Rechazo a la subida de aportaciones sociales

The Guardian (R. Unido)El ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak, se enfrenta a una intensa presión por parte de los líderes empresariales para retrasar su plan de elevar en 12.000 millones de libras adicionales las aportaciones de las empresas, autónomos y trabajadores a la seguridad social. Entre advertencias sobre los crecientes costes para las empresas y los hogares a medida que la invasión rusa de Ucrania aumenta la inflación, la patronal manufacturera urge al Ejecutivo de Boris Johnson a frenar este incremento “inoportuno e ilógico”. Aseguran que, de seguir adelante con la subida programada para abril, correría el riesgo de que las empresas frenen la contratación y comprometan la recuperación económica y del empleo tras la pandemia.

Las concesionarias de autopistas y autovías de España han lanzado una ofensiva en los tribunales para demandar compensaciones por el impacto que tuvieron en los tráficos el estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo de 2020. El silencio administrativo ha sido la respuesta mayoritaria a las reclamaciones que los operadores presentaron por vía administrativa, lo que se traduce en el rechazo de las mismas. Ante ello, un gran número de compañías ha elevado ya los casos a la Audiencia Nacional para tratar de que los jueces sentencien la obligación del Ejecutivo de reequilibrar los contratos.

Mientras que en España, poco a poco, se va cogiendo el pulso al Covid-19 y la vacunación parece servir de arma eficaz para reducir los nuevos contagios, así como para suavizar los efectos adversos de la enfermedad, las armas políticas con las que se pretendió luchar contra la fatídica pandemia han demostrado ser ineficaces, o, al menos, contrarias a la ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional el texto legislativo que reguló la puesta en marca del segundo estado de alarma por la pandemia del Covid-19, al considerar que se hizo sin coherencia alguna, incluso, con las razones que el Gobierno hizo valer para instar la prórroga de seis meses finalmente concedida por la mayoría parlamentaria.

El Gobierno creará un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma por el Covid-19 y anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Política Territorial.

Más base para reclamar por el estado de alarma

El Tribunal Constitucional falló ayer que el cierre del Congreso de los Diputados durante la pandemia vulneró el derecho al control parlamentario del Gobierno. Este es solo el primero de los dos varapalos judiciales que el Ejecutivo espera recibir por parte del Constitucional en las próximas fechas. El siguiente concierne a la declaración del segundo estado de alarma en 2021. En Moncloa ya se temen que el tribunal presidido por Juan José González Rivas volverá a fallar en su contra. “En julio se declaró ilegal el primer estado de alarma. Nada hace pensar que ahora la Justicia vaya a emitir un dictamen diferente”, reconocen en el entorno de Moncloa. Con todo, lo que más preocupa en el seno del Gobierno son las reclamaciones millonarias a las que se exponen tras los fallos judiciales. Más aún al conocerse que ya se ha publicado una guía para empresas, firmada por una importante consultora, en la que se ofrecen las pautas a seguir para que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial derivada de su gestión de la pandemia. Fuentes cercanas a Moncloa reconocen que ese tipo de documentos “se lo ponen muy fácil a los cientos de sociedades que están deseando reclamar”.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado inadmitir a trámite la denuncia presentada por la Policía tras una intervención en un domicilio en el que se encontraba un número superior de personas al permitido por las restricciones del Covid, y que les negaron la entrada, al entender que se trata de una desobediencia leve, no tipificada como delito.

Fue una de las tónicas durante el estado de alarma. Gente sin mascarilla, sin respetar la distancia o superando el máximo de personas reunidas fueron algunas de las infracciones más habituales que multiplicaron el trabajo de los policías en todas las comunidades autónomas de nuestro país.

Nestlé suma su segundo gran varapalo esta semana. Tras el escándalo mundial sobre que la mayoría de sus productos no son saludables, la Audiencia Nacional ha condenado a la firma a abonar una prima mensual de 500 euros a empleados españoles por el esfuerzo en pandemia que anunció en marzo y retiró el 24 de mayo de 2020.

La amistad es un valor fundamental en la vida, incluso por encima de las relaciones de pareja o los vínculos familiares. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del estudio sobre la amistad de Ron Brugal y que pretende conocer el impacto de las relaciones en la vida de los españoles porque, como seres sociales, cuando estamos con nuestros amigos todos experimentamos un estado de bienestar y nuestros cuerpos comienzan a generar todo tipo de reacciones que mejoran nuestro estado físico, mental y emocional. La marca lanza así una campaña enfocada en el valor de la amistad verdadera y busca transmitir ese optimismo olvidado por las circunstancias para recordarnos todo lo bueno que nos aportan nuestros amigos.

Los confinamientos domiciliarios para combatir el Covid, ordenados por los gobiernos europeos, bajo legislaciones especiales, como el estado de alarma en España, no violan los Derechos Humanos, y específicamente los referidos a la libertad y a la seguridad.

El Tribunal Supremo ha admitido un recurso de Casación para estudir y decidir si el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, presta cobertura jurídica suficiente para que la autoridad sanitaria adopte medidas restrictivas de los derechos fundamentales, según se establece em un auto de 13 de mayo de 2021.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha aceptado estudiar el recurso presentado por un particular contra las medidas "excepcionales y temporales" adoptadas el pasado mes de agosto por la Consejería de Sanidad valenciana para evitar la transmisión del coronavirus y si la Ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública era el marco lega adecuado para imponerla.

"Acaba el estado de alarma, no la pandemia". Esta es la advertencia que multitud de responsables políticos vienen repitiendo en los últimos días por el miedo a que el fin del estado de alarma, que tendrá lugar esta medianoche, lleve a la población a prescindir de toda precaución y se genere un nuevo repunte en contagios y en víctimas mortales.

Uno de los efectos positivos que la covid-19 ha tenido sobre las grandes ciudades es la reducción de los efectos contaminantes, sobre todo en lo que respecta a los vehículos. Con miles de personas encerradas obligada o voluntariamente en sus casas, el descenso del número de coches en carretera se ha hecho más que notable. Sin embargo, el avance de las vacunas, los cada vez menores casos, el fin del estado de alarma y la relajación social han provocado que las cuatro ruedas vuelvan a las calles, con Madrid como el gran ejemplo de este efecto.

El fin del estado de alarma ha dejado un panorama de restricciones frente al coronavirus que es diferente según la comunidad autónoma. Así, a continuación puede hacer un repaso de las medidas que han implantando las regiones para evitar la propagación de la Covid-19. Solo dos autonomías mantienen el toque de queda autorizado por la justicia.

El elevado ritmo de vacunación no solo ha permitido la finalización del estado de alarma, sino que acerca cada vez más la vuelta a la normalidad real. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que la mascarilla de protección contra el coronavirus podrá dejar de ser obligatoria en la calle en dos meses.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), está decepcionado con las imágenes de celebración y aglomeraciones que se produjeron la medianoche del sábado al domingo tras el fin del estado de alarma. Además, ha alertado de que esa actitud tendrá consecuencias en la evolución de la pandemia en España.

¡Qué espectáculo! Llevamos meses denunciando la nefanda técnica legislativa que está llevando a cabo el Gobierno, pero cuando creemos que ya se ha llegado a tocar fondo, nos sorprenden con que la situación puede empeorar. En los ámbitos jurídicos de la UE se frotan los ojos de incredulidad, cuando ven que ahora, los jueces son los que ostentan el mando único, los que tienen la última palabra sobre si los Gobiernos regionales invaden derechos fundamentales, de los recogidos en la Constitución.

Las escenas de celebraciones callejeras, tras expirar el segundo estado de alarma, delatan la preocupante ausencia de instrumentos de control con la que las autonomías llegaron a este escenario.

Las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla o Salamanca se llenaron de gente este pasado sábado a las 00.00 para celebrar el estado de alarma. Sin mascarillas ni distancia de seguridad y en una actitud festiva, miles de personas abarrotaron las ciudades, como si el coronavirus hubiera dejado de existir.

"Hay que dar a la gente lo que necesita, no lo que pide". Así de contundente se mostró el doctor César Carballo sobre las medidas que han tomado algunas comunidades autónomas tras el final del estado de alarma durante su participación en el programa laSexta Noche de este sábado.

Quizá no todo esté dicho en el post estado de alarma. El Gobierno ha abierto la posibilidad este lunes de "realizar cambios legales adicionales" para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras decaer la herramienta si "se desprende la necesidad" de las resoluciones del Tribunal Supremo, el encargado de unificar criterios para todo el país.

El estado de alarma que el Gobierno decretó por segunda vez hace más de seis meses ha finalizado a las 00.00 de este domingo 9 de mayo y los españoles ya pueden moverse por todo el país. De hecho, la medianoche fue celebrada como si se tratara de una Nochevieja primaveral, con aglomeraciones y festejos en las principales ciudades de España.

Cataluña dejará de tener toque de queda y cierre perimetral autonómico la medianoche del sábado al domingo, pero en la práctica, no habrá nada que hacer por las noches, ya que la Generalitat ha fijado las 23.00 horas como límite para el comercio, la hostelería, la cultura y las instalaciones deportivas. Tampoco se ampliará el transporte público nocturno.

El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (TS) planteó problemas procesales que se plantearán si se mantiene sin cambios el Real Decreto-Ley del Gobierno, por el que le traspasa la competencia última sobre la procedencia o no de las restricciones sanitarias que adopten las Comunidades Autónomas tras el fin del estado de alarma, el próximo domingo, 9 de mayo.

El estado de alarma termina la medianoche de este sábado tras seis meses en activo. Así, las comunidades autónomas han trazado una serie de medidas para controlar la pandemia del Covid-19 bajo la legislación ordinaria. No obstante, las que comprometan algún derecho fundamental deberán tener aval jurídico, que en última instancia está a cargo del Tribunal Supremo.

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes las medidas que regirán en la autonomía tras decaer el estado de alarma a las 00:00 horas del 9 de mayo, la primera, el fin del toque de queda ante la "ausencia de herramientas jurídicas" que puedan avalar su continuación.

Este 9 de mayo, desde las 00.00 horas, decaerá el estado de alarma vigente desde octubre. El fin a varias restricciones, entre las que destaca el toque de queda, pero también la puerta abierta a que muchas otras medidas que se han normalizado con la covid-19 se flexibilicen. Entre ellas el uso mascarilla, cuya obligación ha pedido la Organización de Consumidores y Usuarios que se levante.

El gabinete técnico del Tribunal Supremo (TS) ha emitido el primer informe sobre el decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno que otorga al alto tribunal la última palabra sobre las restricciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras decaer el estado de alarma, en el que plantea una serie de problemas procesales y apunta a la "posible insuficiencia" de la norma para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales.