meses.

Los agentes de la propiedad inmobiliaria reclaman que se introduzca una cobertura de aseguramiento, ya sea ofrecida por el Estado o por el sector privado, para cubrir el quebranto económico que les puedan producir las situaciones de confinamiento y restricciones, teniendo en cuenta la posibilidad de que puedan volver a producirse en el futuro. Así lo han indicado el 59% de los profesionales incluidos en una encuesta realizada por el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM), para analizar el impacto económico que les ha supuesto la ralentización de la actividad durante el confinamiento y las restricciones del estado de alarma.

Los contratos de trabajo firmados entre marzo y junio, periodo en el que España estuvo bajo estado de alarma por el coronavirus, se redujeron casi a la mitad de los registrados un año antes, sobre todo por el desplome que experimentaron los de tipo temporal.

La escalada de contagios continúa en aumento en España con casi 6.000 nuevos casos en la última semana, lo que ha llevado a casi todas las comunidades autónomas a imponer la obligatoriedad de la mascarilla y a ensayar medidas para reducir la movilidad de los ciudadanos al margen del estado de alarma, sobre todo en Cataluña y Aragón, las más afectadas.

El Juzgado número 3 de Sabadell ha declarado nulo el despido de una empleada con un contrato temporal por obra y servicio extinguido el pasado 27 de marzo, durante el estado de alarma, y ha determinado la obligación de la empresa a readmitirla y a abonarle los salarios de tramitación correspondientes.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido este viernes tener una "preocupación profunda" por los brotes de Aragón y Cataluña y no ha descartado la actuación del Gobierno en caso de que estos focos "afecten a varias comunidades limítrofes y escapen al control".

Si tuviéramos que dar un premio a la construcción jurídica protagonista de la época de pandemia por nombrada, requerida, objeto de análisis y debate, de artículos y de webinars, sin duda la indiscutible merecedora de tal galardón sería la cláusula rebus sic stantibus.

La continua aparición de rebrotes en la geografía nacional pone en jaque la movilidad de los españoles en unas fechas vacaciones muy propicias para viajar a otras comunidades autónomas. Las alertas sanitarias están ahí y las medidas se están precipitando por una mezcla entre un sistema de prevención poco reforzado para una situación pandémica y unos comportamientos de los ciudadanos que parecen olvidar lo ocurrido en marzo y abril.