La inversión sostenible y responsable, gestionada con criterios ambientales, sociales y de buen Gobierno (ASG) por entidades españolas, se está convirtiendo en un refugio: creció en el país un 3,1% durante 2018, alcanzando los 191.278 millones -el 49% del total-, con un comportamiento opuesto al conjunto del mercado de inversión, que se redujo un 3,3% durante el ejercicio, según los datos del Estudio anual de Spainsif.
ACS ha recibido ofertas no vinculantes por su filial de energías renovables, Zero-E, en el marco del eventual proceso de venta, según ha informado la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Acciona ha logrado sacudirse la recomendación de venta con la que cargaba desde este verano. Los títulos del promotor de instalaciones de energía verde reciben desde finales de septiembre un mantener por parte del consenso de mercado que recoge FactSet, y que ha coincidido con la caída del 5% en bolsa desde que la semana pasada lanzara una opa por el fabricante de aerogeneradores Nordex.
La compañía energética Grenergy Renovables ha registrado en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) un programa de bonos verdes. Es la primera operación de este tipo que se registra en el mercado español de deuda creado por BME y se colocarán 50 millones con un venicimiento de hasta 7 años, si bien las condiciones finales de la operación se conocerán dentro de dos semanas.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha anunciado en Oviedo que el Gobierno piensa destinar unos 600 millones de euros para ayudar a los territorios que resulten perjudicados por el proceso de transición energética y la descarbonización de la economía, como las comarcas afectadas por el cierre de las centrales de carbón. Se trata de un incremento del 50% sobre los fondos públicos originalmente previstos, que ascendían a 422 millones.
La primera plataforma española que permite a particulares invertir en proyectos de energías renovables desde 500 euros, Fundeen, busca democratizar la inversión en esas energías y abre una ronda de financiación con el objetivo de captar 900.000 euros. Su primer proyecto, una instalación fotovoltaica en Málaga, consiguió el 100% de la financiación en menos de 24 horas.
El miedo a agigantar la avalancha de peticiones de acceso y conexión a la red eléctrica de nuevas plantas renovables y la subsiguiente especulación con los derechos concedidos -se vende el primer papelito de la tramitación a 80.000 euros por MW- ha frenado en seco la posibilidad de ampliar y optimizar la capacidad de dicha red al suavizar límites técnicos establecidos hace tres décadas.
Quizá sea por honrar una tradición de incertidumbre y sobresalto, quizá por despiste, quizá por ninguneo... No importa. El caso es que las renovables con retribución regulada perciben unos 5.700 millones al año no saben cuánto van a cobrar a partir del próximo 1 de enero. Según la Ley 24/2013 del sector eléctrico, cada seis ejercicios pueden revisarse su retribución, ligada a parámetros objetivos, al objeto de que obtengan una rentabilidad razonable, en la actualidad fijada en el 7,4%.
La Unión Española Fotovoltaica (Unef) pidió este jueves al Gobierno que promulgue un Real Decreto-ley que establezca los ingresos de las instalaciones entre 2020 y 2025, habida cuenta de que el 31 de diciembre vence el actual período retributivo y hay "arenas movedizas que no queremos pensar", en palabras del director general de la asociación sectorial, José Donoso.
La candidata designada como futura eurocomisaria de Energía, la liberal estonia Kadri Simson, avanzó que diseñará una política centrada en la lucha contra el cambio climático, pero sin mermar la competitividad de las empresas vía precios, y en la que tendrán mucho peso las renovables y el gas.
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