Dos años después de la introducción del Impuesto a las Transacciones Financieras en España, que se produjo en enero de 2021, el regulador ha emitido un informe en el que, básicamente, explica que la nueva imposición -siguiendo la línea adoptada por otros países europeos- ha provocado un ligero deterioro en la liquidez de las compañías afectadas (aquellas que capitalizan más de 1.000 millones de euros), con un repunte de la volatilidad en el corto plazo (que no en el largo) y podría haber desplazado parte de la negociación OTC a mercados sujetos a la regulación MiFID.

El Gobierno realizó la semana pasada una aclaración del nuevo impuesto a las grandes fortunas directamente a través del modelo de su liquidación, el 718, un cambio que los expertos en fiscalidad tachan de "exceso regulatorio" al no haberlo hecho por ley y que consideran que es un argumento más para recurrir el gravamen ante los tribunales.

Este 2022 que termina es el año del regreso de muchas cosas, como una guerra convencional en Europa, la amenaza nuclear, crisis energética y, también, como no, inflación… Para compensar, en buena parte del mundo, aunque no en China, la pandemia parece ir quedando atrás, junto con las mayores restricciones a la libertad que hayamos conocido en esta generación. Este año que concluye probablemente no haya sido un buen año, tampoco en términos económicos, pero algunos de los problemas ya venían de atrás.

Órdago fiscal de Luxemburgo a la Comisión Europea. Desde que en 2017 Bruselas exigiera al Gran Ducado que reclamara 250 millones de euros a Amazon en impuestos supuestamente impagados, la Hacienda luxemburguesa no solo no ha exigido nada a la compañía sino que le ha devuelto 1.617 millones de euros desde 2018 hasta la fecha . En el último ejercicio, Amazon declaró en Luxemburgo ingresos de 51.322 millones de euros, pero ha ido acumulando pérdidas año tras año hasta sumar en los últimos cinco ejercicios unos números rojos de 4.189 millones de euros.

El Ayuntamiento de Valencia deberá reembolsar casi 27.000 euros del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del ejercicio de 2020 a una empresa hotelera a causa de las restricciones de la pandemia, como consecuencia del cierre durante el Estado de Alarma y las posteriores restricciones en los aforos decretadas por la Generalitat valenciana.