Nada ni nadie está por encima de Hacienda en el caso de deudas con el organismo, que está habilitado por la ley para, dentro de su función recaudatoria, saldar esas cantidades pendientes por diferentes vías como, por ejemplo, el embargo de sueldos y salarios.
La principal labor de Hacienda es la recaudatoria, cobrando los impuestos que los ciudadanos han de pagar para cumplir con sus obligaciones fiscales. En el caso de que el ciudadano desobedezca e incumpla así el mandato que tiene con las arcas públicas puede verse en serios problemas y sufrir embargos de sus rentas, como por ejemplo los sueldos.
La Seguridad Social es un organismo que gestiona un presupuesto muy amplio al tener que hacerse cargo de millones de prestaciones sociales. Entre sus recursos se encuentran las cuotas y cotizaciones de los trabajadores, que de no pagarse a tiempo generan deudas que el organismo no olvida.
La labora recaudatoria de Hacienda obliga al organismo a embargar ingresos de los contribuyentes cuando no han saldado las deudas en materia fiscal. Sin embargo, estas acciones no pueden tener lugar conforme a la discrecionalidad de la Agencia Tributaria: han de ceñirse a lo que establece la normativa.
Malas noticias para el DJ, que hace apenas una semana lloraba la pérdida de su tío Bernardo Pantoja, fallecido en Sevilla tras una larga enfermedad. Kiko Rivera, que desde que sufriera un ictus a finales de octubre está entregado a su familia y su recuperación, ha recibido un último aviso de la Hacienda Pública para que pague una deuda que arrastra desde hace años sobre uno de sus inmuebles y que, de no liquidarla, le costará el embargo.
La Seguridad Social tiene, entre todas sus competencias, una función recaudatoria por la cual, si no se abonan las cotizaciones pertinentes puede embargar los ingresos de los deudores que no han cumplido con sus obligaciones para con el organismo. Un mandato que también ha tenido que adaptarse a lo que ha ido dictando la realidad.
La labor recaudatoria de Hacienda obliga al organismo a actuar de muy diferentes formas cuando ha de saldar ciertas deudas que los contribuyentes tienen con el erario de la Administración. Una de ellas es ejecutar embargos sobre las posesiones de los deudores. Por ejemplo, sobre sus sueldos o pensiones...y también el dinero de las cuentas bancarias en las que acaban esas cantidades.
La función recaudatoria a través de los impuestos es por la que más se caracteriza Hacienda. El organismo, en virtud de esa misión, está habilitado para embargar diferentes cantidades de los sueldos y pensiones que se cobran para garantizar el cobro de las deudas pendientes de pago por parte de los contribuyente. Pero no solo eso: también tiene la potestad de embargar incluso cantidades que se encuentran directamente en las cuentas bancarias de los deudores.
La labor recaudatoria de Hacienda lleva al organismo, entre otras muchas cosas, a solicitar el embargo del sueldo de las personas que mantienen cantidades pendientes de pago. Esto no significa que la Agencia Tributaria tenga libertad de movimientos en caso de deudas, ya que debe actuar conforme a las reglas y ejecutar los embargos de sueldos en base a lo que dice la normativa.
La Seguridad Social tiene un amplio abanico de funciones entre las cuales las más conocidas son el abono y gestión de las pensiones en nuestro país. Sin embargo, también se ocupa de otros campos como, por ejemplo, la recuperación del dinero que le deben los cotizantes que no han satisfecho sus obligaciones. Y en este punto están habilitados incluso a embargar parte de la cuantía de esas pensiones con el objetivo de saldar las deudas correspondientes.
La función más destacada de la Agencia Tributaria es la recaudatoria, y para conseguir que las cantidades impagadas lleguen a las arcas del Estado puede servirse de embargos sobre las pensiones y sueldos de los trabajadores que tienen esas cifras adeudadas a la Administración.
Como parte de su función recaudatoria, Hacienda tiene la potestad de proceder al embargo de ciertos bienes de los contribuyentes que tienen una deuda pendiente de saldar. Puede hacer lo propio con los sueldos y salarios que reciben estas personas con importes por pagar, pero solo tiene la opción de acuerdo siguiendo ciertos límites que debe respetar.
Cuando un trabajador no puede hacer frente a sus deudas uno de los campos de actuación de Hacienda es el embargo de ciertas cantidades de su salario siempre que no se comprometa la seguridad económica de dicho ciudadano...pero sus competencias pueden ir más allá, incluso afectando al dinero ahorrado por el contribuyente en su cuenta bancaria.
El Ministerio de Hacienda ha embargado todas las cuentas del grupo Abengoa en España, a excepción de las UTES, por un importe de más de 50 millones de euros, indican fuentes de la compañía. Con este embargo el grupo no podrá cobrar ninguna cantidad de sus clientes sin ser ejecutados y se queda sin dinero para abonar las nóminas.
Las deudas que los ciudadanos contraen pueden obligar a Hacienda a tomar cartas sobre la mesa para que el contribuyente resuelva su situación y haga frente a las cantidades que le quedan por pagar. Para ello puede usar todas las herramientas que la ley le permite.
Cuando un ciudadano no hace frente al pago de determinadas cantidades pendientes con Hacienda, la Administración inicia un proceso de apremio en el que insistirá al contribuyente a que se ponga al día en sus deudas con el organismo. Si no lo hace en los plazos estipulados puede sufrir ciertos embargos en sus bienes.
Las deudas de un trabajador hace que, en situaciones normales, Hacienda le embargue las cantidades superiores al Salario Mínimo Interprofesional que formen parte de su salario. Sin embargo, varias resoluciones judiciales han abierto la puerta a que no solo se embarguen esas cantidades y que se puedan embargar los fondos de las cuentas de estos ciudadanos, incluso las que se hubiesen ahorrado de ingresos que fuesen inferiores al SMI.
La ley permite el embargo de ciertas cantidades de las rentas del trabajo de los ciudadanos (aquí no solo se inlcuyen sueldos y salarios, también las pensiones y otras prestaciones) a los que se les ha impuesto el pago de una deuda atrasada. Es una obligación impuesta por el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que obliga a practicar diferentes embargos a estos ingresos en función de la cuantía de los mismos.
Cuando un ciudadano contrae una deuda de la que no es capaz de encargarse en su totalidad puede encontrarse en problemas. Uno de los supuestos a los que se arriesga es a sufrir embargos en bienes de su propiedad o incluso en el sueldo que cobra mes a mes.
La modelo no está atravesando su mejor momento. Su hijo, Luis Medina, tendrá que sentarse delante del juez el próximo 25 de abril para dar explicaciones tras ser acusado de un delito de alzamiento de bienes por el famoso "caso mascarillas".
Una de las funciones de la Seguridad Social, dado es que es el organismo pagador de pensiones y otras prestaciones, es controlar que el beneficiario de estas ayudas esté al corriente de sus deudas o, en caso de tenerlas, las vaya saldando con sus acreedores. Por eso, y siempre al amparo de la ley, tiene el poder de embargar parte de una pensión (de cualquier tipo) para proceder al pago de esas cantidades adeudadas.
La Seguridad Social también se cobra sus deudas. El organismo, ante los casos de impago de cuotas u otro tipo de responsabilidad por parte del ciudadano, reclama el dinero que se le paga y eso puede conllevar el embargo de las pensiones que reciben dichos ciudadanos.
La pensión suele ser la mayor fuente de ingresos de un pensionista, y en caso de que éste tenga dudas, la Seguridad Social tiene la potestad de embargar parte de la prestación que abone a este ciudadano para ir saldando las deudas que mantiene con sus acreedores.
El paro es una prestación contributiva que se destina a dar cobertura a las personas en desempleo. No obstante, no se trata de una cantidad que llega sin condiciones: hay que cumplir ciertas condiciones y no incumplir otros mandamientos para seguir percibiéndola. Y, con todo, si tenemos deudas nuestro paro aún puede estar en peligro.
Los obispos españoles han mostrado hoy su recelo ante el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, aprobada por el Consejo de Ministros, que prohíbe la venta de bienes culturales. Tampoco pueden ser embargados.
La prestación contributiva por desempleo, que solemos denominar de forma habitual como 'paro', se destina para aliviar la situación económica de aquellos trabajadores que, después de años de cotización, se han quedado en desempleo. Sin embargo, en algunos casos esta prestación puede ser embargada si hay deudas de por medio.
La Seguridad Social puede embargar parte de las pensiones de los pensionistas para que los acreedores de estos vayan cobrando sus deudas. Se trata de una práctica permitida por la ley y que, sin embargo, no siempre se aplica: el pensionista tiene garantizada cierta cantidad de su pensión y existen límites a partir de los cuales no puede haber ningún tipo de embargo con el objetivo de proteger y cubrir al deudor si no tiene más recursos.
Con la crisis económica por la covid-19, muchos pensionistas han visto cómo les es más difícil afrontar sus gastos cotidianos. Una situación que puede dar lugar a deudas, y con ello a embargos para asegurar a los acreedores recuperar su dinero. Desde noviembre con un límite mayor debido a un cambio de criterio en la Dirección General de Tributos, eso sí no todas las pensiones pueden sufrir reducciones aunque hubiese grandes descubiertos en sus cuentas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar demandantes 2.400 euros en concepto de daños no pecuniarios y 8.417,50 euros por costas y gastos, al considerar que violó el derecho a ser escuchados por un tribunal de una pareja, formada por una ciudadana finlandesa y un ciudadano gambiano, residentes en Málaga, al no notificarles correctamente un procedimiento de desahucio, impidiendo su defensa.
Uno de los efectos más severo sobre el deudor persona jurídica que prevé el Texto Refundido de la Ley Concursal1 (TRLC), y que ya venía recogido en el artículo 48 ter de la la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), es la posibilidad de acordar el embargo preventivo de los bienes y derechos de los administradores (de hecho o de derecho), de los liquidadores o de los accionistas, desde la declaración de concurso. Lo llamativo de esta medida es que pueda ser acordada de oficio por el Juez del concurso.
