¿Cómo es posible que la recaudación y los afiliados a la Seguridad Social marquen récord si el PIB aún no ha recuperado ni la mitad de lo perdido en la crisis del Covid? La respuesta está en dos fenómenos económicos que se están agudizando en los últimos trimestres. Por un lado, uno muy visible como es la inflación. Y, por otro, un asunto más difícil de ver. El afloramiento de la economía sumergida.
La Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales iniciará su actividad en 2023 y una vez sea plenamente operativa será de 45,6 millones de euros, de los cuales tres cuartas partes, aproximadamente, se financiarán con tasas cobradas a las entidades obligadas, que sean supervisadas por ella.
Este Gobierno ha tomado el fraude como su caballo de batalla, centrando grandes energías en acabar con la economía sumergida y la facturación irregular. Por este motivo, puso en marcha la Ley contra el Fraude, que ya introdujo diversas medidas que afectaban a los autónomos. Ahora, desde hace unos meses, la Agencia Tributaria está modernizando sus herramientas para detectar el fraude entre empresas introduciendo la inteligencia artificial.
La lucha contra el fraude es uno de los caballos de batalla de este ejecutivo. Por este motivo, el Gobierno ha puesto el ojo en el colectivo de autónomos, un sector de profesionales en el que existe gran facilidad para recurrir a la economía sumergida. De hecho, una gran parte de estos trabajadores ni siquiera tienen que llevar una contabilidad exacta de sus ingresos.
Uno de los objetivos del Gobierno es ir reduciendo nuestro déficit de presión fiscal con relación a la media de la UE hasta su plena convergencia en 2050. Nuestra presión fiscal, recordémoslo, es, en 2019, un 35,4 %. Le media de la UE, un 41,6 %. Pues bien, la pregunta es si la convergencia es un objetivo en sí mismo. Y la respuesta, para mí, es que no. Y no lo es porque el objetivo es obtener los recursos necesarios para sufragar el gasto. Recursos, claro está, fruto de un sistema tributario justo, sostenible y asumible. La habilidad de todo Gobierno es pues conseguirlo optimizando la presión fiscal.
Los economistas consideran que la reforma de la Ley Concursal que prepara el Gobierno tendría que resolver el grave problema de economía sumergida que afecta las insolvencias y que suponen una competencia desleal para el resto de los empresarios.
El ransomware (un tipo de software informático malicioso que restringe el acceso a un sistema de ordenadores hasta que se pague un rescate) no es buen presagio para las criptomonedas. Los proponentes de estas monedas digitales podrán hablar del apoyo inversores famosos como el fundador de Tesla Elon Musk (quien, por cierto, lo retiró recientemente) el dueño de los Dallas Mavericks Mark Cuban, la estrella del fútbol americano Tom Brady o la actriz Maisie Williams (Arya en Juego de tronos). Pero los últimos ataques de ransomware (y el papel habilitador esencial que cumplen en ellos las criptomonedas) son un desastre para su campaña relaciones públicas y publicidad.
La evolución de la economía empieza a mostrar un contorno cada vez más claro y se pueden prever hechos concretos: se empieza a vislumbrar que será conveniente llegar a 2023 con gran parte de los problemas económicos del país solucionados so pena de vivir nuevas angustias.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso envió este miércoles al Ministerio de Hacienda un documento de 237 páginas, una especie de manual, con argumentos que sostienen empírica y jurídicamente, por qué la Comunidad de Madrid opta por una política de impuestos bajos, frente a la armonización que el Gobierno de Pedro Sánchez postula, una vez que el Comité de Expertos seleccionado por el Ejecutivo tome esta decisión.
El Ministerio de Hacienda prepara un reglamento para controlar el tabaco crudo y evitar el creciente desvío que se viene produciendo como materia prima para la fabricación clandestina de labores, por parte de operadores irregulares no autorizados ni inscritos como fabricantes, así como la venta directa o indirecta de tabaco crudo a consumidores finales. Así, se fijará a partir del 1 de enero de 2022 un régimen de control para los operadores de este producto, estableciendo a cargo de los mismos un conjunto de obligaciones de índole registral, contable y de información, regulando las facultades de los órganos de control y estableciendo un régimen sancionador específico aplicable al incumplimiento de las obligaciones fijadas legalmente.
La dureza de la crisis económica provocada por la pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de la Seguridad Social española para proteger a empresas, trabajadores y colectivos más vulnerables. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que ha tenido que redoblar esfuerzos para poder coser el escudo social, lo que ha provocado asumir niveles de déficit inéditos, de más de 50.000 millones de euros el pasado año. Asegura que es un factor coyuntural y que el sistema de pensiones estará equilibrado antes de acabarse la legislatura. Además, confía en iniciar la aprobación parlamentaria de la reforma este mismo verano, un elemento crucial para recibir los fondos de reconstrucción europeos.
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, afirmó que hablar de subidas de impuestos en la situación actual es una "barbaridad", por lo que abogó por trabajar para rebajar la economía sumergida, del actual 20 o 25% al 10 o 15%, lo que supondrían unos ingresos anuales de hasta 30.000 millones de euros.
Dicen de los gafes lo mismo que cuentan de las brujas, que no existen, pero haberlos haylos. Y sin querer conceptuar a nadie, si da que pensar en cenizos y en mal fario cuando el mismo día que sales a presumir por unos datos de empleos menos malos de los que preveías, el FMI y la Comisión Europea te amarguen el día anunciando que España no recuperará el nivel de empleo previo a la pandemia al menos hasta 2026 y que somos el país que lidera el desempleo en la Unión Europea y también el paro juvenil. Que la tarde en que compareces para alardear de la aceleración del proceso de vacunas Janssen anuncie que suspende los envíos. Y que mientras presentas por novena vez un vacío Plan de Recuperación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) te conmine a que no realices subidas de impuestos hasta que la recuperación no esté firmemente en marcha y desde Bruselas te recuerden que tienes que hacer los deberes de ajustes y recortes si quieres recibir los fondos.
Como ocurrió en la Guerra Civil para determinar el vencedor, la batalla por Madrid va a ser decisiva para definir el modelo que rija en la economía española durante los próximos años. Isabel Díaz Ayuso defiende una bajada de impuestos, que pondere el equilibrio entre la salud y los intereses económicos, como hemos visto en su política de puertas abiertas en la pandemia.
La situación social de los españoles menores de treinta años es, en verdad, lamentable. Por ejemplo, en octubre de 2020 la tasa de paro entre los jóvenes menores de 25 años (de ambos sexos) era del 40,4%, la más alta de la zona euro (18,7%) y de la UE a 27 (17,5%) y muchísimo mayor que en Alemania (6,0%) o en Japón (5,0%).
El Gobierno de Pedro Sánchez parecía haber puesto freno a la incesante subida del salario mínimo interprofesional iniciada desde que llegó a la Moncloa, tras no incluir nuevas revisiones de su cuantía en el proyecto de los Presupuestos Generales del próximo año. Sin embargo, recientemente, ha saltado a la luz la intención de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de articular un diálogo con las patronales y los sindicatos a partir de diciembre para tantear una nueva subida del salario mínimo, esta vez hasta los 1.000 euros, desde los 950 euros en los que se encuentra actualmente. Fuentes patronales aseguran a elEconomista que aún no hay una propuesta firme del Gobierno sobre esta medida pero en una ronda de consultas con las asociaciones de empresarios las respuesta es clara, común y firme: "No es el momento de subir el SMI, impactará negativamente en los sectores más afectados por la pandemia", principalmente entre el sector agrario y la hostelería.
En mi última colaboración procuré trazar el camino a seguir con relación a los impuestos y subrayé la necesidad de una reforma integral del sistema tributario que voy a empezar hoy a desarrollar.
¿Cuánto paga usted de IVA? Esto con gran probabilidad no lo sabe nadie, pero seguramente paga más que hace unos años. En 2019 se batió el record de ingresos de IVA, con un importe de 71.538 millones de euros, lo que es un tercio de la recaudación total de la Agencia Tributaria. Este resultado es una combinación del gasto total sujeto a IVA más elevado de nuestra historia, y también de un tipo efectivo medio relativamente elevado, el 15,3%. Según los datos de los dos últimos meses disponibles, marzo y abril, la recaudación en ambos meses con respecto a la del año pasado cayó un 29%. Ante esto, ya hay propuestas para elevar el tipo efectivo del IVA mediante el incremento de los productos y servicios sometidos a tipos reducidos, el 4% y el 10%.
El mismo día que los datos del desempleo nos enfrentaban con el peor mes de junio de la serie histórica, el presidente del Gobierno ratificaba su amenaza de una subida de impuestos, disfrazada de justicia fiscal, que afectaría en principio a los tramos altos del IRPF y al impuesto de Sociedades, sin descartar alzas en el IVA, añadidas a las previamente anunciadas tasas Google o ambientales.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado para quedarse y, por tanto, su efecto en la economía será cuasi permanente. Por ello, economistas e instituciones insisten casi a diario en la necesidad de aplicar la máxima rigurosidad para cada detalle de su diseño. Se debe intentar lograr que, al mismo tiempo que el IMV aporta una cuantía suficiente para ayudar a los colectivos más vulnerables, ésta no desincentive la inserción en el mercado laboral de quien la percibe. Para lograr este objetivo no parece suficiente con permitir que se compatibilice el IMV con un salario, se necesitan incentivos que permitan a los perceptores obtener unas rentas incluso superiores (incentivo) cuando accedan a un trabajo. Los impuestos negativos sobre la renta o el 'complemento salarial' usados en los países anglosajones pueden servir de inspiración para evitar que el IMV genere trampas de pobreza.
Los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha han corregido con contundencia las declaraciones del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre los posibles efectos nocivos que puede tener el ingreso mínimo en la proliferación de economía sumergida. "La configuración de esta medida, precisamente, ayuda a evitar que no haya un repunte de la economía sumergida, que actualmente roza el 25% del PIB", indican los técnicos de Hacienda, sobre el diseño de la nueva prestación, cuya precisión podría, lejos de incrementarla, reducir los elevados niveles de economía informal.
El Banco de España ha desmontado, con datos, la excusa blandida por la facción podemita del Gobierno para subir impuestos: la brecha recaudatoria de España con la UE no es de 80.000 millones de euros, como sostuvo recientemente la ministra de Trabajo -que no de Hacienda- Yolanda Díaz. En la versión ampliada del informe sobre el que versó la comparecencia del gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, el pasado martes en la Comisión de Reconstrucción, se cifra la citada brecha recaudatoria con Europa en el entorno de dos puntos del PIB, lo que equivale a unos 25.000 millones de euros, muy por debajo de los cálculos que esgrime Díaz como pretexto para subir la tributación "de los que más tienen". Un extremo éste, además, que según los fiscalistas tampoco es correcto en el argumentario de la formación morada, ya que precisamente las rentas altas son las que más pueden movilizarse ante la amenaza de alzas fiscales.
La puesta en marcha del ingreso mínimo vital podría arrojar algunas sombras por su impacto en el mercado laboral, principalmente en los sectores más precarios, con unos trabajos de baja cualificación y unas remuneraciones que, a raíz de la elevada parcialidad, en muchas ocasiones se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional.
El nuevo ingreso mínimo vital recibió esta semana la aprobación del Congreso y todo está listo para que su primer desembolso llegue a partir del próximo día 21. Sale así adelante un nuevo subsidio estatal sin que se resuelvan sus numerosos puntos negros, muchos evidentes desde antes de la discusión parlamentaria.
En los tres meses que se van a cumplir desde el decreto de estado de alarma el mercado laboral ya encaja el devastador impacto de la crisis sanitaria, en casi la totalidad de los sectores productivos. Uno de ellos es el colectivo de las empleadas del hogar que han visto como la ocupación ha caído en estas semanas un 6% pasando de contabilizar el 397.000 inscritas en la Seguridad Social a registrar a finales de mayo a 374.000 personas. Este hecho, junto con el desplome del empleo en los sectores de menor cualificación y peor remunerados en nuestro país tras el parón productivo impuesto por el confinamiento está generando preocupación sobre un factor colateral ajeno a la evolución nefasta del mercado laboral: la aprobación del ingreso mínimo puede generar nuevas bolsas de economía sumergida asociadas a los empleos más precarios.
En plena desescalada del confinamiento por el Covid-19, son muchas las voces que opinan sobre cómo será el mundo post-coronavirus. La mayoría auguran grandes cambios sociales y económicos bajo la premisa de que nada volverá a ser igual. No obstante, también coinciden en señalar que el coronavirus no es el causante sino una especie de reactivo que estaría acelerando los cambios generados por la irrupción de las nuevas tecnologías.
El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Mario Romero Mur, alertó este miércoles de un aumento de la economía informal en las islas y reclamó que la Administración Pública sea "una compañera de viaje y no una adversaria" para sus actividades en las islas, una vez que ha comenzado la desescalada de la pandemia de la Covid-19.
Una de las medidas del grado de desarrollo de un país es el tamaño de su economía sumergida, es decir, la parte de la economía que se oculta a la Hacienda Pública para evadir o disminuir ilegalmente el pago de impuestos.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, pide evitar el "catastrofismo" ante los indicadores que muestran una desaceleración de la economía española. "Me niego a hablar de crisis. Un empresario no puede hacerlo", ha advertido.
Más allá de la aprobación de las cuentas, los cambios estatutarios o el discurso de Antonio Garamendi por cierto, serio, sensato, ponderado y reivindicativo- la atención de las conversaciones en pasillos de los empresarios asistentes a la Asamblea General de la CEOE tenían como foco un desplante y un vacío.El desplante venía del lado del Gobierno. Ningún miembro del Ejecutivo asistió a la reunión anual de la organización empresarial en claro contraste con lo ocurrido en años anteriores. Ausencia, además no justificada. Alegaron que estaban en funciones, afirmaba un alto directivo de la patronal quien no ocultaba el malestar general entre los asistentes. Sobre todo porque el hecho de estar en funciones no impidió a la ministra Valerio, responsable de Trabajo, asistir a los desayunos de Europa Press y al Congreso Español de la Sociología en Valencia, justo el día anterior a la Asamblea de la CEOE. De la misma forma que no fue obstáculo para que la ministra de Industria, Reyes Maroto, se desplazara a actos empresariales en Perú. ¿Desplante, aviso, omisión deliberada? Cada uno lo interpretaba de una forma pero, en cualquier caso, una falta de sensibilidad y de respeto inexplicable.